LA HABANA, Cuba.- Daniel Salcedo Aguirre (no afiliado a organización alguna), Ángel Castro Carrera (MONR, MD y CD), Didier Eduardo Almagro Toledo (músico contestatario, miembro de la Academia Julio Machado y del Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante Cesar Páez), Omar Portieles Camejo (Movimiento Libertad Democrática por Cuba) y Osvaldo Mendoza Ferriol (UNPACU), son los cinco nuevos casos de presos políticos en Cuba según Prisoners Defenders (PD).
La organización, con sede en España, actualizó este martes 1ro de septiembre la lista mensual de condenados por motivos políticos, la cual asciende a 136. De ellos, 75 Convictos de Conciencia, 33 Condenados de Conciencia y 28 presos políticos adicionales.
“En los 12 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 47 nuevos Convictos de Conciencia, todos ellos por causas dirigidas por la Seguridad del Estado, y la represión carcelaria ejecutada este último mes confirma la desagradable tendencia, al alza, situada en una media de 4 presos políticos nuevos mensuales, cifra que se complementa con cientos de detenciones y sitio domiciliares mensuales constantes, la acción represiva más generalizada contra el activismo prodemocrático en Cuba”, detalló el informe.
Asimismo, informó que Cristian Pérez Carmenate, quien engrosaba el listado, fue liberado tras cumplir íntegramente la sanción.
Para PD, una de las preocupaciones fundamentales es la de Silverio Portal Contreras, “cuya liberación es defendida también por Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la CIDH, que ha sufrido invalidez y ceguera en prisión por golpizas de sus carceleros y que hace tiempo debiera haber recibido una licencia extrapenal”.
Portal Contreras, integrante de Cuba Independiente y Democrática (CID), está privado de libertad desde julio de 2018, cumpliendo una condena de cuatro años de cárcel por desarrollar “No más muertes por derrumbes en Cuba”, un proyecto social que pretendía contrarrestar la situación de la vivienda en La Habana y ayudar a familias que lo necesitaran.
El 7 de agosto, producto de una huelga de hambre de cuarenta días, el opositor Yosvani Aróstegui Armenteros falleció en el hospital Amalia Simone, de Camagüey, mientras cumplía prisión por un delito común que en PD, “no obstante y a pesar de investigarlo, no pudimos verificar como político o fabricado. Sin embargo, su condición de opositor sí fue posiblemente la causa de la negligencia carcelaria, algo lamentable que lo convierte en una pseudo-ejecución política final”.
Ese mismo día también falleció Roberto Jiménez del Sol. El detenido estaba bajo custodia de la policía en el centro de investigación y prevención de la ciudad de Matanzas, siendo investigado por un presunto delito de corrupción.
“Si bien las autoridades dijeron que murió a consecuencia de un infarto al miocardio y que las contusiones que presentaba eran consecuencias de una caída en el baño, los familiares declaran que, cuando les entregaron el cadáver, tenía además hematomas y fuertes contusiones que hacen indicar que se trató de una muerte posiblemente ocasionada por torturas en el proceso interrogatorio”, manifestó PD.
Además de los 136 presos por motivos políticos, PD reconoce a otros “11 000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8 400 de ellos convictos y 2 538 condenados, censados con datos oficiales al 31 de diciembre de 2019, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como pre-delictivos”.
Mensualmente, PD actualiza el listado de presos políticos. Con el fin de recabar información y promocionar los derechos humanos en Cuba, trabaja de conjunto con varios grupos opositores y familiares, profesionales y funcionarios.
Cuban Prisoners Defenders es la sección dedicada en exclusiva a Cuba como parte de Prisoners Defenders International Network, asociación cuyo marco de acción es la promoción y la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Los trabajos de PD son adoptados por numerosas instituciones y enviados a la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Parlamento Europeo, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders, Congreso y Senado de Estados Unidos, Gobierno de España, entre otros.
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