Junio,
2001
Reporte
de violaciones de las Normas Internacionales de la Organización Internacional
del Trabajo por parte del gobierno de Cuba (Cont.)
Capítulo
III
Actos de hostigamiento,
represión y detenciones de activistas sindicales independientes
y trabajadores por cuestiones políticas y por defender el derecho
a la Libertad Sindical
En la mesa redonda
informativa del 25 de abril del 2001, sobre declaraciones realizadas por
el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, durante la
III Cumbre de las Américas, el gobernante cubano Fidel Castro Ruz,
expuso su punto de vista sobre autorizar o no según lo establecido
por el Ministerio de Justicia, la creación de organizaciones sindicales
libres en la isla. A continuación lo expresado al respecto:
"Con relación
a ese artículo del Convenio, donde se habla de que cada persona
tiene el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a los de su elección,
con sujeción únicamente a los estatutos de la organización
correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos
y sociales, en un país socialista como Cuba, donde los trabajadores
manuales e intelectuales están todos organizados en sus respectivos
sindicatos y sólidamente unidos como clase revolucionaria que comparte
el poder con el resto del pueblo, los campesinos, las mujeres, los estudiantes,
los vecinos y la ciudadanía en general, tal precepto serviría
de arma y de pretexto al imperialismo para tratar de dividir y fragmentar
a los trabajadores, crear sindicatos artificiales, y reducir su fuerza
e influencia política y social. En Estados Unidos y en muchos países
de Europa y otras regiones, la estrategia del imperialismo es dividir,
debilitar y corromper al movimiento sindical hasta situarlo en condiciones
de indefensión total frente a los patronos".
"En Cuba
el propósito sería fundamentalmente subversivo y desestabilizador,
socavar el poder político, mermar la extraordinaria fuerza e influencia
de nuestros trabajadores, y erosionar la heroica resistencia del único
Estado socialista de Occidente frente a la superpotencia hegemónica"
En el Manual para
la Defensa de la Libertad Sindical, publicado por la Oficina de Actividades
para los Trabajadores de la OIT se expresa:
"La Declaración
de Filadelfia, adoptada por la Conferencia Internacional de Trabajo de
1944 e incorporada en la Constitución de la OIT en 1946, explícito
la relación existente entre los derechos humanos fundamentales
y los derechos sindicales. En ella se proclama, en el artículo
I b), que las libertades de expresión y de asociación son
esenciales para un progreso constante, refiriéndose en el artículo
II a) a los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana".
En 1970, la Conferencia
Internacional del Trabajo afirmaba, solemnemente, este evidente vínculo
al adoptar la Resolución sobre los derechos sindicales y su relación
con las libertades civiles. Considerando, entre otras cosas, "que
existen principios firmemente establecidos y universalmente aceptados
que definen las garantías básicas de las libertades civiles,
que deberían constituir un ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse... (...) Reconoce que los derechos
conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan
en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el concepto
de derechos civiles carece totalmente de sentido cuando no existen tales
libertades civiles".
Las citas anteriores
demuestran dos puntos de vista bien diferentes sobre un mismo aspecto:
la Libertad Sindical y el respeto a los Derechos Humanos fundamentales.
Lamentablemente, para el gobernante cubano la creación de organizaciones
sindicales independientes y democráticas, sin la injerencia del
Partido Comunista y el gobierno comunista de la isla son actos de terrorismo
y divisionismo de trabajadores que no coinciden ya con la política
demagógica del estado socialista.
Es por lo anterior
que en los dos últimos años, en un levantamiento realizado
por el Instituto de Estudios Sociolaborales de la CONIC, se determinó
la existencia de más de 200 casos de acosos a trabajadores y activistas
sindicales en el país. Este inventario no incluye hechos que no
fueron denunciados por temor a represalias o trabajadores que aún
cuando fueron contactados no quisieron expresar su denuncia para evitar
futuros problemas con la policía política cubana.
A continuación
relacionamos una lista de estos incidentes, que abarca a 102 casos:
INDICE
(primera página)
a)
Abusos contra sindicalistas independientes encarcelados
1) Georgis Pileta
Laurencio: El pasado 27 de abril, por protestar por las malas condiciones
del penal y el hacinamiento fue trasladado por miembros de la guarnición
penal a una celda de castigo y posteriormente golpeado. El prisionero
cumple una sanción de 8 años bajo cargo de atentados y salida
ilegal del país y es miembro del Consejo Unitario de Trabajadores
Cubano (CUTC).
2) Jorge Luis Larrazábal
Zulueta continúa en una celda de castigo, según una fuente
del presidio político "Pedro Luis Boitel", que informó
que el convicto sigue con dolor permanente en el pecho debido a problemas
coronarios que padece, y aseguró que los médicos del penal
no se responsabilizan con la situación de salud a pesar de que
hay órdenes para un ingreso urgente.
La orden de ingreso
no se ha cumplimentado por la negativa de las autoridades del penal. Larrazábal
Zulueta, de 36 años de edad, es miembro de la CONIC y fue declarado
prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
3) Lázaro
García Farah, de 34 años de edad quien se encuentra internado
en la prisión "El Típico", de Las Tunas, cumpliendo
una condena de 25 años, en el caso nombrado Baraguá, el
jueves 12 de abril fue sometido a una bárbara agresión física
por los guardias del penal nombrados Fermín, quien es mayor de
la seguridad del estado y por el capitán de ese mismo órgano
represivo Osmel Moreno, quienes usando la fuerza le quitaron todas sus
pertenencias arrojándolo al suelo, golpeándolo y remitiéndolo
a una celda de castigo. Como medida adicional le suspendieron la visita
de su señora madre por tiempo indefinido.
García Farah
es miembro de honor de la Federación Sindical de Plantas Eléctricas,
Gas, Agua y Anexos de Cuba y de la Confederación Obrera Nacional
Independiente de Cuba (CONIC).
4) José Orlando
González Bridón, secretario general de la proscrita Confederación
de Trabajadores Democráticos de Cuba (CTDC), fue arrestado el 15
de diciembre del 2000 acusado de "divulgar noticias falsas"
y de "propaganda enemiga" y enfrenta una petición fiscal
de 7 años de privación de libertad, rectificada posteriormente
a 1 año y aun pendiente de definición por parte del Tribunal
Municipal de 10 de Octubre.
Según el diario
El Nuevo Herald, con fecha 5 de mayo del 2001 y en una carta remitida
al ministro cubano de Justicia, Roberto Díaz Sotolongo, Reporteros
Sin Frontera solicitó "la inmediata liberación y el
abandono de los cargos'' que pesan contra González. El 5 de agosto
pasado, el sindicalista publicó un artículo en una página
de Internet disidente con base en Florida, en el que ponía en tela
de juicio el papel de las autoridades cubanas en la muerte de la coordinadora
nacional de la CTDC, Joanna González Herrera.
"Esta detención
supone un endurecimiento de la represión contra los opositores
que difunden sus ideas en Internet'', aseguró el secretario general
de Reporteros Sin Fronteras, Robert Ménard.
El 12 de abril del
2001 en un comunicado la Unión Sindical de Trabajadores Independientes
de Cuba (USTIC) pidió a las organizaciones sindicales internacionales
que se interceda "ante el gobierno de la República de Cuba
para que liberen al secretario general de la Confederación de Trabajadores
Democráticos de Cuba, José Orlando Bridón, ya que
se encuentra en pésimas condiciones de salud, pues padece de presión
alta y producto de esta enfermedad expulsa sangre por las fosas nasales"
INDICE
(primera página)
b)
Golpizas, Amenazas, Detenciones y Negación de Empleo a sindicalistas
independientes
1) Pedro Pablo Álvarez
Ramos secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba,
fue detenido en su residencia sita en Carlos III #809 (altos) del día
13 de octubre del 2000.
