LA HABANA, Cuba, 6 de junio (Yaremis Flores, 173.203.82.38) – La Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) anunció el martes la celebración del primer congreso internacional Abogacía 2012, que sesionará del 19 al 21 de septiembre próximos en el Palacio de Convenciones de La Habana, según reportaron las radioemisoras locales.
De acuerdo con el anuncio, el evento coauspiciado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, acogerá a todos los operadores jurídicos y estudiantes de Derecho de la isla.
Lo que la organización no comunicó a los radioyentes fue la cuota de inscripción: 200 CUC para delegados, 150 CUC para los ponentes y estudiantes y 60 CUC para los acompañantes. De acuerdo con cifras publicadas recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas, el salario promedio de los cubanos es de 19 dólares al mes.
Según el sitio digital de Bufetes Colectivos, la convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio. Entre los temas que se debatirán están “La defensa del derecho de la víctima. El fiscal y la defensa de los intereses del Estado” y “La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal; retos actuales y futuros”.
Varios abogados no afiliados al sector estatal coinciden en que la práctica cubana, demanda la atención inmediata de otros asuntos, entre ellos, la intervención tardía del abogado en el proceso penal y el ejercicio libre de la abogacía. En Cuba solo pueden ejercer como abogados los que pertenecen a la ONBC.
Tanto el sistema judicial como el carcelario en Cuba fueron cuestionados por el Comité de la ONU contra la Tortura a principios de mes en Ginebra, Suiza. El Comité pidió al Gobierno que investigara las 202 muertes de detenidos en las prisiones de la isla entre 2010 y 2011, una cifra que consideró “elevada”.
También condenó las detenciones arbitrarias de los opositores por periodos breves sin que se les expliquen sus derechos o las razones del arresto, así como el uso de referencias penales ambiguas como la de “peligrosidad social pre-delictiva“.
Aquellos que han sido arrestados bajo el término de “peligrosidad social pre-delictiva” han sufrido “el internamiento de uno a cuatro años en establecimientos especializados de trabajo o estudio, asistenciales, psiquiátricos o de desintoxicación”, indicó la Comisión de la ONU.