MIAMI, Estados Unidos. – Integrantes del Grupo 27N entregaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, con sede en el Capitolio de La Habana, un recurso legal “para iniciar el proceso de Revocación de Mandato del Diputado Alpidio Alonso Grau, actual Ministro de Cultura”.
La petición fue presentada en la sede del Parlamento por las jóvenes Solveig Font y Carolina Barrero, en representación de 1 252 artistas, activistas e intelectuales.
De acuerdo con un comunicado de prensa publicado en Facebook, se trata de “un giro sin precedente en la relación entre ciudadanía e instituciones públicas en la República de Cuba”.
“El recurso legal, junto a las firmas recogidas hasta la fecha, se han puesto a disposición pública en la página de Facebook del 27N. Un gesto que apela a la voluntad de promover la transparencia en los procedimientos burocráticos y el diálogo con la institución”, señaló la agrupación en la red social.
La publicación añade que “la recogida de firmas se mantiene vigente y todas las personas que apoyen la moción pueden suscribir su nombre y apellido a través de la publicación de la página de Facebook del 27N o escribiendo al correo 27n.comunicaciones@gmail.com”. También señalaron que, de manera opcional, los signatarios pueden acompañar la firma con su número de identidad.
El comunicado expone que a la petición para exigir la destitución de Alonso “se han sumado miembros de la sociedad civil y figuras prominentes de la cultura cubana”, entre ellos Rafael Rojas, Iván de la Nuez, Tania Bruguera, Lázaro Saavedra, René Francisco, Gerardo Mosquera, Magaly Espinosa, Marcos Castillo, Tomás Sánchez, Sandra Ramos, Suset Sánchez, Sandra Ceballos, Haydée Milanés, Ernán López-Nussa, Orlando Hernández, Carlos Manuel Álvarez, Dagoberto Valdés, Carlos Garaicoa y Wendy Guerra.
El 27N señaló que los artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes que suscriben la petición creen “en la reivindicación pacífica” de sus derechos y condenan “toda manifestación de violencia, en particular, cualquier manifestación de violencia gubernamental impulsada desde las instituciones y ejercida por funcionarios públicos”.
“No puede ser servidor público quien se ufane del uso de la violencia para limitar impunemente derechos ciudadanos”, destacó la declaración publicada el pasado 30 de enero por el 27N, donde se explican las razones de la petición.
El recurso para exigir la destitución de Alpidio Alonso “se acoge al Artículo 8 de la Ley de Revocación de Mandato, según el cual los elegidos a los órganos del Poder Popular pueden ser revocados por incurrir en hechos que los hagan desmerecer del buen concepto público y manifestar una conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo”.
La petición también está amparada por el Artículo 61 de la Constitución, donde consta “el derecho ciudadano a dirigir peticiones ante las instituciones y autoridades gubernamentales”.
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