La detención
de Álvarez estuvo relacionada con la conferencia de prensa que
el líder sindical y otros integrantes de la dirección del
Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba habían convocado para
el viernes 13 en la casa de la señora Gladys Linares, miembro de
la dirección nacional del CUTC. La conferencia tenía relación
con la celebración del Congreso del Consejo Unitario de Trabajadores
de Cuba, anunciada para los días 20 y 21 de ese mismo mes
El Consejo Unitario
de Trabajadores Cubanos, adscrito a la Central Latinoamericana de Trabajadores
y a la CMT, convocó a su primer congreso, lo que desató
una ola represiva los 12 y 13, que se reflejó en las detenciones
durante varias horas de Carmelo Agustín Díaz Fernández,
de la dirección del CUTC; Gladys Linares Blanco y Humberto Monés
Lafita.
En aquel entonces,
la policía política le ocupó 5,040 dólares
donados por sindicatos holandeses para que la CUTC cubriera los gastos
de su reunión nacional. Hasta el momento el dinero no ha sido devuelto
Álvarez Ramos,
fue confinado más de tres meses en prisión, sin cargos y
sin el debido proceso judicial. Gracias a la solidaridad internacional
quedó en libertad sin que se le formularan cargos. (Informaciones
tomadas de la revista Desafío y de la página de CubaNet).
2) Aleida Godínez
Soler: Activa opositora al régimen que ha sido advertida por la
policía política en más de cuatro ocasiones que de
continuar con sus labores podría ser condenada por un supuesto
delito de "propaganda enemiga".
El acto más
reciente de hostigamiento contra la dirigente sindical ocurrió
entre los días 25 y 27 de mayo, en la provincia de Ciego de Ávila,
donde se encontraba constituyendo la delegación provincial e impartiendo
un seminario sobre "La Libertad Sindical y los Convenios Fundamentales
de la OIT".
Según nos
informó telefónicamente Aleida, fue perseguida amenazada
y hostigada. Dos agentes de la seguridad del estado le advirtieron que
no podía ir a ese territorio a organizar instituciones contrarrevolucionarias
y que de continuar con sus actividades sería enviada a la cárcel.
Encontrándose
la dirigente sindical tomando fotos para la revista LUX, de cuyos corresponsales
radicados en Cuba es directora, le intentaron arrebatar y decomisar la
cámara fotográfica oficiales del servicio de vigilancia
y protección.
3) Carmelo Díaz
Fernández, director de la Agencia de Prensa Sindical Independiente
de Cuba (APSIC) y ejecutivo del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba
(CUTC), fue amenazado por dos oficiales de la policía política
que se presentaron en su casa el 7 de julio del 2000.
Uno de los militares
dijo llamarse Ulises, y le exigió al disidente que cesara de enviar
noticias a Radio Martí y a Desafíos, una revista que se
edita en Venezuela por Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC).
El otro oficial,
que no se identificó, ofendió al sindicalista con palabras
obscenas y le dijo: "Te encarcelaremos como hemos hecho con otros
de ustedes". Después profirió toda suerte de insultos
contra los opositores del gobierno de Fidel Castro. (Tomado de CubaNet).
4) Sixto Rolando
Calero, delegado del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (C.U.T.C)
en la provincia de Camagüey, y su esposa, fueron detenidos por la
policía política el 4 de octubre del 2000, en el trayecto
de Esmeralda a Ciudad de La Habana . La fiscal Odis Vargas se encontraba
presente en el operativo policíaco, ordenado por el jefe de la
seguridad del estado del municipio Esmeralda, Lázaro Chávez.
A Rolando Calero
y su esposa les ocuparon los documentos que portaban y estuvieron detenidos
desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estos actos represivos
contra los miembros de la C.U.T.C. se han recrudecido desde que la organización
sindical independiente dio a conocer la celebración de su primer
congreso. (Tomado de CubaNet, periodista Carmelo Díaz Fernández).
5) Osvaldo Castillo
Álvarez, delegado del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos
(CUTC) en la provincia Matanzas, solicitó empleo, el 11 de octubre
del 2000, en el establecimiento de acopio de productos agrícolas
que está ubicado en el municipio Perico. La solicitud fue denegada
porque el sindicalista independiente "no coincide con la política
del régimen de la isla".
Según le comunicó
a Castillo Álvarez el administrador de ese establecimiento, Lázaro
Fundora, ellos habían llevado a cabo investigaciones respecto a
su persona, las que dieron como resultado que él "es un desafecto
al proceso revolucionario".
Castillo Álvarez
aspiraba a una plaza en el departamento económico de esa entidad
agrícola, pero el funcionario le explicó que allí
"se manejan cifras que solamente pueden ser de conocimiento de los
revolucionarios". (Tomado de CubaNet, periodista Carmelo Díaz
Fernández).
La Constitución
vigente, establecida desde 1976 y modificada en 1992, consigna como un
principio que todos los cubanos tienen el derecho a trabajar.
6) Gustavo Colás
Castillo, secretario general de la Unión Sindical de Trabajadores
Azucareros Independientes, denunció el 18 de abril del 2000 las
amenazas lanzadas contra él por Joaquín San, un ejecutivo
del gremio oficialista del central "Amancio Rodríguez"
ubicado en la oriental provincia de Las Tunas. Colás, junto a otros
colegas suyos, decidió crear una sección sindical autónoma,
ante la ineficiencia de la que allí funciona y declaró que
se afiliaban a la Federación Sindical de Plantas Eléctricas,
Gas, Agua y Anexos de Cuba.
Según la información
en una asamblea general con todos los trabajadores del central se les
informó acerca de la creación de una organización
sindical independiente, que fue calificada por San como "una maniobra
de los enemigos de la revolución para quebrantar la unidad de los
trabajadores" y dijo que se adoptarían "todas las medidas
encaminadas a su aniquilamiento".
7) Omar García
Quesada, miembro del ejecutivo de la Unión Sindical de Azucareros
Independientes, recibió golpes el 7 de abril del 2000, propinados
por Pedro Pérez Sosa, representante del sindicato oficial azucarero
en el central "Amancio Rodríguez", provincia Las Tunas.
El hecho ocurrió
en el momento en que el sindicalista independiente conversaba con varios
compañeros suyos. García Quesada estaba defendiendo su derecho
a expresar libremente sus ideas, su interlocutor le respondió que
le había sido orientado responder con golpes a los sindicalistas
independientes, Pérez Sosa intervino y golpeó en el pecho
a García Quesada. Este último defendió en una acalorada
discusión el derecho de los trabajadores a organizarse libremente
y a expresar sus opiniones como un derecho de cada cubano.
"Te vamos a
dar una paliza; esas expresiones tuyas son contra revolucionarias",
le gritó el representante del sindicato oficial azucarero. Los
trabajadores presentes intervinieron para evitar que el sindicalista independiente
recibiera una cantidad mayor de golpes.
8) Ángel Moya
fue condenado a un año de encarcelamiento y a diez de destierro
en su provincia de origen: Matanzas. Moya fue juzgado el 12 de diciembre
del 2000, en el Tribunal Popular Municipal de Arroyo Naranjo, situado
en el entronque de La Palma, Ciudad de La Habana, por el supuesto delito
de "desacato".
La esposa de Moya
y sus hijos, menores de edad, residen en la capital. No obstante, cuando
Moya salga en libertad dentro de un año tendrá que permanecer
en Matanzas otros diez.
Ángel Moya
Acosta es miembro de honor y activista la Confederación Obrera
Nacional Independiente de Cuba (CONIC).
9) Lázaro
Estanislao Ramos, quien funge como delegado en la provincia de Pinar del
Río de la Confederación Obrera Nacional Independiente de
Cuba (CONIC), el pasado día 26 de enero del 2001 fue amenazado
por el capitán René Godoy, oficial de un amplio historial
represivo, el cual se presentó en la vivienda del dirigente sindical
y le aseguró que esa Confederación no tenía futuro
en Pinar del Río, ya que ellos como Seguridad del Estado lo impedirían
a toda costa, que no aceptarían que él y sus colaboradores
tuvieran influencia alguna entre los trabajadores de sectores vitales
para la economía.
