Las estadísticas del Gobierno demuestran que este año la oferta de dólares al sector privado experimentó una caída de 25 por ciento, lo que limita la gestión del sector privado para importar materias primas, insumos y productos terminados, lo que amenaza con sumergir a la economía venezolana en un ciclo recesivo, según el diario El Universal.

La industria automotriz ensambló solamente 296 vehículos, una caída de 84 por ciento comparado con idéntico mes de 2013, mientras los inventarios del comercio caen y las tiendas ofertan poca mercancía, señala la fuente.

Además, las líneas aéreas han disminuido su actividad y la sequía de dólares comienza a golpear a la industria y el comercio, sectores que aportan 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y están encadenados a áreas como la construcción, transporte y almacenamiento, indica El Universal.

Según el periódico, Venezuela es más dependiente de las importaciones por la caída de la producción nacional y la fuente de divisas tiene problemas. Agrega que las exportaciones distintas al petróleo prácticamente han desaparecido y 96 de cada 100 dólares que ingresan al país provienen de Pdvsa, que no ha podido elevar la producción y vende barriles con descuento a países aliados.

El ex gerente de investigación económica del Banco Central de Venezuela, José Guerra, advirtió que lo que el Gobierno está haciendo es devaluando y reduciendo la oferta de dólares al sector privado, por lo que él considera que el país está “marchando hacia la recesión por un ajuste de muy mala calidad, que además de enfriar a la economía no crea estímulos para las exportaciones y tampoco ayuda a resolver el desequilibrio en las cuentas fiscales que permanecerá igual o peor”.

Entretanto, Andreína Tarazón, la ministra de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (SUNDDE), calificó de “criminales de guerra” a las personas que acaparan alimentos, en momentos en que el país atraviesa un nuevo episodio de escasez de bienes.

Tarazón, de 25 años de edad, manifestó que el Gobierno no tiene otra opción que aplicar la nueva Ley de Precios Justos, que pretende controlar los precios y acabar con la escasez, apoyada en la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 por ciento y sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores y multas que van desde 107.000 bolívares (17.000 dólares) a los 5,3 millones de bolívares (850.000 dólares).

Venezuela experimenta recurrentes episodios de desabastecimiento de productos de consumo, como papel higiénico o leche, que obligan a las personas a recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan.

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