Informe
anual 2004: CUBA
Reporteros
sin Fronteras, Mayo, 2004.
Cuba
Superficie : 110.860 km2.
Población : 11.271.000.
Idioma : español.
Naturaleza del Estado : república unitaria.
Jefe del Estado : Fidel Castro Ruz.
2003 quedará como
un año negro para la libertad de prensa
en Cuba. En una razzia entre las filas de
la disidencia, detuvieron a veintisiete
periodistas que posteriormente fueron condenados
a graves penas de cárcel. Desde entonces
se encuentran detenidos en condiciones que
sus familiares consideran inhumanas. Los
colegas que permanecen libres continúan
con sus actividades, aún a riesgo de correr
la misma suerte.
El año 2003 fue
un año negro para la libertad de prensa,
y para el conjunto de las libertades civiles
en Cuba. El 18 de marzo, en vísperas de
la ofensiva norteamericana en Irak, Fidel
Castro puso en marcha una oleada de detenciones
sin precedente, encerrando entre rejas a
75 disidentes (militantes de los derechos
humanos, sindicalistas, activistas políticos
pacifistas...), entre los que se encuentran
27 periodistas independientes.
A éstos les condenaron a penas que van de
14 a 27 años de cárcel, en unos procesos
sumarios, en los que se burló su derecho
a la defensa. Fueron inculpados bien en
aplicación de la Ley 88, bien por violación
del artículo 91 del código penal. La Ley
88, sobre "la independencia y la economía"
de Cuba, sanciona las "actividades
subversivas" que obedecen a los "intereses
imperialistas" de Estados Unidos. Castiga
en particular la colaboración con medios
de comunicación extranjeros. En cuanto al
artículo 91 reprime los "actos contra
la independencia y la integridad territorial
del Estado". De manera general, a los
periodistas les acusaron de hacer el juego
a Estados Unidos, publicando informaciones
que ofrecen una visión diferente de la que
da la prensa oficial. Sus artículos trataban
generalmente sobre la oposición (no reconocida),
las violaciones de los derechos humanos
o la vida cotidiana de los cubanos. Igualmente
se les acusó de frecuentar la Sección de
Intereses Norteamericanos (la representación
diplomática de Estados Unidos en La Habana),
calificada por el presidente Castro de "Estado
mayor de la contrarrevolución interna",
aunque nunca haya ordenado su cierre. Algunos
reconocidos periodistas independientes,
como Néstor Balaguer o Manuel David Orrio,
que se revelaron como agentes de la Seguridad
del Estado (policía política) infiltrados
entre la prensa independiente, actuaron
como testigos de cargo contra varios de
los acusados. De cargo igualmente el "material
subversivo" incautado en los domicilios
de los periodistas, ampliamente registrados :
máquinas de escribir, ordenadores, folios,
plumas estilográficas, magnetófonos...
Condenados a comienzos de abril, los periodistas,
y la totalidad de los disidentes detenidos,
fueron trasladados poco después a cárceles
que en ocasiones distan varios cientos de
kilómetros de sus domicilios. Las familiares
denunciaron "una segunda condena",
dado que los desplazamientos por la isla
son largos y costosos. Los presos se encuentran
en régimen de máxima severidad y solo están
autorizados a recibir visitas de sus familiares
una vez al trimestre (en lugar de cada tres
semanas). Varios de ellos han llevado a
cabo huelgas de hambre, para denunciar las
inhumanas condiciones de detención :
falta de higiene (presencia de ratas, cucarachas,
etc.), falta de cuidados médicos, execrable
alimentación, falta de acceso al agua, interceptación
de la correspondencia...Algunos, como Oscar
Espinosa Chepe, se encuentran gravemente
enfermos. Un trato "en regla con la
ética humanista de la Revolución",
según el embajador cubano en Francia. Para
protestar por su encarcelamiento, las esposas
de una treintena de disidentes desfilan
silenciosamente, todos los domingos, a la
salida de la iglesia de Santa Rita en La
Habana, vestidas de negro o blanco. Un combate
que frecuentemente les genera amenazas.
Aquella oleada de detenciones sorprendió
por su amplitud, y por el momento elegido :
Cuba parecía estar a punto de poder disfrutar
de los Acuerdos de Cotonou (que permiten
a 77 países de Africa, Caribe y Pacífico
-Grupo ACP- disfrutar de una ayuda económica
y un régimen de preferencia comercial de
la Unión Europea). Ocurrió en el momento
en que una franja, cada vez más importante
de la población, se niega a vivir con miedo.
Los disidentes, que eran apenas un puñado
hace diez años, hoy son varios cientos en
todo el país. Los promotores del Proyecto
Varela, una petición de la oposición (ilegal)
para que los cubanos puedan pronunciarse
sobre una revisión de la Constitución, recogió
11.000 firmas en 2002, y 14.000 en 2003.
Los periodistas independientes, por su parte,
crearon en diciembre de 2002 la revista
De Cuba, primer desafió al monopolio
estatal de la información desde los años
60. Su director, Ricardo González
Alfonso, que también es corresponsal
de Reporteros sin Fronteras, se encuentra
entre los periodistas detenidos.
La magnitud de la represión y la ejecución
de tres secuestradores de un ferry, con
el que intentaban llegar a la costa norteamericana,
provocaron fuertes reacciones en la comunidad
internacional. La imagen romántica de la
revolución de 1959, sabiamente mantenida
por La Habana, se vio severamente afectada.
Algunos de los apoyos tradicionales del
régimen castrista, como el escritor portugués
José Saramago, guardaron distancias. La
Unión Europea (UE) revisó su política de
cooperación con la isla, y adoptó algunas
sanciones. Entre otras cosas, decidió invitar
a algunos disidentes cubanos a las ceremonias
organizadas con ocasión de las fiestas nacionales.
Una medida que provocó la ira del gobierno
cubano, que desde entonces intenta dividir
a los Quince. En cambio, en América Latina,
los nuevos presidentes Lula (en Brasil)
y Néstor Kirchner (en Argentina), eligieron
ese momento para acercarse a La Habana,
cerrando los ojos a las violaciones de los
derechos humanos. En cuanto al presidente
Bush, partidario de una línea inflexible,
se declaró a favor de un endurecimiento
del embargo. Un embargo que desde hace mucho
tiempo se ha convertido en la coartada de
La Habana para justificar la represión,
e imponer una sujeción totalitaria a la
sociedad, y que sin embargo ha perdido mucho
de vigor en estos últimos años. Según cifras
oficiales cubanas, Estados Unidos se ha
convertido en el primer proveedor de productos
alimenticios del país, que ha comprado a
su "enemigo" por valor de 590
millones de dólares de compras desde 2001.
Para denunciar la represión y la censura
en Cuba, Reporteros sin Fronteras emprendió
varias acciones, pero chocó con la negativa
al diálogo de las autoridades. El 24 de
abril, unos militantes de la organización,
que se habían encadenado a las verjas de
la embajada cubana en París, fueron violentamente
golpeados, en territorio francés, por agentes
de la embajada armados con barras de hierro.
Las reacciones internacionales no han influido
en la línea adoptada por La Habana, que
sigue esgrimiendo la amenaza de una invasión
de Estados Unidos para justificar la represión.
Pero, aunque la oleada de detenciones golpeara
a importantes figuras de la disidencia,
ésta consiguió sobrevivir y los periodistas
que permanecen libres continúan con sus
actividades. Aunque se mantiene el acoso
contra ellos. Registros, "visitas"
de policías al domicilio, citaciones de
la Seguridad del Estado, presiones a las
familias, amenazas de nuevos procesos...
forman parte del arsenal de las autoridades,
para obligarles a dejar de informar. A Claudia
Márquez Linares, que participó en la
publicación de una edición de De Cuba
tras la detención de sus principales animadores,
le advirtieron que la encarcelarían si se
publicaba otro número. El gobierno consigue
así mantener un control absoluto sobre la
información que llega a los cubanos. El
Comité Central del Partido Comunista, a
través del Departamento de Orientación Revolucionaria
(DOR), controla televisiones, radios y prensa
escrita.
El gobierno no ha abandonado la idea de
desorganizar a la oposición. En agosto,
intentó desacreditar a Elizardo Sánchez,
responsable de organización de defensa de
los derechos humanos más importante, haciéndole
pasar por un agente de la policía política.
Desde entonces no ha dado ningún signo de
evolución positiva. Al contrario :
el 1 de enero de 2004 las autoridades anunciaron
"un nuevo año de batallas".