El referido oficial
le aseguró al Sr. Lázaro Estanislao que la situación
en el país ha cambiado y que se va a endurecer el trato y las sanciones
a la oposición y llegarán si es necesario a desaparecer
a quienes se les opongan
10) Sergio González
Suárez Inclán, secretario general de la Confederación
Obrera Nacional Independiente de Cuba en la provincia de Matanzas, fue
expulsado de su labor como electricista en la Empresa de Perforación
y Extracción de Petróleo, al ser declarado "no confiable
políticamente". El 22 de noviembre del 2000 fue agredido en
la vía pública, por el ex oficial retirado de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias Omar Jerez, quien es además militante del
Partido Comunista de Cuba.
El disidente fue
golpeado con una muleta en el rostro de manera sorpresiva en el momento
que expresaba su respaldo a las palabras del presidente salvadoreño
Francisco Flores en la pasada Cumbre Iberoamericana de jefes de estado
y gobierno, y se encontraba en sus labores de afiliar trabajadores a la
Federación Sindical.
El ex oficial Jerez
reside en la calle Varona117, en el municipio Colón, provincia
de Matanzas.
11) Jorge Dante Abad,
delegado en la provincia de Guantánamo, de la Confederación
Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) denunció, el 20 de
abril del 2000, una violación de sus derechos ciudadanos, al estársele
negando el derecho a votar en las próximas elecciones de la circunscripción
donde reside. Según informó, en la boleta que le entregaron
aparece al dorso una nota que expresa "NO VOTA".
Apuntaba el Sr. Abad
que de todas manera él no pensaba votar, pero lo doloroso es que
se violen sus derechos contemplados en la constitución y no se
le explique el por qué. Añadió que él, de
forma soberana, no vota porque ahí en esa farsa se van a elegir
a los ya designados por el Partido, pero como ciudadano cubano tiene todo
el derecho a ir a las urnas.
La exclusión
se extendió a la madre, la hermana y al sindicalista opositor Rafael
Fonseca Ochoa, pero en esos casos han ido a verificar primeramente a su
vivienda si ellos estaban interesados en la votación o no, y ellos
expresaron que no deseaban ejercer el derecho al voto, ya que ninguno
de los posibles candidatos representan sus intereses.
12) Manuel Lantigua
Domínguez, de 41 años de edad y miembro del Consejo Unitario
de Trabajadores Cubanos (CUTC) en la provincia Guantánamo, fue
fichado y maltratado por la policía sin haber cometido ningún
delito, lo que evidencia persecución a causa de sus ideas.
El pasado 8 de agosto
del 2000, Lantigua fue citado por el jefe de la policía del sector
donde reside, Teniente Iranelio Muñoz, para la estación
policíaca de Guantánamo, donde le tomaron las impresiones
de las huellas dactilares, le tomaron fotografías y le iniciaron
un expediente por el presunto delito de "peligrosidad social".
La peligrosidad social
se le aplica a toda persona que disienta de la política del gobierno
que liderea Fidel Castro. Para ser encarcelado por tal causa sólo
se requiere la acusación del jefe del sector policial y que éste
presente como prueba tres actas de advertencias contra el acusado, al
que de nada le sirve no firmar las mismas pues de todas formas se hacen
efectivas.
Según Lantigua,
el jefe de la estación de policía, Capitán Jorge,
le dijo: "Te meteremos en la cárcel por cuatro años".
Este sindicalista
no sujeto a la pro gubernamental Central de Trabajadores de Cuba (que
se distingue por defender al gobierno comunista) el pasado 9 de julio
fue apedreado en la entrada de su casa y golpeado por paramilitares de
las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida.
El Consejo Unitario
de Trabajadores Cubanos hace un llamamiento a la comunidad internacional
para que centre su atención sobre Manuel Lantigua Domínguez,
pues teme por su integridad física. (Denuncia tomada de CubaNet
el 14 de agosto periodista Carmelo Díaz Fernández, APSIC).
13) A Luis
Sergio Uñes Rodríguez, delegado de la Confederación
Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) en Bayamo, provincia de
Granma, le fue notificado el pasado día 30 de abril del 2001, la
prohibición de abandonar su hogar durante la celebración
del 1º de Mayo bajo la amenaza de ser conducido a la unidad policial
ubicada en avenida Francisco Vicente Aguilera y calle 4, en ese territorio.
La orden de no salir de su casa le fue impartida por un oficial de la
Seguridad del Estado, que sólo se identificó como miembro
del grupo de atención a los contrarrevolucionarios en esta región
oriental.
La denuncia formulada
por Damaris Santana Aguilera, esposa del sindicalista, quien además
también fue retenida en su hogar sito en la calle 26, en el reparto
Camilo Cienfuegos, en Bayamo, informó de la presencia de un agente
de la seguridad del estado vestido de civil en la esquina de su casa,
como un acto de acoso a su libertad de movimiento.
Concluido el acto
por el 1º de mayo el agente que vigilaba la casase marchó,
no sin antes advertirles que de continuar sus actividades contra la unidad
de los trabajadores cubanos serían enjuiciados por los delitos
de asociación para delinquir y difusión de noticias falsas
contempladas en el código penal vigente en el país.
Santana Aguilera,
quien junto a su esposo ha sido amenazada en otras ocasiones por sus actividades
sindicales independientes, declaró en una entrevista que "nunca
renunciarán a sus propósitos de luchar por un 1de mayo donde
los carteles y peticiones formuladas por los trabajadores sean reflejos
verdaderos de sus inquietudes y reclamos y no de su miedo y aparente sumisión
a una central obrera que sólo los emplea como mano de obra barata
y los desprecia al impedirles el libre acceso a todos los derechos laborales
universalmente reconocidos".
14) Cecilia Chávez
y Jordanis Rivas denunciaron, el 17 de diciembre del 2000, que fueron
amenazados que de continuar en sus actividades en defensa del sindicalismo
libre serán encarcelados y puestos a disposición de los
tribunales revolucionarios por sus constantes denuncias calificadas por
el régimen de propagación de noticias falsas.
Los citados colaboradores
han desplegado una seria labor en defensa del sindicalismo libre en la
provincia de Villa Clara agrupando a un nutrido grupo de trabajadores
por cuenta propia que se estaban viendo obligados a devolver sus correspondientes
permisos debido a las arbitrarias inspecciones de que son objeto.
Los jóvenes
mencionados ya fueron detenidos por la Seguridad del Estado en varias
ocasiones y su hogar ha sido objeto de registros, ocupándosele
el pasado 14 de diciembre un grupo de folletos con publicaciones de CubaNet
y dos ejemplares de la Revista Lux, órgano oficial de la Federación
Sindical.
15) Caridad Díaz
Beltrán laboraba como jefe de enfermera en el policlínico
de Jovellanos, en Matanzas. Fue separada de su cargo después de
haberla limitado en sus labores docentes y administrativas. Es periodista
independiente de la agencia Lux InfoPress y miembro del ejecutivo de la
Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC).
16) Orlando López,
vecino de Carretera del Morro #156 entre 9 y 11, es un veterano dirigente
sindical de la Federación Sindical en la provincia de Santiago
de Cuba, fue visitado el 25 de marzo del 2001, por agentes de la seguridad
del estado los cuales lo interrogaron con referencia a sus relaciones
con Calixto Campos Corona, director de la revista LUX y vicepresidente
de la Federación Eléctrica en el Exilio.
A lo que Orlando
le respondió que " una hermandad fomentada durante años
de compartir similares preocupaciones políticas y sociales sobre
la isla los une y que se siente orgulloso de compartir su amistad con
una persona de la integridad de Sr. Campos".
INDICE
(primera página)
c)
Trabajadores del sector educacional expulsados por discrepar con la política
del gobierno cubano
Según informaciones
publicadas en la página de la prensa independiente de CubaNet,
de la periodista Moraima Pires, del Grupo Decoro, con fecha 27 de marzo
del 2001, en los últimos años ochenta y tres activistas
del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, de su Grupo de Apoyo
y del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Cuba han sido expulsados
de sus respectivos empleos o centros de estudios.
