LA HABANA, Cuba, 13 de diciembre (Odelín Alfonso Torna, 173.203.82.38 ) -Un lote de 66 toneladas de carne de res, caducó el lunes 5 de diciembre en el frigorífico Julio Antonio Mella, ubicado en calle 3ra, entre 6ta y 8va, reparto Parcelación Moderna, municipio capitalino Arroyo Naranjo. Vecinos de la localidad consultados se mostraron indignados porque no es la primera vez que sucede este tipo de negligencia.
Desde este frigorífico se distribuye carne de res a los hogares maternos, círculos infantiles y el Consejo de Estado; también de ahí sale la carne que se utiliza en la elaboración del picadillo de soja, producto que se vende a la población mediante la libreta de racionamiento.
“El lote caducó porque no tenemos a quien venderle la carne o los organismos no vienen a buscarla, eso sin contar los serios problemas que existen con la refrigeración, debido a tupiciones en las tuberías de amoniaco que enfrían la principal cámara del frigorífico”, dijo a este reportero un empleado que prefirió no revelar su identidad.
“Directivos de la Empresa de Productos Cárnicos en la capital, ordenaron detener la admisión de carne en los frigoríficos hasta tanto no se comercialice…”, agregó la fuente.
Supuestamente, alrededor de 12 horas después, la carne fue quemada y enterrada en áreas aledañas al complejo Julio Antonio Mella. Pero Damián Rodríguez, un vecino de la localidad, asegura que la carne caducada fue vertida en la presa Ejército Rebelde, embalse donde existe una cooperativa pesquera.
Varios escándalos de corrupción han sacudido a este frigorífico capitalino. El más reciente sucedió el 29 de marzo de 2007, cuando la Policía dio captura al “Galeón”, un camión refrigerado cuyos trabajadores desviaron por años parte de la carne destinada a la elaboración del picadillo de soja.
Mientras esto ocurre, el gobierno de Raúl Castro lanza una ofensiva contra el hurto y sacrificio de ganado vacuno y las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) venden el kilógramo de carne de res a 12 pesos convertibles (11 dólares), suma equivalente a dos semanas de sueldo para un empleado estatal.