Treinta periodistas
encarcelados
El 18 de marzo de 2003, Pedro Argüelles
Morán, director de la agencia Cooperativa
Avileña de Periodistas Independientes
(CAPI), fue detenido en Ciego de Avila
(Centro). En su domicilio, la policía se
incautó de material (libros, radios, cámara
de vídeo...) que después utilizó en el proceso,
como cargo contra él, el 4 de abril. Al
término, Pedro Argüelles Morán fue condenado
a 20 años de cárcel, por violar la Ley 88
sobre "la independencia y la economía"
de Cuba. En la sentencia, los jueces le
acusan de publicar, durante los últimos
tres años, "967 denunicas de carácter
y contenido contrarrevolucionarios".
El periodista denunciaba regularmente los
atentados a los derechos humanos. También
le acusaron de haber mantenido contactos
con algunos diplomáticos norteamericanos
en La Habana. Pedro Argüelles Morán estuvo
detenido, en un primer momento, en una cárcel
de Santa Clara (a 160 km. de su domicilio).
El 21 de mayo informaron a su esposa, una
vez que había acudido al lugar para visitarle,
de que le habían trasladado a la cárcel
de Combinado del Este, en La Habana ;
es decir, a más de 400 km. de Ciego de Avila.
Pedro Argüelles Morán pertenecía a la disidencia
desde 1992, como militante de los derechos
humanos. Entró en las filas de la prensa
independiente en 1995. Está casado con Yolanda
Vera.
El 18 de marzo, Víctor Rolando Arroyo
Carmona, de 51 años, fue detenido en
su domicilio de Pinar del Río (Oeste), donde
era corresponsal de la agencia Unión
de Periodistas y Escritores Cubanos
Independientes (UPECI), desde 1996.
Fue condenado, a principios de abril, a
26 años de cárcel por "actos contra
la independencia y la integridad del Estado".
Colaboraba con el sitio cubanet.org
y la emisora Radio Martí, ambos con
sede en Florida. Dirigía también una biblioteca
independiente. Posteriormente fue trasladado
a la cárcel de Chafarina, en Guantánamo
(Este), situada a más de 1.000 km. de su
domicilio. En junio y julio su familia denunció
el empeoramiento de su estado de salud :
el periodista habría perdido entre 15 y
20 kilos. Padecía hipertensión arterial
y una enfermedad infecciosa, y no recibía
los cuidados requeridos por su estado de
salud. En agosto, su mujer, Elsa González
Padrón, anunció que renunciaba a las visitas
matrimoniales, para no sufrir los registros
corporales, extremadamente minuciosos. Hasta
1992, Víctor Rolando Arroyo Carmona trabajó
para el gobierno, como especialista de planificación,
antes de que le despidieran por divergencias
con su jerarquía, y le reclasificaran como
obrero agrícola.
El 20 de marzo, Mijail Barzaga Lugo,
de la Agencia Noticiosa de Cuba (ANC),
fue detenido en su domicilio de La Habana.
Quince días después, el 4 de abril, le juzgaron
junto con otros cinco acusados. Se le acusa
de publicar informaciones calificadas de
"subversivas y contrarrevolucionarias"
en varios sitios de Internet del exilio,
tales como cubanet.org, cubaliberal.org
y payolibre.com. El periodista está
acusado también de haber brindado, en algunas
entrevistas concedidas a Radio Martí,
"informaciónes parciales y engañosas
(…) en la linea con la politica que (...)
ha sido trazada por el gobierno norteamericano".
Mijail Barzaga Lugo está condenado a 15
años de cárcel, en aplicación de la Ley
88. A finales de abril le trasladaron al
centro penitenciario provincial de Villa
Clara, en la ciudad de Santa Clara, a 270
km. de La Habana, y después al de Guamajal,
en la misma provincia. En septiembre y octubre
le metieron varias veces en la celda de
castigo, porque protestó por las "inhumanas"
condiciones de detención.
El 19 de marzo, Carmelo Díaz Fernández,
director de la Agencia de Prensa Sindical
Independiente (APSIC) y militante
sindical, fue detenido en La Habana. De
65 años de edad, el 5 de abril le condenaron
a 15 años de cárcel, por "actos contra
la independencia y la integridad del Estado".
La sentencia precisa que se le considera
culpable de actividades que "poco a
poco ponen en peligro la independencia y
la soberanía de Cuba", y entre ellas
la publicación de artículos "distorsionando
la realidad cubana, conforme a los intereses
del imperialismo yanqui". El periodista
escribía esencialmente sobre las violaciones
de los derechos laborales. A finales de
abril, Carmelo Díaz Fernández fue trasladado
a la cárcel de Guanajay, en la provincia
de La Habana. Sus familiares han contado
que padece hipertensión arterial y una linfagitis
(inflamación de vasos linfáticos). Carmelo
Díaz Fernández, casado con Elisa García,
era miembro del buró ejecutivo del Consejo
Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC,
clandestino), presidente de la Unión Sindical
Cristiana de Cuba (fundada en 1995, también
clandestina), y se dedicaba al Centro Nacional
de Formación en Sindicalismo y Derecho del
Trabajo.
El 19 de marzo, Oscar Espinosa Chepe,
economista y periodista independiente, fue
detenido en su domicilio de La Habana. Le
juzgaron el 3 de abril, junto con otros
cinco disidentes, y le condenaron a 20 años
de cárcel, en aplicación de la Ley 88. Su
mujer, que asistió a la vista, calificó
el proceso de "auténtica farsa".
"Los acusados solo han tenido acceso
al abogado pocas horas antes de la apertura
del juicio. Toda la acusación es un montaje.
Incluso, las sentencias estaban decididas
antes del juicio", explica. El tribunal
acusa al periodista de "escribir artículos
y brindar información falseada y tergiversada
de la realidad cubana, sobre todo del punto
de vista económico, entregando estos artículos
a revistas y periódicos de corte subversivo
y contrarrevolucionario". Oscar Espinosa
Chepe, de 62 años, fue trasladado a finales
de abril a la cárcel de Chafarina, en Guantánamo
(Este), a más de 900 kilómetros de La Habana.
Gravemente enfermo, le trasladaron al hospital
militar Carlos J. Finlay, como resultado
de una gran movilización internacional puesta
en marcha por iniciativa de su mujer, Miriam
Leiva. Ex economista oficial, rompió con
el régimen en 1992. Participó en diferentes
iniciativas de la oposición, para una transición
democrática. Desde 1998 publicaba sus artículos
en el sitio cubanet.org, y presentaba
un programa semanal en Radio Martí.
Miembro de la Sociedad Manuel Márquez Sterling,
había colaborado en la revista disidente
De Cuba.
El 19 de marzo, Alfredo Felipe Fuentes,
periodista independiente, fue detenido en
su domicilio de Artemisa (Oeste de La Habana),
tras un registro en el que incautaron, entre
otras cosas, su máquina de escribir, un
magnetófono y dos plumas estilográficas.
El 7 de abril fue condenado a 26 años de
cárcel, por actos contra "la independencia
y la integridad del Estado" (artículo
91 del código penal). Se le acusa, entre
otras cosas, de haber transmitido a Radio
Martí informaciones relativas a las
manifestaciones organizadas por la oposición,
no reconocida por las autoridades. A finales
de abril le trasladaron a la cárcel de Guamajal
(provincia de Santa Clara), a más de 300
kilómetros de su domicilio. Le situaron
en régimen de máxima severidad. Su mujer,
Loida Valdés González, está preocupada por
sus condiciones de detención (mala alimentación,
aislamiento, mal estado de la celda), y
por su estado de salud (el periodista padece
hipertensión y sacrolumbalgia). Ex periodista
deportivo de la prensa oficial, Alfredo
Felipe Fuentes entró en la disidencia en
1992. Es también miembro de un sindicato
ilegal y promotor del Proyecto Varela.
El 19 de marzo, Juan Adolfo Fernández
Saínz, periodista de la agencia Patria
y corresponsal en La Habana de la agencia
rusa de derechos humanos Prima News,
fue detenido en La Habana al término de
un registro, de más de ocho horas, en su
domicilio. Entre otras cosas los policías
se incautaron de su máquina de escribir.
