DOCUMENTOS
Mayo, 2004

Informe anual 2004: CUBA

Reporteros sin Fronteras, Mayo, 2004.

Cuba
Superficie : 110.860 km2.
Población : 11.271.000.
Idioma : español.
Naturaleza del Estado : república unitaria.
Jefe del Estado : Fidel Castro Ruz.

2003 quedará como un año negro para la libertad de prensa en Cuba. En una razzia entre las filas de la disidencia, detuvieron a veintisiete periodistas que posteriormente fueron condenados a graves penas de cárcel. Desde entonces se encuentran detenidos en condiciones que sus familiares consideran inhumanas. Los colegas que permanecen libres continúan con sus actividades, aún a riesgo de correr la misma suerte.

El año 2003 fue un año negro para la libertad de prensa, y para el conjunto de las libertades civiles en Cuba. El 18 de marzo, en vísperas de la ofensiva norteamericana en Irak, Fidel Castro puso en marcha una oleada de detenciones sin precedente, encerrando entre rejas a 75 disidentes (militantes de los derechos humanos, sindicalistas, activistas políticos pacifistas...), entre los que se encuentran 27 periodistas independientes.
A éstos les condenaron a penas que van de 14 a 27 años de cárcel, en unos procesos sumarios, en los que se burló su derecho a la defensa. Fueron inculpados bien en aplicación de la Ley 88, bien por violación del artículo 91 del código penal. La Ley 88, sobre "la independencia y la economía" de Cuba, sanciona las "actividades subversivas" que obedecen a los "intereses imperialistas" de Estados Unidos. Castiga en particular la colaboración con medios de comunicación extranjeros. En cuanto al artículo 91 reprime los "actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado". De manera general, a los periodistas les acusaron de hacer el juego a Estados Unidos, publicando informaciones que ofrecen una visión diferente de la que da la prensa oficial. Sus artículos trataban generalmente sobre la oposición (no reconocida), las violaciones de los derechos humanos o la vida cotidiana de los cubanos. Igualmente se les acusó de frecuentar la Sección de Intereses Norteamericanos (la representación diplomática de Estados Unidos en La Habana), calificada por el presidente Castro de "Estado mayor de la contrarrevolución interna", aunque nunca haya ordenado su cierre. Algunos reconocidos periodistas independientes, como Néstor Balaguer o Manuel David Orrio, que se revelaron como agentes de la Seguridad del Estado (policía política) infiltrados entre la prensa independiente, actuaron como testigos de cargo contra varios de los acusados. De cargo igualmente el "material subversivo" incautado en los domicilios de los periodistas, ampliamente registrados : máquinas de escribir, ordenadores, folios, plumas estilográficas, magnetófonos...
Condenados a comienzos de abril, los periodistas, y la totalidad de los disidentes detenidos, fueron trasladados poco después a cárceles que en ocasiones distan varios cientos de kilómetros de sus domicilios. Las familiares denunciaron "una segunda condena", dado que los desplazamientos por la isla son largos y costosos. Los presos se encuentran en régimen de máxima severidad y solo están autorizados a recibir visitas de sus familiares una vez al trimestre (en lugar de cada tres semanas). Varios de ellos han llevado a cabo huelgas de hambre, para denunciar las inhumanas condiciones de detención : falta de higiene (presencia de ratas, cucarachas, etc.), falta de cuidados médicos, execrable alimentación, falta de acceso al agua, interceptación de la correspondencia...Algunos, como Oscar Espinosa Chepe, se encuentran gravemente enfermos. Un trato "en regla con la ética humanista de la Revolución", según el embajador cubano en Francia. Para protestar por su encarcelamiento, las esposas de una treintena de disidentes desfilan silenciosamente, todos los domingos, a la salida de la iglesia de Santa Rita en La Habana, vestidas de negro o blanco. Un combate que frecuentemente les genera amenazas.
Aquella oleada de detenciones sorprendió por su amplitud, y por el momento elegido : Cuba parecía estar a punto de poder disfrutar de los Acuerdos de Cotonou (que permiten a 77 países de Africa, Caribe y Pacífico -Grupo ACP- disfrutar de una ayuda económica y un régimen de preferencia comercial de la Unión Europea). Ocurrió en el momento en que una franja, cada vez más importante de la población, se niega a vivir con miedo. Los disidentes, que eran apenas un puñado hace diez años, hoy son varios cientos en todo el país. Los promotores del Proyecto Varela, una petición de la oposición (ilegal) para que los cubanos puedan pronunciarse sobre una revisión de la Constitución, recogió 11.000 firmas en 2002, y 14.000 en 2003. Los periodistas independientes, por su parte, crearon en diciembre de 2002 la revista De Cuba, primer desafió al monopolio estatal de la información desde los años 60. Su director, Ricardo González Alfonso, que también es corresponsal de Reporteros sin Fronteras, se encuentra entre los periodistas detenidos.
La magnitud de la represión y la ejecución de tres secuestradores de un ferry, con el que intentaban llegar a la costa norteamericana, provocaron fuertes reacciones en la comunidad internacional. La imagen romántica de la revolución de 1959, sabiamente mantenida por La Habana, se vio severamente afectada. Algunos de los apoyos tradicionales del régimen castrista, como el escritor portugués José Saramago, guardaron distancias. La Unión Europea (UE) revisó su política de cooperación con la isla, y adoptó algunas sanciones. Entre otras cosas, decidió invitar a algunos disidentes cubanos a las ceremonias organizadas con ocasión de las fiestas nacionales. Una medida que provocó la ira del gobierno cubano, que desde entonces intenta dividir a los Quince. En cambio, en América Latina, los nuevos presidentes Lula (en Brasil) y Néstor Kirchner (en Argentina), eligieron ese momento para acercarse a La Habana, cerrando los ojos a las violaciones de los derechos humanos. En cuanto al presidente Bush, partidario de una línea inflexible, se declaró a favor de un endurecimiento del embargo. Un embargo que desde hace mucho tiempo se ha convertido en la coartada de La Habana para justificar la represión, e imponer una sujeción totalitaria a la sociedad, y que sin embargo ha perdido mucho de vigor en estos últimos años. Según cifras oficiales cubanas, Estados Unidos se ha convertido en el primer proveedor de productos alimenticios del país, que ha comprado a su "enemigo" por valor de 590 millones de dólares de compras desde 2001.
Para denunciar la represión y la censura en Cuba, Reporteros sin Fronteras emprendió varias acciones, pero chocó con la negativa al diálogo de las autoridades. El 24 de abril, unos militantes de la organización, que se habían encadenado a las verjas de la embajada cubana en París, fueron violentamente golpeados, en territorio francés, por agentes de la embajada armados con barras de hierro.
Las reacciones internacionales no han influido en la línea adoptada por La Habana, que sigue esgrimiendo la amenaza de una invasión de Estados Unidos para justificar la represión. Pero, aunque la oleada de detenciones golpeara a importantes figuras de la disidencia, ésta consiguió sobrevivir y los periodistas que permanecen libres continúan con sus actividades. Aunque se mantiene el acoso contra ellos. Registros, "visitas" de policías al domicilio, citaciones de la Seguridad del Estado, presiones a las familias, amenazas de nuevos procesos... forman parte del arsenal de las autoridades, para obligarles a dejar de informar. A Claudia Márquez Linares, que participó en la publicación de una edición de De Cuba tras la detención de sus principales animadores, le advirtieron que la encarcelarían si se publicaba otro número. El gobierno consigue así mantener un control absoluto sobre la información que llega a los cubanos. El Comité Central del Partido Comunista, a través del Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR), controla televisiones, radios y prensa escrita.
El gobierno no ha abandonado la idea de desorganizar a la oposición. En agosto, intentó desacreditar a Elizardo Sánchez, responsable de organización de defensa de los derechos humanos más importante, haciéndole pasar por un agente de la policía política. Desde entonces no ha dado ningún signo de evolución positiva. Al contrario : el 1 de enero de 2004 las autoridades anunciaron "un nuevo año de batallas".

