LA HABANA, Cuba.- Las Unidades Empresariales de Base (UEB) fueron creadas por las empresas y la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) bajo el amparo del Decreto-Ley 252 del 7 de agosto de 2007. Tenían el propósito de lograr una mayor eficiencia en el proceso de producción de bienes y servicios, pero su tarea es bien difícil, ya que no gozan de independencia ni tienen personalidad jurídica.
Por la arbitraria aplicación de la derogada Resolución No. 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el personal de oficina devengaba más salario que los vinculados directamente en la producción de bienes y servicios, lo que generó descontento y malestar generalizado entre los trabajadores. Ante esa situación, el MTSS puso en vigor la Resolución No. 6, que faculta al director de la empresa y OSDE desagregar a nivel de UEB los indicadores directivos para la formación de los salarios, lo que permite que los que cumplan con esos indicadores desagregados pueden distribuir el salario, independientemente del resultado que pueda alcanzar la empresa.
Actualmente uno de los problemas que conspiran en contra del adecuado funcionamiento de las UEB es que no se corresponde el volumen de su actividad productiva y de servicio y el elevado número de trabajadores. Además, el administrador no goza de facultad para tomar decisiones que tienen que ver directamente con el flujo productivo y de servicio y su destino final.
Se puede dar el caso que la empresa o la OSDE radique en La Habana y la UEB en Villa Clara o Ciego de Ávila y el administrador tenga que trasladarse a la sede de la empresa, junto con el jefe de producción, el contable u otros directivos para conciliar o analizar determinados problemas. Este traslado hasta La Habana implica el consiguiente gasto de combustible, hospedaje, etc.
Las UEB nacieron con bastantes deformaciones. Tenemos el caso del Grupo Empresarial Azucarero AZCUBA, integrado por trece empresas que en su conjunto tienen bajo su responsabilidad 55 centrales azucareros distribuidos en trece provincias. Sería interesante preguntarle a los directivos de AZCUBA cuál fue el criterio económico y funcional que se tuvo en cuenta para que sean UEB centrales como Uruguay, Brasil, Antonio Guiteras, Julio Antonio Mella, Cristino Naranjo, Arquímedes Colina, Boris Luis Santa Coloma, Mario Muñoz Monroy, Ecuador y Batalla de Las Guásimas, que tienen normas de producción que sobrepasan las 70 mil toneladas de azúcar y en los que labora un promedio de 450 trabajadores.
Las principales decisiones del proceso fabril en esos centrales —lo que incluye el corte y tiro de la caña— las toma la empresa, que radica en la capital de la provincia, lo cual, más que antieconómico, es absurdo. Sencillamente, esos centrales por su peso en la producción de azúcar en el Grupo Empresarial AZCUBA tienen que ser obligadamente empresas.
La mayoría de los hoteles de cuatro y cinco estrellas que administran los grupos hoteleros Gran Caribe y Cubanacán, pertenecientes al Ministerio de Turismo, y Gaviota, bajo la dirección del Grupo de Administración Empresarial (GAE) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, administran instalaciones de hasta 350 habitaciones en las que labora un promedio de 450 trabajadores. Los planes de recaudación que tienen fijados sobrepasan los 15 millones de dólares al año. Pero como son UEB, sus gerentes principales así como el resto de sus directivos no tienen la más mínima autonomía y mucho menos personalidad jurídica, y por eso todo lo que se hace en esos hoteles tiene que ser previamente autorizado por el grupo hotelero al que pertenecen.
Al no gozar de autonomía, las UEB dependen por entero de las decisiones de la empresa a la que están adscriptas.
Los 500 trabajadores del central 30 de Noviembre, lo mismo que los 600 empleados del hotel Habana Libre ignoran lo que han devengado en el mes y no se enteran hasta que no llegue la económica de AZCUBA y de Gran Caribe, respectivamente. Esto provoca de manera reiterada atraso en los pagos: en ocasiones lo reciben luego de 15 días —y más— de haber terminado el mes.
De las 1993 empresas que existían en Cuba, 506 de ellas, a pesar su gran peso productivo y su elevada prestación de servicios, fueron reducidas a UEB, quedando mutilada la poca autonomía de que gozaban.
La falta de personalidad jurídica de las UEB se refleja en las trabas que han surgido en el desempeño de sus actividades. Cuando eran empresas, tenían facultades para para definir los sistema de pago, modificar la plantilla, pero ahora para dar estos pasos tienen que primeramente pedir permiso a la empresa a la que pertenecen, que es la que dice la última palabra.
Al no tener personalidad jurídica, de poco valen la inventiva y las soluciones logradas por los innovadores en las UEB. Como no disponen de fondo ni cuentas bancarias, las aplicaciones de estos trabajos no se pueden pagar, porque esto es facultad exclusiva de la empresa, que es la responsabilizada de la aplicación de la Ley 38 que contempla las cuentas y el desempeño de las comisiones evaluadoras.
La decisión de convertir empresas en UEB no fue acertada, sino que por el contrario, ha creado problemas que todavía están pendientes de solución, debido a que persisten la centralización, el verticalismo y la falta de una comunicación fluida con los colectivos laborales y sus direcciones administrativas.
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