Seguridad de Estado estafa a abogada independiente y a su familia

Seguridad de Estado estafa a abogada independiente y a su familia

Con la supuesta intención de ayudarlos a salir del país

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LA HABANA, Cuba.- Los Órganos de la Seguridad de Estado (DSE) fraguaron un ‘golpe maestro’ para ‘sacar del juego’ a la abogada independiente Odalina Guerrero Lara. Esta vez la táctica, aunque repitió entre sus ingredientes a la amenaza y la intimidación, se basó en quitar, mediante una estafa, los bienes materiales de la abogada y su familia.

“Vengo en representación del Gobierno cubano. Tú te dedicas a divulgar y a querer destruir a los funcionarios del gobierno, y el Estado no quiere eso”, relata Guerrero que fueron los argumentos del Capitán del DSE José Antonio Vegas antes de presentarle una propuesta que “no podía rechazar”, o “mi familia terminaría pagando las consecuencias”.

Vegas, bajo las órdenes del Departamento Técnico de Control del Órgano Central de la Seguridad del Estado ―de acuerdo a la identificación que mostró―, fue la cara del Gobierno cubano en una operación que supuestamente sacaría del país a Guerrero Lara y su familia.

Según relata la abogada independiente, el oficial del DSE explicó que todos los años el Gobierno cubano gestiona a través de convenios de cooperación con la sede diplomática de Washington en La Habana, la salida hacia los Estados Unidos de un número de opositores que resultan incómodos para los intereses del régimen.

En 2013, Guerrero se había convertido en uno de los principales objetivos del DSE en la provincia de Artemisa, a raíz de instalar en su vivienda, en la localidad de Alquízar, una filial de la Asociación Jurídica Cubana.

“Fueron muchas amenazas, dijo que no habían más opciones, que nos había llegado el turno para irnos del país y que era cuestión de vida o muerte. De manera literal aseguró que alguien de la familia podía hasta morir”, cuenta la abogada.

Una vez aceptada la alternativa de escape, además de documentación personal, Vegas solicitó para la tramitación migratoria la suma de 650 USD por cada una de las cinco personas que viajarían. El dinero fue entregado en la vivienda del oficial, en la localidad Güira de Melena, provincia Mayabeque. Para juntar los 3 250 USD Guerrero tuvo que vender su vivienda y otras pertenencias.

Sin embargo, la partida al norte comenzó a dilatarse mucho más allá de los meses prometidos. Un año después de iniciado el proceso y varias reclamaciones de devolución del dinero fallidas, en 2015 la abogada decidió denunciar por la estafa.

La principal prueba entregada contra Vegas fue una grabación de video que de manera oculta le realizó desde su móvil Julio Figueredo Licea, esposo de Guerrero, durante uno de los encuentros donde el oficial del DSE explica los procedimientos y contratiempos por los cuales el cuerpo represivo no había podido efectuar la devolución del dinero abonado.

“Convencidos de que se trataba de una estafa decidimos enfrentar las amenazas, pero el dinero nunca se devolvió. La justificación fue que ese dinero ya había llegado hasta las mismas oficinas de Washington, y había que efectuar una gestión muy larga para que se devolviera. Después que el DSE tenía que realizar ‘ciertos’ trámites para devolvérnoslo, luego que no tenían dinero, y así una cosa detrás de la otra”, dijo Guerrero.

La primera denuncia se realizó en la sede del Ministerio del Interior. Allí, después de conflictos y amenazas por parte de las autoridades receptoras, quienes insistieron en que el funcionario en cuestión no trabajaba para ellos, pasaron el caso a la localidad de Güira de Melena.

Llevado a cabo por un instructor del Departamento Provincial de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, el proceso de instrucción se tornó largo y capcioso. En esencia, tuvieron que aceptar que su defensa fuera encaminada por un representante del mismo cuerpo que ejecutó el delito.

No fue hasta mayo 2016 que se efectuó el juicio, en una jornada donde además se juzgaron dos casos de asesinato.

“Me acusaron de contrarrevolucionaria y trataron de incriminarme todo el tiempo. Preguntaron mucho sobre cómo realizaba mi trabajo de abogada defensora de los Derechos Humanos. Me sentí acusada en lugar de ser quien reclamaba justicia”, comentó Guerrero.

Culminado el proceso, los fiscales negaron al matrimonio de Guerrero Lara y Figueredo Licea el derecho de acceder a una de las copias del acta de sentencia. Solo informaron de manera informal que Vegas había sido sancionado a siete años de cárcel; y que le sería devuelta la cifra de 67 mil pesos en indemnización.

No obstante, no existen evidencias de que la sentencia se hiciera efectiva, pues el dinero aún no se paga y el paradero de Vegas y su familia continúa en suspenso.

En cambio, ya en 2017 fueron informados que el tribunal gestiona revisar el caso aludiendo que “fueron muy severos”. La intención de cambiar las medidas en contra del matrimonio comenzó a patentarse cuando fueron informados que la suma de indemnización fue reducida a unos 50 mil pesos.

“Una fiscal llegó a confesarnos que (Vegas) debía tener un apoyo muy grande para que se hicieran tantas violaciones. Ni ellos mismos saben de dónde salió la indicación de darnos menos dinero, lo que sí reconocen es que en las actas reza que se trata de un oficial del DSE, y que su condena también puede desparecer en cualquier momento”, puntualiza Guerreo Lara.

De reabrirse el proceso, la abogada independiente queda a expensas de un nuevo fallo, el cual, dado el criterio expresado por fiscales, pudiera dictaminar de manera absoluta a favor de José Antonio Vegas.

Antes de convertirse en abogada independiente, Odalina Guerrero Lara fue fiscal en la provincia Granma y en el capitalino municipio Diez de Octubre, así como Asesora Jurídica de la Dirección Municipal del Instituto de la Vivienda en Alquízar.

“Fui parte de ellos, les conozco las mañas”, refiere la abogada, en cuyo currículum estatal destaca su participación en la batida gubernamental contra los ‘nuevos ricos’ de finales de la década de los 90, operación conocida como ‘plan maceta’.

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