DOCUMENTOS
Octubre, 2003

OLA REPRESIVA
Cronología de la represión

Antecedentes

La ola represiva desatada contra la sociedad civil comenzó mucho antes de su golpe más reciente, las fuertes condenas a los periodistas independientes y a los activistas de derechos humanos. En realidad, el tejido económico independiente, débil pero con tendencia a crecer y a generar un espacio de economía propia, se va formando con la autorización por parte del gobierno de los trabajos por cuenta propia -conocidos como "cuentapropistas"- y que después son reprimidos, primero débilmente y después prácticamente aniquilados.

Los primeros síntomas comenzaron en abril de 1999, cuando fuerzas combinadas del Ministerio de Interior decomisaron en la calle Reina varios rollos de esparadrapo a un anciano de 65 años, y amenazaron a otro con una multa de l,500 pesos por vender cajitas de fósforos. También otros cuentapropistas fueron expulsados por la policía de la esquina de Monte y Figuras y fueron amenazados con multas de l,500 pesos si permanecían en los alrededores del lugar. A pesar de que estos vendedores cumplen con las contribuciones establecidas por el gobierno se les exigió que retiraran sus anuncios y constantemente se les decomisó las mercancías sin brindar explicación alguna.

Aunque el acoso continuó en mayor o menor grado, ya en julio de 2000 el gobierno toma una medida más severa al suspender el permiso a más de cien trabajadores por cuenta propia que operaban fundiciones privadas de aluminio en el municipio Placetas, provincia Villa Clara, medida que dejó sin trabajo a más de 3 mil personas. Estos cuentapropistas ofrecían un trabajo de alta calidad y podían emplear a una gran cantidad de trabajadores.

En marzo de 2001 el gobierno emite nuevas prohibiciones al sector de los cuentapropistas bajo el nombre de "Orientaciones a Trabajadores por Cuenta Propia", firmadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entre esas orientaciones está la de "no formar cooperativas, asociaciones o cualquier tipo de organización colectiva de producción". Violar las prohibiciones trae como consecuencia la pérdida para siempre de la licencia de trabajador por cuenta propia. Otra de las "orientaciones" establece que los cuentapropistas que venden alimentos al detalle y en puntos fijos "no pueden utilizar platos ni cubiertos para ofertar sus producciones". Los trabajadores por cuenta propia tampoco pueden utilizar intermediarios para prestar sus servicios o comercializar su producción, y también les está prohibido dar empleo a otras personas. El listado de "orientaciones" gubernamentales a los cuentapropistas llega a 28.

En agosto de 2001 el gobierno desató una operación policíaca contra el mercado ilegal o bolsa negra en el municipio Arroyo Naranjo de la capital cubana, bajo el nombre de "Operación Rastrillo". La fuente aseguró que la acción policial tendría mayor incidencia en los lugares con mayor concentración de trabajadores por cuenta propia y donde se hubieran reportado informes confidenciales sobre tráfico ilegal de mercancías. El operativo incluye registro de domicilios, arrestos, decomisos de productos y multas. De acuerdo a las declaraciones de un inspector estatal que participa en la "Operación Rastrillo", el propósito de la misma es "reafirmar el control económico del gobierno e intimidar a la población que de manera directa o indirecta recurre al mercado ilegal para mitigar las carencias cotidianas".

En una información del 19 de mayo de 2002 de Ana Rosa Veitía, del Grupo de Trabajo Decoro, se dio a conocer que en Ciudad de La Habana se hizo sentir un operativo de la Policía Nacional Revolucionaria contra las personas dedicadas a la venta de artículos y comestibles varios por cuenta propia. En áreas del mercado agropecuario "Cuatro Caminos", y en los alrededores de los hospitales Pediátrico de Centro Habana, y el Materno de Línea y H, en El Vedado, se efectuaron redadas contra estas personas, a quienes se les decomisaron las mercancías y se les impusieron multas exageradas, al extremo de que algunos involucrados abandonaron las bicicletas donde transportaban sus productos, prefiriendo perderlas a tener que asumir las sanciones.

