EL PAÍS – Si el caso Petrobras destapó la corrupción en el sector de la construcción en Brasil, la Operación Zelotes amenaza con hacer lo mismo en el sector automotriz, uno de los principales del país. La policía investiga desde 2014 a empresas que sobornaban a inspectores de Hacienda para librarse de multas, una estrategia con la que podrían haber evadido 4.831 millones de dólares de las arcas públicas. Las denuncias salpican incluso al hijo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Claudio.
Con la guerra política desatada en el país, el nombre de un familiar del expresidente y líder del Partido de los Trabajadores en la Operación Zelotes alimenta aún más la furia de los brasileños contra el Gobierno de Dilma Rousseff, también del PT, implicado en otras denuncias de corrupción y con la popularidad por los suelos.
La operación arrancó con una denuncia anónima a la policía federal. Según el soplo, varias empresas corrompían a funcionarios públicos para intervenir en decisiones del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), una especie de tribunal del Ministerio de Hacienda para multar al sector privado por irregularidades en el pago de impuestos.
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