El periodista, que también colabora con
periódicos suecos, fue juzgado el 4 de abril
en La Habana, y condenado a 15 años de cárcel,
en aplicación de la Ley 88. Se le acusa,
entre otras cosas, de publicar artículos
"subversivos" en la página Web
nueveprensa.org, y de conceder entrevistas
a Radio Martí. A finales de abril
trasladaron a Juan Adolfo Fernández Saínz,
de 54 años de edad, a la cárcel de Holguín,
a 730 kilómetros de la capital. En tres
ocasiones llevó a cabo una huelga de hambre,
para protestar por sus condiciones de detención,
y especialmente por las restricciones del
derecho de visita (su mujer solo puede verle
cada tres meses), y la falta de acceso a
cuidados médicos. El 6 de diciembre, poco
después de que le trasladaran a una celda
con presos comunes, uno de ellos le golpeó
violentamente en la cara. Ex intérprete
de las agencias oficiales del Estado cubano,
Juan Adolfo Fernández Sainz fue despedido,
por sus opiniones políticas, en 1994. Al
año siguiente se unió a la prensa independiente,
especializándose en temas políticos, sociales
o religiosos. Casado con Julia Núñez Pacheco,
tienen una hija, Joana.
El 18 de marzo, Miguel Galván Gutiérrez,
de la agencia Havana Press, fue detenido
en el pueblo de Güines, donde reside (provincia
de La Habana). El periodista, de 38 años,
fue condenado a principios de abril, por
el tribunal de Artemisa (Oeste de La Habana),
a 26 años de cárcel, en aplicación del artículo
91 del código penal. En el juicio, dos agentes
infiltrados en la disidencia testimoniaron
contra el periodista. Posteriormente fue
trasladado a la cárcel de Agüica, situada
en Colón (provincia de Matanzas), donde
le pusieron en una celda de aislamiento.
A causa de una deshidratación, perdió ocho
kilos en las siguientes semanas. A finales
de junio, sus familiares se quejaban de
que les interceptaban la correspondencia.
En varias ocasiones le sancionaron, por
sacar informaciones sobre sus condiciones
de detención o protestar contra ellas, efectuando
huelgas de hambre. Entonces le llevaron
a una celda de aislamiento, en la que no
hay ni agua, ni electricidad. Ingeniero
de formación, Miguel Galván Gutiérrez es
también militante de un sindicato, no reconocido
por las autoridades. Participó en la recogida
de firmas para el Proyecto Varela.
El 19 de marzo por la mañana, Julio César
Gálvez Rodríguez, periodista independiente,
fue detenido en su domicilio de La Habana,
al final de un registro que comenzó la víspera
a primeras horas de la tarde. Le embargaron
todo su material de periodista. A principios
de abril, el tribunal provincial popular
de La Habana le condenó a 15 años de cárcel,
en aplicación de la Ley 88. Se le acusó
de tener relaciones con medios de comunicación
extranjeros, y por algunos artículos de
carácter "subversivo", destinados
a "desestabilizar y destruir desde
adentro a la Revolución cubana". El
periodista, de 58 años, colaboraba con publicaciones
cubanas del exilio, o con periódicos con
sede en Florida. El 26 de abril le trasladaron
a la cárcel de Villa Clara, en la ciudad
de Santa Clara (a 270 km. de La Habana).
Varias veces, su mujer, Beatriz del Carmen
Pedroso, ha transmitido algunas informaciones
que ha conseguido sacar de la cárcel, y
que frecuentemente tratan de sus malas condiciones
de detención. En octubre denunció, entre
otras cosas, la execrable calidad de la
comida, la obligación que tiene de salir
a la hora del día en que hace más calor,
y se quejó de problemas de hipertensión
arterial, para los que no recibe el tratamiento
necesario. También padece cólicos nefríticos,
dolores lumbares y artrosis. Ex empleado
de una compañía de autobuses y profesor
de educación física, y después periodista
deportivo y cultural de la prensa oficial,
Julio César Gálvez Rodríguez se unió a la
prensa independiente en julio de 2001, después
de que le despidieran a causa de las relaciones
que mantenía con el Consejo Unitario de
los Trabajadores Cubanos (CUTC), una organización
sindical no reconocida por las autoridades.
El 18 de marzo, Edel José García Díaz,
fundador y director de la agencia Centro
Norte del País, fue detenido
en La Habana y luego condenado a 15 años
de cárcel, en aplicación de la Ley 88 de
colaboración con Estados Unidos. Le acusaron
de colaborar con Radio Martí, y con
sitios de Internet con sede en Florida,
así como de participar en la realización
de el boletín de periodistas independientes
Expresión Libre, publicado en Cuba.
En su juicio fueron testigos de cargo dos
periodistas disidentes, que resultaron ser
agentes de la Seguridad del Estado infiltrados.
A finales de abril trasladaron a Edel José
García Díaz a la cárcel de Boniato, en Santiago
de Cuba, una ciudad situada a 850 kilómetros
de La Habana. A mediados de octubre se supo
por su mujer, María Margarita Borges, que
el periodista sufre de próstata, problemas
oculares, hemorroides y un quiste renal.
Licenciado en filología, Edel José García,
de 54 años, era periodista independiente
desde hacía mucho tiempo. Ya en 1997 recibió
presiones de un oficial, para que renunciara
a sus actividades periodísticas.
El 18 de marzo, unos agentes de la Seguridad
del Estado detuvieron a José Luis García
Paneque, de la agencia Libertad,
con sede en la provincias de Las Tunas (Este).
El 4 de abril fue condenado a 24 años de
cárcel. Según su esposa, Yamilé Yáñez Labrada,
le acusaron de "servir a potencias
extranjeras". En el registro de su
domicilio los policías se incautaron de
un fax, una máquina de escribir, un receptor
de radio y numerosos documentos. También
se llevaron medicinas y cuatro estetoscopios.
Médico en Las Tunas, José Luis García Paneque
fue incluso cirujano en el hospital Ernesto
Che Guevara, de donde le despidieron. En
las semanas que siguieron a su internamiento
en la cárcel El Típico, en Las Tunas, perdió
mucho peso. A finales de octubre se supo
que el periodista estaba sufriendo la segunda
crisis de claustrofobia. Según un detenido
de una celda vecina, el periodista "se
golpea la cabeza contra las paredes, llora
mucho y ha dejado de comer". José Luis
García Paneque se encuentra en tratamiento
con psicotrópicos pero el aislamiento, la
mala alimentación y el régimen de visitas
a que le han sometido para ver a sus hijos
y a su esposa (una vez cada tres meses),
le resultan insoportables. Antes de su detención
también dirigía una biblioteca independiente.
El 18 de marzo, Ricardo González Alfonso,
de 52 años, fue detenido en su domicilio.
Corresponsal de Reporteros sin Fronteras
en La Habana desde 1998, todas las semanas
informaba a la organización sobre los atentados
a libertad de prensa en la isla. En mayo
de 2001, junto con su amigo Raúl Rivero,
creó la Sociedad Manuel Márquez Sterling,
para formar a los periodistas independientes,
que frecuentemente son autodidactas. En
diciembre de 2002 creó el bimestral De
Cuba. Era la primera vez que unos periodistas
independientes, reducidos hasta entonces
a enviar sus artículos al extranjeros, intentaban
romper el monopolio informativo impuesto
por el Partido Comunista a la población.
Ricardo González fue juzgado el 4 de abril,
con Raúl Rivero, y condenado a 20 años de
cárcel, por "actos contra la independencia
y la integridad del Estado" (artículo
91 del código penal). Entre los ocho testigos
de cargo, algunos vecinos y dos reconocidos
periodistas disidentes, que se revelaron
como agentes de la Seguridad del Estado
infiltrados en la oposición. A finales de
abril Ricardo González fue trasladado a
la cárcel "Kilo 8" de Camagüey,
a más de 500 kilómetros de La Habana. Le
pusieron en detención de "alto rigor".
En noviembre, estuvo hospitalizado durante
poco tiempo, por problemas de salud. Su
mujer, Alida Viso Bello, acusa a las autoridades
de no quererle efectuar los exámenes que
exige el estado de salud de su marido. El
6 de noviembre le trasladaron, dentro de
la cárcel, a una celda compartida con presos
comunes. Después de que le robaran sus pertenencias,
llevó a cabo una huelga de hambre del 8
al 24 de diciembre, para reclamar que le
trasladaran a otra celda con individuos
menos agresivos, lo que consiguió.
El 20 de marzo, Alejandro González Raga,
periodista independiente, fue detenido en
su domicilio de Camagüey (Este). El tribunal
provincial de la ciudad le juzgó el 4 de
abril, junto con otros tres periodistas.
