Human
Rights Watch.
La
situación de los derechos humanos
A pesar
de unos cuantos acontecimientos positivos a lo largo del año,
las prácticas de derechos humanos del gobierno cubano fueron
en general arbitrarias y represivas. Cientos de opositores
pacíficos al gobierno seguían entre rejas, y muchos más fueron
sometidos a detenciones breves, arrestos domiciliarios, vigilancia,
registros arbitrarios, expulsiones, restricción de movimientos,
despidos laborales por razones políticas, amenazas y otras
formas de hostigamiento.
Aunque
las condiciones de derechos humanos en la isla mejoraron muy
poco en el 2000, la política estadounidense con respecto a
Cuba empezó a cambiar. El destacado caso de Elián González,
el niño de seis años superviviente de un naufragio que permaneció
siete meses en Estados Unidos en contra de la voluntad de
su padre, hizo que la atención pública se concentrara cada
vez más en la política estadounidense de aislamiento a Cuba.
Tras el regreso del niño a Cuba en junio, se impulsaron iniciativas
en el Congreso de Estados Unidos para relajar algunos aspectos
del embargo económico de 38 años sobre Cuba.
Las
prácticas represivas de derechos humanos de Cuba se vieron
reforzadas por la estructura legal e institucional del país.
Los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea,
movimiento y prensa siguieron limitados por las leyes cubanas.
Con la criminalización de la propaganda enemiga, la difusión
de noticias no autorizadas y el ultraje a los símbolos patrios,
el gobierno negaba efectivamente la libertad de expresión
con la excusa de la protección de la seguridad del estado.
Además, las autoridades encarcelaron u ordenaron la vigilancia
de personas que no habían cometido ningún delito, recurriendo
a las leyes que penalizan el "estado peligroso" y disponen
la "advertencia oficial." Los tribunales controlados por el
Gobierno socavaron el derecho a un juicio justo mediante la
restricción del derecho a la defensa, e incumplieron con frecuencia
los pocos derechos al debido proceso de que disponen los acusados
en las leyes cubanas.
Se limitó
severamente hasta el derecho de los cubanos a salir de su
país, y el gobierno procesó por "salida ilegal" a las personas
que intentaron salir de la isla sin obtener primero un permiso
oficial para hacerlo. Dicha autorización se negó a veces arbitrariamente,
o se condicionó al pago de un costoso permiso de salida.
Los
activistas pro democracia planearon una serie de protestas
con motivo de la novena Cumbre Iberoamericana, celebrada en
La Habana en noviembre de 1999. Sin embargo, las autoridades
reprimieron con dureza la disidencia pública y detuvieron
a más de 200 disidentes durante las semanas previas y posteriores
a la Cumbre. Muchos de ellos fueron puestos en arresto domiciliario,
mientras que otros fueron detenidos temporalmente en estaciones
de policía. La oleada de represión continuó hasta fines de
febrero del 2000. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, una respetada organización de derechos
humanos con sede en La Habana, anunció a principios de marzo
que se había detenido a 352 disidentes durante los cuatro
meses anteriores, y se había limitado la libertad de movimiento
de otros 240, normalmente mediante una orden de permanecer
en sus casas.
Aunque
la gran mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad
finalmente sin cargos, unos cuantos fueron procesados. El
caso más grave fue el del Dr. Óscar Elías Biscet González,
de 38 años, que fue sentenciado a tres años de cárcel el 25
de febrero por actos de protesta tales como darle la vuelta
a la bandera cubana y llevar pancartas contra el aborto. Biscet,
el presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos,
fue condenado por "ultraje" a los símbolos patrios, desórdenes
público e instigación a delinquir. En agosto se informó que
había sufrido una pérdida considerable de peso y problemas
de salud en prisión, lo que incluía una infección de encías
sin tratar, y había estado en detención solitaria durante
meses seguidos.
También
el 25 de febrero, inmediatamente después del juicio a Biscet,
Eduardo Díaz Fleitas, vicepresidente del Movimiento 5 de Agosto,
y Fermín Scull Zulueta, fueron condenados en el mismo tribunal
por alteración del orden público. Díaz Fleitas fue sentenciado
a un año de cárcel y Scull Zulueta a un año de arresto domiciliario.