"En todos los
casos los disidentes fueron desempleados o privados del derecho a estudiar
por causas de índole política", reveló Roberto
de Miranda, presidente del Colegio de Pedagogos.
Las justificaciones
esgrimidas para expulsar a los pacíficos activistas fueron -precisó
de Miranda- atentar contra la formación integral de las nuevas
generaciones de cubanos, falta de idoneidad política para desempeñar
el cargo, expresarse públicamente contra del gobierno, negarse
a firmar el documento político conocido por "Juramento de
Baraguá", entre otras.
La nota de prensa
relaciona por provincia la cantidad de integrantes de esas organizaciones
que han sido objeto de ese tipo de atropello por la policía política
de Cuba:
Pinar del Río
- 28
Ciudad de La Habana - 21
Villa Clara - 12
Matanzas - 7
Camagüey - 6
Granma - 5
Las Tunas - 3
Santiago de Cuba - 1
Total - 83
Del total de expulsados
10 son maestros o profesores, otros 10 son profesionales de otras ramas,
8 técnicos de nivel medio, 20 obreros o campesinos, 2 estudiantes
y 33 pertenecen a otras categorías ocupacionales.
La lista es parcial
-explica de Miranda- porque hay delegaciones provinciales del Colegio
de Pedagogos que aún no han reportado los casos que hay entre sus
miembros.
El Instituto de Estudios
Socio Laborales pudo recopilar 20 nombres de trabajadores de este sector
que fueron expulsados y que relacionamos a continuación:
1) Licenciada Ana
Margarita Cantón, profesora del Instituto Superior Pedagógico
en Pinar del Río, fue expulsada en 1999 por no resultar "confiable
políticamente", para impartir clases en la institución.
2) René Oñate
Sixto, expulsado de la Escuela Provincial de Arte de Pinar del Río
por no "mostrar adhesión al gobierno comunista de la isla".
Se le aplicó la Resolución 34, quedando inhabilitado para
ejercer su profesión.
3) Licenciado Marcelino
Carvajal Peña, profesor de la Escuela de Iniciación Deportiva
de Las Tunas, fue expulsado por "haber perdido la confiabilidad política",
luego de haber intentado emigrar ilegalmente hacia los Estados Unidos.
4) Licenciado Giraldo
León Corvea, profesor del Instituto Superior Pedagógico
de Pinar del Río, fue separado de su cargo "por no ser confiable
políticamente"
5) Licenciado Joaquín
Tamayo Rodríguez, profesor del Instituto Superior Pedagógico
de Pinar del Río, fue expulsado "por manifestar sus ideas
políticas contrarias al gobierno"
6) Licenciado Jorge
Luis Blanco Rivera, profesor del Instituto Superior Pedagógico,
fue separado de su cargo "por no ser confiable políticamente"
7) Félix Navarro
Rodríguez, fue separado de su cargo como director de la Escuela
Secundaria Básica en el municipio de Perico, provincia Matanzas
tras ser apresado por la policía política bajo cargos de
un supuesto delito de "propaganda enemiga". Pertenece al Movimiento
por la Democracia "Pedro Luis Boitel".
8) Rigoberto Díaz
Cutiño, profesor asistente del Instituto Superior Pedagógico
de la provincia Holguín, fue expulsado de su centro laboral por
"expresar públicamente sus ideas a favor de la democracia.
Actualmente es miembro del Movimiento por la Democracia "Pedro Luis
Boitel".
9) Leonel Rodríguez
Martínez, profesor del INDER en el municipio de San Cristóbal,
provincia de Pinar del Río, fue dejado sin empleo tras un "intento
de salida ilegal del país".
10) Tomás
González Azcuy, profesor del INDER en el municipio de San Cristóbal,
provincia de Pinar del Río, fue dejado sin empleo tras un "intento
de salida ilegal del país".
11) La licenciada
Nilda Malera Pedraza fue expulsada del Instituto Superior Pedagógico
de la provincia Guantánamo al ser declarada "políticamente
no confiable".
12) Belkis Castillo
Ramírez, auxiliar pedagógica del círculo infantil
"Sueños de Martí", ubicado en el poblado de Palmarito,
en la provincia de Santiago de Cuba, fue cesanteada de su plaza laboral
por "manifestar una ideología política diferente a
la impuesta por el gobierno cubano".
13) Sergio Lázaro
Cabarobi Fernández Fontecha, profesor docente principal de la Facultad
de Ciencias Técnicas de la Universidad de Pinar del Río,
expulsado mediante resolución por haber "realizado pronunciamientos
públicos contrarios a la ideología del gobierno".
14) Carlos Enrique
Montero Vilabur, instructor deportivo del INDER, fue separado de su centro
de trabajo por "intento de salida ilegal del país". Es
fundador del Partido Solidaridad Democrática.
15) Sara Suárez
Soa, educadora en la escuela primaria "El Vaquerito", fue separada
de su centro de trabajo por "no reunir los requisitos de idoneidad
política para trabajar en el sector educacional".
16) Pedro Emilio
Pacheco Pérez, médico estomatólogo, que se desempeñaba
como docente en el Instituto Superior de Ciencias Medicas, en la provincia
de Santiago de Cuba fue "privado de su categoría docente principal
por sus ideas políticas".
17) Leonel Rodríguez
Márquez, licenciado en Educación Física y profesor
de una escuela secundaria básica en el municipio de San Cristóbal,
provincia de Pinar del Río. Después de una salida ilegal
del país, fue devuelto a Cuba en virtud de los Acuerdos Migratorios
entre el gobierno de los Estados Unidos y el cubano. A partir de ese momento
es citado de forma constante por el departamento de la Seguridad del Estado,
además de no poder ejercer su profesión por "no ser
confiable políticamente". Rodríguez Márquez
es miembro del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba y vecino del
edificio Sandino B63, en el pueblo cautivo Ramón López Peña,
situado en el municipio San Cristóbal de la provincia Pinar del
Río.
18) Juan Roberto
de Miranda Hernández, después de ser declarado "no
confiable", fue inhabilitado para ejercer su profesión, el
magisterio. Es el presidente del Colegio de Pedagogos de Cuba.
19) Mateo Romeu Ramos
licenciado en cultura física y deportes pertenecía al sector
educacional en Pinar del Río, en el municipio Guane. Tras ser "declarado
no confiable políticamente" fue expulsado de su centro de
trabajo.
20) Adduel Borrego
Mangañelles, de 24 años, alumno de segundo año de
Informática en la Universidad de La Habana, no puede seguir estudiando
ni encuentra empleo para operar una computadora debido a su condición
de opositor a la política del gobierno comunista de Cuba. "Puedes
comerte tu título de operador de computadoras; mientras seas disidente
aquí no puedes tocar uno de esos equipos", le manifestó
al joven el capitán Ríos, jefe de la policía en el
poblado pinareño de Manuel Lazo. Borrego Manganelles pertenece
al Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación
Andrei Zajarov, lo que además le ha causado al joven el hostigamiento
de la policía política entre las cuales cuentan varios arrestos,
amenazas, registros policíacos, así como la discriminación
laboral e intelectual a causa de sus ideas en pro de los derechos humanos
consignados en la Declaración Universal de la ONU.
La Resolución
34 del Ministerio de Educación es la base legal que fue utilizada
en muchos de estos casos para expulsar a educandos por sus ideas políticas.
Los pleitos y sanciones que se producen por problemas políticos
son inapelables.
Hemos conocido de
profesores que se han negado a impartir las clases de Debate y Reflexión
y las de Valores, por considerar que están politizadas por el gobierno
comunista de la Isla; todos ellos fueron echados a la calle y expresaron
desacuerdo con la manipulación que el régimen de Cuba hace
de la obra de José Martí en las llamadas "cátedras
martianas". Otros revelaron que no reciben una adecuada atención
de parte de los funcionarios del MINED, que no comparten la política
educacional impuesta por el Estado, y criticaron las pésimas condiciones
del mobiliario escolar, la pobre alimentación y los deficientes
medios para la transportación.