De forma paralela a las medidas represivas, el gobierno ahogó a los cuentapropistas con los impuestos. En 1997 los cuentapropistas alcanzaron la cifra de 210.000, la cual se redujo a 150.000 en el año 2001. El gobierno logró esto aumentando los impuestos. En 1995 un paladar -pequeño restaurante con 12 sillas- pagaba 150 dólares mensuales, y ya a finales del año 2001 la carga fiscal llegaba a los 850 dólares mensuales.

Un trabajo de Oscar Espinosa Chepe de diciembre de 2002 confirma la caía de los trabajadores por cuenta propia, citando los datos oficiales del Anuario Estadístico de 2001 con las cifras del año anterior. De acuerdo a este Anuario, la contribución de los trabajadores por cuenta propia a los ingresos totales del presupuesto fue de 123.4 millones de pesos, un 40 por ciento de disminución con respecto al aporte realizado en 1997. Estos datos confirman la caída en el número de cuentapropistas. Si a fines de 1995 poseían licencia 208,500 personas (sin incluir los arrendadores de viviendas y otras actividades aprobadas con posterioridad), al concluir 2001 sólo quedaban 153,800 trabajadores por cuenta propia, comprendidas todas las categorías, de acuerdo con informaciones publicadas por el Banco Central de Cuba.

El descenso de los cuentapropistas y de su importancia económica se debe a la política de asfixia llevada a cabo por el gobierno mediante la constante elevación de los impuestos, la aplicación de astronáuticas multas, el retiro de licencias con el menor pretexto, la no extensión de nuevos permisos en muchos oficios, así como la creación de restricciones y prohibiciones en un clima de total inseguridad para estos trabajadores.

Tal proceder gubernamental se enmarca en una ofensiva para llevar el trabajo independiente a niveles insignificantes. Muestra de ello es también la recientemente aprobada Ley de Cooperativas Agrícolas, que tiene por objetivo acrecentar el control sobre los cooperativistas y los campesinos privados que aún sobreviven en la isla.

El estado busca la reducción del trabajo independiente, libre de su tutelaje, para ejercer un absoluto control sobre la vida económica de los ciudadanos y así mantener a la sociedad bajo su total hegemonía política.

Después la represión continuó bajo el manto de la lucha contra las drogas. En una operación que comenzó el 23 de enero de 2003 se calcula que sólo en Luyanó, ubicada en el municipio Diez de Octubre, se produjeron alrededor de cincuenta detenciones como parte del operativo que se realiza en todo el país contra las drogas. En otros municipios de la capital los operativos han sido continuos y se han realizado con el auxilio de carros patrulleros, perros entrenados en la búsqueda de drogas, efectivos militares portando armas largas, protección contra balas (chalecos blindados) y demás medios sofisticados. Los operativos afectaron a otros negocios clandestinos, como la venta de comestibles, tabaco y cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos en el mercado ilegal. Al día siguiente, el 24 de enero, al menos dos ciudadanos fueron arrestados durante operaciones policíacas llevadas a cabo en la Habana Vieja, como parte de la campaña antidrogas.

Ana Leonor Díaz, del Grupo Decoro, informó desde La Habana y también en febrero, que a la sombra de las "razzias" del gobierno contra lo que se calificó de "incipiente" mercado de drogas, una operación simultánea más silenciosa, pero cruel, empleó la policía contra el comercio informal que permite sobrevivir a millones de ancianos desprotegidos. Agentes de la policía política y tropas de la brigada especial (boinas negras) tomaron por asalto los solares (ciudadelas) del barrio Los Sitios, en Centro Habana, y del municipio Cerro; en viviendas de Camagüey y bohíos de las afueras de Manzanillo, para llevarse no sólo paquetes de cocaína o pacas de marihuana, sino también televisores, videos, radiograbadoras y algunos dólares.