Al igual que Biscet, se manifestaron contra el aborto y llevaron
pancartas en la protesta del 10 de noviembre.
El acontecimiento
más alentador del año se produjo en mayo, cuando se puso en
libertad a tres líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia
Interna (GTDI) antes de cumplir sus condenas. La economista
Martha Beatriz Roque Cabello, el profesor de ingeniería Félix
Antonio Bonne Carcasses y el abogado René Gómez Manzano obtuvieron
la libertad provisional con dos semanas de diferencia, pero
Vladimiro Roca Antúnez, el cuarto líder del grupo, seguía
encarcelado cuando se escribió este informe. Los cuatro habían
sido condenados en marzo de 1999 a varios años de prisión
por "actos contra la seguridad del Estado," después de haber
pasado casi 19 meses en detención provisional. Fueron detenidos
por primera vez en julio de 1997, un mes después de que el
GTDI publicara "La Patria es de Todos," un documento en el
que se analizaban la economía, los derechos humanos y la democracia
en Cuba.
Independientemente
de que fueran presos políticos o comunes, los internos estuvieron
sometidos a condiciones penitenciarias abusivas. Los presos
sufrieron con frecuencia malnutrición y languidecieron en
celdas hacinadas con la aquiescencia de los guardias, o durante
largos períodos en celdas de aislamiento. Las autoridades
penitenciarias insistieron en que todos los detenidos participaran
en sesiones de "reeducación" política o se enfrentaran al
castigo. Los presos políticos que denunciaron las malas condiciones
carcelarias fueron castigados con el encierro en solitario,
la restricción de las visitas o la negación de tratamiento
médico.
Al menos
24 presos esperaban su ejecución, según una lista divulgada
en agosto por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional, que también suministró los nombres de otras 21 personas
ejecutadas en 1999. Aunque la organización señaló que todos
los presos ejecutados habían sido condenados por homicidio,
las leyes cubanas contemplaban el uso de la pena de muerte
para otros muchos delitos, entre ellos el narcotráfico internacional
y la corrupción de menores. El secretismo de Cuba con respecto
a la aplicación de la pena de muerte el Gobierno no
ofreció información sobre las ejecuciones hizo difícil
calcular el número real de condenas a muerte impuestas o ejecutadas.
Las graves deficiencias procésales del sistema legal cubano
y la falta de independencia judicial, que violaba los derechos
de todos los acusados penalmente, fueron especialmente problemáticas
en el caso de los delitos capitales. Era además improbable
que se remediaran las injusticias mediante la revisión por
parte de un tribunal superior, ya que las oportunidades de
apelación que las leyes cubanas ofrecían a los condenados
a muerte eran mínimas.
El gobierno
cubano mantuvo una postura firme en contra el periodismo independiente,
y detuvo periódicamente a reporteros, a los que a veces procesó.
El 10 de noviembre de 1999, Ángel Pablo Polanco, el director
de Noticuba, fue detenido durante una semana supuestamente
para impedirle que informara sobre las protestas que rodearon
la Cumbre Iberoamericana. El 20 de enero del 2000, José Orlando
González Bridón, presidente de la Confederación de Trabajadores
Democráticos de Cuba y redactor de Cuba Free Press, fue detenido
durante varias horas. Se informó que la policía le había interrogado
sobre sus escritos y le había amenazado con procesarle. Entre
otros periodistas detenidos e interrogados durante breves
períodos en el 2000 se encuentran Ricardo González Alfonso,
Jadir Hernández, Jesús Hernández y Luis Alberto Rivera Leiva.
Otros fueron hostigados o la policía les impidió que trabajaran.
Víctor
Rolando Arroyo Carmona, un antiguo opositor al Gobierno que
escribía para la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos
Independientes, fue sentenciado el 25 de enero a seis meses
de prisión por "acaparar" juguetes. La policía había confiscado
los juguetes que tenía previsto entregar a los niños pobres
de su zona; habían sido pagados por exiliados cubanos de Miami.