INDICE
(primera página)
d)
Trabajadores de otros sectores de la economía que han sido expulsados
por sus opiniones políticas y su raza
1) Lázaro
de la Paz Abella, se desempeñaba como "Puntista A", en
el complejo agro industrial España Republicana, en el municipio
de Perico, provincia de Matanzas. Se le expulsó por negarse a participar
en una reunión de carácter político convocada por
la administración del central azucarero. Es miembro de la ONG Movimiento
por la Democracia "Pedro Luis Boitel".
2) Esperanza Alemeira
Cordero, de 55 años, fue expulsada de su empleo en octubre de 1997,
según ella dice, "por ser negra". La afectada mostró
a la reportera María de los Ángeles González, de
UPECI, los nombres y direcciones de las mujeres discriminadas por el color
de su piel: Josefina Linares García, vecina de sección H,
edificio 1, en el reparto Frank país; Violeta Márquez Renón,
residente de Norte #385-A entre Guzmán y Nueva Gerona, Párraga,
y Beatriz Castellanos Leal, que vive en Calzada de Managua #307, apartamento
10, entre Luna y Alegría, reparto La Lira. Todas las direcciones
corresponden al municipio Arroyo Naranjo. Esta noticia fue tomada del
servicio de CubaNet, con fecha 30 de noviembre del 2000.
3) José Méndez
Cabezas (46), Juan Fallat Astorga (58) y José Pérez Pérez
(55), son los nombres de los trabajadores dejados sin empleo por negarse
a realizar "trabajo voluntario". Todos ellos con 30 ó
más años de servicio. Méndez, Fallat y Pérez
no trabajaban hace dos meses debido a que los vehículos que les
asignó la empresa están averiados y no hay piezas de repuesto.
Durante ese tiempo a ninguno de los tres se les pagó salario.
La empresa de ómnibus
urbanos no le garantiza sueldo a los chóferes cuyos vehículos
se paren por roturas.
"Para transportar
gente hacia las Tribunas Abiertas o a las Marchas del Pueblo Combatientes
(actos políticos del Partido Comunista) sí hay ómnibus.
Hasta aparecen repuestos "de reserva" para las guaguas, pero
cuando concluye la actividad del gobierno les retiran estas piezas a los
carros y éstos siguen inmóviles en espera que se solucione
su reparación", reveló un trabajador del ramo.
Los tres choferes
fueron conminados por el administrador y el secretario del Partido Comunista
de la terminal de ómnibus para que trabajaran una jornada voluntaria
en el traslado de personas hacia una Tribuna Abierta que la semana pasada
se llevó a cabo en el municipio capitalino Arroyo Naranjo.
Como los tres se
negaron a trabajar sin que les pagaran fueron echados a la calle.
"Es un procedimiento
inmoral, pues durante dos meses que llevamos sin trabajar ni la administración
ni el Partido Comunista se habían preocupado por nuestra situación",
expresó uno de los desempleados.
Otro agregó:
"Ellos no se preocuparon si nuestros hijos comían o no, si
teníamos necesidad de alguna medicina o si no podíamos cubrir
nuestros gastos básicos".
Y el tercero de los
perjudicados acusó: "Ahora a la dirección de la empresa
sí le convenía que manejáramos, e incluso dispuso
suficientes carros para trasladar a las personas hacia el acto político.
Por eso les dijimos que se buscaran a otros".
La administración
sancionó a los tres hombres a "separación definitiva
del puesto de trabajo", manera con que los burócratas comunistas
escriben en sus documentos que echaron a la calle a un trabajador.
Méndez, Fallat
y Pérez apelaron la sanción laboral, pero los órganos
competentes ratificaron el castigo y alegaron: "Negación de
servicio al gobierno y al Partido". Esta denuncia fue copiada de
los servicios de CubaNet, con fecha 21 de enero del 2001, del periodista
Luis Viño Zimerman.
4) Lester González
Pentón, vecino de calle 1ra. #28, del reparto Ramón Ruiz
del Sol, en Santa Clara, provincia de Villa Clara, fue despedido de su
empleo en la panadería "La Gaviota", en esa ciudad.
La Gaviota vende
sus productos en dólares, y allí González Pentón
se desempeñaba como maestro panadero-dulcero.
El administrador
de la panadería, Luis Alain Lemus, decidió tomar la drástica
medida luego de advertirle a Lester González Pentón que
se "quitara de los grupúsculos contrarrevolucionarios".
Pero como el panadero desoyó las advertencias, quedó sin
empleo.
González Pentón
es miembro del Grupo de Apoyo del Colegio de Pedagogos Independientes
de Cuba en Santa Clara, y sus compañeros de trabajo lo consideran
un excelente trabajador no sólo por su laboriosidad, sino por sus
conocimientos en el oficio de panadero.
La Constitución
vigente consigna en una de sus partes que nadie será discriminado.
Especialistas consultados
opinan que casos como el de González Pentón constituyen
evidentes acciones de discriminación por parte de los funcionarios
estatales. Esta noticia fue tomada del servicio de CubaNet, con fecha
27 de febrero del 2001, periodista Reinaldo Cosano Alén.
5) Víctor
E. Peña García, residente en el poblado de Guane, provincia
de Pinar del Río, después de más de cuatro años
de trabajo como maestro dulcero, fue despedido de su empleo. Peña
García, que laboraba en la Empresa de Cultivos Varios y Tabaco
de dicho municipio, era hostigado desde hace meses por el oficial Iván
Osuna, y el pasado 19 de febrero el administrador de su centro de trabajo,
Juan Talancón, le comunicó que no era considerado un trabajador
permanente, que su contrato era temporal y que a partir de ese momento
sólo podría emplearlo como obrero en la brigada de trabajadores
sancionados, que desempeñan labores agrícolas.
Peña García
no ha sido sancionado por causa alguna, y su trabajo ha sido calificado
de bueno por sus jefes inmediatos, pero su vinculación al Partido
Pro Derechos Humanos afiliado a la Fundación Zajarov le granjeó
la animosidad de sus superiores. Los funcionarios responsables del despido
de Peña García le negaron un documento reclamado por él
en que se explique lo ocurrido y las causas que lo motivaron. Tomado de
CubaNet de16 de marzo 2001, periodista, Víctor Rolando Arroyo,
UPECI.
6) Javier Fariñas
fue expulsado por el director municipal del mercado agropecuario de Colón
de su puesto de trabajo como administrador de la cafetería de ómnibus
inter provinciales del mencionado municipio, en la provincia de Matanzas,
apenas 24 horas después de ser devuelto a la isla en virtud de
los acuerdos migratorios firmados entre los gobiernos de Cuba y los Estados
Unidos.
El director de dicha
empresa comunicó a su antiguo empleado que "estaba despedido
por tratar de abandonar el país de manera ilegal" y sin mediar
más explicaciones le pidió que se dirigiera al departamento
de personal y recogiera su expediente laboral y la carta de despido. Fariñas,
junto a un grupo de 12 cubanos, fue interceptado en una precaria embarcación
al sur del Estrecho de la Florida por una lancha del Servicio de Guardacostas
de los Estados Unidos y, luego de ser interrogado por un funcionario del
Servicio de Inmigración, fue enviado de regreso a la isla.
7) Fernando Mexidor
Vázquez, de 32 años de edad y técnico medio en Geología
de los Minerales y su esposa Judelmis Almansa, de 19 años, técnico
medio en Geodesia y Cartografía, fueron despedidos de su centro
de trabajo el día 8 de agosto el 2000 por una resolución
especial del viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR),
general Julio Casas Regueiro, que les niega el derecho a relacionarse
con personas que se oponen al sistema político imperante.
Una comunicación
verbal fue suficiente para que los dos jóvenes quedaran cesantes.