Acusado de colaborar con la prensa extranjera
y de haber efectuado visitas a la Sección
de Intereses Norteamericanos de La Habana,
le condenaron a 14 años de cárcel, en aplicación
del artículo 91 del código penal. Está acusado
de haber puesto en peligro "la integridad
del territorio", publicando informaciones
sobre temas considerados "muy sensibles",
tales como "las carencias derivadas
de la crisis económica, las relaciones con
otros Estados, (...) los programas televisivos,
(...) el presupuesto de educación".
Tras su condena, Alejandro González Raga,
de 45 años, fue trasladado a la cárcel de
Canaleta, en Ciego de Avila, ciudad situada
a un centenar de kilómetros de su domicilio
de Camagüey. El periodista, casado con Berta
Bueno Fuentes, participo en la recogida
de firmas para el Proyecto Varela.
El 18 de marzo, Iván Hernández Carrillo,
corresponsal de la agencia Pátria
en Morón (provincia de Matanzas), fue detenido
por la Seguridad del Estado. Juzgado a principios
de abril, le condenaron a 25 años de cárcel,
en aplicación de la Ley 88. Posteriormente
fue trasladado a la cárcel provincial de
Holguín, donde está detenido junto con otros
seis disidentes. Sometido a régimen de máxima
severidad, se encuentra confinado en una
celda individual, en la que las visitas
familiares se han limitado a una cada cuatro
meses, y le han negado las visitas conyugales.
A mediados de octubre inició una huelga
de hambre, después de que le llevaran a
una celda de castigo por protestar por la
negativa de las autoridades carcelarias
a proporcionarle los cuidados que precisa
su hipertensión arterial. Iván Hernández
Carrillo, de 32 años, también actuaba en
varias organizaciones, sindicales o políticas,
no reconocidas por las autoridades. Militó
activamente en el Proyecto Varela, e instaló
una biblioteca independiente en su casa.
El 24 de marzo, Normando Hernández González,
director de la agencia Colegio de
Periodistas Independientes de Camagüey
(CPIC), fue detenido en Camagüey, tras
un infructuoso primer intento de detenerle,
el 18 de marzo ; desde entonces estaba
escondido. Le juzgaron junto con otros tres
periodistas, el 4 de abril, y le condenaron
a 25 años de cárcel, por violación del artículo
91 del código penal. La acusación calificó
sus actividades periodísticas de "muy
peligrosas socialmente", y le acusó
de querer "crear las condiciones necesarias
para la intervención armada de una potencia
extranjera", con sus artículos para
el sitio cubanet.org, o sus intervenciones
en Radio Martí. También está
acusado de que le pagaban sus crónicas desde
Estados Unidos. Normando Hernández González
fue trasladado a la cárcel de Boniato, en
Santiago de Cuba. Cuando su mujer, Yarai
Reyes Marín, consiguió visitarle tuvo que
sufrir un minucioso registro, que calificó
de "humillación". En agosto, el
periodista efectuó una huelga de hambre,
junto con otros presos políticos, para protestar
por las condiciones de detención :
falta de higiene (presencia de ratas, cucarachas,
pulgas, mosquitos), alimentación execrable
e incluso podrida, reducción de las visitas
familiares, confinamiento en una celda individual
permeable al agua...Para romper la huelga,
las autoridades le trasladaron a la cárcel
"Kilo 5,5", en la provincia de
Pinar del Río, a 700 kilómetros de su familia.
A finales de diciembre se supo que le habían
encerrado en una celda de castigo, por negarse
a llevar el uniforme de recluso. De 32 años
de edad, Normando Hernández González, tiene
una hija pequeña.
El 19 de marzo, Juan Carlos Herrera Acosta,
de la Agencia de Prensa Libre Oriental
(APLO), fue detenido en Guantánamo
(Este). En el juicio, celebrado el 3 de
abril, le acusaron de enviar informaciones
falsificadas, o trucadas, a diferentes medios
de comunicación o sitios de Internet, con
sede en Estados Unidos y Guatemala, para
"desacreditar" y "desestabilizar"
al régimen. Juan Carlos Herrera Acosta fue
condenado a 20 años de cárcel, en aplicación
de la Ley 88. Internado primero en la cárcel
de Boniato, en Santiago de Cuba (Este),
las autoridades le enviaron posteriormente
a la cárcel "Kilo 8" (provincia
de Camagüey), intentando así romper la huelga
de hambre que había iniciado con otros presos
políticos, para protestar por sus condiciones
de detención. A principios de noviembre
le trasladaron a la cárcel "Kilo 7"
(en la misma provincia), donde está internado
junto a presos comunes. A finales de diciembre,
el periodista se quejó de la mala alimentación
que recibía y de las deplorables condiciones
higiénicas que, según él, son la causa de
sus problemas de despigmentación de la piel.
También protestaba porque las autoridades
no le habían querido entregar las medicinas,
ropas y cartas, enviadas por su familia.
Juan Carlos Herrera Acosta, que tenía 36
años en el momento del proceso, también
es miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes
por la Democracia y de la Asociación para
Presos Políticos Pedro Luis Boitel, dos
grupúsculos ilegales. Entre 1997 y 2001
ya cumplió una condena de cuatro años de
cárcel, por intentar salir ilegalmente del
país. Está casado con Ileana Danger Hardy.
El 18 de marzo fue detenido en su domicilio
José Ubaldo Izquierdo Hernández,
corresponsal de la agencia Grupo de Trabajo
Decoro en Güines (provincia de La Habana).
El 7 de abril, un tribunal de La Habana
le condenó a 16 años de cárcel, por violación
del artículo 91 del código penal. El periodista
era conocido por sus artículos, publicados
en el sitio cubanet.org, sobre cuestiones
de medio ambiente y salud pública. A finales
de abril le trasladaron a la cárcel "Kilo
5,5", en la provincia de Pinar del
Río, a cerca de 200 kilómetros de su casa.
El 27 de junio se hirió al caerse por una
escalera cuando le llevaban, trabado, al
paseo. A principios de octubre se supo que
habían empeorado sus condiciones de detención.
El periodista se quejaba del registro humillante
a que someten a su mujer, cuando le visita.
De 37 años de edad en el momento del proceso,
José Ubaldo Izquierdo Hernández también
había abierto una biblioteca independiente
en su domicilio, donde los vecinos podían
llevarse sus libros, en préstamo.
El 18 de marzo, Héctor Fernando Maseda
Gutiérrez, de la agencia Grupo de
Trabajo Decoro, fue detenido
en su domicilio de La Habana. Juzgado el
3 de abril, le acusaron de difundir informaciones
en la página Web cubanet.org, la
revista Perfiles liberales (publicada
por la Fundación alemana Freidrich Naumannn)
y también en la revista Encuentro,
publicada en España, así como de participar
en programas de Radio Martí. Su mujer
denunció que no se respetó el derecho a
la defensa, subrayando que su marido no
pudo ver a su abogado hasta pocas horas
antes de la vista. Condenado a 20 años de
cárcel, fue posteriormente trasladado a
la cárcel de Villa Clara, en Santa Clara,
una ciudad situada a 270 kilómetros al este
de la capital. Desde entonces, el periodista
y su mujer han denunciado que les interceptan
el correo y que las autoridades se niegan
a darle las medicinas que necesita. Tiene
una enfermedad de la piel y varias alergias.
Con 60 años y casado con Laura Pollán Toledo,
Héctor Fernando Maseda Gutiérrez es también
vicepresidente del Partido Liberal Democrático,
un partido político ilegal. Ex ingeniero
nuclear, le despidieron por "incorrección
ideológica" a finales de los años 90.
El 19 de marzo fue detenido en Camagüey
Mario Enrique Mayo Hernández, director
de la agencia Félix Varela. Juzgado
el 4 de abril por la sala especial de delitos
contra la Seguridad del Estado, junto con
otros tres periodistas, fue condenado a
20 años de cárcel por violación del artículo
91 del código penal. Está acusado de publicar
artículos "subversivos" en el
sitio nuevaprensa.org, y de ser un
activo colaborador de Radio Martí.
Un agente de la Seguridad del Estado infiltrado
en la disidencia testimonió que el periodista
había consultado Internet en los locales
de la Sección de Intereses Norteamericanos
de La Habana. El 24 de abril, Mario Enrique
Mayo Hernández fue trasladado a la cárcel
provincial de Holguín, a más de 200 kilómetros
de su domicilio, donde estuvo sometido a
régimen de máxima severidad. Padece hipertensión
arterial y hemorragias. En la visita del
15 de agosto su mujer, Maydelin Guerra Alvárez,
fue obligada a desnudarse casi completamente.
