Introducción
En Cuba, donde no deja de ejercerse el control sobre la información
difundida a la población, hay un centenar de periodistas independientes,
asimilados a "contrarrevolucionarios" por las autoridades; que son una
de las dianas privilegiadas de la represión, en un momento en que
Internet otorga una mayor audiencia potencial a sus trabajos.
Desde 1997, se han condenado a cinco de ellos a penas comprendidas entre
seis meses y seis años de prisión y se ha señalado más
de un centenar de detenciones. Son con frecuencia objeto de acusaciones,
agresiones, decomisos de su material, residencias vigiladas, presiones sobre
sus familias, amigos o contactos, intentos de descrédito o de división.
Al 1 de septiembre de 2000, había tres periodistas que seguían
encarcelados.
La disminución relativa del acoso que sufren todos los "opositores"
después de la visita del papa en enero de 1998 sólo duró un
año y las intervenciones ante el gobierno cubano por parte de varios
jefes de Estado o de gobierno (reunidos en La Habana en noviembre de 1999 en la
cumbre iberoamericana) a favor de la democratización del régimen
apenas tuvieron efecto. Las libertades de expresión, de prensa, de reunión
y asociación siguen sin tener derecho de ciudadanía .
Sin embargo, las filas de periodistas independientes siguen creciendo, a
pesar de las numerosas partidas para el exilio, voluntarias o forzosas, y pese a
las condiciones particularmente difíciles en que trabajan estos
profesionales de la información. Según noticias recogidas por
Reporteros Sin Fronteras (RSF), actualmente hay algo más de cien, cuando
a comienzos de los años noventa sólo eran unos cuantos. Antiguos
profesionales de los medios oficiales (cesantes voluntarios u obligados), del
sector de la comunicación (redactores, traductores, archivistas,
bibliotecarios, etc.), del mundo de la educación o simples técnicos,
estos periodistas trabajan en La Habana y también en provincias, donde el
acoso policial es más intenso.
La mayoría de ellos trabajan en agencias. La primera la creó
en 1988 Yndamiro Restano Díaz (Asociación de Periodistas
Independientes de Cuba, que pasó a llamarse en 1992 Agencia de Prensa
Independiente de Cuba, APIC, y que sigue activa). Hoy en día son
dieciocho , habiendo cuatro de ellas en provincias, sin tener en cuenta las
agencias que difunden información por cuenta de actores sociales, como
agricultores, pedagogos o sindicatos independientes. Algunas tienen una decena
de colaboradores con los corresponsales provinciales (Cuba Press, Cooperativa
de Periodistas Independientes, Centro Norte del País, por ejemplo) y
otras dos o tres. Unos diez periodistas trabajan fuera de las agencias,
principalmente en la capital.
RSF envió a Cuba a la periodista francesa Martine Jacot entre el 10 y
el 17 de agosto de 2000. Se encontró con una docena de periodistas
independientes, en Ciego de Ávila y en La Habana, y también con
las familias de dos de los tres periodistas actualmente encarcelados. El 17 de
agosto, cuando iba a regresar a Francia, fue detenida e interrogada durante una
hora y media en el aeropuerto de La Habana, por seis miembros de las fuerzas de
seguridad, que le sacaron una videocámara, dos vídeos y
documentos. Pese a los reiterados pedidos de RSF, no se devolvió a la
organización el material embargado.
Internet acude en su ayuda
Los periodistas independientes, profesionales veteranos, formados por sus
colegas o autodidactas, tienen ahora nuevas posibilidades potenciales gracias a
las nuevas tecnologías, a las que personalmente no tienen acceso. La
creación en los países occidentales de Sitios Internet que
reciben las noticias que transmiten de Cuba (por teléfono generalmente,
por fax cuando tienen uno) ha ampliado el campo de difusión de las
informaciones que no pueden publicar en su propio país. También ha
aumentado el número de sus contribuciones (telefónicas) a
emisoras de radio extranjeras, por lo general relacionadas con el exilio.
