GRANMA, Cuba.- Multas de entre cuarenta y mil quinientos pesos han sido impuestas desde enero a más de un centenar de cuentapropistas de este territorio, por violar el acuerdo 633/2016, del Consejo de Administración Provincial (CAP), puesto en vigor en Granma, el pasado 30 de diciembre.
El acuerdo fue establecido para regular la comercialización de productos agropecuarios a mercados de oferta y demanda, cuentapropistas, carretilleros y camioneros asociados; topar los precios, limitar áreas de venta y establecer las vías legales de abastecimiento, con el supuesto objetivo de incrementar el poder adquisitivo del peso cubano, disminuir los precios excesivos y reducir el alto nivel de desabastecimiento en los centros comerciales.
La medida ha sido recibida con animosidad por los trabajadores del sector.
El acuerdo exige además a los vendedores a exhibir los precios, unidades de medida y justificar las vías de obtención de los productos ofertados. La prensa local publicó recientemente una tabla con los precios topados y un listado de 28 personas multadas en solo dos jornadas por infringir el citado acuerdo, prometiendo publicar los nuevos casos en próximas ediciones.
Para hacer cumplir lo acordado, las direcciones de la Agricultura, Acopio, Planificación Física y otras implicadas, han creado un grupo de “enfrentamiento al acaparamiento y reventa” de los productos incluidos en el citado acuerdo, encabezado por el Vicepresidente del CAP e integrado por el cuerpo de inspectores y la Policía Nacional Revolucionaria.
Muchos cuentapropistas se han negado a bajar los precios hasta contar con precios mayoristas, mejores ofertas y surtido variado. Cada parte fundamenta sus razones, pero los precios permanecen inmutables.
El carretillero bayamés Misael Espinosa Puebla explica: “Esas multas son injustas porque hasta ahora los precios siguen siendo los mismos, el Estado no los baja y los guajiros (campesinos) venden carísimo, y el transporte para traer los productos es más caro todavía. Estamos prácticamente obligados a aumentar o mantener los precios, o abandonar el cuentapropismo y vender ilegal sin pagar impuestos, porque si no, la cuenta no da”.
Medita antes de agregar: “Fuera razonable (el Acuerdo 633) si tuviéramos un mercado mayorista con precios diferenciados, porque ahora solo podemos comprar a los productores el excedente no contratado por el Estado, o en unos establecimientos estatales de Acopio, que todavía no existen, ni se sabe cuándo los harán; pero la patente sí tienes que pagarla mensual o te aplican un recargo sin contemplaciones”.
La desigualdad de condiciones para la obtención de mercancías y materia prima entre el sector estatal y el privado actúa como lastre al desarrollo del sector cuentapropista, legalmente obligado a obtener la mayor parte de ellas en establecimientos estatales, para justificar su procedencia. Al no existir mercado mayorista, deben pagarlos al mismo precio que el resto de la población. Medidas anteriores, que contemplan mejores precios de pago y contratación a los campesinos por sus producciones, agravan el asunto.
Según Esmel Seyera Cedeño, Director general de Acopio en Granma, “pronto se habilitarán locales para la venta al por mayor a los cuentapropistas, pero dando prioridad al consumo social, dietas médicas, mercados agropecuarios y puntos de venta o placitas”.
Al sector cuentapropista, último eslabón de prioridad, “se le venderá al mismo precio que a la población y con similares normas de calidad”. Y aclara que cuando los productos sean pocos, se priorizarán las placitas y no serán vendidos a carretilleros.
Al respecto, Misael aclara: “La labor de Acopio como mediador estatal en la cadena productor-consumidor es cuestionable pero permisible, pero en el sector privado es difícil atribuirle función alguna, a no ser la de un intermediario más, para encarecer, limitar los productos y controlar la venta (…) Además, Acopio no se mete al campo a buscar lo que la gente necesita”.
Por muchos años, la variedad de productos que Acopio deposita en placitas y mercados ha disminuido mucho, dejando de vender una amplia variedad de especias, hortalizas frescas, frutas y viandas, que actualmente solo las venden los carretilleros y trabajadores privados.
Otro carretillero, Juan Ariel Zaldívar Reyes, opina: “Los negocios privados en Cuba no prosperan porque tenemos que comprar la mercancía al Estado, que tiene los precios por el cielo, pero entonces, el mismo Estado nos pone regulaciones, para que seamos nosotros los que los bajemos. Tal parece que están hechas para desalentarnos”.
“Cuando sacas la cuenta, la ganancia es miserable al desglosar los pagos de impuestos, Seguro Social y Declaración Jurada, gastos de compra, transporte, local de venta o almacenamiento, rebajas de precios de 20 ó 40 % según la calidad del producto, merma por concepto de pesaje y tiempo… Súmele multas y sobornos a funcionarios y gastos asociados a la actividad y lo que queda es una ‘quilera’ (centavos)”, explica.
Mientras tanto, los desangrados bolsillos del pueblo, pasan a terapia intensiva, pero siguen pagando las consecuencias y los precios que se mantienen o elevan, desafiando multas y regulaciones y haciendo caso omiso a las reclamaciones populares.