Las autoridades cubanas deben detener su campaña de represión contra opositores y disidentes y permitir la celebración de actividades pacíficas durante la segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (CELAC), dijo hoy Amnistía Internacional.La reunión se celebrará los días 28 y 29 de enero en La Habana.
“La actitud de las autoridades cubanas es un ultrajante ataque contra las libertades de expresión y de reunión que no debería pasar inadvertida a los numerosos líderes que estos días se dan cita en La Habana,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial para programas regionales de Amnistía Internacional.
“Es un vano intento de silenciar a aquellos que denuncian la sistemática violación de los derechos de opinión, reunión y manifestación en Cuba. El gobierno podrá impedir que los disidentes se aproximen a la conferencia, pero sus voces entrarán en ella. No hay medida que pueda silenciar los derechos humanos.”
Decenas de disidentes han sido detenidos de forma arbitraria durante el pasado fin de semana en numerosas localidades de la isla, o han sido coaccionados para que no participaran en eventos privados paralelos a la cumbre que comienza mañana en La Habana.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha registrado 43 casos de personas detenidas por breves periodos de tiempo entre el 23 y 26 de enero. Otras cinco han sido puestas bajo arresto domiciliario. Al menos 18 han sido advertidas por las autoridades de no viajar a la capital cubana.
Debido a estos arrestos y a la ola de intimidación, diversos foros paralelos a la cumbre han sido cancelados.
Entre los activistas que fueron detenidos durante el fin de semana están José Daniel Ferrer García, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y Yusmila Reina Ferrera, otra militante de esta organización. Ambos permanecieron durante casi 48 horas en distintas dependencias policiales del país.
José Daniel Ferrer explicó a Amnistía Internacional como él y su colega fueron interceptados el 24 de enero sobre la una de la tarde por hombres vestidos de civil, mientras caminaban hacia la oficina de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
Ferrer les pidió que mostraran su identificación, a lo cual se negaron, tras lo que les forzaron bruscamente a subir a un auto. Desde allí fueron llevados a una unidad policial en la frontera entre la provincia de la Habana y Mayabeque y luego traslados a unidades policiales separadas en La Habana donde pasaron la noche.
El 25 fueron llevados hacia Santiago de Cuba, pero pasaron la noche en una unidad policial en Camagüey. Finalmente fueron puestos en libertad en la provincia de Santiago de Cuba el 26 de enero sobre el mediodía.
José Daniel Ferrer dijo a Amnistía Internacional que actualmente había policías vigilando su casa y que no tenía posibilidad de poder volver a la capital.
“Resulta indignante que quienes no están de acuerdo con el gobierno cubano no puedan expresarlo de manera pública y colectiva. Los jefes de estado de los países miembros de la CELAC y los altos cargos de organizaciones regionales e internacionales como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no deberían ignorar el hecho de que, mientras que ellos siguen llegando a La Habana para participar en la cumbre, activistas cubanos cubanas se encuentran reprimidos por su gobierno,” aseguró Javier Zúñiga.
“Los dirigentes de una organización que tiene entre sus principios el pleno respeto a la democracia y los derechos humanos deberían hablar en favor de la libertad de expresión y reunión de los ciudadanos cubanos,” añadió.
Las detenciones y las coacciones de disidentes y opositores son una táctica habitual de las autoridades cubanas. Durante 2013, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó de 6.424 detenciones de críticos al gobierno. Tan solo en diciembre del 2013 tuvieron lugar 1.123 detenciones arbitrarias por “motivos políticos”, el número mensual más alto desde la visita del Papa Benedicto XVI en marzo del 2012.