Como no tienen acceso directo a las fuentes oficiales y son expulsados de
las ruedas de prensa gubernamentales cuando se presentan, sus informaciones las
recogen ante todo de aquellos que en la sociedad cubana están
descontentos: opositores, defensores de libertades, funcionarios (hartos de
constatar que cualquier información negativa para el régimen –
política, económica, social o medioambiental – es silenciada
en los medios cubanos de información), empleados de empresas extranjeras,
o el hombre de la calle. La población, racionada desde hace cuarenta años,
sometida desde 1991 aún a más restricciones, fecha en que empezó
el "periodo especial en tiempo de paz" consecutivo al agotamiento de
la mana del desaparecido Bloque del Este, no aprecia la "dolarización"
creciente de la economía cubana cuando no tiene acceso a los billetes
verdes.
Hechos como la detención de un opositor al régimen en Cuba, un
movimiento cualquiera de humor de la población o un intento de organización
de la sociedad civil, que antaño no se conocían en el extranjero,
por lo menos durante algún tiempo, son comunicados ahora rápidamente.
Estas informaciones y también otros análisis más globales
son escuchados en la propia Cuba por aquellos que captan radios internacionales
extranjeras, en primer lugar Radio Martí (financiada desde 1982 por el
Congreso norteamericano para emitir hacia la isla). La interferencia de estas
radios en la isla es muchas veces bastante deficiente.
La nueva "ley mordaza"
Las autoridades cubanas se han procurado un nuevo instrumento legislativo
tendente a amordazar esos periodistas independientes e impedir las actividades
disidentes, dudando, sin embargo, en aplicarlo, cuando varios Estados de la Unión
Europea imponen, en el marco de la Convención de Lomé, la forma
de mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba como condición
para aumentar los intercambios comerciales que realmente está necesitando
Cuba como consecuencia del embargo norteamericano.
La ley "88" fue promulgada en febrero de 1999 y rápidamente
se le llamó "ley mordaza" en los medios disidentes. Es una
espada de Damocles sobre toda persona que "colabora, por cualquier vía
con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros
medios de difusión extranjeros" o que "suministre infomaciones"
consideradas capaces de ser favorables a la política norteamericana. Las
penas que incurre son muy graves: hasta veinte años de prisión,
confiscación de todos sus bienes personales y multas que pueden llegar
hasta 100.000 pesos (unos 4.800 dólares, sabiendo que el salario medio en
la isla es de 250 pesos, o sea, 12 dólares al mes). Este texto, del que
ningún tribunal aún hizo uso por el momento, también
castiga "la promoción, la organización, el fomento o la
participación en reuniones o manifestaciones".
"Los periodistas independientes son mercenarios: el Imperio (americano)
los paga, los organiza, los instruye, los entrena, los arma, los camufla y les
ordena disparar contra su propio pueblo", comentó el diario de las
juventudes comunistas Juventud Rebelde después de votar el texto,
recogiendo así la declaración de Tubal Paez, presidente de la Unión
de periodistas cubanos (organización oficial). Para ejercer, sus 2000
miembros, aproximadamente, tuvieron que comprometerse a ser "leales a los
principios y valores de la revolución y del socialismo".
En Cuba, todos los medios de comunicación son "propiedad estatal
o social". La prensa escrita (principalmente, los diarios Granma, órgano
oficial del Partido comunista, y Juventud Rebelde, el semanario Trabajadores de
los sindicatos oficiales o la revista Bohemia), las radios nacionales o
regionales, así como los dos únicos canales televisivos del país
difunden artículos o reportajes seleccionados, revisados o corregidos según
los intereses ideológicos del régimen. A principios de agosto de
2000, un locutor de Radio Morón, pequeña emisora del centro de la
isla, fue despedido por haber leído en la radio un poema de Raúl
Rivero (fundador y director de la agencia Cuba Press).
Estos medios dedican además una parte importante de sus reducidas
columnas o de su tiempo de antena limitado (seis horas al día durante la
semana para cada canal, y quince horas al día en fin de semana) a los
discursos del presidente Fidel Castro y a la propaganda oficial. La población
no tiene acceso a otras fuentes de información, con excepción de
las radios extranjeras insuficientemente interferidas.
Tres periodistas encarcelados
Los cinco periodistas independientes que fueron juzgados y condenados a
penas de prisión desde 1997 no fueron acusados claramente por haber
divulgado informaciones sin imprimatur, sino por otros delitos. Actualmente,
siguen detenidos tres condenados, considerados todos presos de opinión
por Amnestía Internacional.