La administración de la Empresa de GeoCuba en Las Tunas alega que
sus relaciones con opositores les imposibilita trabajar en esa entidad
como civiles de las FAR.
8) Ledys Ramírez
Allardes, obrero de mantenimiento, fue expulsado en diciembre del 99 de
su empleo en la Corporación Cubanacán S.A. porque no está
de acuerdo con la política del gobierno liderado por Fidel Castro
Ruz hace más de 41 años.
Según declaraciones
realizadas al periodista Luis Alberto Rivera, de la APLO, y difundidas
en CubaNet, el 26 de julio del 2000, el afectado expresaba: "No sé
qué voy a hacer, estoy desesperado, pues ese trabajo era el sustento
de mi familia. Yo no he hecho nada". Ramírez asegura que cumplía
con su trabajo y no ha cometido ninguna indisciplina laboral.
El hombre pidió
al mencionado reportero que hiciera público el maltrato de que
ha sido objeto y también que se divulgara por CubaNet la copia
de la comunicación por la cual Cubanacán S.A. lo echó
a la calle, no sólo para que se conozca cómo el gobierno
de Cuba priva a sus gobernados del derecho a trabajar y mantener honradamente
a su familia, sino además para que los ciudadanos de los países
que invierten en estas corporaciones mixtas con dicho régimen sepan
con quién tratan.
9) Al Dr. Alberto
Nilo Meneses Dewelde, médico especialista en Oftalmología,
se le considera no confiable políticamente por haber sido reclamado
a través del programa de reunificación familiar. Trabajaba
junto a su esposa Sandra de los Ángeles González Trista,
quien también fue cesanteada del hospital provincial "Ernesto
Che Guevara", en la provincia de Las Tunas.
10) Alfredo Grillo
Mendoza, técnico en maquinaria azucarera en el complejo agro industrial
"6 de Agosto" fue declarado no confiable por tratar de abandonar
el país. Pertenece a la ONG Movimiento por la Democracia "Pedro
Luis Boitel".
11) Yordanis Rivas
Hernández , chofer del director del central azucarero "Panchito
Gómez Toro" fue declarado no confiable y dejado sin empleo
al ser sorprendido creando un grupo sindical independiente en el municipio
Quemado de Güines, provincia de Villa Clara.
12) Cecilia Chávez
González, secretaria del director del central azucarero "Panchito
Gómez Toro", en Quemado de Güines, Villa Clara, fue expulsada
el ser declarada no confiable por pertenecer a un grupo sindical independiente.
13) Sergio Lázaro
Cabarobi Fernández Fontecha, profesor docente principal de la Facultad
de Ciencias Técnicas de la Universidad de Pinar del Río,
fue expulsado mediante resolución por haber "realizado pronunciamientos
públicos contrarios a la ideología del gobierno".
14) Israel Campillo
García trabajaba como administrador en la empresa municipal de
gastronomía de Matanzas. Fue declarado no confiable por negarse
a preparar los festejos gubernamentales del aniversario de la revolución.
Pertenece al Movimiento por la Democracia "Pedro Luis Boitel".
15) Yoslaida Rodríguez
Martínez, secretaria del hospital municipal de Colón, provincia
de Matanzas, fue separada de su cargo por haber intentado abandonar el
país.
16) Mario Bernal
González era sereno de la cafetería de la terminal de ómnibus
de Colon, provincia de Matanzas. Fue separado de su centro de trabajo
al ser declarado no confiable por intentar abandonar el país.
17) Tomás
Fernández Tier laboraba como trabajador de la brigada de mantenimiento
de la dirección municipal de educación en el municipio Jovellanos,
provincia de Matanzas. Fue separado de su cargo por no ser confiable políticamente.
Actualmente es miembro del Movimiento por la Democracia "Pedro Luis
Boitel".
18) Luis Alejandro
Castañeda Marrul, médico especialista en Anestesiología
del hospital provincial clínico quirúrgico de Matanzas,
fue expulsado de su centro de trabajo por intentar abandonar el país.
Es actualmente miembro del Movimiento por la Democracia "Pedro Luis
Boitel" y de la CONIC.
19) Eduardo Sayago
Herrera, ayudante de carpintería en el central azucarero "6
de Agosto" en Calimete, provincia de Matanzas, quedó excedente
después que la administración conoció de su vinculación
con la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba (ANAIC).
21) Daniel Millar
Montesinos, Felipe Millar Montesinos y Domingo Millar Montesinos eran
trabajadores de la empresa pesquera de La Coloma, en Pinar del Río.
Fueron separados de sus cargos de marineros por no resultar confiables
políticamente para navegar.
22) Caridad Canova
Soa era marinero de la empresa pesquera La Coloma en Pinar del Río.
Fue expulsado de su centro de trabajo por no ser confiable políticamente
después de realizar comentarios a favor de un cambio político
en Cuba.
23) Malvin Pino Soa,
marinero de la empresa pesquera La Coloma en Pinar del Río, fue
expulsado de su centro de trabajo por no ser confiable políticamente
24) Ramón
Pimienta Soa laboraba como patrón de barco en la empresa pesquera
La Coloma en Pinar del Río. Fue declarado no confiable y cesanteado
por su ideas políticas
25) Alexis Pimienta
Pino, maquinista de barco pesquero en la empresa pesquera La Coloma en
Pinar del Río, fue expulsado de su centro de trabajo por no resultar
confiable políticamente
26) Nelson Montano
Febles era marinero en la empresa pesquera La Coloma en Pinar del Río.
Fue cesanteado por no resultar confiable políticamente
27) Amado González
Lazo, marinero en la empresa pesquera La Coloma en Pinar del Río,
fue declarado no confiable políticamente, y cesanteado.
28) Moisés
Montano Zambrano, marinero de la empresa pesquera La Coloma en Pinar del
Río, fue declarado no confiable políticamente, y cesanteado.
29) Ariel López
Rodríguez, técnico agrónomo del complejo arrocero
Los Palacios en Pinar del Río, fue dejado sin empleo por no ser
confiable políticamente.
30) Efraín
Capote Fuentes, chofer del SIME-FAME, fue declarado no confiable políticamente
después de intentar de abandonar el país.
31) Gastón
Oslé Dottes, técnico en organización de trabajo y
los salarios en la dirección Municipal del Trabajo en San Cristóbal,
provincia de Pinar del Río, fue cesanteado al conocerse su intento
de salida ilegal del país.
32) Freddy Caballero
Cardosa fue separado de su plaza de chofer en la Base Provincial de Transporte
de la Unión Nacional de Acopio luego que la administración
de esa entidad conoció de su intento de salida ilegal del país.
Reside en la provincia de Guantánamo.
33) Walter Estrada
Leguren fue separado definitivamente de su ocupación de médico,
e inhabilitado para trabajar en el Ministerio de Salud Publica, luego
de haber sido devuelto de la Base Naval de Caimaneras (territorio de E.U.)
donde permaneció por espacio de un mes, después de un frustrado
intento de salida ilegal del país.
34) Ricardo Rafael
Serpa Valdés, Ingeniero agrónomo, fue expulsado del Ministerio
de la Agricultura por no resultar confiable políticamente.
35) Rene Nápoles
Pérez, carpintero en la fábrica de muebles de exportación
en la provincia de Las Tunas, fue expulsado de su centro de trabajo luego
de ser sancionado a nueve meses de prisión por un supuesto delito
de propaganda enemiga.
36) Orlando Cuellos
Figuera, Contador de la fábrica de vidrios en Las Tunas, fue declarado
no confiable políticamente al realizar comentarios públicos
sobre sus ideas opositoras al régimen.
37) Yosvani Silva
Suárez, ayudante de carpintero de la fábrica de muebles
de exportación de Las Tunas, fue cesanteado por no resultar confiable
políticamente.
38) Rafael Pupo Rodríguez,
Chef en el restaurante La Bodeguita de la corporación Rumbos, fue
separado de su puesto de trabajo al intentar una salida ilegal del país.