Treinta periodistas encarcelados
El 18 de marzo de 2003, Pedro Argüelles Morán, director de la agencia Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI), fue detenido en Ciego de Avila (Centro). En su domicilio, la policía se incautó de material (libros, radios, cámara de vídeo...) que después utilizó en el proceso, como cargo contra él, el 4 de abril. Al término, Pedro Argüelles Morán fue condenado a 20 años de cárcel, por violar la Ley 88 sobre "la independencia y la economía" de Cuba. En la sentencia, los jueces le acusan de publicar, durante los últimos tres años, "967 denunicas de carácter y contenido contrarrevolucionarios". El periodista denunciaba regularmente los atentados a los derechos humanos. También le acusaron de haber mantenido contactos con algunos diplomáticos norteamericanos en La Habana. Pedro Argüelles Morán estuvo detenido, en un primer momento, en una cárcel de Santa Clara (a 160 km. de su domicilio). El 21 de mayo informaron a su esposa, una vez que había acudido al lugar para visitarle, de que le habían trasladado a la cárcel de Combinado del Este, en La Habana ; es decir, a más de 400 km. de Ciego de Avila. Pedro Argüelles Morán pertenecía a la disidencia desde 1992, como militante de los derechos humanos. Entró en las filas de la prensa independiente en 1995. Está casado con Yolanda Vera.
El 18 de marzo, Víctor Rolando Arroyo Carmona, de 51 años, fue detenido en su domicilio de Pinar del Río (Oeste), donde era corresponsal de la agencia Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes (UPECI), desde 1996. Fue condenado, a principios de abril, a 26 años de cárcel por "actos contra la independencia y la integridad del Estado". Colaboraba con el sitio cubanet.org y la emisora Radio Martí, ambos con sede en Florida. Dirigía también una biblioteca independiente. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Chafarina, en Guantánamo (Este), situada a más de 1.000 km. de su domicilio. En junio y julio su familia denunció el empeoramiento de su estado de salud : el periodista habría perdido entre 15 y 20 kilos. Padecía hipertensión arterial y una enfermedad infecciosa, y no recibía los cuidados requeridos por su estado de salud. En agosto, su mujer, Elsa González Padrón, anunció que renunciaba a las visitas matrimoniales, para no sufrir los registros corporales, extremadamente minuciosos. Hasta 1992, Víctor Rolando Arroyo Carmona trabajó para el gobierno, como especialista de planificación, antes de que le despidieran por divergencias con su jerarquía, y le reclasificaran como obrero agrícola.
El 20 de marzo, Mijail Barzaga Lugo, de la Agencia Noticiosa de Cuba (ANC), fue detenido en su domicilio de La Habana. Quince días después, el 4 de abril, le juzgaron junto con otros cinco acusados. Se le acusa de publicar informaciones calificadas de "subversivas y contrarrevolucionarias" en varios sitios de Internet del exilio, tales como cubanet.org, cubaliberal.org y payolibre.com. El periodista está acusado también de haber brindado, en algunas entrevistas concedidas a Radio Martí, "informaciónes parciales y engañosas (…) en la linea con la politica que (...) ha sido trazada por el gobierno norteamericano". Mijail Barzaga Lugo está condenado a 15 años de cárcel, en aplicación de la Ley 88. A finales de abril le trasladaron al centro penitenciario provincial de Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara, a 270 km. de La Habana, y después al de Guamajal, en la misma provincia. En septiembre y octubre le metieron varias veces en la celda de castigo, porque protestó por las "inhumanas" condiciones de detención.
El 19 de marzo, Carmelo Díaz Fernández, director de la Agencia de Prensa Sindical Independiente (APSIC) y militante sindical, fue detenido en La Habana. De 65 años de edad, el 5 de abril le condenaron a 15 años de cárcel, por "actos contra la independencia y la integridad del Estado". La sentencia precisa que se le considera culpable de actividades que "poco a poco ponen en peligro la independencia y la soberanía de Cuba", y entre ellas la publicación de artículos "distorsionando la realidad cubana, conforme a los intereses del imperialismo yanqui". El periodista escribía esencialmente sobre las violaciones de los derechos laborales. A finales de abril, Carmelo Díaz Fernández fue trasladado a la cárcel de Guanajay, en la provincia de La Habana. Sus familiares han contado que padece hipertensión arterial y una linfagitis (inflamación de vasos linfáticos). Carmelo Díaz Fernández, casado con Elisa García, era miembro del buró ejecutivo del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC, clandestino), presidente de la Unión Sindical Cristiana de Cuba (fundada en 1995, también clandestina), y se dedicaba al Centro Nacional de Formación en Sindicalismo y Derecho del Trabajo.
El 19 de marzo, Oscar Espinosa Chepe, economista y periodista independiente, fue detenido en su domicilio de La Habana. Le juzgaron el 3 de abril, junto con otros cinco disidentes, y le condenaron a 20 años de cárcel, en aplicación de la Ley 88. Su mujer, que asistió a la vista, calificó el proceso de "auténtica farsa". "Los acusados solo han tenido acceso al abogado pocas horas antes de la apertura del juicio. Toda la acusación es un montaje. Incluso, las sentencias estaban decididas antes del juicio", explica. El tribunal acusa al periodista de "escribir artículos y brindar información falseada y tergiversada de la realidad cubana, sobre todo del punto de vista económico, entregando estos artículos a revistas y periódicos de corte subversivo y contrarrevolucionario". Oscar Espinosa Chepe, de 62 años, fue trasladado a finales de abril a la cárcel de Chafarina, en Guantánamo (Este), a más de 900 kilómetros de La Habana. Gravemente enfermo, le trasladaron al hospital militar Carlos J. Finlay, como resultado de una gran movilización internacional puesta en marcha por iniciativa de su mujer, Miriam Leiva. Ex economista oficial, rompió con el régimen en 1992. Participó en diferentes iniciativas de la oposición, para una transición democrática. Desde 1998 publicaba sus artículos en el sitio cubanet.org, y presentaba un programa semanal en Radio Martí. Miembro de la Sociedad Manuel Márquez Sterling, había colaborado en la revista disidente De Cuba.
El 19 de marzo, Alfredo Felipe Fuentes, periodista independiente, fue detenido en su domicilio de Artemisa (Oeste de La Habana), tras un registro en el que incautaron, entre otras cosas, su máquina de escribir, un magnetófono y dos plumas estilográficas. El 7 de abril fue condenado a 26 años de cárcel, por actos contra "la independencia y la integridad del Estado" (artículo 91 del código penal). Se le acusa, entre otras cosas, de haber transmitido a Radio Martí informaciones relativas a las manifestaciones organizadas por la oposición, no reconocida por las autoridades. A finales de abril le trasladaron a la cárcel de Guamajal (provincia de Santa Clara), a más de 300 kilómetros de su domicilio. Le situaron en régimen de máxima severidad. Su mujer, Loida Valdés González, está preocupada por sus condiciones de detención (mala alimentación, aislamiento, mal estado de la celda), y por su estado de salud (el periodista padece hipertensión y sacrolumbalgia). Ex periodista deportivo de la prensa oficial, Alfredo Felipe Fuentes entró en la disidencia en 1992. Es también miembro de un sindicato ilegal y promotor del Proyecto Varela.