Un registro que ella calificó de "humillación
voluntaria". No dejaron que le entregara
una cesta con provisiones. A mediados de
octubre, Mario Enrique Mayo Hernández llevó
a cabo una huelga de hambre con otros presos
políticos, para protestar contra el encierro
en el calabozo de un detenido que se había
quejado de no recibir tratamiento para su
hipertensión. El 8 de noviembre le trasladaron
a una cárcel de Santiago de Cuba, donde
se encuentra internado junto a presos comunes.
Desde entonces teme permanentemente ser
víctima de la violencia de éstos, a los
que las autoridades utilizan frecuentemente
contra los presos políticos. Abogado de
formación, Mario Enrique Mayo Hernández,
de 38 años, fue despedido por sus convicciones.
Creó la agencia Félix Varela en 2001.
El 18 de marzo, Jorge Olivera Castillo,
director de la agencia Havana Press,
fue detenido en su domicilio de La Habana.
El 5 de abril le juzgaron con otros tres
periodistas. Dado que sus artículos para
el sitio nuevaprensa.org, o la revista
española Encuentro, se consideran
como actos "contra la independencia
nacional y la economía de Cuba" (Ley
88), le condenaron a 18 años de cárcel.
Se le acusa igualmente de recibir material
(máquina de escribir, cámara super 8, cintas
de vídeo y cassettes de audio) de diplomáticos
norteamericanos ; un material que fue
embargado en el registro de su domicilio.
Junto con los demás acusados, Jorge Olivera
Castillo, de 41 años, reconoció los hechos,
afirmando que quería ejercer un "periodismo
sin censura al servicio de la verdad".
A finales de abril fue trasladado a la cárcel
de Chafarina (provincia de Guantánamo),
situada a más de 900 kilómetros de su domicilio.
Según su mujer, en las semanas siguientes
perdió más de 15 kilos. Afectado por una
enfermedad del colon, tiene constantes hemorragias
gastrointestinales. Diplomado del Instituto
Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Jorge
Olivera Castillo fue durante diez años redactor
del informativo televisivo. En 1992 le detuvieron,
durante tres días, cuando intentaba salir
clandestinamente de la isla. Entonces se
unió a la disidencia y después fundó, en
1995, con otros dos periodistas, la agencia
Havana Press, que dirigía desde entonces.
Está casado con Nancy Alfaya Hernández.
El 19 de marzo, Pablo Pacheco Avila,
de la agencia Cooperativa Avileña de
Periodistas Independientes (CAPI),
fue detenido en su domicilio de Ciego de
Avila, en la provincia del mismo nombre
(Centro). De 33 años de edad, el periodista
fue juzgado a principios de abril, junto
con Pedro Argüelles Morán, por el tribunal
provincial popular de Ciego de Avila. Está
acusado de publicar informaciones "que
maliciosamente tergiversaban la realidad
cubana e instaban la indisciplina social,
así como a crear un ambiente de conflictos
y desobediencia civil " .
Como prueba de cargo, sus acusadores recordaron
563 intervenciones en Radio Martí.
A Pablo Pacheco Avila le condenaron a 20
años de cárcel, por violación de la Ley
88. Después le trasladaron a la cárcel de
Agüica, situada en Colón (provincia de Matanzas),
a más de 200 kilómetros de su casa. En noviembre
se supo que ha perdido once kilos y padece
problemas de estómago e hipertensión arterial.
Sus condiciones de detención son difíciles :
nunca ve la luz del día, le han negado la
asistencia de capellán y la alimentación
es incompatible con los medicamentos que
tiene que tomar. Después de hacer estudios
deportivos, Pablo Pacheco Avila entró en
la ilegalidad ingresando en el Partido Solidaridad
Democrática y en la agencia de prensa Patria,
de donde se marchó para ir a la CAPI.
Está casado con Oleivis García Echemendia.
El 19 de marzo, Fabio Prieto Llorente,
director de la Agencia de Prensa Independiente
Isla de Pinos, fue detenido en la
Isla de Pinos, o Isla de la Juventud (Sudoeste).
A principios de abril le condenaron a 20
años de cárcel, cuando el fiscal había solicitado
15 años. Está acusado de actos "contra
la independencia y la integridad territorial
del Estado" (artículo 91 del código
penal). El periodista enviaba regularmente
sus informaciones, sobre los atentados a
los derechos humanos en la Isla de la Juventud,
a la agencia Havana Press, y a la
antigua página Web cubafreepress.org.
Posteriormente le trasladaron a la cárcel
de Guanajay (provincia de La Habana), donde
está internado junto a presos comunes, que
le han robado sus pertenencias. En el verano
estuvo en una celda de castigo, por "ofender"
a un guardián.
El 19 de marzo fue detenido en Camagüey
(Este) Alfredo Pulido López, de la
agencia El Mayor. Le juzgaron el
4 de abril, junto con otros tres periodistas
independientes, en el tribunal provincial
popular de Camagüey, y le condenaron a 14
años de cárcel, por violación del artículo
91 del código penal. Está acusado de publicar
"artículos tendenciosos" y de
tener en su agenda los contactos de medios
de comunicación extranjeros y diplomáticos
norteamericanos. Alfredo Pulido López, que
tenía 42 años cuando se celebró el juicio,
fue trasladado a finales de abril a la cárcel
Combinado del Este, en La Habana. Internado
en una celda de aislamiento, padece hipoglucemia.
Médico de formación, es también activista
del Movimiento Cristiano de Liberación (una
organización no reconocida por las autoridades),
en el que militaba en favor del Proyecto
Varela. Alfredo Pulido López está casado
con Rebeca Rodríguez Souto.
El 20 de marzo, la Seguridad del Estado
detuvo a Raúl Rivero Castañeda, fundador
y director de Cuba Press, en su domicilio
de la calle Peñalver, en La Habana. A este
hombre, mascarón de proa de la prensa independiente,
le juzgaron el 4 de abril junto con Ricardo
González Alfonso. Ambos fueron condenados
a 20 años de cárcel, por violación del artículo
91 del código penal. En el proceso actuaron
como testigos de cargo dos agentes de la
Seguridad del Estado, infiltrados en la
prensa independiente ; uno de ellos,
Néstor Baguer, acusaba además a Raúl Rivero
de ser alcohólico. Está acusado sobre todo
de haber escrito artículos "tendenciosos"
en algunas publicaciones extranjeras. "No
conspiro, escribo", se defendió el
periodista. El 28 de abril le trasladaron
a la cárcel de máxima severidad de Canaleta,
cerca de Ciego de Avila ( a 430 kilómetros
al este de La Habana). Tras haber empeorado
netamente, la salud del periodista, que
ha perdido 20 kilos desde agosto, mejoró
para estabilizarse después. En septiembre
las autoridades le negaron el derecho a
casarse religiosamente con Blanca Reyes,
su mujer, con la que ya está casado civilmente.
Ex periodista de la prensa oficial, nacido
en noviembre de 1945, Raúl Rivero Castañeda
rompió con el régimen en 1991. Creó Cuba
Press en 1995. Es también un poeta de
fama internacional.
El 18 de marzo fue detenido en La Habana
Omar Rodríguez Saludes, reportero
gráfico y director de la agencia Nueva
Prensa. El 5 de abril le condenaron
a 27 años de cárcel, la condena más grave
impuesta a un periodista independiente.
Está acusado de atentar contra la independencia
y la integridad del Estado (artículo 91
del código penal). Escribió numerosos artículos
sobre el acoso y la represión que padecen
los opositores del régimen, y colaboró en
el lanzamiento de la revista disidente De
Cuba. A finales de abril fue trasladado
a la cárcel de Camagüey, a más de 500 kilómetros
de la Habana, y de los suyos. A finales
de noviembre, su esposa Ileana Marrero Jova,
estaba preocupada por sus condiciones de
detención y de salud. En diciembre fue trasladado
a la cárcel de Nieves Morejón, en Cabaiguán
(provincia de Sancti Spiritus). Tiene problemas
renales. Omar Rodríguez Saludes, de 37 años
y casado con Ileana Marrero Joa, es uno
de los pioneros de la prensa independiente.
Comenzó en 1995 como colaborador de la agencia
BPIC, antes de unirse a Nueva
Prensa. Se considera un fotógrafo "ciego",
porque solo muy pocas veces ha podido ver
sus fotos publicadas en el extranjero.
