MIAMI, Estados Unidos.- Diversos organismos internacionales han denunciado el aumento de la represión en Cuba y han alertado que el régimen de la Isla utiliza la crisis epidemiológica para hostigar a la sociedad civil independiente. Este fin de semana el Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria arremetió contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de la plataforma Cuba Decide.
El pasado sábado, el matrimonio de Jacqueline Heredia Morales y Carlos Alberto Álvarez Rojas, residentes en La Habana, habían salido a comprar comida en las cercanías de su vivienda. Mientras esperaban los turnos en una larga cola para poder entrar a la tienda, oficiales del Ministerio del Interior (MININT) detuvieron a ambos y los trasladaron a unidades policiales.
Ambos fueron llevados hacia la unidad policial Cuba y Chacón, conocida como Punto 30, y más tarde trasladados a la unidad de instrucción de la Picota.
Según Heredia, paciente de VIH, le estuvieron negando asistencia médica por varias horas, hasta ser remitida hacia el policlínico de la misma estación donde la tenían detenida.
Fue liberada en horas de la madrugada del domingo, y tuvo que caminar a pie, y sola, más de cuatro kilómetros para llegar a su casa. Al amanecer del domingo fue puesto en libertad su esposo.
“Nos torturaron psicológicamente, y nos abrieron un proceso por desacato”, contó Heredia a CubaNet.
“Pero además del maltrato y las amenazas fueron hasta la casa de la abuela de los niños, y le hicieron firmar un documento donde ella se compromete a cuidar de nuestros hijos cuando nos vuelvan a detener, bajo la amenaza de que si no firmaba los enviarían a un centro de menores sin amparo filial”, aseguró preocupada la madre.
“Es indignante todo lo que nos hacen a mí y a mi familia, mis hijos están traumados, yo estoy enferma, y no soy una delincuente, solo soy una defensora de los derechos humanos”, concluyó Heredia, quien también es Dama de Blanco.
El pasado 6 de marzo el matrimonio también fue detenido al salir de su vivienda. En ese entonces, fueron amenazados con ser instruidos por los delitos de atentado y desacato por haber promovido y participado en la Marcha de los girasoles del 8 de septiembre de 2019.
A esto se suma la represión de la policía política contra la pareja de santiagueros Yordanis Labrada Telles, coordinador de UNPACU en Songo La Maya, y su esposa Arianna Ávila Gilart, también activista, quienes intentaban comprar comida en la tienda TRD de Alto Songo, poblado donde residen.
Labrada Tellez fue detenido por tres oficiales de la Seguridad del Estado y el jefe de sector del poblado, de nombre Alexander Montoya, y conducido hacia la unidad policial de la localidad, donde le ocuparon su teléfono celular y una memoria flash.
“Según los oficiales yo iba a grabar la cola inmensa que había fuera de esta tienda, por eso me llevaron y robaron mis pertenencias”, declaró Labrada a CubaNet.
A su esposa, que en el momento de la detención estaba en otro extremo de la tienda para comprar unos refrescos, unos vecinos le avisaron que Labrada había sido arrestado.
“Cuando llegué a la unidad me retuvieron también, me pidieron el carné y me dejaron por varias horas, sin decirme que Yordanis ya no se encontraba en la unidad”.
Mientras los oficiales retenían a Arianna, Yordanis Labrada estaba siendo trasladado, esposado y en un auto de salud pública a falta de uno de patrulla, hacia otra unidad policial que queda a seis kilómetros de distancia. Frente al operativo se encontraba el jefe de la Seguridad del Estado del municipio que se hace llamar Ernesto.
“Me manifesté pacíficamente por el robo de mi teléfono, y me impusieron una multa de 30 pesos por supuesto desorden público. Antes de liberarme la policía política me dijo que debía presentarme en la misma unidad para ser interrogado por el teniente coronel Alexander”.
“Pero considero que no he cometido delito, que la situación epidemiológica es crítica y que además no hay transporte para yo salir de mi casa por mis propios medios a ser interrogado en una unidad de policía, amenazado y ofendido, es decir que no voy”, aseguró el opositor.
La semana pasada, luego de 72 horas de detención, Ovidio Martín Castellanos, también miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide, denunció que el régimen cubano lo había forzado a exiliarse junto a su familia tras golpizas, intento de violación y amenazas de muerte.
La UNPACU asegura que esta política represiva en aumento forma parte del mismo plan que tramó la policía del régimen contra el grupo opositor Damas de Blanco y Cuba Decide, el cual se hizo público el pasado mes de septiembre.
En ese momento, José Daniel Ferrer, líder del movimiento, aseguró que la maniobra se había filtrado y que la orientación era minimizar sus actividades y descabezar al grupo opositor.
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