El 19 de marzo, Juan Adolfo Fernández Saínz, periodista de la agencia Patria y corresponsal en La Habana de la agencia rusa de derechos humanos Prima News, fue detenido en La Habana al término de un registro, de más de ocho horas, en su domicilio. Entre otras cosas los policías se incautaron de su máquina de escribir. El periodista, que también colabora con periódicos suecos, fue juzgado el 4 de abril en La Habana, y condenado a 15 años de cárcel, en aplicación de la Ley 88. Se le acusa, entre otras cosas, de publicar artículos "subversivos" en la página Web nueveprensa.org, y de conceder entrevistas a Radio Martí. A finales de abril trasladaron a Juan Adolfo Fernández Saínz, de 54 años de edad, a la cárcel de Holguín, a 730 kilómetros de la capital. En tres ocasiones llevó a cabo una huelga de hambre, para protestar por sus condiciones de detención, y especialmente por las restricciones del derecho de visita (su mujer solo puede verle cada tres meses), y la falta de acceso a cuidados médicos. El 6 de diciembre, poco después de que le trasladaran a una celda con presos comunes, uno de ellos le golpeó violentamente en la cara. Ex intérprete de las agencias oficiales del Estado cubano, Juan Adolfo Fernández Sainz fue despedido, por sus opiniones políticas, en 1994. Al año siguiente se unió a la prensa independiente, especializándose en temas políticos, sociales o religiosos. Casado con Julia Núñez Pacheco, tienen una hija, Joana.
El 18 de marzo, Miguel Galván Gutiérrez, de la agencia Havana Press, fue detenido en el pueblo de Güines, donde reside (provincia de La Habana). El periodista, de 38 años, fue condenado a principios de abril, por el tribunal de Artemisa (Oeste de La Habana), a 26 años de cárcel, en aplicación del artículo 91 del código penal. En el juicio, dos agentes infiltrados en la disidencia testimoniaron contra el periodista. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Agüica, situada en Colón (provincia de Matanzas), donde le pusieron en una celda de aislamiento. A causa de una deshidratación, perdió ocho kilos en las siguientes semanas. A finales de junio, sus familiares se quejaban de que les interceptaban la correspondencia. En varias ocasiones le sancionaron, por sacar informaciones sobre sus condiciones de detención o protestar contra ellas, efectuando huelgas de hambre. Entonces le llevaron a una celda de aislamiento, en la que no hay ni agua, ni electricidad. Ingeniero de formación, Miguel Galván Gutiérrez es también militante de un sindicato, no reconocido por las autoridades. Participó en la recogida de firmas para el Proyecto Varela.
El 19 de marzo por la mañana, Julio César Gálvez Rodríguez, periodista independiente, fue detenido en su domicilio de La Habana, al final de un registro que comenzó la víspera a primeras horas de la tarde. Le embargaron todo su material de periodista. A principios de abril, el tribunal provincial popular de La Habana le condenó a 15 años de cárcel, en aplicación de la Ley 88. Se le acusó de tener relaciones con medios de comunicación extranjeros, y por algunos artículos de carácter "subversivo", destinados a "desestabilizar y destruir desde adentro a la Revolución cubana". El periodista, de 58 años, colaboraba con publicaciones cubanas del exilio, o con periódicos con sede en Florida. El 26 de abril le trasladaron a la cárcel de Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara (a 270 km. de La Habana). Varias veces, su mujer, Beatriz del Carmen Pedroso, ha transmitido algunas informaciones que ha conseguido sacar de la cárcel, y que frecuentemente tratan de sus malas condiciones de detención. En octubre denunció, entre otras cosas, la execrable calidad de la comida, la obligación que tiene de salir a la hora del día en que hace más calor, y se quejó de problemas de hipertensión arterial, para los que no recibe el tratamiento necesario. También padece cólicos nefríticos, dolores lumbares y artrosis. Ex empleado de una compañía de autobuses y profesor de educación física, y después periodista deportivo y cultural de la prensa oficial, Julio César Gálvez Rodríguez se unió a la prensa independiente en julio de 2001, después de que le despidieran a causa de las relaciones que mantenía con el Consejo Unitario de los Trabajadores Cubanos (CUTC), una organización sindical no reconocida por las autoridades.
El 18 de marzo, Edel José García Díaz, fundador y director de la agencia Centro Norte del País, fue detenido en La Habana y luego condenado a 15 años de cárcel, en aplicación de la Ley 88 de colaboración con Estados Unidos. Le acusaron de colaborar con Radio Martí, y con sitios de Internet con sede en Florida, así como de participar en la realización de el boletín de periodistas independientes Expresión Libre, publicado en Cuba. En su juicio fueron testigos de cargo dos periodistas disidentes, que resultaron ser agentes de la Seguridad del Estado infiltrados. A finales de abril trasladaron a Edel José García Díaz a la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, una ciudad situada a 850 kilómetros de La Habana. A mediados de octubre se supo por su mujer, María Margarita Borges, que el periodista sufre de próstata, problemas oculares, hemorroides y un quiste renal. Licenciado en filología, Edel José García, de 54 años, era periodista independiente desde hacía mucho tiempo. Ya en 1997 recibió presiones de un oficial, para que renunciara a sus actividades periodísticas.
El 18 de marzo, unos agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a José Luis García Paneque, de la agencia Libertad, con sede en la provincias de Las Tunas (Este). El 4 de abril fue condenado a 24 años de cárcel. Según su esposa, Yamilé Yáñez Labrada, le acusaron de "servir a potencias extranjeras". En el registro de su domicilio los policías se incautaron de un fax, una máquina de escribir, un receptor de radio y numerosos documentos. También se llevaron medicinas y cuatro estetoscopios. Médico en Las Tunas, José Luis García Paneque fue incluso cirujano en el hospital Ernesto Che Guevara, de donde le despidieron. En las semanas que siguieron a su internamiento en la cárcel El Típico, en Las Tunas, perdió mucho peso. A finales de octubre se supo que el periodista estaba sufriendo la segunda crisis de claustrofobia. Según un detenido de una celda vecina, el periodista "se golpea la cabeza contra las paredes, llora mucho y ha dejado de comer". José Luis García Paneque se encuentra en tratamiento con psicotrópicos pero el aislamiento, la mala alimentación y el régimen de visitas a que le han sometido para ver a sus hijos y a su esposa (una vez cada tres meses), le resultan insoportables. Antes de su detención también dirigía una biblioteca independiente.
El 18 de marzo, Ricardo González Alfonso, de 52 años, fue detenido en su domicilio. Corresponsal de Reporteros sin Fronteras en La Habana desde 1998, todas las semanas informaba a la organización sobre los atentados a libertad de prensa en la isla. En mayo de 2001, junto con su amigo Raúl Rivero, creó la Sociedad Manuel Márquez Sterling, para formar a los periodistas independientes, que frecuentemente son autodidactas. En diciembre de 2002 creó el bimestral De Cuba. Era la primera vez que unos periodistas independientes, reducidos hasta entonces a enviar sus artículos al extranjeros, intentaban romper el monopolio informativo impuesto por el Partido Comunista a la población. Ricardo González fue juzgado el 4 de abril, con Raúl Rivero, y condenado a 20 años de cárcel, por "actos contra la independencia y la integridad del Estado" (artículo 91 del código penal). Entre los ocho testigos de cargo, algunos vecinos y dos reconocidos periodistas disidentes, que se revelaron como agentes de la Seguridad del Estado infiltrados en la oposición. A finales de abril Ricardo González fue trasladado a la cárcel "Kilo 8" de Camagüey, a más de 500 kilómetros de La Habana. Le pusieron en detención de "alto rigor". En noviembre, estuvo hospitalizado durante poco tiempo, por problemas de salud. Su mujer, Alida Viso Bello, acusa a las autoridades de no quererle efectuar los exámenes que exige el estado de salud de su marido. El 6 de noviembre le trasladaron, dentro de la cárcel, a una celda compartida con presos comunes. Después de que le robaran sus pertenencias, llevó a cabo una huelga de hambre del 8 al 24 de diciembre, para reclamar que le trasladaran a otra celda con individuos menos agresivos, lo que consiguió.