Fundador de la agencia de prensa Línea Sur Press en octubre de 1996
en Aguada de Pasajeros (población situada a 140 km al sur de La Habana,
en la provincia de Cienfuegos), Benardo Arévalo Padrón, de 35 años
de edad, fue detenido el 18 de noviembre de 1997 y condenado por el tribunal de
apelación el 28 del mismo mes a seis años de cárcel por "desacato"
al presidente Fidel Castro y al vicepresidente Carlos Lage, en virtud el artículo
144 del Código penal cubano. Este antiguo empleado de ferrocarriles había
declarado en las ondas de una radio extranjera que los dos dirigentes cubanos
eran unos "mentirosos", después de haberlos acusado de no haber
respetado los compromisos democráticos firmados en una Cumbre
iberoamericana anterior.
En una carta abierta dirigida al jefe del Estado cubano con fecha del 19 de
diciembre de 1998, el prisionero escribió que considera su sentencia "injusta
y excesiva (…) porque en ningún otro país civilizado se
condena a un opositor por calificar publicamente de mentiroso al gobernante".
Poniendo el acento en su "admiración" por el "combate
contra la dictadura de Fulgencio Batista", llevado a cabo por Fidel Castro
en los años 50, Bernardo Arévalo Padrón recordó que éste
se había beneficiado de a amnistía cuando él mismo era
preso político. "A finales de 1988, decidí oponerme a Ud, pacíficamente",
continuó el detenido, que reclamó (en vano hasta ahora) que le
permitan ir a España, país que le habría otorgado un
visado.
En la cárcel de alta seguridad de Ariza donde fue primeramente
encarcelado, el periodista fue maltratado y golpeado el 23 de abril de 1998, por
dos agentes de seguridad que le acusaban de repartir octavillas por los pasillos
de la cárcel. Resultando herido en la cabeza y víctima de
trastornos de memoria como consecuencia de esta agresión, lo pusieron
luego en "celda de castigo para su seguridad porque podría ser
agredido de nuevo o incluso asesinado por detenidos de derecho común"
explicaron las autoridades de la prisión a su esposa Libertad.
El 15 de mayo de 1999 fue traslado al "campo de trabajo número
16" situado cerca de la cárcel de Ariza. Al católico, privado
de asistencia religiosa, que es Bernardo Arévalo, su jefe de detención
(también encargado de su "reeducación") le amenaza
regularmente con ser enviado a las celdas de Ariza, acusándole de no
cumplir sus "cuotas" de desyerba o corte de caña, trabajos que
le fueron asignados. Su esposa pudo llevarle herramientas para afilar su
macheta, porque no las tienen en el campo. Desde mayo de 2000, tiene derecho a
una visita de su familia cada 21 días y una visita "matrimonial"
cada mes (una noche con su esposa en el campo, en una habitación con las
paredes de bambú que dejan pasar la luz y las miradas indiscretas). No
está autorizado a ver ni a entrar en contacto con sus amigos. Según
la ley cubana, tenía que serle permitido visitar a su familia cada 21 días,
en particular a su madre de edad avanzada y enferma.
A una de las numerosas tramitaciones de petición efectuadas por RSF
para su liberación, el ministro cubano de relaciones exteriores, Felipe Pérez
Roque, contestó por escrito, el 17 de abril de 2000, que Bernardo Arévalo
"se asoció desde 1991 a grupos contrarrevolucionarios con la
intención de ejecutar acciones violentas (…) aunque está
sancionado por desacato".
Para Odencio Díaz, padre de este joven de 26 años, lo más
insoportable es ese "sentimiento de impotencia ante una justicia que
fabrica acusaciones infundadas y se niega a oír testigos". Este
antiguo miembro del Partido comunista está convencido de que su hijo fue
llevado a prisión para impedirle transmitir sus artículos al
extranjero, en la agencia Pátria, en la que colaboraba desde 1995, y
después en la Cooperativa avileña de periodistas independientes
(CAPI) que había fundado en diciembre de 1998, en Ciego de Ávila
(300 km al este de La Habana). Fue detenido el 18 de enero de 1999, a las 6
horas de la mañana en el domicilio familiar de la población de Morón
y acusado de "peligrosidad social". El Código penal cubano, en
su artículo 73, designa así a "quien quebranta habitualmene
las reglas de convivencia social mediante actos de violencia (…), perturba
el orden de la comunidad, o vive como un parasito social, del trabajo ajeno o
explota o practica vicios socialmente reprochables".
