La situación de derechos humanos
La intolerancia del gobierno cubano de la democracia y la
libertad de expresión siguió siendo única
en la región. Cuba, con un Estado monopartidista, restringió
casi todas las vías de disidencia política.
Aunque los disidentes se enfrentaron ocasionalmente al procesamiento
penal, el gobierno utilizó con mayor frecuencia las
detenciones breves, los arrestos domiciliarios, las restricciones
sobre los viajes, la vigilancia, las amenazas, los despidos
por razones políticas y otras formas de hostigamiento.
Las restricciones de Cuba sobre los derechos humanos estaban
ancladas en la estructura legal e institucional del país.
Los derechos a la libertad de expresión, asociación,
asamblea, movimiento y de prensa estuvieron estrictamente
limitados por la legislación cubana. Al criminalizar
la propaganda enemiga, la divulgación de noticias no
autorizadas, y el ultraje a los símbolos de la patria,
el gobierno reprimió la libertad de expresión
bajo la apariencia de la protección de la seguridad
del Estado. Las autoridades también encarcelaron u
ordenaron la vigilancia de personas que no habían cometido
actos ilegales, recurriendo a leyes que penalizan el "estado
peligroso" y disponen la "advertencia oficial." Los tribunales
controlados por el gobierno socavaron el derecho a un juicio
justo mediante la restricción del derecho a la defensa
e incumplieron con frecuencia las escasas garantías
del debido proceso con que cuentan los acusados dentro de
las leyes nacionales.
En julio, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, una prestigiosa organización
no gubernamental con sede en La Habana, hizo pública
una lista parcial de presos políticos que incluía
246 casos cuya documentación era confiable, según
el grupo. Algunos de los presos mencionados en la lista estaban
cumpliendo condenas sumamente largas-veinte o más años
por crímenes tales como la "rebelión" o el "sabotaje,"
delitos definidos ampliamente por los tribunales cubanos-mientras
que otros estaban cumpliendo sentencias cortas por desacato
o alteración del orden público.
El gobierno continuó procesando a personas por "salida
ilegal" si intentaban salir de la isla sin obtener primero
un permiso oficial para ello. Dicha autorización se
negaba a veces arbitrariamente o dependía de la compra
de un costoso permiso de salida. En junio, Pedro Riera Escalante,
un ex cónsul cubano y agente de inteligencia en Ciudad
de México, fue condenado por un tribunal militar a
seis años de prisión por salir ilegalmente de
Cuba con documentos falsos y por sobornar a funcionarios para
permitir su salida. Riera Escalante había roto las
relaciones con su gobierno y pedido asilo político
en México, pero las autoridades mexicanas lo deportaron
en octubre.
A pesar de que sus tres co-reos fueron puestos en libertad
en mayo de 2000, el líder disidente Vladimiro Roca
Antúnez seguía encarcelado en noviembre, cumpliendo
el último año de una condena de cinco años.
Los cuatro enjuiciados, entonces miembros del Grupo de Trabajo
de la Disidencia Interna (GTDI), fueron condenados por "actos
contra la seguridad del Estado" en marzo de 1999, después
de que los hubieran detenido en julio de 1997. Su detención
se produjo después de la publicación por el
GTDI de un documento analítico sobre la economía,
los derechos humanos y la democracia en Cuba.
El Dr. Óscar Elías Biscet González,
de treinta y nueve años, fue otro de los activistas
prominentes que seguía tras los barrotes en noviembre.
Biscet fue condenado a tres años de cárcel en
febrero de 2000 por actos de protesta tales como darle la
vuelta a la bandera de Cuba y portar cárteles contra
el aborto. Biscet, presidente de la Fundación Lawton
de Derechos Humanos, una organización independiente,
fue condenado por deshonrar los símbolos patrios, alteración
del orden público e instigación de la delincuencia.
Se informó que desde su detención en noviembre
de 1999, había sido maltratado por las autoridades
penitenciarias y mantenido en malas condiciones, lo que le
provocó pérdida de peso y problemas dentales.
En abril, se informó de que Biscet tuvo que compartir
celda con un preso con problemas psicológicos.
José Orlando González Bridón, líder
de la Confederación Democrática de Trabajadores
de Cuba, un sindicato no oficial, fue condenado a dos años
de cárcel en mayo por "divulgar noticias falsas." Los
cargos fueron consecuencia de un artículo que publicó
en un sitio de Internet en agosto de 2000 en el que criticaba
a la policía local por negligencia en la muerte de
otro activista de los derechos del trabajador. En noviembre
de 2000, poco después de su detención, González
Bridón participó en una marcha de protesta en
el que él y otros disidentes corearon "Abajo Fidel!"
mientras enterraban simbólicamente la Constitución
y el código penal de Cuba en pequeños ataúdes.
Los fiscales habían solicitado inicialmente una condena
de siete años para González Bridón. Aunque
redujeron la petición de condena a un año, el
tribunal agregó un año a la sentencia después
de hallarle culpable. Después, en la apelación,
la condena fue cortada a un año. González Bridón
obtuvo la libertad condicional el 22 de noviembre, tres semanas
antes de que venciera su condena. (Las leyes cubanas disponen
la concesión de la libertad condicional, dependiendo
del buen comportamiento, tras el cumplimiento de la mitad
de la condena.)