El 20 de marzo, Alejandro González Raga, periodista independiente, fue detenido en su domicilio de Camagüey (Este). El tribunal provincial de la ciudad le juzgó el 4 de abril, junto con otros tres periodistas. Acusado de colaborar con la prensa extranjera y de haber efectuado visitas a la Sección de Intereses Norteamericanos de La Habana, le condenaron a 14 años de cárcel, en aplicación del artículo 91 del código penal. Está acusado de haber puesto en peligro "la integridad del territorio", publicando informaciones sobre temas considerados "muy sensibles", tales como "las carencias derivadas de la crisis económica, las relaciones con otros Estados, (...) los programas televisivos, (...) el presupuesto de educación". Tras su condena, Alejandro González Raga, de 45 años, fue trasladado a la cárcel de Canaleta, en Ciego de Avila, ciudad situada a un centenar de kilómetros de su domicilio de Camagüey. El periodista, casado con Berta Bueno Fuentes, participo en la recogida de firmas para el Proyecto Varela.
El 18 de marzo, Iván Hernández Carrillo, corresponsal de la agencia Pátria en Morón (provincia de Matanzas), fue detenido por la Seguridad del Estado. Juzgado a principios de abril, le condenaron a 25 años de cárcel, en aplicación de la Ley 88. Posteriormente fue trasladado a la cárcel provincial de Holguín, donde está detenido junto con otros seis disidentes. Sometido a régimen de máxima severidad, se encuentra confinado en una celda individual, en la que las visitas familiares se han limitado a una cada cuatro meses, y le han negado las visitas conyugales. A mediados de octubre inició una huelga de hambre, después de que le llevaran a una celda de castigo por protestar por la negativa de las autoridades carcelarias a proporcionarle los cuidados que precisa su hipertensión arterial. Iván Hernández Carrillo, de 32 años, también actuaba en varias organizaciones, sindicales o políticas, no reconocidas por las autoridades. Militó activamente en el Proyecto Varela, e instaló una biblioteca independiente en su casa.
El 24 de marzo, Normando Hernández González, director de la agencia Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC), fue detenido en Camagüey, tras un infructuoso primer intento de detenerle, el 18 de marzo ; desde entonces estaba escondido. Le juzgaron junto con otros tres periodistas, el 4 de abril, y le condenaron a 25 años de cárcel, por violación del artículo 91 del código penal. La acusación calificó sus actividades periodísticas de "muy peligrosas socialmente", y le acusó de querer "crear las condiciones necesarias para la intervención armada de una potencia extranjera", con sus artículos para el sitio cubanet.org, o sus intervenciones en Radio Martí. También está acusado de que le pagaban sus crónicas desde Estados Unidos. Normando Hernández González fue trasladado a la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Cuando su mujer, Yarai Reyes Marín, consiguió visitarle tuvo que sufrir un minucioso registro, que calificó de "humillación". En agosto, el periodista efectuó una huelga de hambre, junto con otros presos políticos, para protestar por las condiciones de detención : falta de higiene (presencia de ratas, cucarachas, pulgas, mosquitos), alimentación execrable e incluso podrida, reducción de las visitas familiares, confinamiento en una celda individual permeable al agua...Para romper la huelga, las autoridades le trasladaron a la cárcel "Kilo 5,5", en la provincia de Pinar del Río, a 700 kilómetros de su familia. A finales de diciembre se supo que le habían encerrado en una celda de castigo, por negarse a llevar el uniforme de recluso. De 32 años de edad, Normando Hernández González, tiene una hija pequeña.
El 19 de marzo, Juan Carlos Herrera Acosta, de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), fue detenido en Guantánamo (Este). En el juicio, celebrado el 3 de abril, le acusaron de enviar informaciones falsificadas, o trucadas, a diferentes medios de comunicación o sitios de Internet, con sede en Estados Unidos y Guatemala, para "desacreditar" y "desestabilizar" al régimen. Juan Carlos Herrera Acosta fue condenado a 20 años de cárcel, en aplicación de la Ley 88. Internado primero en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba (Este), las autoridades le enviaron posteriormente a la cárcel "Kilo 8" (provincia de Camagüey), intentando así romper la huelga de hambre que había iniciado con otros presos políticos, para protestar por sus condiciones de detención. A principios de noviembre le trasladaron a la cárcel "Kilo 7" (en la misma provincia), donde está internado junto a presos comunes. A finales de diciembre, el periodista se quejó de la mala alimentación que recibía y de las deplorables condiciones higiénicas que, según él, son la causa de sus problemas de despigmentación de la piel. También protestaba porque las autoridades no le habían querido entregar las medicinas, ropas y cartas, enviadas por su familia. Juan Carlos Herrera Acosta, que tenía 36 años en el momento del proceso, también es miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y de la Asociación para Presos Políticos Pedro Luis Boitel, dos grupúsculos ilegales. Entre 1997 y 2001 ya cumplió una condena de cuatro años de cárcel, por intentar salir ilegalmente del país. Está casado con Ileana Danger Hardy.
El 18 de marzo fue detenido en su domicilio José Ubaldo Izquierdo Hernández, corresponsal de la agencia Grupo de Trabajo Decoro en Güines (provincia de La Habana). El 7 de abril, un tribunal de La Habana le condenó a 16 años de cárcel, por violación del artículo 91 del código penal. El periodista era conocido por sus artículos, publicados en el sitio cubanet.org, sobre cuestiones de medio ambiente y salud pública. A finales de abril le trasladaron a la cárcel "Kilo 5,5", en la provincia de Pinar del Río, a cerca de 200 kilómetros de su casa. El 27 de junio se hirió al caerse por una escalera cuando le llevaban, trabado, al paseo. A principios de octubre se supo que habían empeorado sus condiciones de detención. El periodista se quejaba del registro humillante a que someten a su mujer, cuando le visita. De 37 años de edad en el momento del proceso, José Ubaldo Izquierdo Hernández también había abierto una biblioteca independiente en su domicilio, donde los vecinos podían llevarse sus libros, en préstamo.
El 18 de marzo, Héctor Fernando Maseda Gutiérrez, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, fue detenido en su domicilio de La Habana. Juzgado el 3 de abril, le acusaron de difundir informaciones en la página Web cubanet.org, la revista Perfiles liberales (publicada por la Fundación alemana Freidrich Naumannn) y también en la revista Encuentro, publicada en España, así como de participar en programas de Radio Martí. Su mujer denunció que no se respetó el derecho a la defensa, subrayando que su marido no pudo ver a su abogado hasta pocas horas antes de la vista. Condenado a 20 años de cárcel, fue posteriormente trasladado a la cárcel de Villa Clara, en Santa Clara, una ciudad situada a 270 kilómetros al este de la capital. Desde entonces, el periodista y su mujer han denunciado que les interceptan el correo y que las autoridades se niegan a darle las medicinas que necesita. Tiene una enfermedad de la piel y varias alergias. Con 60 años y casado con Laura Pollán Toledo, Héctor Fernando Maseda Gutiérrez es también vicepresidente del Partido Liberal Democrático, un partido político ilegal. Ex ingeniero nuclear, le despidieron por "incorrección ideológica" a finales de los años 90.