En el proceso que se celebró el día siguiente de su detención,
Jesús Joel Díaz Hernández fue acusado de haber dejado de
trabajar para el Estado desde 1996 (lo habían despedido ese año,
afirma su familia, del empleo que tenía en el Instituto nacional de
recursos hidráulicos de Morón, porque se le reprochaba el militar
por la defensa de los derechos humanos desde 1993). Se le culpó además
por haber "ingerido bebidas alcohólicas que lo volvieron agresivo"
y lo pulsaron a provocar a sus vecinos, así como por haber "puesto
música a alto volumen". La defensa de su abogado fue rápidamente
interrumpida por el presidente. No se convocó a ningún testigo de
descargo para que se expresase durante las pocas horas de la audiencia pública.
El reo fue condenado a "cuatro años de internamiento en un
establecimiento especializado de trabajo". Desde entonces está preso
en la cárcel de Canaleta, no lejos de Morón; la provincia de Ciego
de Avila no tiene estos establecimientos, según las autoridades
penitenciarias.
Después de dictada la sentencia, se recurrió la misma y el
detenido inició una huelga de hambre que lo llevó en "celda
de castigo" (calabozo). El 22 de enero de 1999, cuando su familia estaba
visitándolo, se enteró de que se estaba celebrando la primera
audiencia del recurso de apelación. No lo convocaron y el abogado de la
familia fue sustituido por un abogado nombrado de oficio. El 27 de enero se le
informó al detenido en su celda que su recurso fuera denegado. Sus padres
abrieron entonces una demanda de revisión del proceso, presentando a
principios de febrero testimonios escritos de cinco vecinos en los que se
atestigua (ante notario) que Joel nunca fue conocido por abuso de alcohol ni por
trastorno del orden público de ninguna índole. Estos trámites
quedaron sin la más mínima respuesta. Las autoridades cubanas
sostienen incluso que desde entonces no ha habido ningún recurso a la
sentencia inicial.
Jesús Joel Díaz Hernández denuncia sus muy malas
condiciones de encarcelamiento (con detenidos de derecho común). Para
eliminar pulgas, insectos y roedores que infestan los calabozos, dice, las
autoridades penitenciarias proceden a fumigaciones sin sacar los detenidos de
las celdas. Cuando éstos protestan, se les administran sedativos. También
denuncia la ausencia de asistencia médica. En junio de 2000, sus padres,
tras haber quedado autorizados desde hace poco a visitarle cada 21 días,
tuvieron que sacar clandestinamente de la cárcel una muestra de su orina
para poder establecer un diagnóstico de hepatitis viral en un laboratorio
de la región para que pudiera recibir los cuidados sanitarios adecuados.
Por tanto, estaba sufriendo de mucha fiebre desde hacia ya algún tiempo.
"Joel Díaz es un delincuente [de derecho] común que se
vinculó con otros elementos antisociales que practicaban el tráfico
de drogas, el proxenetismo, el contrabando de personas y el hurto de ganado".
Escribió el 17 de abril de 2000 el ministro cubano de relaciones
exteriores, Felipe Pérez Roque. En los documentos entregados al detenido
no figura ninguna de estos cargos de acusación.
Joel Díaz y su familia estiman que, a través de este proceso "expeditivo"
y la grave sentencia dictada, las autoridades quisieron dar un golpe rápido
y "que sirva de ejemplo", con el fin de disuadir la juventud local a
lanzarse o persistir en el periodismo independiente.
Periodista profesional, corresponsal de la agencia Cuba Press en Holguín
(Este de Cuba), Manuel Antonio González Castellanos, de 43 años de
edad, regresaba en la noche del 1 de octubre de 1998 a su domicilio donde vive
en particular su madre, hija de Lidia Doce, la célebre "mensajera
del Che", durante la revolución. Detenido y provocado por un
funcionario del ministerio del Interior y por dos agentes de la seguridad del
Estado, el periodista se sulfuró y terminó responsabilizando a
Fidel Castro personalmente por este acoso incesante.
