MIAMI, Estados Unidos.- Este miércoles, el opositor Juan Luis Bravo Rodríguez pasó a engrosar la lista de los multados con 3000 pesos (120 dólares) en virtud del Decreto-Ley 370.
El activista fue citado para comparecer a la 1:00 p.m. de este 20 de mayo en la Unidad de Instrucción Penal del municipio San Salvador, en la provincia de Guantánamo. Allí sería entrevistado por el Instructor Penal, primer teniente Yunelkis Romero.
Bravo Rodríguez comentó a CubaNet que, al llegar a la estación, fue llevado a una oficina, donde lo mantuvieron por cuatro horas.
En el interrogatorio participaron el jefe de la Unidad de Enfrentamiento en la provincia, mayor “Kevin”, el inspector del Ministerio de Comunicaciones (MICOM) Roberto Jesús Rivas Muñoz, y otro funcionario de la entidad que no se identificó.
“Todo el tiempo me estuvieron amenazando con mandarme a prisión, si no dejo el cargo de coordinador provincial del partido opositor Unión por Cuba Libre. Además, me hicieron muchas preguntas sobre mi participación en el Proyecto Emilia, que coordina el doctor Óscar Elías Biscet”, denunció el opositor.
De acuerdo con Juan Luis Bravo Rodríguez, el inspector del MICOM confirmó que su entidad se encarga de espiar todas las publicaciones en redes sociales que realizan los opositores radicados en Guantánamo.
Sin embargo, en recientes declaraciones a CubaNet, la abogada Laritza Diversent aclaró que estos funcionarios no cuentan con la facultad legal para hacer tales seguimientos.
Aun así, Rivas Muñoz aplicó el Decreto-Ley 370 al activista, basándose únicamente en algunas publicaciones antiguas y en otras más recientes que el activista ha realizado en su perfil de Facebook en contra del sistema comunista y sus gobernantes.
Según el inspector, los posts de Juan Luis Bravo Rodríguez “denigran” a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro y “son un atentado a la Seguridad del Estado”. El funcionario también acusó al activista de “obstaculizar el desarrollo de las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19”.
“Yo rechazo totalmente esta medida, pues solo se me impuso por ejercer mi derecho a expresarme libremente. Es una censura que no pienso aceptar, y me ampara la propia Constitución cubana y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, aseguró Bravo Rodríguez.
Igual que muchos de los periodistas multados en virtud de la llamada “Ley Azote”, el opositor guantanamero no pretende pagar la sanción. En conversación con CubaNet, aseguró que está dispuesto a asumir las consecuencias de su decisión.
Este Decreto-Ley, en su artículo 68 inciso i, establece como contravención el “difundir información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas en las redes públicas de transmisión de datos”.
Desde enero hasta la fecha, más de 20 ciudadanos, en su mayoría periodistas y opositores, han sido castigados por esta norma, que está siendo utilizada por el régimen cubano para acallar a sus detractores, en medio de la crisis desatada por el nuevo coronavirus.
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