El 19 de marzo fue detenido en Camagüey Mario Enrique Mayo Hernández, director de la agencia Félix Varela. Juzgado el 4 de abril por la sala especial de delitos contra la Seguridad del Estado, junto con otros tres periodistas, fue condenado a 20 años de cárcel por violación del artículo 91 del código penal. Está acusado de publicar artículos "subversivos" en el sitio nuevaprensa.org, y de ser un activo colaborador de Radio Martí. Un agente de la Seguridad del Estado infiltrado en la disidencia testimonió que el periodista había consultado Internet en los locales de la Sección de Intereses Norteamericanos de La Habana. El 24 de abril, Mario Enrique Mayo Hernández fue trasladado a la cárcel provincial de Holguín, a más de 200 kilómetros de su domicilio, donde estuvo sometido a régimen de máxima severidad. Padece hipertensión arterial y hemorragias. En la visita del 15 de agosto su mujer, Maydelin Guerra Alvárez, fue obligada a desnudarse casi completamente. Un registro que ella calificó de "humillación voluntaria". No dejaron que le entregara una cesta con provisiones. A mediados de octubre, Mario Enrique Mayo Hernández llevó a cabo una huelga de hambre con otros presos políticos, para protestar contra el encierro en el calabozo de un detenido que se había quejado de no recibir tratamiento para su hipertensión. El 8 de noviembre le trasladaron a una cárcel de Santiago de Cuba, donde se encuentra internado junto a presos comunes. Desde entonces teme permanentemente ser víctima de la violencia de éstos, a los que las autoridades utilizan frecuentemente contra los presos políticos. Abogado de formación, Mario Enrique Mayo Hernández, de 38 años, fue despedido por sus convicciones. Creó la agencia Félix Varela en 2001.
El 18 de marzo, Jorge Olivera Castillo, director de la agencia Havana Press, fue detenido en su domicilio de La Habana. El 5 de abril le juzgaron con otros tres periodistas. Dado que sus artículos para el sitio nuevaprensa.org, o la revista española Encuentro, se consideran como actos "contra la independencia nacional y la economía de Cuba" (Ley 88), le condenaron a 18 años de cárcel. Se le acusa igualmente de recibir material (máquina de escribir, cámara super 8, cintas de vídeo y cassettes de audio) de diplomáticos norteamericanos ; un material que fue embargado en el registro de su domicilio. Junto con los demás acusados, Jorge Olivera Castillo, de 41 años, reconoció los hechos, afirmando que quería ejercer un "periodismo sin censura al servicio de la verdad". A finales de abril fue trasladado a la cárcel de Chafarina (provincia de Guantánamo), situada a más de 900 kilómetros de su domicilio. Según su mujer, en las semanas siguientes perdió más de 15 kilos. Afectado por una enfermedad del colon, tiene constantes hemorragias gastrointestinales. Diplomado del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Jorge Olivera Castillo fue durante diez años redactor del informativo televisivo. En 1992 le detuvieron, durante tres días, cuando intentaba salir clandestinamente de la isla. Entonces se unió a la disidencia y después fundó, en 1995, con otros dos periodistas, la agencia Havana Press, que dirigía desde entonces. Está casado con Nancy Alfaya Hernández.
El 19 de marzo, Pablo Pacheco Avila, de la agencia Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI), fue detenido en su domicilio de Ciego de Avila, en la provincia del mismo nombre (Centro). De 33 años de edad, el periodista fue juzgado a principios de abril, junto con Pedro Argüelles Morán, por el tribunal provincial popular de Ciego de Avila. Está acusado de publicar informaciones "que maliciosamente tergiversaban la realidad cubana e instaban la indisciplina social, así como a crear un ambiente de conflictos y desobediencia civil " . Como prueba de cargo, sus acusadores recordaron 563 intervenciones en Radio Martí. A Pablo Pacheco Avila le condenaron a 20 años de cárcel, por violación de la Ley 88. Después le trasladaron a la cárcel de Agüica, situada en Colón (provincia de Matanzas), a más de 200 kilómetros de su casa. En noviembre se supo que ha perdido once kilos y padece problemas de estómago e hipertensión arterial. Sus condiciones de detención son difíciles : nunca ve la luz del día, le han negado la asistencia de capellán y la alimentación es incompatible con los medicamentos que tiene que tomar. Después de hacer estudios deportivos, Pablo Pacheco Avila entró en la ilegalidad ingresando en el Partido Solidaridad Democrática y en la agencia de prensa Patria, de donde se marchó para ir a la CAPI. Está casado con Oleivis García Echemendia.
El 19 de marzo, Fabio Prieto Llorente, director de la Agencia de Prensa Independiente Isla de Pinos, fue detenido en la Isla de Pinos, o Isla de la Juventud (Sudoeste). A principios de abril le condenaron a 20 años de cárcel, cuando el fiscal había solicitado 15 años. Está acusado de actos "contra la independencia y la integridad territorial del Estado" (artículo 91 del código penal). El periodista enviaba regularmente sus informaciones, sobre los atentados a los derechos humanos en la Isla de la Juventud, a la agencia Havana Press, y a la antigua página Web cubafreepress.org. Posteriormente le trasladaron a la cárcel de Guanajay (provincia de La Habana), donde está internado junto a presos comunes, que le han robado sus pertenencias. En el verano estuvo en una celda de castigo, por "ofender" a un guardián.
El 19 de marzo fue detenido en Camagüey (Este) Alfredo Pulido López, de la agencia El Mayor. Le juzgaron el 4 de abril, junto con otros tres periodistas independientes, en el tribunal provincial popular de Camagüey, y le condenaron a 14 años de cárcel, por violación del artículo 91 del código penal. Está acusado de publicar "artículos tendenciosos" y de tener en su agenda los contactos de medios de comunicación extranjeros y diplomáticos norteamericanos. Alfredo Pulido López, que tenía 42 años cuando se celebró el juicio, fue trasladado a finales de abril a la cárcel Combinado del Este, en La Habana. Internado en una celda de aislamiento, padece hipoglucemia. Médico de formación, es también activista del Movimiento Cristiano de Liberación (una organización no reconocida por las autoridades), en el que militaba en favor del Proyecto Varela. Alfredo Pulido López está casado con Rebeca Rodríguez Souto.
El 20 de marzo, la Seguridad del Estado detuvo a Raúl Rivero Castañeda, fundador y director de Cuba Press, en su domicilio de la calle Peñalver, en La Habana. A este hombre, mascarón de proa de la prensa independiente, le juzgaron el 4 de abril junto con Ricardo González Alfonso. Ambos fueron condenados a 20 años de cárcel, por violación del artículo 91 del código penal. En el proceso actuaron como testigos de cargo dos agentes de la Seguridad del Estado, infiltrados en la prensa independiente ; uno de ellos, Néstor Baguer, acusaba además a Raúl Rivero de ser alcohólico. Está acusado sobre todo de haber escrito artículos "tendenciosos" en algunas publicaciones extranjeras. "No conspiro, escribo", se defendió el periodista. El 28 de abril le trasladaron a la cárcel de máxima severidad de Canaleta, cerca de Ciego de Avila ( a 430 kilómetros al este de La Habana). Tras haber empeorado netamente, la salud del periodista, que ha perdido 20 kilos desde agosto, mejoró para estabilizarse después. En septiembre las autoridades le negaron el derecho a casarse religiosamente con Blanca Reyes, su mujer, con la que ya está casado civilmente. Ex periodista de la prensa oficial, nacido en noviembre de 1945, Raúl Rivero Castañeda rompió con el régimen en 1991. Creó Cuba Press en 1995. Es también un poeta de fama internacional.
El 18 de marzo fue detenido en La Habana Omar Rodríguez Saludes, reportero gráfico y director de la agencia Nueva Prensa. El 5 de abril le condenaron a 27 años de cárcel, la condena más grave impuesta a un periodista independiente. Está acusado de atentar contra la independencia y la integridad del Estado (artículo 91 del código penal). Escribió numerosos artículos sobre el acoso y la represión que padecen los opositores del régimen, y colaboró en el lanzamiento de la revista disidente De Cuba. A finales de abril fue trasladado a la cárcel de Camagüey, a más de 500 kilómetros de la Habana, y de los suyos. A finales de noviembre, su esposa Ileana Marrero Jova, estaba preocupada por sus condiciones de detención y de salud. En diciembre fue trasladado a la cárcel de Nieves Morejón, en Cabaiguán (provincia de Sancti Spiritus). Tiene problemas renales. Omar Rodríguez Saludes, de 37 años y casado con Ileana Marrero Joa, es uno de los pioneros de la prensa independiente. Comenzó en 1995 como colaborador de la agencia BPIC, antes de unirse a Nueva Prensa. Se considera un fotógrafo "ciego", porque solo muy pocas veces ha podido ver sus fotos publicadas en el extranjero.
