MIAMI, Estados Unidos.- El Centro de Información Legal Cubalex ha denunciado este jueves que el gobierno cubano intenta desarticular esa organización no gubernamental (ONG) utilizando lo que se conoce como “Ley contra los macetas”, informa esa agrupación.
Se trata de la aplicación del Decreto Ley No.149/1994, que establece “medidas ejemplarizantes contra quienes roban, especulan y desvían recursos del Estado, realizan actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento que lesionan los intereses sociales”.
La declaración de la ONG es hecha pública a raíz del proceso iniciado en su contra por el régimen cubano, que el pasado 23 de septiembre allanó la sede de la organización y decomisó sus medios de trabajo, además de los archivos donde Cubalex lleva todos sus casos.
“La Fiscalía pretende utilizar el interés social para criminalizar nuestras actividades en defensa de los derechos humanos”, dijo Cubalex, dirigido por la abogada Laritza Diversent.
El grupo de juristas independientes ha intentado durante años legalizarse frente al gobierno cubano, y precisamente el “interés social” fue el argumento de la ministra de Justicia, María Esther Reus, para negar el reconocimiento a la organización.
“Según esta funcionaria del Estado cubano, nuestros objetivos, además, atentan contra la existencia y fines del Estado socialista, actos que sanciona la Ley No. 88/99”, declaró Cubalex. La Ley No.88/99 es conocida como “Ley Mordaza”.
Durante la investigación en su contra, funcionarios del régimen han “entrevistado” a miembros de Cubalex para preguntarles cómo llegaron a la organización, cuáles son sus funciones dentro de ella, cuánto cobraban por su trabajo y si conocen de dónde sale el dinero, así como si sabían que no podían funcionar como organización sin estar legalizados.
Cubalex denunció además que “estas preguntas demuestran que intentan buscar normas penales para criminalizar nuestras actividades. La información obtenida puede ser utilizada por los funcionarios actuantes como elementos de prueba en un proceso penal, que han advertido se abrirá, cuando concluya la investigación administrativa”.