El 20 de marzo, Omar Moisés Ruiz Hernández,
de la agencia Grupo de Trabajo Decoro,
fue detenido por la Seguridad del Estado
en Villa Clara (provincia de Santa Clara,
Centro). A principios de abril fue condenado
a 18 años de cárcel, por "actos contra
la independencia y la integridad del Estado"
(artículo 91 del código penal). Se le acusa
de haber colaborado con el sitio nuevaprensa.org
y Radio Martí, y de haber cobrado
por esos artículos, en los que entre otras
cosas denunciaba los atentados a los derechos
humanos. Trasladado al centro penitenciario
provincial de Guantánamo, está detenido
en una celda individual. Frecuentemente
le interceptan la correspondencia, y a veces
le prohíben realizar llamadas telefónicas.
Omar Moisés Ruiz Hernández tiene 56 años
y está casado con Bárbara Rojo Arias ;
es también militante del ilegal Partido
Solidaridad Democrática.
El 19 de marzo, Manuel Vázquez Portal,
de la agencia Grupo de Trabajo Decoro,
fue detenido en su domicilio de La Habana.
El 4 de abril le juzgaron, junto con otros
tres periodistas, y le condenaron a 18 años
de cárcel, por violación de la Ley 88. Sus
acusadores recordaron los artículos publicados
en el sitio cubanet.org, y las intervenciones
en Radio Martí. Posteriormente le
trasladaron a la cárcel de Boniato (provincia
de Santiago de Cuba, Este), situada a más
de 800 kilómetros de La Habana. A finales
de agosto inició una huelga de hambre, con
varios presos políticos, para protestar
por las condiciones de detención. Entre
otras cosas denunciaban la falta de higiene
(ratas, mosquitos, moscas y cucarachas en
abundancia), la alimentación insuficiente
y la falta de cuidados médicos para los
presos enfermos. Para romper ese movimiento
de contestación, las autoridades le trasladaron,
a principios de septiembre, a la cárcel
de Aguadores, cerca de la ciudad de Santiago
de Cuba. El periodista dejó la huelga de
hambre cuando llegó a pesar 49 kilos. De
52 años de edad, Manuel Vázquez Portal es
un ex periodista de la prensa oficial. También
escritor, perteneció a la UNEAC (asociación
oficial de escritores y artistas), de donde
le expulsaron en 1995 por sus opiniones
disidentes. Se convirtió entonces en una
de las grandes figuras de la prensa independiente,
gracias a su pluma ágil y a su humor. Está
casado con Yolanda Huerga Cedeño.
Tres periodistas
detenidos antes de 2003, continuaban detenidos
el 1 de enero de 2004.
El 28 de enero de 2003, Elena María González,
la mujer de Carlos Alberto Domínguez,
de la agencia independiente Cuba Verdad,
pudo visitar a su marido en la cárcel de
"máxima severidad" de Valle Grande,
a 60 kilómetros de la capital. Según la
entrevista que concedió a la revista Carta
de Cuba, publicada en la primavera de
2003, el periodista y militante político
no ha cambiado, y tiene la moral alta. Tres
meses después de su detención renunció a
un abogado, porque no le dejaban verle y
no tenía acceso a su dossier. El periodista
ha estado hospitalizado en varias ocasiones,
para tratarle una hipertensión arterial
y migrañas. El 13 de octubre fue trasladado
a la cárcel de Combinado del Este (La Habana),
por participar en una huelga de hambre efectuada
por presos políticos, para protestar por
la violencia infligida a tres de ellos.
El 5 de noviembre de 2003 se supo que tiene
problemas cardiovasculares. Fue detenido
el 23 de febrero de 2002, en su domicilio
de La Habana, por cuatro agentes de la Seguridad
del Estado, en la víspera de una misa conmemorativa
organizada por la oposición. Le acusaron
de "desacato" y "alteración
del orden público". Carlos Alberto
Domínguez es también director del Instituto
de Derecho y miembro del Partido Democrático
30 de Noviembre, dos grupúsculos ilegales.
A fecha 1 de enero de 2004, Carlos Alberto
Domínguez, de 49 años, todavía no había
sido juzgado.
El 31 de enero un guardián golpeó e insultó
a Carlos Brizuela Yera, colaborador
de la agencia independiente Colegio de
Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC),
detenido en el Provisional Provincial de
Holguín (Este) ; según él, porque le
reclamaba que le devolviera unos documentos
que le habían confiscado, y entre ellos
un ejemplar de la Declaración Universal
de Derechos Humanos. Tras el altercado,
las autoridades carcelarias le suspendieron
las visitas conyugales, en los dos meses
siguientes. A principios de enero se supo,
por su mujer, que el periodista padecía
unas fuertes fiebres, para las que no le
daban ningún tratamiento. Carlos Brizuela
Yera fue detenido el 4 de marzo de 2002
cuando participaba, con Lester Téllez Castro
y varios militantes de los derechos humanos,
en una manifestación de protesta contra
la agresión de unos policías a un colega
periodista. El 27 de agosto, la fiscalía
de Ciego de Avila pidió cinco años de cárcel
para él, por "desacato a funcionario",
"desorden público", "resistencia
a la autoridad" y "desobediencia".
Desde su detención no le han autorizado
a ver a su abogado. El 1 de enero de 2004
no se había fijado todavía la fecha para
el juicio.
El 9 de diciembre se supo que había empeorado
considerablemente el estado de salud de
Lester Téllez Castro, director de
la Agencia de Prensa Libre Avileña (APLA),
internado en la cárcel de Canaleta (Ciego
de Avila). El periodista, ciego del ojo
derecho desde hace muchos años, declaró
que seguía reduciéndose la visión de su
ojo izquierdo. No recibe la asistencia médica
necesaria, y también tiene problemas de
tensión arterial. Según su familia, Lester
Téllez Castro está detenido en una celda
exigua, oscura y húmeda, de la que a veces
no le permiten salir durante semanas enteras,
lo que le impide ver la luz del día y comunicar
con su familia, a pesar de que el reglamento
se lo autoriza. Su abogado sigue ignorando
en que fecha le juzgarán. En febrero fue
hospitalizado temporalmente, por sus problemas
oculares. Lester Téllez Castro fue detenido
el 4 de marzo de 2002 cuando participaba,
con Carlos Brizuela Yera, en una manifestación
de protesta por la agresión policial a un
colega periodista independiente. El 27 de
agosto de 2002 la fiscalía de Ciego de Avila
pidió seis años de cárcel para él, por "desacato
a funcionario", "desorden público",
"resistencia a la autoridad" y
"desobediencia". El 1 de enero
de 2004 todavía no se había fijado la fecha
del juicio.
Liberado un
periodista en 2003
El 13 de noviembre salió en libertad Bernardo
Arévalo Padrón, ex director de la agencia
Línea Sur Press. Las autoridades
penitenciarias le entregaron la "carta
de libertad", sin más explicaciones ;
la liberación se produjo al finalizar el
cumplimiento de la condena. Después, el
periodista reanudó sus actividades periodísticas
en la agencia independiente José Maceo.
Sin embargo, desearía marcharse del país.
Bernardo Arévalo Padrón estaba detenido
desde julio de 2002 en la cárcel de Ariza,
provincia de Cienfuegos (Centro). Desde
noviembre de 1997 le habían trasladado a
numerosas cárceles, y entre ellas a campos
de trabajo, donde le destinaron a cortar
caña de azúcar. Según su mujer, Libertad
Arévalo, entonces tenía varios problemas
de salud : sacrolumbalgia, insuficiencia
cardiaca y leptospirosis. Bernardo Arévalo
Padrón fue condenado en apelación el 28
de noviembre de 1997 por "desacato",
por haber llamado "mentirosos"
al presidente Castro, y al vicepresidente
Carlos Lage, en los micrófonos de Radio
Martí. El periodista les acusó de no
mantener los compromisos democráticos firmados
en la Cumbre Iberoamericana de 1996. Desde
octubre de 2000 Bernardo podía beneficiarse
de una libertad anticipada, por haber cumplido
la mitad de la condena. Pero la administración
penitenciaria siempre se la negó "por
su falta de cooperación con el programa
de reeducación".
Siete periodistas
detenidos
El 11 de febrero de 2003 fue detenido, en
un hotel de La Habana, el argentino Fernando
Ruiz Parra, profesor de periodismo
en la Universidad Austral, de Buenos Aires.
Conducido a la comisaría y después a la
cárcel, le interrogaron en cuatro ocasiones,
antes de dejarle en libertad al día siguiente.