El 20 de marzo, Omar Moisés Ruiz Hernández, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, fue detenido por la Seguridad del Estado en Villa Clara (provincia de Santa Clara, Centro). A principios de abril fue condenado a 18 años de cárcel, por "actos contra la independencia y la integridad del Estado" (artículo 91 del código penal). Se le acusa de haber colaborado con el sitio nuevaprensa.org y Radio Martí, y de haber cobrado por esos artículos, en los que entre otras cosas denunciaba los atentados a los derechos humanos. Trasladado al centro penitenciario provincial de Guantánamo, está detenido en una celda individual. Frecuentemente le interceptan la correspondencia, y a veces le prohíben realizar llamadas telefónicas. Omar Moisés Ruiz Hernández tiene 56 años y está casado con Bárbara Rojo Arias ; es también militante del ilegal Partido Solidaridad Democrática.
El 19 de marzo, Manuel Vázquez Portal, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, fue detenido en su domicilio de La Habana. El 4 de abril le juzgaron, junto con otros tres periodistas, y le condenaron a 18 años de cárcel, por violación de la Ley 88. Sus acusadores recordaron los artículos publicados en el sitio cubanet.org, y las intervenciones en Radio Martí. Posteriormente le trasladaron a la cárcel de Boniato (provincia de Santiago de Cuba, Este), situada a más de 800 kilómetros de La Habana. A finales de agosto inició una huelga de hambre, con varios presos políticos, para protestar por las condiciones de detención. Entre otras cosas denunciaban la falta de higiene (ratas, mosquitos, moscas y cucarachas en abundancia), la alimentación insuficiente y la falta de cuidados médicos para los presos enfermos. Para romper ese movimiento de contestación, las autoridades le trasladaron, a principios de septiembre, a la cárcel de Aguadores, cerca de la ciudad de Santiago de Cuba. El periodista dejó la huelga de hambre cuando llegó a pesar 49 kilos. De 52 años de edad, Manuel Vázquez Portal es un ex periodista de la prensa oficial. También escritor, perteneció a la UNEAC (asociación oficial de escritores y artistas), de donde le expulsaron en 1995 por sus opiniones disidentes. Se convirtió entonces en una de las grandes figuras de la prensa independiente, gracias a su pluma ágil y a su humor. Está casado con Yolanda Huerga Cedeño.

Tres periodistas detenidos antes de 2003, continuaban detenidos el 1 de enero de 2004.
El 28 de enero de 2003, Elena María González, la mujer de Carlos Alberto Domínguez, de la agencia independiente Cuba Verdad, pudo visitar a su marido en la cárcel de "máxima severidad" de Valle Grande, a 60 kilómetros de la capital. Según la entrevista que concedió a la revista Carta de Cuba, publicada en la primavera de 2003, el periodista y militante político no ha cambiado, y tiene la moral alta. Tres meses después de su detención renunció a un abogado, porque no le dejaban verle y no tenía acceso a su dossier. El periodista ha estado hospitalizado en varias ocasiones, para tratarle una hipertensión arterial y migrañas. El 13 de octubre fue trasladado a la cárcel de Combinado del Este (La Habana), por participar en una huelga de hambre efectuada por presos políticos, para protestar por la violencia infligida a tres de ellos. El 5 de noviembre de 2003 se supo que tiene problemas cardiovasculares. Fue detenido el 23 de febrero de 2002, en su domicilio de La Habana, por cuatro agentes de la Seguridad del Estado, en la víspera de una misa conmemorativa organizada por la oposición. Le acusaron de "desacato" y "alteración del orden público". Carlos Alberto Domínguez es también director del Instituto de Derecho y miembro del Partido Democrático 30 de Noviembre, dos grupúsculos ilegales. A fecha 1 de enero de 2004, Carlos Alberto Domínguez, de 49 años, todavía no había sido juzgado.
El 31 de enero un guardián golpeó e insultó a Carlos Brizuela Yera, colaborador de la agencia independiente Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC), detenido en el Provisional Provincial de Holguín (Este) ; según él, porque le reclamaba que le devolviera unos documentos que le habían confiscado, y entre ellos un ejemplar de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras el altercado, las autoridades carcelarias le suspendieron las visitas conyugales, en los dos meses siguientes. A principios de enero se supo, por su mujer, que el periodista padecía unas fuertes fiebres, para las que no le daban ningún tratamiento. Carlos Brizuela Yera fue detenido el 4 de marzo de 2002 cuando participaba, con Lester Téllez Castro y varios militantes de los derechos humanos, en una manifestación de protesta contra la agresión de unos policías a un colega periodista. El 27 de agosto, la fiscalía de Ciego de Avila pidió cinco años de cárcel para él, por "desacato a funcionario", "desorden público", "resistencia a la autoridad" y "desobediencia". Desde su detención no le han autorizado a ver a su abogado. El 1 de enero de 2004 no se había fijado todavía la fecha para el juicio.
El 9 de diciembre se supo que había empeorado considerablemente el estado de salud de Lester Téllez Castro, director de la Agencia de Prensa Libre Avileña (APLA), internado en la cárcel de Canaleta (Ciego de Avila). El periodista, ciego del ojo derecho desde hace muchos años, declaró que seguía reduciéndose la visión de su ojo izquierdo. No recibe la asistencia médica necesaria, y también tiene problemas de tensión arterial. Según su familia, Lester Téllez Castro está detenido en una celda exigua, oscura y húmeda, de la que a veces no le permiten salir durante semanas enteras, lo que le impide ver la luz del día y comunicar con su familia, a pesar de que el reglamento se lo autoriza. Su abogado sigue ignorando en que fecha le juzgarán. En febrero fue hospitalizado temporalmente, por sus problemas oculares. Lester Téllez Castro fue detenido el 4 de marzo de 2002 cuando participaba, con Carlos Brizuela Yera, en una manifestación de protesta por la agresión policial a un colega periodista independiente. El 27 de agosto de 2002 la fiscalía de Ciego de Avila pidió seis años de cárcel para él, por "desacato a funcionario", "desorden público", "resistencia a la autoridad" y "desobediencia". El 1 de enero de 2004 todavía no se había fijado la fecha del juicio.

Liberado un periodista en 2003
El 13 de noviembre salió en libertad Bernardo Arévalo Padrón, ex director de la agencia Línea Sur Press. Las autoridades penitenciarias le entregaron la "carta de libertad", sin más explicaciones ; la liberación se produjo al finalizar el cumplimiento de la condena. Después, el periodista reanudó sus actividades periodísticas en la agencia independiente José Maceo. Sin embargo, desearía marcharse del país. Bernardo Arévalo Padrón estaba detenido desde julio de 2002 en la cárcel de Ariza, provincia de Cienfuegos (Centro). Desde noviembre de 1997 le habían trasladado a numerosas cárceles, y entre ellas a campos de trabajo, donde le destinaron a cortar caña de azúcar. Según su mujer, Libertad Arévalo, entonces tenía varios problemas de salud : sacrolumbalgia, insuficiencia cardiaca y leptospirosis. Bernardo Arévalo Padrón fue condenado en apelación el 28 de noviembre de 1997 por "desacato", por haber llamado "mentirosos" al presidente Castro, y al vicepresidente Carlos Lage, en los micrófonos de Radio Martí. El periodista les acusó de no mantener los compromisos democráticos firmados en la Cumbre Iberoamericana de 1996. Desde octubre de 2000 Bernardo podía beneficiarse de una libertad anticipada, por haber cumplido la mitad de la condena. Pero la administración penitenciaria siempre se la negó "por su falta de cooperación con el programa de reeducación".

