Asciende a 128 cifra de presos políticos en Cuba
Cuban Prisoners Defenders sumó a la lista al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que entró y salió de prisión, y a los activistas de UNPACU Yanier Jouvert Cisneros y Omar Portieles Camejo
MIAMI, Estados Unidos. – La cifra de presos políticos en Cuba ascendió a 128, según el último informe de Cuban Prisoners Defenders (CPD), organización de acción jurídica y defensa de los derechos humanos radicada en Madrid.
“Los tres presos políticos que entraron en cárceles cubanas en el mes de marzo son Luis Manuel Otero Alcántara, el artista del Movimiento San Isidro, que entró a prisión y salió 13 días después, Yanier Jouvert Cisneros y Omar Portieles Camejo, los dos últimos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba”, dijo a Radio Televisión Martí Javier Larrondo, director de CPD.
Prisoners Defenders actualiza su lista de presos políticos en Cuba: 3 nuevos presos políticos en marzo suman 128 condenados entre la oposición en #Cuba – https://t.co/TiletkJH9F #FreeFerrer
— Cuban Prisoners Defenders (@CubanDefenders) April 1, 2020
En el caso de Otero Alcántara, que actualmente se encuentra en libertad, está a la espera de juicio por los supuestos delitos de “Ultraje a los símbolos patrios” y “Daños”.
Según Prisoners Defenders, todos los indicadores apuntan a que el incremento de la represión del “régimen” se debe a un debilitamiento ideológico del sistema implantado, que empieza a tener críticos “notables” que podrían ser un factor crítico más para lograr cambios democráticos en Cuba.
Los 128 condenados políticos entre organizaciones opositoras se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de otras categorías.
Además de los condenados y presos políticos por oposición al régimen, CPD reconoce a otros 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras (8 400 de ellos convictos y 2 538 condenados, ambos grupos de conciencia) con penas medias de dos años y 10 meses de cárcel por cargos tipificados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito.
La organización señala que las medidas de seguridad predelictivas vigentes, de hasta 4 años de cárcel, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es “infame y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
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