LA HABANA, Cuba.- El Trigal es un mercado de productos agropecuarios ubicado en el Reparto Berroa del municipio Calabazar. Es el único mercado mayorista para las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, adonde acuden, además de los vendedores de mercados estatales y puntos de venta particulares, los carretilleros con licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia, contemplado en la Resolución No.42 del 22 de agosto de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Aquí los comerciantes independientes se las ingenian para lidiar con los precios de los productos del campo y la posterior transportación hacia el lugar de destino, pero no siempre su gestión sale bien.
El pasado 1ro de febrero, cinco trabajadores que laboran en un Mercado Estatal ubicado en Calle 160 y Avenida 51, Municipio La Lisa, junto a dos carretilleros, fueron detenidos por la policía y su mercancía decomisada.
Según Julio Castillo Martínez y Javier Guanche Ayala, dos de los perjudicados, desde que existe el Trigal ellos compran sus productos allí para luego comercializarlos en una de las tarimas del mercado de La Lisa. “Ese día alquilamos un camión junto a otros cuentapropistas para abaratar el costo del transporte, y un patrullero policial detuvo el vehículo en 51 y 122, resultando que este no contaba con el papel que acredita la revisión técnica. Fue así que nos trasladaron hacia la Sexta Estación policial, donde pronto llegaron tres inspectores integrales –imaginamos que llamados por la propia policía– que nos solicitaron la documentación, la que fue mostrada inmediatamente”, aseguraron.
Según estas fuentes, seis de los siete contrapropistas presentaron la licencia, el carnet de contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el comprobante de pago de la entrada para efectuar la compra de los productos en el Trigal; este último, único documento que el mencionado mercado entrega. En cuanto al asociado que no tenía documentación, su situación fue aclarada un rato después, cuando se localizó a la administradora del mercado de la Lisa, quien acudió inmediatamente para corroborar la legitimidad del indocumentado.
“A pesar de todo esto no hubo remedio alguno”, declaró a CubaNet Javier Guanche Ayala, y continuó diciendo: “Una llamada telefónica de parte de los inspectores a su jefa municipal, bastó para aplicar multas a cuatro de los comerciantes, retirar la licencia a otro y decomisar toda la mercancía que fue depositada en el mercado estatal de 69 y 116, en Marianao”.
Según Julio Castillo y el mismo Ayala, dos de los inspectores que efectuaron el chequeo se nombran Luz Marina Díaz y Reynaldo Salvat: “Ellos procedieron de manera sumamente inadecuada, haciendo abuso de poder, de modo en extremo desajustado y muy lejos del cumplimiento del código de ética que debe primar en funcionarios estatales cuya tarea es educar a la población y hacer cumplir la ley”.
“No se nos permitía ni hablar, cuando pedimos explicación de los motivos de la medida, dejaron claro que ellos son la ley y que no podemos exigir nuestros derechos. Nos sentimos desprotegidos y pisoteados por estas funcionarios”, ampliaron los afectados.
Todas las reclamaciones hechas posterior al suceso por Javier Guanche Ayala, Daniel Reinaldo Castro Bonachea, Yuniel Velázquez Sánchez, Yumaike Sánchez Vicet, Julio Castillo Martínez y Erick William Lugo Corrales, tanto escrita como verbales, ante la Dirección provincial de Inspección, a la Dirección del mismo organismo en el municipio, al Partido Comunista de Marianao y la fiscalía de este territorio, han sido desoídas.
Sus últimas esperanzas se desmoronaron a principios de marzo, cuando se presentaron en la Fiscalía de Marianao. “Allí nos atendió una joven fiscal que en todo momento nos recodó que el transporte que utilizamos para trasladar nuestra mercancía estaba circulando sin sus documentos en regla”, declaró Julio Castillo y añadió que “es injusto”.
El sector de los pequeños negocios privados es un asunto de carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, afirmó Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la reunión efectuada por este órgano el 30 de diciembre del pasado año. “Hay que verlos como parte del desarrollo”, dijo el funcionario en aquella ocasión.
Sin embargo, a ninguno de estos cuentapropistas los han exonerado de la multa ni les resarcieron las pérdidas monetarias, que según ellos se remontan a más de 10 000 pesos, y la mercancía fue vendida en el Mercado adonde fue llevada ese mismo día.
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