Siete periodistas detenidos
El 11 de febrero de 2003 fue detenido, en un hotel de La Habana, el argentino Fernando Ruiz Parra, profesor de periodismo en la Universidad Austral, de Buenos Aires. Conducido a la comisaría y después a la cárcel, le interrogaron en cuatro ocasiones, antes de dejarle en libertad al día siguiente. Las autoridades le acusaban de realizar actividades periodísticas con un visado de turista. "Si hubiera pedido un visado de prensa, no lo habría conseguido", explica el profesor. El 13 de febrero le metieron en un avión, con destino a Argentina y escala en Panamá. Fernando Ruiz Parra, que había llegado a Cuba el 3 de febrero, investigaba sobre la prensa independiente y acababa de entrevistarse con varios periodistas en provincias. La policía cubana confiscó sus notas, grabaciones y agenda.
El 22 de febrero, fue brevemente detenido Juan Carlos Garcell, de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), cuando intentaba cubrir el registro policial de una casa en Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. El periodista quedó en libertad después de pagar una multa.
El 24 de febrero, la Seguridad del Estado detuvo en la ciudad de Camagüey (Centro) a Ramón Armas Guerrero y Omar Darío Pérez Hernández, de las agencias El Mayor y Nueva Prensa. Ambos periodistas, liberados poco después, se disponían a cubrir unas manifestaciones organizadas por la oposición local, conmemorando el séptimo aniversario de la destrucción, por unos cazas cubanos, de dos aviones de la asociación anticastrista "Hermanos al Rescate", con sede en Florida.
El 29 de octubre la Seguridad del Estado detuvo a Claudia Márquez Linares, directora de la revista disidente De Cuba y corresponsal de Reporteros sin Fronteras. Quedó en libertad dos horas más tarde. La periodista había publicado en septiembre otro número de la revista De Cuba. En el interrogatorio le advirtieron que las autoridades no pensaban tolerar la salida de más números.
El 29 de octubre, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvo a Abel Escobar Ramírez, corresponsal de la agencia independiente Cuba Press en Morón (a 350 km. al este de La Habana), y le condujo a la sede regional de la Seguridad del Estado en Ciego de Avila. Durante su detención, un oficial le notificó que le habían detenido por violar la Ley 88, que defiende "la independencia y la economía de Cuba". Le confiscaron un magnetófono y algunas cassettes que contenían informaciones destinadas al sitio nuevaprensa.org. Detenido durante tres días, fue interrogado varias veces sobre sus actividades. Quedó en libertad el 1 de noviembre.
El 10 de diciembre, un agente de policía obligó a estacionar en una parada de autobús en La Habana, impidiéndole continuar viaje, a Ana Leonor Díaz Chamizo, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro. La periodista acudía a un acontecimiento organizado por el Comité de Madres "Leonor Pérez", una asociación no reconocida por las autoridades, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Cinco periodistas agredidos
El 10 de febrero de 2003, un responsable de la cárcel provincial "Nieves Morejón", de la ciudad de Cabaiguán, golpeó a María Elena Alpizar, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, cuando cubría una manifestación organizada por algunos opositores, que pretendían manifestar así su apoyo a un preso político, que se había declarado en huelga de hambre.
En la noche del 8 de marzo unos desconocidos lanzaron piedras a los domicilios de José Ubaldo Izquierdo Hernández, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, y Miguel Galván Gutiérrez, de la agencia Havana Press en Güines (provincia de La Habana). Los dos periodistas piensan que la agresión estuvo orquestada por la Seguridad del Estado.
El 25 de junio arrojaron una piedra al domicilio de Abel Escobar Ramírez, corresponsal en Morón de la agencia Cuba Press, hiriendo ligeramente a su hija de seis años. Según el periodista, el acto sería una consecuencia de las reuniones organizadas por la Seguridad del Estado en el barrio, en las que se dijo a los habitantes que el periodista es un "terrorista" y un "mercenario". Durante un interrogatorio, dos oficiales de la policía política informaron a Abel Escobar Ramírez que en la zona había muchas personas que querían agredirle.
El 28 de septiembre fue agredida, en la estación de Santa Clara, Adela Soto Alvárez, de la agencia Nueva Prensa. Unos desconocidos le golpearon cuando llegaba a su vagón, situado al final del andén. La compañía ferroviaria acababa de obligarle a cambiar su billete por una plaza en ese vagón, sin darle explicaciones. Tres policías que estaban presentes en el lugar se abstuvieron de intervenir. El 21 de julio, la Seguridad del Estado había citado a la hija de la periodista, para pedirle que convenciera a su madre de cesar en sus actividades periodísticas.

Presiones y trabas
El 24 de enero de 2003, un agente de la Seguridad del Estado visitó a Marilín Lahera, directora de la agencia La Voz de Oriente, con sede en Santiago de Cuba (Este), y después a José Antonio Reiner, de la misma agencia. El funcionario les pidió que le siguieran hasta una unidad del Ministerio del Interior. Como no llevaba una citación de comparecencia, ambos periodistas se negaron a ello. El incidente no tuvo consecuencias.
El 24 de febrero, unos agentes de la Seguridad del Estado impidieron durante varias horas a Isabel Rey, corresponsal en Santa Clara de la agencia Cuba Press, que saliera de la casa de un opositor, a la que había acudido para cubrir algunas acciones de la disidencia en conmemoración del séptimo aniversario de la destrucción, por unos cazas cubanos, de dos aviones de la asociación anticastrista "Hermanos al Rescate", con sede en Florida.
El 25 de febrero, durante el quinto Festival del Habano, que se celebra en la capital cubana, unos policías pidieron al responsable del stand de la revista trimestral francesa L'Amateur de cigare, que retirara los ejemplares de su última edición. Según Jean-Paul Kauffman, director de la revista, la empresa Habanos, la organizadora del festival, justificó la decisión porque en aquella edición se publicaba un dibujo, representando al Che con las orejas de Mickey Mouse. Una decisión que Jean-Paul Kauffman calificó de "surrealista", al tiempo que denunciaba una "un acto de censura". El Festival del Habano reúne todos los años a los profesionales de la industria del cigarro puro.
El 8 de abril se supo que el corresponsal en Morón (provincia de Ciego de Avila) de la agencia Cuba Press, Abel Escobar Ramírez, había recibido una advertencia oficial. O "encontraba trabajo" en setenta y dos horas, o le condenarían a cuatro años de cárcel.
El 4 de mayo, Bernard Briançon, responsable de la sociedad de producción privada francesa Mediasens, fue retenido en el aeropuerto internacional de La Habana, cuando pasaba la aduana. Le llevaron a una sala situada en el sótano del aeropuerto, donde registraron su equipaje. Le embargaron ocho cintas de vídeo, que contenían entrevistas con disidentes. Las autoridades aduaneras no le dieron ninguna explicación, se contentaron con hacer que el periodista firmara un "acta de retención y rectificación".
El 7 de mayo, unos hombres de la Seguridad del Estado registraron el domicilio de Rafael Ferrero Salas, corresponsal de la agencia Grupo de Trabajo Decoro en Hermanos Cruz (provincia de Pinar del Río). Confiscaron el fax y el ordenador del periodista, y le conminaron a poner fin a sus actividades periodísticas, so pena de represalias.
El 8 de mayo, agentes de la Seguridad del Estado amenazaron en su domicilio a Fara Armenteros, directora de la agencia Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes, y a Gilberto Figueredo, colaborador de la revista Carta de Cuba, publicada en Puerto Rico. Les pidieron que pusieran fin a sus actividades periodísticas, o en caso contrario les detendrían aplicándoles la Ley 88, que sanciona los atentados contra la Seguridad del Estado y cualquier colaboración con Estados Unidos.