Justo después del juicio a Arroyo, las autoridades cubanas
pusieron en libertad a otro periodista independiente, Leonardo
de Varona González, que había cumplido una condena de 16 meses
por "insultar" al Presidente Fidel Castro. Al menos otros
tres periodistas independientes seguían encarcelados: Bernardo
Arévalo Padrón y Manuel Antonio González Castellanos, condenados
a seis años y a dos años y siete meses, respectivamente, por
"insultar" a Castro; y Jesús Joel Díaz Hernández, condenado
a cuatro años por "estado peligroso," quién estuvo al parecer
encerrado en solitario hasta principios de agosto.
Se informó
que el 16 de octubre, tras su puesta en libertad, Arroyo fue
golpeado e insultado por agentes de la seguridad del Estado.
Él y otro disidente fueron sacados de la casa de un amigo,
conducidos a la estación de policía de Güines, golpeados por
el camino, y llevados a docenas de kilómetros de distancia,
donde los liberaron después de propinarles una nueva paliza.
Los
periodistas extranjeros también se enfrentaron al hostigamiento
gubernamental cuando intentaron colaborar o asistir a sus
colegas cubanos. La periodista free lance italiana Carmen
Butta fue supuestamente detenida por la Policía el 18 de junio,
después de reunirse con periodistas independientes para su
investigación para un artículo sobre la prensa independiente
cubana. En agosto, tres periodistas suecos fueron detenidos
en La Habana por agentes de la seguridad del Estado. Habían
viajado a Cuba con visados turísticos pero celebraron un seminario
sobre la libertad de prensa para periodistas independientes.
Los tres fueron deportados después de estar detenidos durante
tres días. Ese mismo mes, la periodista francesa Martine Jacot
fue detenida e interrogada en el aeropuerto de La Habana por
seis agentes de las fuerzas de seguridad cubanas. Había pasado
una semana en Cuba entrevistando a periodistas independientes
y familiares de periodistas encarcelados. Confiscaron el equipo,
lo que incluía una videocámara, y algunos documentos de Jacot.
Aunque
el gobierno permitió mayores oportunidades para la expresión
religiosa que en años anteriores y autorizó las operaciones
de varios grupos humanitarios religiosos, siguió manteniendo
un control estrecho de las instituciones religiosas, los grupos
afiliados y los creyentes individuales.
El gobierno
reconoció a un sindicato único, la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), y limitó los derechos laborales mediante la
prohibición de los grupos laborales independientes y el hostigamiento
a las personas que intentaron formarlos. Controló estrictamente
a los trabajadores empleados en negocios con inversiones extranjeras.
De acuerdo con las leyes laborales restrictivas, las autoridades
tuvieron una función prominente en la selección, el pago y
el despido de trabajadores; lo que denegaba efectivamente
a los trabajadores el derecho a negociar directamente con
los empresarios los beneficios, los ascensos y los salarios.
Cuba continuó también utilizando el trabajo penitenciario
para los campos agrícolas y operó plantas de confección y
otro tipo de fábricas en sus prisiones. La insistencia de
las autoridades en que los presos políticos trabajaran sin
salario en malas condiciones violaba las normas internacionales
del trabajo.
La
defensa de los derechos humanos
El gobierno
cubano continuó su hostigamiento sistemático y la represión
de los defensores de los derechos humanos. Las autoridades
utilizaron habitualmente la vigilancia, la intervención telefónica
y la intimidación con la intención de limitar la observación
independiente de las prácticas gubernamentales de derechos
humanos. En algunos casos, emplearon los registros arbitrarios,
las expulsiones, las restricciones de movimientos, los despidos
laborales por razones políticas, las amenazas y otras formas
de hostigamiento contra los activistas locales.
El gobierno
cubano denegó a los observadores de derechos humanos y humanitarios
internacionales el acceso al país. El Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) no ha sido autorizado a realizar visitas
a las cárceles cubanas desde 1989, lo que convierte a Cuba
en el único país de la región que niega el acceso al CICR.
Desde 1995, no se ha permitido a Human Rights Watch enviar
a ningún representante a observar las condiciones de derechos
humanos en Cuba.
