MIAMI, Estados Unidos. – La Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó este lunes su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y lamentó que el régimen de Nicolás Maduro no haya atendido la petición de disolver la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía (FAES) ni otras acciones para impedir las ejecuciones extrajudiciales.
En la actualización oral de su informe sobre Venezuela, hecha ante la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet explicó que el organismo que preside “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES”.
De acuerdo con Radio Televisión Martí, la alta comisionada se remitió a un informe de la organización gubernamental Monitor de Víctimas, que refiere 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES el pasado mes de julio en Caracas.
Bachelet afirmó que estos casos documentados revelan “el mismo patrón identificado” en su informe de julio y muestran “la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”.
La Alta Comisionada aseguró que en vez de disolver las FAES el régimen de Maduro continúa apoyándolas.
Señaló Bachelet que su Oficina documentó “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.
También citó el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, cuya muerte bajo custodia de la DGCIM ocurrió durante su visita a Venezuela.
“Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”, demandó la expresidenta de Chile.
También expresó su preocupación por el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), donde varios aborígenes han sido asesinados, presuntamente por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La Alta Comisionada explicó que “la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente” en Venezuela y expresó preocupación por el impacto que pudieran tener sobre los programas sociales las sanciones norteamericanas contra el régimen de Maduro.
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