El 14 de mayo, Luis Cino Alvárez, de la agencia Nueva Prensa, y Ana Rosa Veitía Bécquer, de la agencia Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes (UPECI), recibieron en su domicilio la visita de unos agentes de la Seguridad del Estado. Uno de ellos les previno que "en Cuba, se ha terminado la prensa independiente". Les prohibieron continuar con sus actividades en la prensa independiente y les confiscaron material. Dos días después, le tocó el turno a Ernesto Roque Sintero, de la agencia Cooperativa de Periodistas Independientes (CPI), que fue amenazado con entre 10 y 20 años de cárcel, por "traición a la patria".
El 23 de mayo, Oscar Mario González Pérez, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, fue amenazado por unos agentes de la Seguridad del Estado, en su domicilio de La Habana. Intentaron intimidarle, diciendo que podría ser condenado a 25 años de cárcel. Los policías le animaron a marcharse a Europa, donde vive su hija, prometiéndole que las autoridades no se opondrían al viaje. El 22 de agosto se supo que finalmente le habían negado la autorización para salir del territorio.
En la semana del 2 de junio, María Elena Alpízar, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, recibió una citación de la oficina del Ministerio del Interior en Santa Clara, tras haber dirigido una carta a las autoridades en la que se lamentaba de que algunos miembros de la Seguridad del Estado le habían agredido, en varias ocasiones. En la entrevista, calificaron su carta de "sarcástica", y el oficial le reprochó que no hubiera adjuntado un certificado médico. Según la periodista, concluyó declarando que las lesiones constatadas eran "daños colaterales de su trabajo".
El 10 de junio, José Manuel Caraballo, Nilo Alejandro Gutiérrez y Tico Morales Agostino, de la agencia APLA, y Jesús Alvárez Castillo y Abel Escobar Ramírez, de la agencia Cuba Press, recibieron la citación de un oficial de la Seguridad del Estado de Morón (provincia de Ciego de Avila). Los periodistas se negaron a comprometerse por escrito a abandonar el periodismo. "Ahora la disidencia debe morir", declaró el oficial. José Manuel Caraballo y Nilo Alejandro Gutiérrez ya habían sido citados, tres días antes. Al primero le amenazaron con una condena de 20 años de cárcel, si no dejaba de ejercer su oficio.
El 12 de junio se supo que una activista de la organización feminista oficial Federación de Mujeres Cubanas, de La Habana, informó a María López, de la agencia sindical de prensa Lux Info Press, de que tendría que abandonar la isla si no se afiliaba a la organización. La afiliación a una organización oficial es obligatoria.
El 25 de junio, Carlos Serpa Maceira, corresponsal en la Isla de la Juventud (Sudoeste) de la agencia UPECI, fue amenazado con 20 años de cárcel, por unos agentes de la Seguridad del Estado que se presentaron en su domicilio. Los policías le recordaron que su colega Víctor Rolando Arroyo, de la misma agencia, ya estaba encarcelado. Le acusaron de enviar sus artículos al sitio cubanet.org, con sede en Florida. Carlos Serpa Maceira ha sabido de que hay abierta una causa contra él.
El 16 de julio, un agente de la Seguridad del Estado se presentó en el domicilio de Amarilis Cortina Rey, de la agencia Cuba Verdad, y le amenazó con la cárcel si persistía en pretender crear un comité de solidaridad con sus colegas encarcelados. Al día siguiente, otros dos miembros del comité, Juan Carlos Linares, de la agencia Cuba Verdad, y Fara Armenteros, de la agencia UPECI, recibieron también la visita de unos agentes de la Seguridad del Estado.
El 21 de julio, Omar Darío Pérez Hernández, corresponsal de la agencia Nueva Prensa en Camagüey (Centro), fue interrogado por un agente de la Seguridad del Estado, quien le anunció que podrían acusarle de "servir a los intereses imperialistas" de Estados Unidos, y juzgarle en aplicación de la Ley 88, si continuaba dedicándose a "actividades subversivas". La Ley 88 establece hasta 20 años de cárcel. Le citaron de nuevo el 12 de agosto.
Según una nota publicada el 26 de agosto en el sitio nuevaprensa.org, en la ciudad de Palma Soriano, situada en la provincia de Santiago de Cuba (Este), se han instalado cuatro antenas destinadas a interferir la programación de Radio Martí. Según el mismo artículo, existen otras antenas con la misma función en San Felipe (provincia de La Habana), y por todo el país.
El 5 de septiembre, José Manuel Caraballo, director de la Agencia de Prensa Libre Avileña en Morón (provincia de Ciego de Avila), fue condenado a tres años de trabajos de interés general. Está acusado de falsificar certificados escolares, en la época en que enseñaba en un centro de formación para el turismo. Otro profesor, el secretario y el director adjunto de la institución, fueron juzgados por el mismo delito, pero el periodista es único al que no se le aplicó una reducción de condena. José Manuel Caraballo apeló. El 10 de junio le citó un oficial de la Seguridad del Estado, que le pidió que firmara un acta comprometiéndose a abandonar el periodismo independiente. También le citaron el 7 de junio, y le amenazaron con una condena de 20 años de cárcel, si no dejaba de ejercer su oficio.
El 22 de septiembre, el Instituto del Habitat amenazó con expulsar de su apartamento de La Demajagua, cerca de Nueva Gerona (Isla de la Juventud), a Carlos Serpa Maceira, de la agencia UPECI, y a su familia. Las amenazas son una consecuencia de que el periodista abriera una sala de proyección de vídeo en su domicilio, llamada "Sin censura". También se le acusa de colaborar con Radio Martí y el sitio cubanet.org. Por otra parte, a un militante de los derechos humanos le advirtieron que confiscarían su material, y le cortarían la línea del teléfono, si seguía prestando su fax al periodista.
El 29 de octubre, unos agentes de la Seguridad del Estado registraron el domicilio de Jesús Alvárez Castillo, de la agencia Cuba Press en Morón (provincia de Ciego de Avila). Se incautaron de más de 300 libros y revistas pertenecientes al periodista. Según Jesús Alvárez Castillo, el registro tiene que ver con sus actividades periodísticas. Recuerda que el 19 de septiembre la policía política le detuvo durante dos horas, cuando se encontraba en la provincia de Las Tunas.
El 19 de noviembre, Blanca Reyes, esposa del poeta y periodista cubano encarcelado Raúl Rivero Castañeda, declaró a la Agencia France-Presse (AFP) que no le habían autorizado a salir de Cuba para ir a visitar a su hijo, que reside en Miami. La Dirección de Migraciones se negó a entregarle una autorización de salida del territorio, sin dar explicaciones. Desde la detención de su marido, Blanca Reyes no cesa de reclamar su liberación y denunciar sus condiciones de detención.
El 25 de noviembre, Maydelin Guerra Alvárez, esposa del periodista encarcelado Mario Enrique Mayo Hernández, recibió una citación de la comisaría de la Seguridad del Estado en Camagüey (Este). En el transcurso de un interrogatorio de cuatro horas le amenazaron con registrar su domicilio y encarcelarla, si continúa pasando informaciones sobre la situación de su marido a organizaciones con sede en el extranjero, o transmitiendo sus artículos a medios de comunicación extranjeros. Los policías le amenazaron también con suspenderle las visitas a su esposo. La dejaron en libertad después de avisar que se trataba de la última advertencia, antes de encarcelarla.
El 10 de diciembre, dos oficiales de la Seguridad del Estado interrogaron durante cuatro horas a Carlos Serpa Maceira, de la agencia UPECI. Le amenazaron con abrirle diligencias, si cubría las actividades organizadas por la oposición con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Reporteros sin Fronteras (RSF) defiende a los periodistas encarcelados y la libertad de prensa en el mundo, o sea el derecho de informar y estar informado, en conformidad con el artículo 19 de la Déclaración Universal de Derechos Humanos. RSF cuenta con nueve secciones nacionales (Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia y Suiza), con representaciones en Abidyán, Bangkok, Buenos Aires, Estambul, Montreal, Moscú, Nueva York, Tokio, y Washington, y con un centenar de corresponsales en el mundo.

 

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