La CCDHRN — Comisión Cubana de Derechos Humanos y reconciliación Nacinal– pudo verificar por lo menos 1052 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante el recién concluido mes de enero. En todos los casos fueron arrestos arbitrarios sin orden judicial y predominaron los secuestros policiales sin dar a conocer el paradero de los detenidos ni permitirles comunicarse de inmediato, vía telefónica, con sus familiares o abogados.
El gobierno de Cuba exhibió como nunca antes su enorme capacidad de control social e intimidación desde una semana antes de celebrarse la II Cumbre de la CELAC. Esto quedó de manifiesto al desplegar miles de efectivos de la policía política secreta, otros cuerpos represivos y elementos parapoliciales que permanecieron durante días frente o en los accesos de los hogares de centenares de opositores quienes, en su mayoría, fueron sometidos a arrestos domiciliarios de facto, sin mandato judicial. Principal objetivo: silenciar las voces disidentes.
A pesar de que este informe mensual no refleja todos los actos de represión política y otros abusos, pudimos comprobar, a través de las victimas o sus familiares y amigos, que tuvieron lugar, en el mes que se informa, al menos 79 agresiones físicas, 91 actos de hostigamiento, 89 “actos de repudio” y 53 actos vandálicos contra los hogares de pacíficos opositores.
El número de detenidos en enero es semejante al registrado en el mes de diciembre. No apreciamos ninguna señal indicativa de que el gobierno esté pensando en disminuir la represión de los ciudadanos que se atreven a disentir.
A pesar de todo, cabe esperar que el gobierno responda positivamente al pedido sin fisuras del Sr. Ban Ki-Moon para que ratifique, seis años después de haberlos firmado, los dos grandes pactos de DD.HH de la ONU pero, aún haciéndolo, es poco probable que el gobierno de Cuba este dispuesto a respetarlos y aceptar la cooperación internacional en ese campo.
