MIAMI, Estados Unidos.- Piqueras establecidas por el Estado para taxistas privados (“boteros”) comenzarán a funcionar en La Habana para el último trimestre de 2017, informó en rueda de prensa este jueves la viceministra de Transporte de la isla, Marta Oramas.
“Quienes poseen licencias operativas podrán trabajar en rutas designadas y con precios establecidos, estos últimos en concordancia con el Acuerdo 185/2016 del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, que fija tarifas referenciales máximas”, reseña el periódico oficialista Granma.
“Tales acciones con los ‘boteros’ conllevarán un respaldo del gobierno que incluye, entre otros aspectos, el otorgamiento de facilidades para el acceso al combustible”, agregó el órgano del Partido Comunista.
Además, “próximamente se comenzarán a reparar las áreas destinadas a ese reordenamiento”, con el objetivo de “crear las condiciones” para las piqueras, añadió la funcionaria.
“Quienes no deseen trabajar por rutas podrán permanecer desvinculados de las estructuras que se crearán”, aclaró la nota oficialista, advirtiendo que “no obstante, se adoptarán medidas para evitar infracciones”.
La directora de Pasaje de la Dirección General de Transporte de La Habana, Maribel Poulot, dijo por su parte que durante 2016 se habían cancelado 62 licencias de taxistas “que no cumplieron con los precios establecidos”.
“Este año han aplicado cerca de 92 medidas”, señaló.
De dichas cifras, “solo inhabilitaron cinco permisos para ejercer la actividad, pues a la mayoría de los infractores se les aplicó la suspensión de este por un período de uno a tres meses”, dice Granma.
La publicación oficialista hace referencia a las “inconformidades en los boteros” que fueron consecuencia de las tarifas máximas impuestas desde el pasado año por las autoridades.
Granma reconoce que fijar las tarifas provocó además “la decisión de cortar por tramos las rutas fijadas, en aras de elevar los ingresos, ante lo cual las autoridades del territorio adoptaron medidas que aún resultan insuficientes”.
Igualmente hace mención al “precio del combustible en los establecimientos estatales, la escasez de piezas de repuesto para los automóviles, y la cuota impositiva” como justificaciones de los que no ven “con buenos ojos la normativa”.
“La capital recibe cada año 90 ómnibus, y potencia otras alternativas como las cooperativas de taxis ruteros; sin embargo, aún no se satisfacen las necesidades de la población, de ahí la importancia de un reordenamiento efectivo del sector”, concluye la nota.
