BAYAMO.- La mañana del pasado domingo, la algarabía reinó frente al puesto de venta de viandas de José Joaquín Arias Ladrón de Guevara. La negación del joven a ser multado por Víctor Blanco García, un inspector de Dirección Integral de Supervisión, invocó la presencia policial. “Si ustedes quieren me llevan detenido, pero ni me voy a dejar poner otra multa, ni tampoco la voy a pagar”, argumentaba el cuentapropista.
Este bayamés de 35 años es ingeniero, pero lleva 10 años ejerciendo el cuentapropismo. Su puesto de venta radica en la calle 26, entre las calles 3 y 5 del reparto bayamés de Camilo Cienfuegos, y es sitio frecuentemente concurrido por la variada oferta que le caracteriza.
José Joaquín refiere ser acosado por el inspector Víctor. “Como yo no me quedé callado ante una medida que intentó imponerme, parece haberlo tomado de forma personal y ahora me está asediando y viene a cada rato… Ya está bueno de abusos conmigo”.
“Tengo unas cuantas multas”, reconoce, “pero el resto de los inspectores han sido más consecuentes y comprensivos”.
“Ayer volvió para pedirme unos documentos que él mismo se había llevado anteriormente, quiso multarme y me ordenó que cerrara el local de inmediato. Discutimos y, para amedrentarme, llamó la policía, alegándoles que estaba vendiendo sin documentos”, cuenta.
Cuando expliqué mis razones a la policía, uno de ellos fue bastante comprensivo e intercedió a mi favor ante Víctor, que quería multarme con 1500 pesos. La medida resultó en una carta de advertencia.
“Pero por la noche volvió borracho y quiso buscarle problemas a un ayudante del local, demostrando que es algo personal”, añadió.
“No puedo quejarme ante las autoridades porque eso es sacar dinero de mi bolsillo para que ellos lo echen en otro. Para ellos yo no soy nadie, pero como él es un inspector dan más valor a sus palabras, aunque sean burdas mentiras. ¿A quién me voy a quejar?”, se pregunta.
Para explicar su exabrupto, rememora: “Comencé trabajando en una miniindustria familiar de productos encurtidos, pero empezaron a apretar (regulaciones, impuestos y multas) hasta que la eliminaron; entonces decidí cambiar a vendedor de productos del agro, hace cuatro años”.
“Un día apareció este inspector acusándome de vender ilegal y solicitando mis papeles. Le mostré el permiso de venta que el mismo Gobierno me dio, pero él se los llevó diciendo que debía investigarlos. En esa ocasión me dijo que podía seguir trabajando hasta que se me diera respuesta. Pero nunca devolvió mis documentos”, recuerda.
“Tampoco nadie me había dado una notificación oficial o reunión, para decirme: usted está cerrado por tal razón, simplemente quitaron el autorizo de venta y ya. Todo es arbitrario, te lo dan ahora y a los tres meses te lo quitan, sin ofrecer siquiera una justificación convincente”, acusa.
“Víctor volvió nuevamente. Esta vez vino con José Félix González Yee, el vicepresidente de Gobierno del municipio, que atiende la parte de economía. Dijeron que yo tenía que cerrar inmediatamente, porque la actividad de vender viandas y hortalizas era ilegal. Les pregunté qué iba a hacer entonces, con los productos del agro que tenía almacenados…”
José Joaquín, solicitó al dirigente tres días de prórroga para rematar la mercancía restante, recibiendo una rotunda negativa.
“Se supone que el Gobierno debe proteger a las personas y yo soy un ciudadano que está tratando de sobrevivir de forma honrada, pero si ellos no comprenden mi situación y no les importan mis pérdidas, yo no puedo dejar echar a perder mis mercancías y lamentablemente tengo que seguir vendiendo de forma ilegal”.
“Por eso cuando Víctor volvió ayer se formó el tira y jala”, culmina.
“Los puestos de los cuentapropistas tienen mejores ofertas que las placitas estatales, siempre tienen demanda y le resuelven bastante a la sociedad. Reconozco que los precios son algo elevados, pero eso también es culpa del Gobierno, que también vende carísimo, incluso por encima de los nuestros”.
“Esta ofensiva del Estado para mantener en jaque y presionar los cuentapropistas lo que hace es obligarnos a trabajar ilegal. Su objetivo es eliminar los empleos que el mismo creó, por temor a la independencia económica de los cuentapropistas”.
“Ya estoy cansado del acoso de los inspectores, si me cierran el puesto, voy a pintarle un cartel que diga: ‘Cerrado por órdenes del Gobierno’”.
José Joaquín Arias Ladrón de Guevara es solo una gota en el mar de cuentapropistas indignados por las trabas y regulaciones estatales, que intentan asfixiar sus ya casi extintos negocios.