Las autoridades le acusaban de realizar
actividades periodísticas con un visado
de turista. "Si hubiera pedido un visado
de prensa, no lo habría conseguido",
explica el profesor. El 13 de febrero le
metieron en un avión, con destino a Argentina
y escala en Panamá. Fernando Ruiz Parra,
que había llegado a Cuba el 3 de febrero,
investigaba sobre la prensa independiente
y acababa de entrevistarse con varios periodistas
en provincias. La policía cubana confiscó
sus notas, grabaciones y agenda.
El 22 de febrero, fue brevemente detenido
Juan Carlos Garcell, de la Agencia
de Prensa Libre Oriental (APLO),
cuando intentaba cubrir el registro policial
de una casa en Puerto Padre, en la provincia
de Las Tunas. El periodista quedó en libertad
después de pagar una multa.
El 24 de febrero, la Seguridad del Estado
detuvo en la ciudad de Camagüey (Centro)
a Ramón Armas Guerrero y Omar
Darío Pérez Hernández, de las agencias
El Mayor y Nueva Prensa. Ambos
periodistas, liberados poco después, se
disponían a cubrir unas manifestaciones
organizadas por la oposición local, conmemorando
el séptimo aniversario de la destrucción,
por unos cazas cubanos, de dos aviones de
la asociación anticastrista "Hermanos
al Rescate", con sede en Florida.
El 29 de octubre la Seguridad del Estado
detuvo a Claudia Márquez Linares,
directora de la revista disidente De
Cuba y corresponsal de Reporteros sin
Fronteras. Quedó en libertad dos horas más
tarde. La periodista había publicado en
septiembre otro número de la revista De
Cuba. En el interrogatorio le advirtieron
que las autoridades no pensaban tolerar
la salida de más números.
El 29 de octubre, la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) detuvo a Abel Escobar Ramírez,
corresponsal de la agencia independiente
Cuba Press en Morón (a 350 km. al
este de La Habana), y le condujo a la sede
regional de la Seguridad del Estado en Ciego
de Avila. Durante su detención, un oficial
le notificó que le habían detenido por violar
la Ley 88, que defiende "la independencia
y la economía de Cuba". Le confiscaron
un magnetófono y algunas cassettes que contenían
informaciones destinadas al sitio nuevaprensa.org.
Detenido durante tres días, fue interrogado
varias veces sobre sus actividades. Quedó
en libertad el 1 de noviembre.
El 10 de diciembre, un agente de policía
obligó a estacionar en una parada de autobús
en La Habana, impidiéndole continuar viaje,
a Ana Leonor Díaz Chamizo, de la
agencia Grupo de Trabajo Decoro.
La periodista acudía a un acontecimiento
organizado por el Comité de Madres "Leonor
Pérez", una asociación no reconocida
por las autoridades, con motivo del Día
Internacional de los Derechos Humanos.
Cinco periodistas
agredidos
El 10 de febrero de 2003, un responsable
de la cárcel provincial "Nieves Morejón",
de la ciudad de Cabaiguán, golpeó a María
Elena Alpizar, de la agencia Grupo
de Trabajo Decoro, cuando cubría
una manifestación organizada por algunos
opositores, que pretendían manifestar así
su apoyo a un preso político, que se había
declarado en huelga de hambre.
En la noche del 8 de marzo unos desconocidos
lanzaron piedras a los domicilios de José
Ubaldo Izquierdo Hernández, de la
agencia Grupo de Trabajo Decoro,
y Miguel Galván Gutiérrez,
de la agencia Havana Press en Güines
(provincia de La Habana). Los dos periodistas
piensan que la agresión estuvo orquestada
por la Seguridad del Estado.
El 25 de junio arrojaron una piedra al domicilio
de Abel Escobar Ramírez, corresponsal
en Morón de la agencia Cuba Press,
hiriendo ligeramente a su hija de seis años.
Según el periodista, el acto sería una consecuencia
de las reuniones organizadas por la Seguridad
del Estado en el barrio, en las que se dijo
a los habitantes que el periodista es un
"terrorista" y un "mercenario".
Durante un interrogatorio, dos oficiales
de la policía política informaron a Abel
Escobar Ramírez que en la zona había muchas
personas que querían agredirle.
El 28 de septiembre fue agredida, en la
estación de Santa Clara, Adela Soto Alvárez,
de la agencia Nueva Prensa. Unos
desconocidos le golpearon cuando llegaba
a su vagón, situado al final del andén.
La compañía ferroviaria acababa de obligarle
a cambiar su billete por una plaza en ese
vagón, sin darle explicaciones. Tres policías
que estaban presentes en el lugar se abstuvieron
de intervenir. El 21 de julio, la Seguridad
del Estado había citado a la hija de la
periodista, para pedirle que convenciera
a su madre de cesar en sus actividades periodísticas.
Presiones y
trabas
El 24 de enero de 2003, un agente de la
Seguridad del Estado visitó a Marilín
Lahera, directora de la agencia La
Voz de Oriente, con sede en Santiago
de Cuba (Este), y después a José Antonio
Reiner, de la misma agencia. El funcionario
les pidió que le siguieran hasta una unidad
del Ministerio del Interior. Como no llevaba
una citación de comparecencia, ambos periodistas
se negaron a ello. El incidente no tuvo
consecuencias.
El 24 de febrero, unos agentes de la Seguridad
del Estado impidieron durante varias horas
a Isabel Rey, corresponsal en Santa
Clara de la agencia Cuba Press, que
saliera de la casa de un opositor, a la
que había acudido para cubrir algunas acciones
de la disidencia en conmemoración del séptimo
aniversario de la destrucción, por unos
cazas cubanos, de dos aviones de la asociación
anticastrista "Hermanos al Rescate",
con sede en Florida.
El 25 de febrero, durante el quinto Festival
del Habano, que se celebra en la capital
cubana, unos policías pidieron al responsable
del stand de la revista trimestral francesa
L'Amateur de cigare, que retirara
los ejemplares de su última edición. Según
Jean-Paul Kauffman, director de la
revista, la empresa Habanos, la organizadora
del festival, justificó la decisión porque
en aquella edición se publicaba un dibujo,
representando al Che con las orejas de Mickey
Mouse. Una decisión que Jean-Paul Kauffman
calificó de "surrealista", al
tiempo que denunciaba una "un acto
de censura". El Festival del Habano
reúne todos los años a los profesionales
de la industria del cigarro puro.
El 8 de abril se supo que el corresponsal
en Morón (provincia de Ciego de Avila) de
la agencia Cuba Press, Abel Escobar
Ramírez, había recibido una advertencia
oficial. O "encontraba trabajo"
en setenta y dos horas, o le condenarían
a cuatro años de cárcel.
El 4 de mayo, Bernard Briançon, responsable
de la sociedad de producción privada francesa
Mediasens, fue retenido en el aeropuerto
internacional de La Habana, cuando pasaba
la aduana. Le llevaron a una sala situada
en el sótano del aeropuerto, donde registraron
su equipaje. Le embargaron ocho cintas de
vídeo, que contenían entrevistas con disidentes.
Las autoridades aduaneras no le dieron ninguna
explicación, se contentaron con hacer que
el periodista firmara un "acta de retención
y rectificación".
El 7 de mayo, unos hombres de la Seguridad
del Estado registraron el domicilio de Rafael
Ferrero Salas, corresponsal de la agencia
Grupo de Trabajo Decoro en Hermanos
Cruz (provincia de Pinar del Río). Confiscaron
el fax y el ordenador del periodista, y
le conminaron a poner fin a sus actividades
periodísticas, so pena de represalias.
El 8 de mayo, agentes de la Seguridad del
Estado amenazaron en su domicilio a Fara
Armenteros, directora de la agencia
Unión de Periodistas y Escritores Cubanos
Independientes, y a Gilberto Figueredo,
colaborador de la revista Carta de Cuba,
publicada en Puerto Rico. Les pidieron que
pusieran fin a sus actividades periodísticas,
o en caso contrario les detendrían aplicándoles
la Ley 88, que sanciona los atentados contra
la Seguridad del Estado y cualquier colaboración
con Estados Unidos.
El 14 de mayo, Luis Cino Alvárez,
de la agencia Nueva Prensa, y Ana
Rosa Veitía Bécquer, de la agencia
Unión de Periodistas y Escritores Cubanos
Independientes (UPECI), recibieron
en su domicilio la visita de unos agentes
de la Seguridad del Estado. Uno de ellos
les previno que "en Cuba, se ha terminado
la prensa independiente". Les prohibieron
continuar con sus actividades en la prensa
independiente y les confiscaron material.