Manuel Antonio González Castellanos fue acusado inmediatamente de "desacato"
al Presidente. Sin noticias de él, a su familia le quitaron la línea
telefónica al día siguiente, mientras en el exterior se
desarrollaba a grandes redobles de tambor un "acto de repudio"
(miembros del Partido comunista que se atropan para gritar insultos o echar
piedras). Leonardo Varona González, sobrino del detenido y corresponsal
de la agencia Santiago Press, fue detenido por haber protestado contra la
detención de su tío escribiendo "¡Abajo Fidel!" en
los muros de la casa familiar. Fue condenado el 6 de mayo de 1999 a dieciséis
meses de detención (fue liberado en enero de 2000) y su tío a una
pena de treinta y un mes de prisión.
Dos meses después de su proceso, Manuel Antonio González
Castellanos fue trasladado a la cárcel de alta seguridad "Cuba sí"
de Holguín, llamada "cementerio de vivos" por las indignas
condiciones de detención que allí reinan. Desde entonces está
sufriendo de problemas respiratorios que persisten a pesar de su traslado a otra
cárcel de la provincia. Estuvo obligado a dormir incluso en el suelo
durante varios días.
El 26 de junio de 2000, protestando porque le habían confiscado sus
notas de trabajo en su celda, el detenido fue objeto de golpes y le enviaron en
celda de castigo durante diez días. Su familia, acosada sin cesar, teme
que sus problemas respiratorios no se traduzcan en tuberculosis, enfermedad que
padecen muchos prisioneros del mismo penitenciario.
Sobre su caso, el ministro de relaciones exteriores escribió el 17 de
abril de 2000, que se le había condenado por "provocar sérias
alteraciones al orden público".
Acusados de "propaganda enemiga"
Otros periodistas que se les dejaron en libertad vigilada están
esperando su proceso, a veces desde hace varios años. Además del "desacato"
al presidente y la "peligrosidad social", los cargos de acusación
más corrientes que se les oponen son los siguientes:
- "Asociación ilícita". La mayoría de las
agencias de prensa han presentado desde 1995 solicitudes de legalización
de sus estatutos dirigiéndose para ello al Ministerio cubano de Justicia,
conforme a lo previsto por la Constitución del país. Ninguna de
ellas recibió la más mínima respuesta.
- "Propaganda enemiga" o "colaboración con el enemigo".
Estos delitos que existían antes de la adopción de la ley 88,
apuntan a colaboraciones con radios norteamericanas.
- "Espionaje". Este delito se antepone a menudo cuando hay
periodistas que han tomado contacto, para pedir visado, con la Sección de
intereses norteamericanos de La Habana.
- "Difusión de noticias falsas".
Entre los reos, José Edel García Diaz, 55 años,
director de la agencia Centro Norte del País (CNP) está esperando
su proceso por cinco delitos ("desacato", "asociación ilícita",
"colaboración con el enemigo", "difusión de
noticias falsas" y "espionaje") y Oswaldo de Céspedes, ex
médico de hospital, director adjunto de la agencia Cooperativa de
periodistas independientes (CPI), está acusado desde 1995 de "asociación
ilícita" y de "propaganda enemiga". En común
tienen el haber escrito artículos sobre temas "sensibles" como
la contaminación, la energía nuclear y los peligros de
radioactividad o sobre las nuevas epidemias.
Agresiones, detenciones, decomisos y robos
Desde principios de 2000, hay por lo menos dos periodistas que fueron
agredidos por desconocidos: el 17 de enero, Mary Miranda, de la agencia Cuba
Press, perdió conocimiento después de haber recibido violentos
golpes en La Habana, y el 13 de mayo, Santiago Dubuchet, de la agencia Habana
Press, fue golpeado en la cabeza en un parque de la ciudad de Artemisa. Las seis
personas que se pusieron inmediatamente a su alrededor lo insultaron.
Desde principios de 1999, se vienen señalando más raramente "actos
de repudio". En cambio, la policía intenta cada vez con más
frecuencia impedir a los periodistas independientes que cubran los eventos "sensibles".
