El gobierno de Nicolás Maduro cada está sumando mayor resistencia con diferentes organismos internacionales por sus arbitrarias medidas internas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresó su “profunda preocupación” por la reciente detención de al menos quince empresarios venezolanos, responsables de firmas vinculadas a la distribución de medicamentos, atención hospitalaria y alimentación.
Guy Ryder, director general de la OIT, envió una carta a la ministra de Exterior de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien señaló que las estrictas políticas adoptadas por el jefe de Estado “pueden crear un clima de intimidación que obstaculice el desarrollo normal de las actividades de organizaciones de empleadores y sus miembros”.
Los empresarios son acusados por una supuesta “ocupación de toda la red de productos y supermercados Día a Día”. En los últimos tiempos el presidente Maduro ha acusado a decenas de responsables de comercios de “sabotaje”, acaparamiento de bienes y “guerra económica”.
Sin embargo, los comerciantes sostienen que la escasez no es producto de un “sabotaje”, sino por los controles de cambios y de precios impulsados por el Estado, que distorsionan el funcionamiento de la economía del país.
A través del comunicado enviado el gobierno venezolano, la OIT subraya que la detención de empresarios y la incautación de empresas “se opone al ejercicio de libertad de asociación y de los derechos consagrados en el Convenio número 87” del organismo internacional.
Entre los detenidos por el chavismo se encuentra el presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, Carlos Rosales Briceño, y el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Luis Rodríguez.
“Se han realizado inspecciones hostiles a los establecimientos comerciales y centros de abastecimiento. Más de quince empresarios de distintos sectores y regiones del país fueron detenidos y encarcelados acusados de presunto boicot y desestabilización económica”, explica Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, según consigna el diario español ABC.
A partir de la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos, que permite acosar y encarcelar a los empresarios, los inspectores oficiales realizan el siguiente procedimiento: llegan al establecimiento, observan la cantidad de mercancía existente, revisan las facturas y órdenes de compra, y si la empresa no tiene las guías oficiales de despacho emitidas por el gobierno, les aplican la ley, con todo lo que esta significa de cárcel y sometimiento al escarnio público.
Esa ley establece una pena de cinco años de cárcel por acaparamiento y siete si son acusados de “desestabilización económica”.
“Los empresarios tienen miedo a caer en manos de la ley”, apuntó Roig, quien aseguró que “a los empresarios encarcelados se les ha dificultado el derecho a la defensa y al debido proceso judicial”. Y temen que esto empeore con los súperpoderes que solicitó Maduro a la Asamblea Nacional.
“No somos políticos. Déjenos trabajar en paz necesitamos reglas del juego justas y no la ley de Precios Justos”, concluyó el presidente de Fedecámaras.