39) Ramón
Facundo Pimentel Díaz, Abogado de profesión, fue separado
de su cargo de Asesor Jurídico e inhabilitado del ejercicio de
su profesión por haber sido sancionado a ocho meses de privación
de libertad por el supuesto delito de desacato a la figura del Comandante
Fidel Castro.
40) Odalys Sayas
Miranda, médico veterinario, fue expulsado por sus ideas políticas
de la empresa pecuaria en San Cristóbal, provincia de Pinar del
Río.
41) Lesmy Gainza
Toledano fue cesanteado por sus ideas políticas. Laboraba como
profesor de Química en la escuela secundaria básica urbana
" Rafael Morejón", en la ciudad de Guantánamo.
42) Francisco Correa
Delgado, almacenero de la empresa municipal de la harina en Guantánamo,
fue expulsado por sus ideas políticas.
43) Rolando de Miranda
Hernández fue expulsado de su cargo como funcionario en la Delegación
Provincial del Ministerio del Transporte en Camagüey. Fue detenido
por los órganos de la Seguridad del Estado en ocasión de
encontrarse de visita en casa de su hermano que es el presidente del Colegio
de Pedagogos de Cuba. Por tal razón resultó no confiable
políticamente.
44) David Fernández
Rodríguez, Mecánico de la Empresa Pesquera La Coloma en
Pinar del Río, fue declarado no confiable políticamente
para las labores de pesca.
45) Lenin Daniel
Cervera Rodríguez, Marinero de la Empresa Pesquera La Coloma en
Pinar del Río, fue declarado no confiable políticamente
para las labores de pesca.
46) Leoncio Artiaga
Ramos, tripulante de embarcación en la empresa pesquera del municipio
Sandino, en la provincia de Pinar del Río, fue declarado no confiable
políticamente y cesanteado.
47) Dagoberto Estrada
Soa, Maquinista en la empresa pesquera Sandino en la provincia de Pinar
del Río, fue declarado no confiable políticamente para realizar
labores de pesca.
48) Fermín
Santana Hernández, obrero agrícola de la Unidad Básica
de Producción Cooperativa "El Guerrillero" en la localidad
Briones Montoto en Pinar del Río, fue expulsado de su centro de
trabajo por resultar no confiable políticamente.
49) Miralia Gómez
Pérez, obrera agrícola de la Unidad Básica de Producción
Cooperativa "El Guerrillero" en la localidad Briones Montoto
en Pinar del Río, fue expulsada de su centro de trabajo por resultar
no confiable políticamente.
50) Nibaldo Oruña
Padrón. obrero agrícola de la Unidad Básica de Producción
Cooperativa "El Guerrillero" en la localidad Briones Montoto
en Pinar del Río, fue expulsado de su centro de trabajo por resultar
no confiable políticamente.
51) Amauris Carballo
López, obrero agrícola de la Unidad Básica de Producción
Cooperativa "El Guerrillero" en la localidad Briones Montoto
en Pinar del Río, fue expulsado de su centro de trabajo por resultar
no confiable políticamente.
52) Yosvani Fernández
Hernández, obrero agrícola de la Unidad Básica de
Producción Cooperativa "El Guerrillero" en la localidad
Briones Montoto en Pinar del Río, fue expulsado de su centro de
trabajo por resultar no confiable políticamente.
53) Guillermo Zubisarreta
Soa, obrero agrícola de la Unidad Básica de Producción
Cooperativa "El Guerrillero" en la localidad Briones Montoto
en Pinar del Río, fue expulsado de su centro de trabajo por resultar
no confiable políticamente.
54) Ramón
del Sol Nova, obrero agrícola de la Unidad Básica de Producción
Cooperativa "El Guerrillero" en la localidad Briones Montoto
en Pinar del Río, fue expulsado de su centro de trabajo por resultar
no confiable políticamente.
55) Olegario Mijans
Costal, patrón de barco en la empresa pesquera La Coloma en Pinar
del Río, fue expulsado al resultar no confiable políticamente.
De acuerdo con Víctor
Rolando Arroyo, miembro del ejecutivo del CONIC y periodista de la UPECI
en la provincia de Pinar del Río, los trabajadores cubanos consideran
humillante el procedimiento por el cual el Estado los emplea.
Víctor Rolando
Arroyo, periodista independiente y miembro del ejecutivo de la CONIC,
quien ha sido victima de la política del gobierno contra los disidentes
y que por su destacada labor opositora cumplió dos condenas, una
de 18 meses y otra de seis meses de privación de libertad, comenta
que "en contradicción con las normas vigentes en materia laboral,
a los solicitantes de un empleo cualquiera, se les exige la presentación
de antecedentes penales, cartas de confiabilidad política y el
informe del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de
su lugar de residencia. Estas condiciones rigen para todo tipo de trabajo.
La carta de confiabilidad política tiene que ser extendida por
integrantes de la juventud o del partido comunistas o por miembros de
las fuerzas armadas o del Ministerio del Interior".
El convenio 111
Sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, ratificado
por Cuba, el 26 de agosto de 1965 expresa:
Considerando que
la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos,
sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir
su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad
y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades,
y
Considerando además
que la discriminación constituye una violación de los derechos
enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
adopta, con fecha
veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958:
En su articulo 1,
inciso a) define
A los efectos de
este Convenio, el término discriminación comprende:
a) cualquier distinción,
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión política, ascendencia nacional
u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades
o de trato en el empleo y la ocupación;
En su Artículo
2, se expresa:
Todo Miembro para
el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar
a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados
a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades
y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto.
El convenio 122
Sobre política de Empleo, ratificado por la Republica de Cuba,
el 5 de febrero de 1971 expresa en su articulo 1, inciso 2c:
C) que habrá
libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas
las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar
el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación
y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color,
sexo, religión, opinión política, procedencia nacional
u origen social.
Tomando como base
estos dos convenios además las recomendaciones 111 y 122 de la
OIT, la Federación Sindical de Plantas Eléctricas, Gas y
Agua de Cuba ( en el exilio), como representante internacional de la Confederación
Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC), acusa al gobierno de la
Republica de Cuba de DISCRIMINACION EN EL EMPLEO por motivos políticos
contra todos los trabajadores y activista sindicales que aparecen relacionados
en este informe.
INDICE
(primera página)
e)
Actividades del gobierno contra los trabajadores por cuenta propia
El Dr. Carlos Lage,
secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, en una reunión de
presidentes provinciales del Poder Popular efectuada en el mes de noviembre
del 2000, expresó "que en el próximo año serán
prohibidos una serie de pagos al sector privado por servicios prestados
a entidades estatales", lo cual evidentemente apuntaba a dar otro
paso contra la iniciativa privada de los cubanos.
De acuerdo con lo
informado por la Oficina Nacional de administración Tributaria
(ONAT) la cantidad de personas que practican el trabajo por cuenta propia
en esa fecha estaba en el orden de los 119 mil 502 (de más de 215
mil existentes a fines de 1995), con lo que mediante las nuevas disposiciones
anunciadas la tendencia a la disminución del trabajo por cuenta
propia será reforzada.
En septiembre del
2000 se celebró en La Habana una reunión gubernamental para
analizar la marcha del trabajo por cuenta propia. En ésta, el ministro
de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Morales, indicó que se habían
realizado más de 300.000 inspecciones en todo el país, detectándose
32,000 contravenciones, por las que se impusieron 13,000 multas por valor
de 11.482,000 pesos.
Para el Sr. Morales
Cartaya, ex secretario general de la oficialista CTC en la provincia de
Ciudad de La Habana y ex Segundo secretario del Partido Comunista de Cuba
en la capital, esa labor contra los trabajadores por cuenta propia es
uno de los logros de su ministerio, gran ironía y aporte para los
trabajadores.
El Instituto de Estudios
Socio Laborales de la CONIC en una reciente investigación realizada
sobre posibilidad de crecimiento y desarrollo de "La pequeña
y mediana empresa en Cuba", estimaba que por cada trabajador por
cuenta propia que se encuentra con licencia del gobierno podrían
existir como 5 que laboren bajo la misma de forma clandestina. Lo que
situaría la cantidad de trabajadores del sector privado del país
en un aproximado de 600 mil.