Los reporteros son víctimas de detenciones (desde principios del año
2000 se han señalado unas quince de estas detenciones que a veces duran
varios días), o residencias vigiladas. El 21 de julio de 2000 por
ejemplo, día del proceso (anunciado la víspera) de dos opositores
en Santiago, Luis Alberto Rivera Leyva, director de APLO (Agencia de prensa
libre oriental) fue detenido en su domicilio y liberado al final de la
audiencia. Las plazas disponibles para el público en la sala fueron
ocupadas por antelación por los miembros del Partido comunista o por las
fuerzas del orden civil. Los periodistas independientes de Santiago, que habían
escapado a la detención o a la residencia vigilada, no pudieron asistir a
los debates, pues la sala estaba completa.
En estas detenciones, durante las cuales se emiten por sistema amenazas,
suele ocurrir con frecuencia que se les decomise el material a los periodistas.
En Cuba, es posible ahora conseguir un fax o una computadora en las tiendas en dólares.
En cambio, es imposible comprar material de reprografía , como impresora
o fotocopiadora. Las personas que tienen medios – en dólares –
aprovechan sus contactos con empleados de embajadas o de empresas extranjeras
para obtenerlos por medio de ellos.
Los decomisos tienen a veces otras formas. El 31 de enero de 2000, robaron
el domicilio del periodista Juan González Febles unos desconocidos que se
llevaron su grabadora, diversas grabaciones y varios artículos. El miércoles
9 de agosto de 2000, una pareja que se presentó a las 21h y 30 minutos
-ambos como colaboradores de Cuba Press- al propietario de local de la agencia,
se llevó toda la documentación reunida por ésta (archivos,
revistas y diarios nacionales o extranjeros, diccionarios, libros, obras sobre
el periodismo publicadas por el diario español El País, cursos de
periodismo en español de la Universidad internacional de Florida, etc).
Como el propietario de la agencia, víctima de presiones de la policía,
había señalado a los periodistas de la agencia que tenían
que cambiar de residencia, éstos habían puesto en cajas toda esta
documentación en espera de encontrar un vehículo para llevárselas
hacia un nuevo local, en otro barrio de La Habana.
Intentos des descrédito y presiones sobre las familias.
Repentinamente, treinta periodistas independientes salieron de su anonimato
en Cuba el 1 de noviembre de 1999, justo antes de la Cumbre iberoamericana de La
Habana, cuando el presidente Fidel Castro citó los nombres de cada uno de
ellos en las ondas de dos canales nacionales. Riéndose de ellos, fueron
acusados de haber acudido a la Sección de intereses norteamericanos en la
capital a una velada organizada con motivo de la despedida de su responsable.
Cinco meses después, el 22 de abril de 2000, en una emisión
televisiva, los periodistas Raúl Rivero (el director de la agencia Cuba
Press fue recibido, entre otros disidentes, por los jefes de gobierno español
y portugués en la cumbre), Tania Quintero, Manuel David Orrio, Lucas
Garve, Jesús Zúñiga y Vicente Escobal fueron designados "líderes
contrarrevolucionarios". Sus nombres fueron publicados tres días más
tarde por Juventud Rebelde.
Estas tentativas de descrédito dan a veces en el blanco. "Tu
eres un hombre muerto para mí, tu ya no existes", le dijo su tío
a Oswaldo de Céspedes (subdirector de la agencia CPI) cuando oyó
que el Presidente había pronunciado su nombre en la televisión.
En cambio, otros periodistas han visto a sus vecinos y sus parientes dar pruebas
de ingeniosidad para protegerlos de la vigilancia policial o de los delegados de
los famosos Comités de defensa de la revolución (CDR), que existen
en cada cuadra de casas y están encargados entre otras cosas de la
delación.
Las familias o amigos de los periodistas también son a su vez víctimas
de represalias: no se cuentan los esposos, hermanos o hermanas de esos "contrarrevolucionarios"
que han perdido su empleo, porque se negaban a condenar o denunciar a los "culpables",
ni los miles de ajetreos y molestias a que están sometidos los padres o
hijos. "Todos los que tienen vínculos con un "antisocial"
sufren de algún modo represalias hasta que corten sus lazos y lo digan",
resume así Jorge Olivera Castillo, ex redactor del telediario cubano,
actual director de la agencia Habana Press, y Marvin Hernández (Cuba
Press), cuyas familias son particularmente víctimas de constante acoso.
