MIAMI, Estados Unidos.- La campaña de recogida de firmas que exige el cese de la represión contra aquellos que ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba, así como la liberación inmediata del periodista de CubaNet Roberto de Jesús Quiñones Haces, preso en una cárcel castrista desde septiembre de 2019 por ejercer su trabajo de reportero, ha sido relanzada en la plataforma avaaz.org y ya cuenta con más de 1300 firmas.
La petición, lanzada inicialmente en 2019 bajo el título “Garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba”, teme otra Primavera Negra como la de 2003 y demanda además eliminar los recursos legales que limitan y criminalizan el ejercicio del periodismo en la Isla, así como el establecimiento de garantías jurídicas para ejercer las libertades de prensa y expresión, lo cual deberá incluir leyes de transparencia y protección de fuentes”.
La campaña, que denuncia el aumento de la represión física, jurídica y psicológica contra periodistas independientes, activistas, miembros de la sociedad civil cubana y todo aquel ciudadano que participe en proyectos independientes al Estado y al Partido Comunista, o que exponga realidades incómodas al gobierno, ha sido suscrita por periodistas de más de una decena de publicaciones con temática cubana.
La petición de Avaaz.org denuncia “detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos y registros de viviendas particulares, confiscación y ocupación de equipos, interrogatorios, prohibiciones de salir del país, cerco de domicilios para impedir la cobertura de noticias, campañas de difamación, acoso físico y digital, hackeo de cuentas personales, bloqueo y ataques cibernéticos contra sitios digitales, amenazas de prisión, intimidación a familiares y estigmatización social, son algunas de las acciones represivas que sufren periodistas, blogueros y comunicadores independientes”.
Entretanto, se critican “las agendas y rutinas productivas de los medios estatales están permeadas por el poder político y son intervenidas por sus funcionarios con frecuencia; lo cual constituye una fuente inagotable de conflictos de intereses, en los que la balanza siempre se inclina a favor de los intereses del poder político y no de los intereses de la sociedad”.
“La existencia de medios estatales —que no por estatales son públicos— no alcanza para afirmar que en Cuba se respetan las libertades de prensa y expresión. Las libertades de prensa y expresión son derechos de todos los ciudadanos por igual, no privilegios de dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido, que aseguran representar la voluntad de todo un pueblo, pero prohíben la manifestación de cualquier voluntad que difiera de la que representan”, reza el texto.
“No podemos permitir que ocurra otra Primavera Negra como la de 2003, cuando el Estado cubano detuvo a 75 ciudadanos, entre quienes había periodistas independientes y defensores de derechos humanos, y les impuso condenas de hasta más de 20 años de privación de libertad. Y aunque para 2011 ya habían sido excarcelados, los instrumentos legales que se emplearon para juzgarles continúan vigentes. Si bien en el propio Código Penal existen varios artículos que atentan contra las libertades de prensa y expresión, consideramos que la Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas (Ley 80) y la Ley de protección de la independencia y la economía de Cuba (Ley 88), de 1996 y 1999, respectivamente, constituyen las amenazas más serias en este sentido”.
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