GUANTÁNAMO, Cuba.- Si en Cuba se respetaran la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, la mayoría de la población se sentiría segura frente a los desmanes del omnipotente Estado-Partido. Aun reconociendo que los derechos y libertades de los cubanos son muy reducidos, si al menos se respetaran, otro sería el país. Pero el respeto a la institucionalidad y la garantía de establecer recursos jurídicos efectivos contra la actuación del Estado son características del Estado de derecho y Cuba no lo es.
La imposición de la ideología sobre todos los componentes de la sociedad —incluida la economía— ha provocado el estado calamitoso del país. Tiene gran incidencia en ello el menoscabo de la institucionalidad. Esta no puede existir cuando quienes deben ser sus garantes son los primeros en vulnerarla y en desconocer el derecho de los ciudadanos que reclaman, haciendo acepción de personas según su posición política. Tampoco puede existir cuando la Fiscalía General de la República y los tribunales se convierten en apéndices de la Seguridad del Estado. Este cáncer social de imprevisibles consecuencias es un producto del castrismo.
Diariamente los medios independientes de información que publican noticias sobre Cuba dan a conocer múltiples casos de detenciones arbitrarias y otros abusos de la policía cubana y funcionarios castristas en contra de los opositores pacíficos y el resto de la población. Pero el caso cubano continúa sin recibir la atención que merece de parte de los gobernantes de América Latina y Europa, muchos de ellos defensores de la democracia y los derechos humanos. Con su silencio cómplice favorecen a la dictadura.
El caso del guantanamero Niober García Fournier es otra prueba del tratamiento que reciben los cubanos que ejercitan su legítimo derecho de luchar pacíficamente por otro proyecto de país.
El 11 de diciembre del 2015, cuando regresaba desde La Habana a Guantánamo luego de un viaje al extranjero, el ómnibus en el que viajaba fue interceptado a la entrada de Guantánamo. El opositor pacífico fue detenido por la Seguridad del Estado y despojado del dinero que poseía, cuatro teléfonos celulares, varias memorias flash, aditamentos para su computadora y otros bienes personales que pasaron el control de la Aduana.
Niober regresó a La Habana y presentó una queja ante la Fiscalía General de la República. Allí le dijeron que regresara a Guantánamo pues la Fiscalía Provincial le respondería.
Apreciando que no lo citaban y habiendo transcurrido más de noventa días Niober fue a dicha institución donde le dijeron que debía entenderse directamente con el Ministerio del Interior (MININT). Fue hasta la delegación provincial del organismo represor y allí fue atendido por el Mayor Alfredo, quien luego de hacerlo esperar más de una hora le informó que se había entrevistado con el teniente coronel Edel, segundo jefe del MININT en la provincia, quien le orientó que le dijera que ellos no tenían que darle ninguna respuesta.
Niober regresó a la Fiscalía provincial, donde la jefa del departamento de Atención a la Ciudadanía, fiscal Mailiuska Rodríguez Díaz le dijo que ellos no tenían jurisdicción sobre el MININT, que se quejara en la Fiscalía Militar. Así, Niober continuó de oficina en oficina, hasta que decidió establecer una demanda en solicitud de amparo en la posesión contra el MININT.
Luego de que algunos abogados se negaran a aceptar el caso debido al miedo que sienten cuando se trata de demandar al MININT, Niober logró contratar a una letrada que interpuso la demanda, pero tanto el Tribunal Municipal Antipopular de Guantánamo (TMG) como el Provincial (TPG) consideran que lo ocurrido no constituye una violación de la legalidad ni un perjuicio a su patrimonio, a pesar de que no se le ha comunicado a Niober que existe una acusación en su contra ni se le ha entregado un acta de ocupación de los bienes de los que fue despojado. Y ya van a cumplirse dos años del hecho.
La decisión fue adoptada en el TMG por los jueces Yarisleidis Luna Zulueta, Carlos Fernández López y Oveidis Torres Redox en el expediente No. 213 del 2016, donde dictaron el Auto Número Seis de fecha 11 de enero del 2017. Este fallo fue ratificado en el TPG por los jueces Anselmo Pachebat Bueno, Mirtha Obregón Pupo y Yeneisy Islán Pavón en las actuaciones propias del recurso de apelación No.14 del 2017 donde dictaron la sentencia 21 de fecha 5 de abril del 2017 ratificando el veredicto de la primera instancia.
El 17 de mayo de este año a Niober le impidieron viajar a Panamá; el 18 de julio le impidieron viajar a Trinidad y Tobago y el 31 de octubre volvieron a impedirle viajar a ese país. Se ha quejado ante la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería y aunque allí le dijeron que no tenía prohibido viajar se lo impidieron y hasta la fecha no le han dado respuesta sobre la causa.
Hace más de dos años y medio Niober fue atacado en la calle por un hermano de un oficial de la Seguridad del Estado, el cual le atravesó una pleura con un punzón. El opositor estuvo ingresado en el hospital provincial de Guantánamo durante un mes, lo que fue informado por CubaNet el 22 de abril del 2015. A pesar de haber realizado la denuncia todavía no se ha realizado el juicio contra el atacante. ¡Esta es la cara oculta de la “institucionalidad” castrista!
Niober va a presentar su caso ante las Naciones Unidas, un ejemplo que deberían seguir todos los que sufren tales atropellos. Ante el silencio de quienes callan cobardemente en el extranjero y el abuso reiterado del castrismo, hay que usar todas las vías para denunciar la masiva y sistemática violación de los derechos humanos en Cuba.