Por primera vez en 12 años, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre este jueves y viernes revisa si el Estado cumple con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Durante su presentación inicial, el jefe de la delegación chavista, José Vicente Rangel Avalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, afirmó rotundo que la “Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todas y todos”.
Dichas palabras no fueron creíbles para la comisión de la ONU, que insistió en que el país gobernado por Nicolás Maduro debe dar respuestas. Jens Modvig, relator para Venezuela, inició el 53° período de sesiones del organismo haciendo referencia a la represión durante las protestas que comenzaron en febrero de 2014.
De acuerdo a las declaraciones recogidas por El Nacional, Modvig afirmó: “Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?”, preguntó.
Varias ONG nacionales e internacionales han denunciado reiteradamente dichas violaciones, que se producen a menos de un año de que entrara en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país, norma que el viceministro presentó profusamente.
El relator recordó que la “ley doméstica” establece la prohibición de la tortura cuando la persona está “bajo custodia de las autoridades”, pero preguntó qué normas se aplican cuando la persona no está oficialmente detenida. “¿Si se alegan torturas sin estar en custodia se investiga?”, cuestionó.
En la misma línea, el experto dijo que le consta que se han denunciado “muchas más” de las 183 violaciones a los derechos humanos y 166 casos de malos tratos oficialmente registrados, “¿es así?,”¿cuántas”?
Precisamente, otra experta, Felice Gaer, recordó que “sólo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos en la última década cuando en el mismo período ha habido más de 5.000 denuncias”.
SE CUESTIONÓ LA INDEPENDENCIA DE LOS MÉDICOS QUE EXAMINAN A LAS VÍCTIMAS
Por otra parte, Modvig cuestionó que la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura no sea independiente del Gobierno, dado que casi la mitad de sus miembros son representantes del Ejecutivo.
“De sus 13 miembros, 6 son representantes del gobierno y por lo tanto surgen dudas respecto a su independencia”.
En la misma línea, el relator cuestionó sobre la independencia de los médicos que examinan a las supuestas víctimas, “¿cómo se los escoge? ¿quién les paga?”, así como de los servicios forenses que examinan las evidencias.
Además de Modvig, los expertos Abdoulaye Gaye, Essadia Belmir y Gaer preguntaron sobre el sistema judicial y cuestionaron que pueda ser independiente cuando hay “al menos” un 15% de sus miembros que son contratados temporales y que pueden ser relevados en cualquier momento.
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