LA HABANA, Cuba. – Este 22 y 23 de diciembre, la plataforma Articulación Plebeya entregó una queja y petición ante varias instituciones cubanas por la campaña de difamación, odio y llamados a la violencia seguida por medios de prensa oficiales e instituciones del gobierno contra ciudadanos.
“Es nuestro deber ciudadano expresar preocupación por las actuaciones de varios medios de comunicación estatales, en especial después de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de noviembre del año en curso”, sostienen los alrededor de 480 firmantes.
El escrito fue entregado en la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Ministerio de Justicia y el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
En el documento se citan una serie de informaciones emitidas por instituciones y medios de prensa, entre ellas las aparecidas en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y el periódico Granma, las cuales estiman como manipulaciones de la información.
“Este tipo de acusaciones públicas tienen trascendencias sociales adversas y deterioran el desarrollo de una cultura jurídica de respeto al estado de derecho, y la legalidad, comprometen el rol de instituciones que desempeñan por ley funciones vinculadas a la administración de justicia, afectan el cumplimiento del debido proceso en acciones legales en curso o futuras, y cuestionan la presunción de inocencia a que tiene derecho toda persona”.
Asimismo, los firmantes consideran que “estas prácticas de nuestros medios de comunicación nacional llegan a constituir verdaderos linchamientos mediáticos, sin que las personas nombradas o señaladas tengan derecho de réplica. (…) Cuando la función de los medios de difusión deja de ser informativa para convertirse en mecanismo de estigmatización que prejuzga públicamente a individuos concretos, dicho ejercicio ataca valores centrales de nuestro ordenamiento constitucional; en especial el valor de la dignidad humana”.
El documento se sustenta en los derechos que asisten a los ciudadanos cubanos en la Constitución de la República de Cuba y, como tal, los signatarios solicitan a las instituciones y medios de prensa involucrados: eliminar las expresiones de odio y llamados a la violencia; promover una cultura de paz y diálogo respetuoso; suprimir todo ejercicio informativo que vulnere la dignidad de las personas y que tenga por finalidad el enjuiciamiento mediático de individuos; promover condiciones para la cultura del debate respetuoso, con oportunidades de réplica, así como una evaluación de esos contenidos informativos para que aquellos que sean lesivos a la dignidad y la integridad moral de algún individuo sean eliminados; remover de las plataformas digitales que correspondan, todos los materiales de contenido difamatorio y que atentan contra la dignidad de las personas; y solicitar una retractación pública en los mismos espacios en que pudieron haberse emitido materiales degradantes y lesivos a la integridad moral de los individuos afectados.
“Este sería el único camino posible para restablecer la legalidad quebrantada, de acuerdo con la legislación cubana vigente”, sostienen y agregan: “Creemos que es importante para la población conocer de las agresiones y amenazas contra la seguridad pública y la soberanía nacional que se sucedan en este y cualquier otro contexto, así como los elementos que vinculan estos hechos con individuos específicos y/o personas jurídicas, organismos internacionales o estados extranjeros. Pero también creemos que lo anterior no debe empañar el normal funcionamiento de los procedimientos legalmente establecidos, ni vulnerar los derechos de las personas”.
Entre los firmantes se hallan: Eloy Viera Cañive, Juan Pin Vilar, Julio Antonio Fernández, Julio César Guanche, Yunior García, Amaury Pacheco, Tania Bruguera, Claudia Calviño, Katherine Bisquet, Luis Manuel Otero y Mónica Baró.
Articulación Plebeya se trata de un grupo de intelectuales cubanos surgidos a raíz de la manifestación frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre de 2020. Sus integrantes pretenden organizar una propuesta de articulación entre personas y grupos favorables al diálogo en Cuba.
Las instituciones involucradas tienen entre 45 días y dos meses para responder a la queja y petición presentada por ellos.
Para el abogado Julio Antonio Fernández, se trata de agotar las vías jurídicas reconocidas por el ordenamiento normativo cubano. “Esperamos recibir respuesta como merece cualquier ciudadano. Creemos que es importante respetar y hacer funcionar las instituciones existentes y también exigimos que funcionen según dicta la Constitución y las leyes”, afirmó.
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