AGENCIAS – Fiscales federales brasileños confirmaron el lunes que están evaluando si investigarán al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por cabildear en el extranjero a favor de la más grande compañía constructora del país.
La procuraduría dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que una unidad anticorrupción tiene 90 días para decidir si abre una investigación exhaustiva para determinar si el exmandatario estuvo involucrado en el delito de tráfico de influencias por presuntamente influir en líderes extranjeros para conceder contratos inflados multimillonarios a Odebrecht, y por ejercer presión para que el banco de desarrollo de Brasil entregara a la compañía más de 1.000 millones de dólares en préstamos con interés bajo desde 2011, después que dejó el cargo.
Tal delito podría ser castigado con hasta cinco años de prisión.
La investigación de la fiscalía a Lula fue publicada primero por la revista noticiosa Época el fin de semana. La revista reportó que los esfuerzos de Lula se enfocaron en proyectos en Cuba, República Dominicana, Ghana y Venezuela, donde Odebrecht obtuvo varios contratos para diversas obras, como la revitalización del puerto Mariel en Cuba.
Las noticias llegan en un momento delicado para el Partido de los Trabajadores, que Lula ayudó a fundar, y para la sucesora que escogió, la presidenta Dilma Rousseff, quien está enfrentando turbulencia política y económica por lo que los fiscales han etiquetado como la mayor confabulación de corrupción descubierta hasta ahora en Brasil: un sistema de sobornos en la empresa petrolera estatal Petrobras.
Ni Lula ni Rousseff han sido involucrados en el escándalo de Petrobras, en el cual presuntamente Odebrecht y varias otras empresas de construcción e ingeniería importantes pagaron sobornos a ejecutivos designados políticamente en la compañía petrolera a cambio de obtener contratos con costos inflados.
Fiscales argumentan que parte del dinero fue canalizado a los cofres de campaña del Partido de los Trabajadores y de sus aliados. Más de 50 figuras políticas, incluidos 33 miembros del Congreso, están siendo investigadas en el caso Petrobras.
Odebrecht ha negado enérgicamente a través de declaraciones y correos electrónicos que haya actuado ilegalmente.
La compañía dijo que tiene una “relación institucional” con Lula, ya que es un expresidente, y admite que lo invitó a viajar al extranjero con ejecutivos de la empresa para hablar en varios eventos en los que se buscaba promover a compañía brasileñas y atraer inversión al país.
La empresa además refutó la acusación de que hubo algún vínculo entre su relación con el expresidente y cualquier préstamo con tasa de interés baja que haya recibido del banco estatal de desarrollo de la nación -conocido como BNDES_, y dijo que sólo 7% de sus ingresos provienen de proyectos que utilizaron algún préstamo del banco.
Paulo Okamotto, director del Instituto Lula, con sede en Sao Paulo, señaló que el exmandatario también niega haber actuado ilegalmente, y agregó en un comunicado escrito que Lula nunca actuó en papel de consultor o cabildero para Odebrecht o cualquier otra compañía. Silva, aunque no respondió directamente a las acusaciones, estalló recientemente contra Época y otros medios brasileños calificándolos como “basura”.
La empresa consultora de riesgo político Eurasia Group escribió en una nota de investigación que “vemos la investigación contra Lula como significativa” y que se podría traducir en un problema aún más grave para el gobierno de Rousseff si las indagatorias sobre corrupción crecen y se expanden a otros sectores de la economía o involucran al BNDES.
Sin embargo, Eurasia escribió que “se nos hace difícil ver este giro reciente como un cambio real de la situación. La noción de ‘tráfico de influencias’ es vaga, particularmente ya que Lula era un ciudadano particular en el período en cuestión”.
No obstante, la consultoría dijo que “la acusación de que él intervino para asegurar los préstamos del BNDES, los cuales pudieron no haber seguido el debido proceso, podría resultar más problemática para Lula y para el gobierno de Rousseff”.