Dos días después, le tocó el turno a Ernesto
Roque Sintero, de la agencia Cooperativa
de Periodistas Independientes (CPI),
que fue amenazado con entre 10 y 20 años
de cárcel, por "traición a la patria".
El 23 de mayo, Oscar Mario González Pérez,
de la agencia Grupo de Trabajo Decoro,
fue amenazado por unos agentes de la Seguridad
del Estado, en su domicilio de La Habana.
Intentaron intimidarle, diciendo que podría
ser condenado a 25 años de cárcel. Los policías
le animaron a marcharse a Europa, donde
vive su hija, prometiéndole que las autoridades
no se opondrían al viaje. El 22 de agosto
se supo que finalmente le habían negado
la autorización para salir del territorio.
En la semana del 2 de junio, María Elena
Alpízar, de la agencia Grupo de Trabajo
Decoro, recibió una citación de la
oficina del Ministerio del Interior en Santa
Clara, tras haber dirigido una carta a las
autoridades en la que se lamentaba de que
algunos miembros de la Seguridad del Estado
le habían agredido, en varias ocasiones.
En la entrevista, calificaron su carta de
"sarcástica", y el oficial le
reprochó que no hubiera adjuntado un certificado
médico. Según la periodista, concluyó declarando
que las lesiones constatadas eran "daños
colaterales de su trabajo".
El 10 de junio, José Manuel Caraballo,
Nilo Alejandro Gutiérrez y Tico
Morales Agostino, de la agencia
APLA, y Jesús Alvárez Castillo
y Abel Escobar Ramírez, de la agencia
Cuba Press, recibieron la citación
de un oficial de la Seguridad del Estado
de Morón (provincia de Ciego de Avila).
Los periodistas se negaron a comprometerse
por escrito a abandonar el periodismo. "Ahora
la disidencia debe morir", declaró
el oficial. José Manuel Caraballo y Nilo
Alejandro Gutiérrez ya habían sido citados,
tres días antes. Al primero le amenazaron
con una condena de 20 años de cárcel, si
no dejaba de ejercer su oficio.
El 12 de junio se supo que una activista
de la organización feminista oficial Federación
de Mujeres Cubanas, de La Habana, informó
a María López, de la agencia sindical
de prensa Lux Info Press, de que
tendría que abandonar la isla si no se afiliaba
a la organización. La afiliación a una organización
oficial es obligatoria.
El 25 de junio, Carlos Serpa Maceira,
corresponsal en la Isla de la Juventud (Sudoeste)
de la agencia UPECI, fue amenazado
con 20 años de cárcel, por unos agentes
de la Seguridad del Estado que se presentaron
en su domicilio. Los policías le recordaron
que su colega Víctor Rolando Arroyo, de
la misma agencia, ya estaba encarcelado.
Le acusaron de enviar sus artículos al sitio
cubanet.org, con sede en Florida.
Carlos Serpa Maceira ha sabido de que hay
abierta una causa contra él.
El 16 de julio, un agente de la Seguridad
del Estado se presentó en el domicilio de
Amarilis Cortina Rey, de la agencia
Cuba Verdad, y le amenazó con la
cárcel si persistía en pretender crear un
comité de solidaridad con sus colegas encarcelados.
Al día siguiente, otros dos miembros del
comité, Juan Carlos Linares, de la
agencia Cuba Verdad, y Fara
Armenteros, de la agencia UPECI,
recibieron también la visita de unos agentes
de la Seguridad del Estado.
El 21 de julio, Omar Darío Pérez Hernández,
corresponsal de la agencia Nueva
Prensa en Camagüey (Centro), fue
interrogado por un agente de la Seguridad
del Estado, quien le anunció que podrían
acusarle de "servir a los intereses
imperialistas" de Estados Unidos, y
juzgarle en aplicación de la Ley 88, si
continuaba dedicándose a "actividades
subversivas". La Ley 88 establece hasta
20 años de cárcel. Le citaron de nuevo el
12 de agosto.
Según una nota publicada el 26 de agosto
en el sitio nuevaprensa.org, en la
ciudad de Palma Soriano, situada en la provincia
de Santiago de Cuba (Este), se han instalado
cuatro antenas destinadas a interferir la
programación de Radio Martí. Según
el mismo artículo, existen otras antenas
con la misma función en San Felipe (provincia
de La Habana), y por todo el país.
El 5 de septiembre, José Manuel Caraballo,
director de la Agencia de Prensa Libre
Avileña en Morón (provincia de Ciego
de Avila), fue condenado a tres años de
trabajos de interés general. Está acusado
de falsificar certificados escolares, en
la época en que enseñaba en un centro de
formación para el turismo. Otro profesor,
el secretario y el director adjunto de la
institución, fueron juzgados por el mismo
delito, pero el periodista es único al que
no se le aplicó una reducción de condena.
José Manuel Caraballo apeló. El 10 de junio
le citó un oficial de la Seguridad del Estado,
que le pidió que firmara un acta comprometiéndose
a abandonar el periodismo independiente.
También le citaron el 7 de junio, y le amenazaron
con una condena de 20 años de cárcel, si
no dejaba de ejercer su oficio.
El 22 de septiembre, el Instituto del Habitat
amenazó con expulsar de su apartamento de
La Demajagua, cerca de Nueva Gerona (Isla
de la Juventud), a Carlos Serpa Maceira,
de la agencia UPECI, y a su familia.
Las amenazas son una consecuencia de que
el periodista abriera una sala de proyección
de vídeo en su domicilio, llamada "Sin
censura". También se le acusa de colaborar
con Radio Martí y el sitio cubanet.org.
Por otra parte, a un militante de los derechos
humanos le advirtieron que confiscarían
su material, y le cortarían la línea del
teléfono, si seguía prestando su fax al
periodista.
El 29 de octubre, unos agentes de la Seguridad
del Estado registraron el domicilio de Jesús
Alvárez Castillo, de la agencia Cuba
Press en Morón (provincia de Ciego de
Avila). Se incautaron de más de 300 libros
y revistas pertenecientes al periodista.
Según Jesús Alvárez Castillo, el registro
tiene que ver con sus actividades periodísticas.
Recuerda que el 19 de septiembre la policía
política le detuvo durante dos horas, cuando
se encontraba en la provincia de Las Tunas.
El 19 de noviembre, Blanca Reyes, esposa
del poeta y periodista cubano encarcelado
Raúl Rivero Castañeda, declaró a la Agencia
France-Presse (AFP) que no le habían
autorizado a salir de Cuba para ir a visitar
a su hijo, que reside en Miami. La Dirección
de Migraciones se negó a entregarle una
autorización de salida del territorio, sin
dar explicaciones. Desde la detención de
su marido, Blanca Reyes no cesa de reclamar
su liberación y denunciar sus condiciones
de detención.
El 25 de noviembre, Maydelin Guerra Alvárez,
esposa del periodista encarcelado Mario
Enrique Mayo Hernández, recibió una citación
de la comisaría de la Seguridad del Estado
en Camagüey (Este). En el transcurso de
un interrogatorio de cuatro horas le amenazaron
con registrar su domicilio y encarcelarla,
si continúa pasando informaciones sobre
la situación de su marido a organizaciones
con sede en el extranjero, o transmitiendo
sus artículos a medios de comunicación extranjeros.
Los policías le amenazaron también con suspenderle
las visitas a su esposo. La dejaron en libertad
después de avisar que se trataba de la última
advertencia, antes de encarcelarla.
El 10 de diciembre, dos oficiales de la
Seguridad del Estado interrogaron durante
cuatro horas a Carlos Serpa Maceira,
de la agencia UPECI. Le amenazaron
con abrirle diligencias, si cubría las actividades
organizadas por la oposición con motivo
del 10 de diciembre, Día Internacional de
los Derechos Humanos.
Reporteros
sin Fronteras (RSF) defiende a los periodistas
encarcelados y la libertad de prensa en
el mundo, o sea el derecho de informar y
estar informado, en conformidad con el artículo
19 de la Déclaración Universal de Derechos
Humanos. RSF cuenta con nueve secciones
nacionales (Alemania, Austria, Bélgica,
España, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia
y Suiza), con representaciones en Abidyán,
Bangkok, Buenos Aires, Estambul, Montreal,
Moscú, Nueva York, Tokio, y Washington,
y con un centenar de corresponsales en el
mundo.
|