El
papel de la comunidad internacional
Las
Naciones Unidas
En su
sesión de abril, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas votó de nuevo a favor de censurar a Cuba por sus abusos
a los derechos humanos. La resolución fue aprobada por un
margen más amplio que en años anteriores, pero no disponía
el nombramiento de un relato especial para observar las condiciones
de derechos humanos. La resolución, promovida por los gobiernos
checo y polaco, criticaba el trato a los disidentes políticos
en Cuba e instaba al Gobierno a permitir las visitas de investigadores
de derechos humanos de la ONU. Cuba tomó represalias contra
la resolución con una manifestación masiva frente a la Embajada
de la República Checa en La Habana y la llamada a consultas
de su embajador en Argentina (Argentina fue uno de los 21
países que respaldaron la resolución).
En febrero,
poco antes de la sesión de la Comisión, la Relatora Especial
de la ONU Radhika Coomaraswamy publicó su informe sobre la
violencia contra la mujer en Cuba. Este informe imparcial,
objetivo y completo fue el producto de una misión sin precedentes
a Cuba de la relatora especial en junio de 1999. (Las autoridades
cubanas habían permitido una visita del Alto Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la isla, pero
habían negado constantemente el acceso de los observadores
de derechos humanos de la ONU, incluidos los relatores y funcionarios
de organismos temáticos.) Mientras criticaba el embargo estadounidense
por sus consecuencias adversas para las mujeres cubanas, el
informe instaba a las autoridades cubanas a emprender reformas
legales para atender con más eficacia los problemas de violencia
doméstica, violación y acoso sexual. Denunciaba asimismo la
detención arbitraria de mujeres cuyas opiniones políticas
eran inaceptables para el Gobierno.
El informe
provocó una respuesta exageradamente defensiva de las autoridades
cubanas, que enviaron una nota verbal a la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos quejándose de que la
visita de la relatora especial había sido "manipulada" por
el gobierno de Estados Unidos y cuestionando la aplicabilidad
del "concepto burgués democrático-liberal de los derechos
humanos" de la relatora especial. Los cubanos atacaron también
a voz en grito a Human Rights Watch, cuyo libro de 1999 sobre
las condiciones de derechos humanos en Cuba era una de las
fuentes citadas por el informe de la relatora especial. Afirmó
erróneamente que Human Rights Watch recibía considerables
fondos del gobierno estadounidense, cuando, de hecho, la organización
no acepta financiación alguna, directa o indirecta, de ningún
gobierno.
Los
países iberoamericanos
La Cumbre
Iberoamericana llevó al Rey de España a Cuba, en la primera
visita de un monarca español a la isla, así como a altos funcionarios
de 21 países. Asistieron jefes de Estados de toda Latinoamérica,
aunque algunos rehusaron participar debido a la falta de avances
democráticos y en materia de derechos humanos en Cuba. En
una ruptura del protocolo habitual que fue recibida con satisfacción,
una serie de funcionarios, entre ellos el Primer Ministro
de España, José María Aznar, y el Presidente de Portugal,
Jorge Sampaio, aprovecharon su visita para reunirse con destacados
disidentes tales como el veterano activista Elizardo Sánchez.
La Cumbre
culminó con la adopción de una serie de documentos, entre
ellos la Declaración de La Habana, en la que los Estados signatarios
manifestaban su compromiso con la democracia y los derechos
humanos y pedían a Estados Unidos el final del embargo sobre
Cuba.
La
Organización de Estados Americanos
Los
líderes políticos latinoamericanos tuvieron una nueva oportunidad
de valorar colectivamente su relación con Cuba durante la
30ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), celebrada en Windsor, Canadá, en junio. Aunque una
serie de países caribeños se manifestaron en favor de la reintegración
de Cuba a la OEA-Cuba fue expulsada del organismo regional
en 1962-no se adoptaron medidas concretas con esta finalidad.