El día de la fiesta de la madre, al hermano de Raúl Rivero, que
vive en Canadá, se le prohibió entrar en el territorio cubano, no
habiendo podido ver a su madre de 80 años más que una hora en el
aeropuerto de La Habana, sin haberle entregado los medicamentos y regalos que
llevaba para ella.
Por otra parte, varios periodistas han denunciado las recientes tentativas
policiales tendentes a "hacer cambiar" o dividir a los periodistas
independientes. El 15 de julio de 2000, Ricardo González, corresponsal de
RSF, fue detenido durante seis horas durante las cuales los policías
trataron de convencerle para que colaborase, hablando en particular de forma
difamatoria contra Raúl Rivero.
Acceso prohibido a Internet y a cualquier formación profesional
Las autoridades reprochan públicamente a los periodistas
independientes de "no tener ninguna formación". Al mismo
tiempo, impiden a aquellos que reclaman una (a la occidental) que reciban clases
u obras, decomisando su correo. Regularmente los periodistas independientes están
privados de línea telefónica (pinchados), como lo están sus
padres o amigos de donde llaman para transmitir sus artículos (via línea
internacional pasando por la operadora manual) y no tienen más medios
para acceder a Internet que los demás ciudadanos no privilegiados.
Los únicos dos servidores de la isla son el CENIAI, rama del
ministerio cubano de Ciencia y Tecnología, e Infocom, dependiente de la
sociedad mixta italo-cubana ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba,
S.A.). Los solicitantes tienen que tener alguna razón válida, a
los ojos de las autoridades, para presentar una solicitud. Las personas
individuales están obligadas a presentarse personalmente en la oficina
del Ministerio. Si la solicitud se acepta, firman un contrato con cláusulas
restrictivas. Así, está prohibida "la distribución de
información que no se ajuste a los principios morales de la sociedad
cubana, que no se cumpla con alguna de las legislaciones vigentes en el país".
Los intercambios electrónicos por su parte no deben "comprometer la
seguridad nacional".
Altos funcionarios gubernamentales, algunos investigadores o especialistas
(vigilados por sus jefes cuando navegan en su puesto de trabajo), así
como las empresas extranjeras representadas en Cuba tienen total acceso a
Internet. Los otros, incluyendo empresas cubanas exportadoras, tienen que
contentarse únicamente con su correo electrónico. Ya existe un
mercado negro de direcciones electrónicas a escala reducida, en beneficio
de muy raros ciudadanos cubanos que tienen una computadora personal. En
cualquier caso, los usuarios sospechan fuertemente que los servicios de
información lean sus mensajes electrónicos, pues los mensajes del
extranjero llegan a sus destinatarios varias horas después de que hayan
sido enviados o nunca llegan.
La gama de tarifas, que incluye un primer coste de inscripción que
varía entre 60 y 450 dólares, es compleja: los costes mensuales
van de 40 a 80 dólares para el sector no comercial, según
diferentes criterios.
En el centro de La Habana acaba de abrir un primer cibercafé en el
Capitolio, el antiguo parlamento. A razón de tres dólares por
media hora, es posible navegar por Internet o enviar mensajes electrónicos
desde una de las seis computadoras disponibles, pero este servicio está
reservado preferentemente a los turistas extranjeros. Es poco probable que los
periodistas independientes, a quienes está prohibida la biblioteca o los
archivos nacionales, sean bien venidos a ese cíber.
Por último, las autoridades ponen en duda la deontología de
las agencias de prensa. La mayoría de ellas han adoptado, desde 1995,
estatutos que definen estas normas y excluyen, en numerosos casos, la
pertenencia a un partido político u organización disidente. El 29
de agosto de 2000, tres periodistas suecos fueron detenidos después de
haber dirigido, la víspera, un seminario sobre el marco de trabajo de la
prensa sueca y la ética periodística, al que asistieron unos
veinte periodistas independientes. Birger Thureson, Peter Götell y Elena Söderquist
fueron expulsados y declarados "personae non gratae" después de
haber pasado tres días en un centro de detención de los servicios
de inmigración. Las autoridades los acusan de haber "alentado
acciones subversivas y contribuido a los intentos desesperados que desde EE UU
se han estado relizando". "Esperamos que nadie se haga ilusiones de
que tales actividades van a ser toleradas", concluyó Felipe Pérez
Roque, Ministro cubano de Relaciones Exteriores.