A continuación
relacionamos algunas de las actividades represivas de los gobiernos locales
encaminadas a la eliminación paulatina de estos trabajadores:
* Sin explicación,
el gobierno local del municipio San Cristóbal, en la provincia
de Pinar del Río, prohibió sus actividades a los trabajadores
por cuenta propia que vendían alimentos ligeros frente al hospital
"Comandante Pinares" -informó el ingeniero Pedro Pablo
Hernández Mijares, del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos.
El 13 de noviembre
del 2000 se ejecutó esa medida y los afectados se remitieron a
la Administración Tributaria del municipio ya que ellos estaban
al día en el pago de los impuestos. Allí, sólo recibieron
por respuesta que era "una decisión del presidente del gobierno
municipal, que es irrevocable".
La fuente destacó
que los familiares de los pacientes y los visitantes a ese hospital sólo
pueden ingerir en la cafetería del mismo pan con croqueta, de pésima
calidad, confeccionadas con materiales desconocidos, y agregó que
los comerciantes particulares aseguraron que la medida de sacarlos del
lugar es parte de la hostilidad del gobierno hacia el sector privado,
con vistas a hacerle a éste más difícil su labor
a fin de que abandone esos servicios.
Una extensa lista
de prohibiciones y obligaciones pesa sobre los trabajadores por cuenta
propia (cuentapropistas) cubanos.
Entre las prohibiciones,
denominadas "Orientaciones a Trabajadores por Cuenta Propia, firmadas
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está la de "no
formar cooperativas, asociaciones o cualquier tipo de organización
colectiva de producción".
Violar las prohibiciones
trae como consecuencia la pérdida para siempre de la licencia que
permite ejercer como trabajador por cuenta propia.
Otra de las "orientaciones"
establece que los cuentapropistas que venden alimentos al detalle y en
puntos fijos "no pueden utilizar platos ni cubiertos para ofertar
sus producciones".
Los trabajadores
por cuenta propia tampoco pueden utilizar intermediarios para prestar
sus servicios o comercializar su producción, y también les
está prohibido dar empleo a otras personas.
El listado de "orientaciones"
gubernamentales a los cuentapropistas llega a 28, aunque queda bien aclarado
en el escrito que "no son todas, pero son fundamentales".
En una nota publicada
en CubaNet, el periodista independiente Silvio Herrera, de AFPCP, expresaba
que "la Policía Nacional Revolucionaria decomisó en
la capital veinte triciclos, popularmente llamados "bici-taxis",
porque sus conductores no tienen licencia para transportar pasajeros".
Por su parte, la
periodista independiente María de los Ángeles González,
de la UPECI, el 11 de diciembre del 2000 en la página de la prensa
independiente de CubaNet reportaba que "miembros de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) reprimieron la semana pasada a los conductores
de carros tirados por caballos que rentan sus vehículos a la entrada
del Parque Lenin, en esta ciudad.
Es preocupante la
política de acoso de las autoridades cubanas ante este fenómeno,
lo que pudiera traer consigo en un futuro no lejano el desempleo de un
gran cantidad de trabajadores de este sector.
INDICE
(primera página)
f)
Intercepción de llamadas telefónicas. Violación y
decomiso de correspondencia
La Empresa Telefónica
de Cuba S.A., conocida por las siglas ETECSA, asedia constantemente a
los sindicalistas independientes y a otros opositores al régimen
mediante cortes injustificados del servicio.
En conversación
sostenida con sindicalistas de diferentes grupos dentro de Cuba, éstos
explican que cada vez que sostienen conversaciones con extranjeros o cubanos
residentes en el exterior les interrumpen la comunicación telefónica.
"De lo anterior
podemos dar fe aquéllos que por relaciones de trabajo nos comunicamos
de forma permanente con los sindicalistas", expresó René
L. Díaz, presidente de la Federación Sindical de Plantas
Eléctricas, con sede Miami, quien afirma que "las llamadas,
fundamentalmente a las provincias de Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo,
son escuchadas de forma permanente por la Seguridad del Estado, cuyos
agentes en no pocas ocasiones cortan la comunicación e interfieren
en ellas", y que se han tenido que adoptar medidas de cambios de
horarios para lograr una comunicación con poca interferencia.
Sindicalistas independientes
nos han expresado que "no sólo no dejan establecer relaciones
de trabajo, sino que además cortan el servicio de teléfono
por horas cada vez que trato de entablar una conversación referente
a cuestiones de los derechos humanos y sindicales".
Como la ETECSA es
una empresa cubana con inversión de capital italiano, hacemos pública
esta denuncia, para lograr, al menos de la parte italiana, que interceda
en favor de que no se viole el derecho de comunicación de los ciudadanos
cubanos que no simpatizan con el régimen de La Habana y lograr
que se normalice el servicio telefónico.
Pablo Pacheco Ávila,
de la Cooperativa de Periodistas Independientes de Cuba, con sede en la
provincia de Camaguey, con fecha 13 de febrero del 2001, divulgó
la siguiente denuncia, publicada en la página de la Prensa Independiente
de CubaNet
"La Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) obstruye las llamadas a ciertos
números de teléfono de Estados Unidos de América.
El procedimiento de las operadoras de ETECSA está interpretándose
como discriminación de índole política, dado que
los números corresponden a los teléfonos que Radio Martí
dispuso para que los cubanos de la Isla participen en un concurso".
Las operadoras de
las provincias Camagüey y Ciego de Ávila no pueden comunicarse
directamente con Estados Unidos, sino que tienen que hacerlo a través
de sus colegas de Ciudad de La Habana.
Por su parte, las
operadoras de la capital de Cuba informan a los que desde estas provincias
solicitan una llamada a Radio Martí que "los números
están restringidos".
No obstante, se pudo
conocer que el teléfono (305) 437-7116, destinado a recibir llamadas
del concurso, está abierto a cualquier llamada procedente de Cuba.
Este reportero insistió
en que los teléfonos de Radio Martí no estaban restringidos
y una operadora capitalina le expresó abiertamente que "las
llamadas a esa radioemisora están prohibidas". La trabajadora
de ETECSA no reveló quién había prohibido esas llamadas,
aunque se presume que sea el alto mando de la policía política.
"¿No dicen
que hay libertad en Cuba, por qué no dejan que la gente hable por
radio o por donde les venga en gana?", manifestó un estudiante
de Morón, pueblo de Ciego de Ávila.
Otros números
de Radio Martí también están bloqueados por las telefonistas
de ETECSA.
Existen numerosos
casos de denuncias de opositores que reflejan cómo sus correspondencia
procedente de los Estados Unidos, es violada de forma permanente. También
la policía política ha decomisado envíos de libros
para bibliotecas independientes, entre ellas las sindicales, que se han
realizado a través de DHL.
Otro hecho que no
debemos obviar es el decomiso por parte de agentes aduanales de mas de
1052 revistas LUX en el periodo enero del 2000 y abril del 2001.
Esta revista publicada
en el exterior pero con contenido netamente nacional y procedente de informaciones
de los periodistas y opositores internos, es calificada por los lectores
cubanos " como la Revista de los Trabajadores Cubanos"y tiene
una alta demanda en Cuba, debido a la carencia de información existente.
El hecho más
reciente ocurrió en el mes de marzo del 2001cuando la Sra. Gladis
Farah, madre del prisionero, Lázaro García Farah le fueron
decomisadas por la aduana nacional en el aeropuerto José Martí,
un grupo de revista LUX que llevaba para su hijo.
Lázaro
García Farah, de 34 años se encuentra internado en la prisión
"El Típico", de Las Tunas, cumpliendo una condena de
25 años,
PROXIMA PAGINA
REGRESAR AL INDICE (Primera página)
Formato para imprimir
Regresar a
los documentos
| 
