LA HABANA, Cuba.- En un reciente editorial del Granma, titulado “Un debate por el futuro de Cuba”, se aborda el proceso de discusión, hasta el 20 de septiembre, por parte del Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunista y sus organizaciones satélites –las llamadas organizaciones de masas–, de los documentos aprobados en el VII Congreso: la Conceptualización del Modelo Económico y el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030.
Por otro lado, según el artículo número uno de la Constitución de la República, “Cuba es un Estado socialista de trabajadores”, y en correspondencia con ese postulado, en la Conceptualización del Modelo Económico, en su acápite 122, se plantea “la apropiación social de sus resultados y su distribución en beneficio de todos los ciudadanos, que son sus legítimos propietarios comunes”.
Más adelante, en consecuencia con la formulación anterior, el acápite 123 refrenda que “esta forma constituye la columna vertebral de todo el sistema de propiedad de la sociedad socialista”. Y para que no haya dudas, el acápite 124 reafirma que “asume la forma de propiedad estatal, a partir que el Estado actúa como representante del dueño, que es el pueblo”.
Si eso es así, ¿entonces cómo es posible que en el editorial del diario Granma no se haya hecho mención a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y a sus 23 sindicatos nacionales, que agrupan a más del 80% de los 4 969 800 trabajadores que hay en Cuba, ocupados en los sectores productivos y de servicios, y que son los que llevan el peso de la actividad económica de la nación?
Deliberadamente, el régimen ha hecho ahora todo lo contrario que hace 23 años, cuando los llamados parlamentos obreros.
El 26 de diciembre de 1993, en el seno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Pedro Ross, entonces Secretario General de la CTC, acerca de la situación surgida por el estancamiento de la economía debido a la pérdida de cerca del 80% del mercado internacional como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, propuso que las medidas que se tomaran al efecto por el parlamento cubano debían analizarse con los trabajadores.
Fidel Castro planteó a los diputados que la vía para enfrentar y encontrarle solución a la grave crisis en la que de repente se vio atrapada la economía cubana, era efectuar en cada centro laboral lo que denominó “parlamentos obreros”.
Para poner en práctica la propuesta de Fidel Castro, la CTC lanzó un llamamiento a toda la clase trabajadora, que apareció publicado en la edición del 10 de enero de 1994 en el semanario Trabajadores, para la celebración de esos parlamentos.
En dichos eventos, fueron discutidos por los trabajadores, de manera libre y democrática, los problemas que directamente les afectaban a ellos, y, por ende, a toda la población.
Tal fue su impacto que, luego de concluido ese proceso, se empezaron a ver resultados positivos.
Si como se afirma oficialmente, el PCC es una organización surgida en el seno de la clase trabajadora, y según se asegura en la Constitución de la República y en los documentos aprobados en el VII Congreso, esta clase es la dueña de los medios de producción, entonces al Estado, en ejercicio de su derecho como representante del verdadero propietario, solo le corresponde proponer y designar las diferentes actividades del complicado entramado de dirección de la economía nacional.
Sin embargo, todo indica que la burocracia empresarial, arropada y protegida por los militares que mandan en Cuba, teme que se le asigne el papel protagónico a los trabajadores y no sea ella la que lleve la voz cantante en el proceso de discusión.
Ni en la Conceptualización del Modelo Económico ni en el Plan de Desarrollo Económico hasta 2030 hay mención alguna al rol que le corresponde en este proceso a la CTC, los sindicatos y los trabajadores.
Lo que ahora se plantea es una especie de “democracia dirigida” de manera temporal, donde discutan, den sus opiniones y propuestas de modificaciones de los dos documentos, que la mayoría de los asistentes no habrán leído.
Por la extensión de los textos, en dos o tres horas que dure la discusión es bastante difícil que se pueda abarcar sus puntos más importantes.
Luego de terminado el proceso, será el Partido Comunista el que dirá la última palabra, que claro está no será otra que la aprobación, con algunas modificaciones, de dichos documentos programáticos.
Todo es bastante distante de cualquier vestigio de democracia participativa. El principio que prevalecerá será el de la inexistente Revolución y el Partido Único. El Estado de Derecho sigue totalmente ausente en Cuba.
A los militares que gobiernan Cuba les preocupa que la discusión de los documentos se le vaya de las manos y que estos encuentros se conviertan en focos de crítica a su pésima gestión de la economía. Para evitar que esto ocurra le asignaron al PCC la función de guaria pretoriana, para lograr que cada discusión termine como una muestra de la total identificación de los presentes con las posiciones políticas e ideológicas de la dictadura.
Lo que el régimen busca en estos “debates” es que sus asistentes lo apoyen en su arremetida contra los que tildan de “enemigos, escépticos y vacilantes”.
Esos enemigos a quienes se refieren son los luchadores prodemocráticos dentro y fuera de Cuba, que han denunciado esta nueva farsa que pretende legitimar el inamovible continuismo del régimen que está en el poder desde hace 57 años, sin haber sido elegido por el pueblo cubano.