Sobrevivir en el miedo o exiliarse
En una isla donde el Estado es el único empleador, los periodistas
independientes, muy mal retribuidos por los centros que aceptan sus artículos
y jamás pagados por sus contribuciones en las radios americanas, cuentan,
como muchos cubanos, con el dinero enviado por su familia exiliada para
sobrevivir. Las autoridades cubanas, que siempre han preferido que los
disidentes abandonen el país (sin posibilidad de retorno), ejercen sobre
ellos grandes presiones para que se exilien. Algunos se niegan de manera
tajante. Otros, hartos de la represión, sobre todo cuando afecta a sus
allegados, piden un visado, corrientemente para los EE UU, pero también
para los países europeos o latinoamericanos. No todos lo consiguen.
En 1999 se han exiliado catorce periodistas independientes y desde
principios de 2000 diecinueve más. Entre 1993 y 1998 sólo había
diecisiete, según los datos que RSF ha podido recoger. Los directores de
las agencias descartan el supuesto de que una elevada cifra de "oportunistas"
se improvisen "periodistas independientes" para intentar beneficiarse
así de una "vía real" hacia el exilio. Achacan sobre el
acoso policial, los bajos recursos de los periodistas independientes en Cuba y
las pocas esperanzas que algún día exista en Cuba una vida mejor,
incluyendo a nivel profesional.
Conclusión y recomendaciones
Cuba es hoy por hoy el único país latinoamericano con gobierno
que, al decretar que la libertad de prensa debe ser "conforme a los fines
de la sociedad socialista", ejerce un control total sobre la información
que llega a la población. También es el único país
de la región donde se encarcela a periodistas.
Para mantener este estado de hecho, las autoridades cuentan no sólo
con la represión pura y dura sino también con el aislamiento
social de los periodistas independientes. El instrumental represivo de que
dispone el gobierno es variado: desde los decomisos de material y otras trabas
en el trabajo de los periodistas independientes, hasta su detención y
condena a grandes penas de prisión. El departamento de la seguridad de
Estado es el principal ejecutante de esta política que tiene la finalidad
de "dejar" a los periodistas la posibilidad de escoger entre la prisión
o el exilio.
Los periodistas independientes, privados de empleo, vigilados estrechamente
por los Comités de defensa de la revolución, acusados de ser "mercenarios
del imperio norteamericano" en los medios oficiales, son hoy por hoy
desconocidos de una franja importante de la población cubana, si bien
están premiados en el extranjero. El aumento de su número, la
multiplicación de los sitios Internet que difunden sus artículos y
el reconocimiento de que gozaron en la Cumbre iberoamericana de La Habana
demuestra, en cambio, que han conquistado un espacio a través de la
movilización internacional.
RSF pide a las autoridades de La Habana:
El reconocimiento de la libertad de prensa y de palabra sin restricción,
así como la legalización de las agencias de prensa por el
Ministerio de Justicia.
- La liberación de los tres periodistas encarcelados, que se levanten
las diligencias penales contra los periodistas y que se ponga fin a sus
detenciones.
- La derogación de la ley 88 en sus artículos atentatorios
contra las libertades. RSF recuerda que, en un documento fechado el 18 de enero
de 2000, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y
la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión
afirmó que "el encarcelamiento como condena de la expresión
pacífica de una opinión constituye una violación grave de
los derechos humanos".
- El fin del acoso y tentativas de intimidación dirigidas contra los
periodistas independientes.
- La firma y la ratificación del Pacto internacional relativo a los
derechos civiles y políticos.
RSF pide a los países miembros de la Unión Europea y a los países
del grupo Africa, Caribe y Pacífico (ACP):
- Que intervengan ante las autoridades cubanas a favor de la legalización
de las agencias de prensa, toda vez que el nuevo acuerdo UE-ACP, firmado el 23
de junio de 2000 en Cotonou (Benin), prevé una mayor participación
de la sociedad civil.
- Que intervengan ante las autoridades cubanas a favor de la liberación
de los tres periodistas detenidos.
RSF recomienda por otra parte a la prensa de los países democráticos:
- Que colabore con los periodistas independientes publicando en particular
sus crónicas y artículos. Además de un apoyo financiero,
esta colaboración representaría un reconocimiento de su trabajo y
permitiría romper el aislamiento que los enmarca.
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