SANTIAGO DE CUBA.- El pasado 20 de noviembre, el activista de 66 años Tomás Núñez Magdariaga, de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue puesto en libertad después de 10 meses de encarcelación por negarse a pagar multas que considera arbitrarias.
“Fui procesado a seis meses de prisión por negarme a pagar 3 mil pesos de multa arbitraria”, apuntó el activista en conversación reciente con CubaNet, “pero a solo a 6 días de ser liberado me apareció otra multa, sin que constara en el registro de multas en Palma Soriano y por eso me echaron cuatro meses más”.
Cuenta que estuvo en la Prisión de Aguadores, cerca del litoral santiaguero, por un mes y 15 días, y “por problemas con la reeducadora” fue castigado en la celda por varios días, de los que estuvo “plantado” durante seis, para luego ser trasladado al “Cuncuní”, en Baraguá, municipio Mella. “Allí me quisieron sacar para la mínima, pero como yo no trabajo para ellos, quisieron que cogiera una escoba y me pusiera a barrer, ahí fue cuando pasé un día por el comedor y me di cuenta de la mala elaboración de la comida y tras protestar por esta causa, estuve 17 días plantado y fui trasladado para Boniato, prisión de mayor rigor”.
Cuenta que, faltándole dos meses, fue llevado para esta prisión de máxima seguridad donde lo ubicaron con un recluso que había asesinado a dos personas y tenía como sanción 40 años, y otro que había matado a su mujer con una sanción de 30 años de privación de libertad.
Tras pocos días en el penal de Boniato, fue nuevamente trasladado a la prisión de Mar Verde, donde confesó que sufrió maltratos por parte de policías y reclusos. “A pesar que soy abiertamente homosexual, quisieron humillarme y un tal Miguel Ruíz Pantaleón, jefe de la compañía, me decía que no podía salir al pasillo y hasta me dio golpes en el pecho, y se aprovecharon cinco días antes de mi salida y me robaron un reloj, los zapatos, una toalla y el abrigo”, lamentó.
Comenta que, tras este lamentable robo, estuvo plantado nuevamente cinco días, quejándose con el reeducador de la prisión y al jefe de la unidad, donde le aseguraron que “sus pertenencias serían devueltas, siendo esto falso hasta ahora”, resaltó.
“En las prisiones cubanas, muchos reclusos están abusando de otros presos y hasta provocan a los presos políticos a cambio de favores que les ha hecho la policía política. Es bueno que esto se sepa, estos reclusos son personas delincuentes y que pertenecen a pandillas y allí tienen el poder porque se hacen los más fuertes y por eso dirigen compañías y abusan de todos los que nos revelamos”, denunció.
Ahora, con su salida de prisión, dice que está viviendo lo insoportable. “Llevo más de 15 años como cuentapropista arrendando habitaciones y pagando mes tras mes todos los impuestos y la Seguridad Social, pero ahora me entero que me han jubilado y cuando reclamé la chequera de jubilación, una especialista del Ministerio de Trabajo de mi municipio me sugirió que reclamara la mensualidad ante el Banco Popular de Ahorro, porque allí no constaba esta documentación”.
Refiere que si no le pagan los años acumulados como trabajador privado, denunciará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Palma Soriano por robo y estafa, “este hecho no pasará por alto, me roban en la prisión y me quieren robar aquí. Está bueno ya de descaro”.
Carlos Amel Oliva Torres, líder del frente juvenil de la UNPACU y miembro de la Dirección Nacional, conversó con este diario y alegó que desde diciembre de 2016 hasta la fecha, más de 50 activistas de la organización han sido multados por ejercer sus derechos civiles y políticos de manera pacífica. “Estas multas son un mecanismo que luego la policía política usa para que los activistas multados no puedan salir de la provincia o el país, también le limita a la hora de hacer algunos trámites como pedir créditos bancarios, pero además son multas excesivas que no están en correspondencia con el poder adquisitivo promedio o mayor del trabajador cubano y esto hace que se hagan impagables”.
Estas multas excesivas pasado un mes se duplican y así sucesivamente, mes tras mes, hasta que llega el momento que son llevados a prisión por el impago de multas, pero los miembros de la UNPACU han optado la posición, según confesó Oliva Torres, “a negarse a pagar estas multas porque van en contra de la lucha y la posición que ellos han asumido al luchar por defender el respeto por los derechos humanos, es decir, pagar estas multas por algo que debe ser normal, que es una práctica universal y que debe ser legal es nuestro país, significa aceptar que estamos haciendo algo incorrecto o que daña a la sociedad y por eso se niegan a pagarla”.
Más adelante refirió que la organización tiene actualmente siete activistas que han sido encarcelados por negarse a pagar estas multas, y 50 o más que están en proceso porque deben estas multas, “son más de 200 mil pesos en multas”, aportó.
Recientemente el opositor Leonardo Ramírez Odio, uno de los manifestantes en la Catedral de Santiago de Cuba el pasado 26 de julio, fue sancionado con una multa de 1180 pesos que debe de pagar en treinta días; pero también se ha negado al pago, declarando que la sanción es arbitraria e injusta.
Según Oliva Torres, con esta pena al joven Ramírez Odio “la policía política lo que persigue es llevarlo a prisión de una manera en que pueda ser cuestionada su sanción, es decir, el carácter represivo-político de su sanción; aún no lo llevan a prisión pero no desatan el lazo represivo que tienen sobre él. Es como si le tuvieran dando cordel, para que el momento que ellos estimen recoger, para llevarlo a prisión por impago de multa”.
La Unión Patriótica de Cuba es una de las organizaciones de mayor visibilidad dentro de la oposición en la isla. Según sus directivos, mujeres, jóvenes y ancianos están en prisión por impagos de multas, y allí reciben una gran carga de represión psicológica, intentos de abuso sexual, entre otras formas de castigo. “La policía política en Cuba para reprimir no hace salvedad de género ni de edad, así van los derechos humanos en la isla”, selló el líder juvenil.