La
Unión Europea
La relación
de la Unión Europea con Cuba siguió estando marcada oficialmente
por su Posición Común de 1996, que condicionaba la plena cooperación
económica a reformas en materia de derechos humanos. Pero
en el 2000 hubo muestras de un cambio en la estrategia de
la UE con Cuba. En febrero, Cuba solicitó formalmente su integración
en una agrupación multilateral establecida conforme a la Convención
de Lomé, un acuerdo comercial y de asistencia entre la Unión
Europea y países de África, el Caribe y el Pacífico. La petición
desencadenó un debate considerable sobre si la integración
de Cuba sería compatible con los criterios del acuerdo sobre
democracia y derechos humanos. No obstante, en abril, justo
después de la adopción de la resolución sobre derechos humanos
de la ONU respaldada por muchos países de la UE, el debate
quedó silenciado por la decisión de Cuba de retirar su solicitud.
El gobierno cubano canceló además una ambiciosa visita de
altos funcionarios de la UE prevista para finales de abril.
Sin embargo, en agosto, Cuba volvió a manifestar al parecer
su interés en participar en el tratado de ayuda de la UE,
ahora llamado el Acuerdo de Cotonou.
Aunque
Cuba era el único país de Latinoamérica que no contaba con
un acuerdo oficial sobre desarrollo y cooperación con la Unión
Europea, la región seguía siendo la principal proveedora de
ayuda internacional a Cuba. El comercio y las inversiones
europeas en Cuba también siguieron floreciendo, y países como
España, Italia y Francia estaban entre los socios más importantes
de Cuba en las áreas del comercio y las finanzas. Con la firma
de varios acuerdos bilaterales en los últimos años, todos
los Estados miembros de la UE mantenían oficialmente relaciones
económicas bilaterales con Cuba.
Estados
Unidos
El asunto
del embargo de décadas sobre Cuba recibió la atención renovada
del Congreso en el 2000, y se tomaron algunas medidas, aunque
pequeñas, para relajarlo. En octubre, tras meses de debates
en los comités del Congreso, ambas cámaras aprobaron leyes
que permitían la venta limitada de alimentos y medicinas a
Cuba. Los agricultores, los grupos de interés agropecuarios
y las compañías farmacéuticas habían hecho mucha presión para
poder acceder al mercado cubano.
Pero
era probable que el impacto práctico de la legislación fuera
menor que su importancia simbólica. Aunque marcaba la primera
retirada importante de sanciones contra la isla en casi cuatro
décadas, era improbable que las medidas legislativas permitieran
verdaderamente mas que un pequeño volumen de negocios. Debido
a los compromisos con legisladores conservadores opuestos
a la relajación de las restricciones comerciales, no se autorizaría
ningún crédito oficial a la exportación ni financiación privada
para las ventas de alimentos. De hecho, cuando el proyecto
de ley estaba listo para el voto en la Cámara de Representantes
y el Senado, La Habana denunció que sus condiciones eran "humillantes
e injustas." En un editorial publicado en las primeras páginas
del diario del Partido Comunista Granma se prometía que Cuba
no compraría "ni un centavo de alimentos o medicinas a Estados
Unidos."
Y en
lo que suponía un retroceso, el proyecto de ley contenía disposiciones
que codificaban las normas que prohíben generalmente el turismo
de Estados Unidos a Cuba. Para poder viajar legalmente a Cuba,
los ciudadanos estadounidenses tenían que obtener un permiso,
disponible únicamente para muy pocas categorías de viajeros,
o estar invitados por una organización de fuera de Estados
Unidos que cubriera los gastos. Al limitar los viajes a Cuba,
estas restricciones violaban el artículo 19 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos era
parte.
Las
autoridades estadounidense continuaron deteniendo y repatriando
a solicitantes de asilo cubano a bordo de embarcaciones interceptadas
en el mar, a los que se sometía únicamente a entrevistas a
bordo para determinar si tenían un "temor creíble" a la persecución
en su país. Como demostró el caso de Elián González, cuya
madre murió en el intento de llegar a Estados Unidos, un gran
número de cubanos continuaron arriesgando sus vidas en el
mar con la esperanza de alcanzar la costa y obtener asilo
en Estados Unidos.
http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2001/cuba.html#cuba
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