La ola contra los cuentapropistas continuó, y en febrero de 2003 un total de 60 bicitaxis fueron incautados durante un operativo policial en Centro Habana. La policía confiscó los medios de empleo sin importar que tenían la documentación en regla. También en La Habana, otra recogida se desató contra los artesanos de la capital y fueron decomisados todos los artículos que se guardaban en las casas aledañas a la feria de G y Malecón. El pretexto para multar con 1,500 pesos a los propietarios de las viviendas fue que no pagaban impuestos como almacén. También en la feria del casco histórico fueron multados con 1,200 pesos los carretilleros que transportaban la mercancía de los artesanos, con la excusa de que las ruedas de las carretillas eran robadas de los tanques públicos de basura.

Las medidas anteriores desplegadas por el gobierno contra la economía independiente pueden considerarse como el verdadero antecedente de la ola represiva que se desató más tarde y que culminó con el arresto y condena de 75 periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Se debe señalar que, para darle cierto viso legal a esto, el gobierno aplicó la llamada Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza, promulgada el 16 de febrero de 1999. Esta ley deja las manos libres al gobierno para imponer condenas que pueden llegar a la pena capital.

Cronología

18 de marzo

Miembros del DSE, Departamento de Seguridad del Estado -policía política del gobierno de Castro- comienzan la ola de arrestos contra periodistas independientes, activistas de Derechos Humanos, miembros de agrupaciones de la sociedad civil y activistas del Proyecto Varela. El DSE confiscó durante los arrestos documentos, computadoras, libros, impresoras y equipos de fax. Reportes de la isla señalan que los detenidos pasan de varias decenas.

19 de marzo

La ola de arrestos, registros y confiscaciones por parte de la DSE continúa por todo el país. La cifra de detenidos aumenta sin que se defina una cantidad precisa.

20 de marzo

El DSE continúa con su ola represiva por toda la isla y ya se conoce que se trata de arrestos masivos que pasan del medio centenar.

21 de marzo

El DSE concluyó con la ola de arrestos. Entre periodistas independientes y activistas de diversas agrupaciones de la sociedad civil, la cifra alcanza 78 detenidos.

2 de abril

El gobierno de la isla comienza a emitir las peticiones fiscales contra los activistas arrestados. Algunas llegan hasta la cadena perpetua.

La lancha "Baraguá", dedicada al transporte marítimo de personas en la bahía de La Habana, es secuestrada y pone rumbo al sur de La Florida. Queda sin combustible y a la deriva en alta mar.

3 de abril

Comienzan los juicios contra los activistas encarcelados. Se les niega acceso al juicio en el Tribunal Supremo de La Habana a los diplomáticos que acudieron a presenciar el proceso. La lancha "Baraguá" es remolcada al puerto del Mariel por autoridades cubanas.

4 de abril

Tropas especiales cubanas abordan la lancha "Baraguá". Dos turistas francesas que se encontraban a bordo de la "Baraguá" declararon a la prensa, una vez liberadas, que el propio Fidel Castro les aseguró que los secuestradores no serían fusilados.

En los juicios contra los disidentes son presentados como agentes del DSE 12 opositores que actuaban dentro de los grupos civilistas incluso desde hacía más diez años. Los agentes declaran contra los detenidos.

7-9 de abril

Los juicios sumarios contra los activistas concluyen y comienza un nuevo juicio contra el doctor Oscar Elías Biscet, detenido antes de la ola represiva. Los tribunales emiten sus fallos y la pena más alta, 28 años de privación de libertad, va contra Luis Enrique Ferrer García, del Movimiento Cristiano Liberación.

8 de abril

El gobierno de Cuba informa que celebrará juicios sumarísimos contra los secuestradores de la lancha "Baraguá". Ese mismo día condenan a tres de ellos a la pena capital.

11 de abril

Lorenzo Enrique Copeyo Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, los tres secuestradores de la lancha "Baraguá" condenados a pena de muerte, son ejecutados en horas de la madrugada.

 

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