Otra persona que salió de la prisión con algo
de antelación fue Julia Cecilia Delgado, puesta en
libertad el 19 de octubre. Delgado, una bibliotecaria independiente
y presidenta de una organización no gubernamental,
había estado cumpliendo una condena de un año
por "desacato." Delgado fue una de las cerca de 200 personas
detenidas a principios de diciembre de 2000 dentro de una
oleada de arrestos destinados probablemente a desalentar las
concentraciones públicas del 10 de diciembre, Día
Internacional de los Derechos Humanos. Se creía que
el activista pro democracia Ángel Moya Acosta, procesado
al mismo tiempo, iba a terminar su condena de un año
en diciembre.
Cecilio Monteagudo Sánchez, un miembro del Partido
Solidaridad Democrática no oficial, fue puesto en libertad
en junio. Había sido condenado por "propaganda enemiga"
y condenado a cuatro años de cárcel en 1998.
La policía cubana lo detuvo inicialmente en septiembre
de 1997 por haber redactado, pero no publicado, un documento
en el que pedía la abstención en las elecciones
municipales.
Los arrestos y las detenciones a corto plazo fueron mucho
más frecuentes que los procesamientos penales. El caso
más destacado se inició el 12 de enero, cuando
los ciudadanos checos Jan Bubenik e Ivan Pilip fueron detenidos
después de reunirse con periodistas independientes
cubanos en la provincia de Ciego de Ávila. Bubenik,
un ex activista estudiantil, y Pilip, un legislador y ex ministro
de finanzas del gobierno checo, estuvieron detenidos durante
casi cuatro semanas, mientras las autoridades cubanas consideraban
si los procesaban por actos contra la seguridad del Estado.
Los dos fueron puestos en libertad a principios de febrero
tras intensas campañas diplomáticas de funcionarios
europeos.
Se informó de que, el 16 de enero, la policía
secreta cubana detuvo y propinó una paliza a un disidente
ciego, Juan Carlos González Leyva, junto con dos de
sus colegas. Durante el año, docenas de disidentes
y activistas de derechos humanos informaron de que los habían
arrestado y detenido durante períodos breves, tales
como horas o una noche. En algunas ocasiones, amenazaron o
insultaron a los detenidos, o registraron sus casas.
Independientemente de que estuvieran detenidos por delitos
políticos o comunes, los presos se vieron sometidos
a condiciones penitenciarias abusivas. Los presos sufrieron
con frecuencia desnutrición y languidecieron hacinados
en celdas sin atención médica adecuada. Algunos
soportaron el abuso físico y sexual, habitualmente
por parte de otros internos con la aquiescencia de los guardias,
o largos períodos aislados en celdas de castigo. Las
autoridades penitenciarias insistieron en que todos los presos
participaran en sesiones de "reeducación" política
o se enfrentaran a castigos. Los presos políticos que
denunciaron las malas condiciones de la cárcel fueron
sancionados frecuentemente con el confinamiento en solitario,
la restricción de las visitas o la negación
de tratamiento médico.
Cuba mantuvo la pena de muerte para toda una serie de delitos.
En junio, el Ministro de Justicia, Roberto Díaz Sotolongo,
dijo que Cuba prefería no emplear la pena capital por
"razones humanitarias," pero que dicha condena servía
como advertencia para los narcotraficantes. Las modificaciones
al código penal de finales de la década de los
noventa habían extendido la pena capital a los casos
de narcotráfico con circunstancias agravantes.
En abril, Elizardo Sánchez, de la Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional,
anunció que no se había aplicado la pena de
muerte en Cuba durante el año anterior. "Estamos viendo
una moratoria sobre la pena de muerte, pero deberíamos
pasar a su abolición," explicó al parecer Sánchez.
Dos salvadoreños condenados por participar en una oleada
de atentados con bomba contra instalaciones turísticas
de La Habana estaban también esperando la pena de muerte
y habían estado detenidos desde 1998. Se informó
de que una veintena de presos estaban condenados a muerte,
aunque esto no se pudo comprobar por que las autoridades no
ofrecieron información sobre las condenas a muerte
y las ejecuciones.
Las autoridades mantuvieron controles estrictos sobre la
prensa, impidiendo la cobertura independiente de noticias
dentro del país y adoptando medidas para limitar el
trabajo de los reporteros extranjeros. En noviembre, el periodista
independiente Bernardo Arévalo Padrón, director
de la agencia de noticias Línea Sur Press, seguía
encarcelado sin poder obtener la libertad condicional. Estaba
cumpliendo una condena de seis años por "insultar"
al Presidente Castro, impuesta en noviembre de 1997. En enero,
el periodista independiente Jesús Joel Díaz
Hernández, que había estado cumpliendo una condena
de cuatro años por "estado peligroso," obtuvo la libertad
condicional.
Las autoridades detuvieron e interrogaron habitualmente a
periodistas independientes, vigilaron sus llamadas telefónicas
y las visitas que recibían, restringieron sus viajes
y los pusieron en arresto domiciliario para impedir su cobertura
de ciertos eventos. En mayo, como reconocimiento de dichas
tácticas, el Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ), un grupo de defensa de la libertad
de prensa con sede en Estados Unidos, nombró al Presidente
Fidel Castro dentro de los Diez Peores Enemigos de la Prensa
en 2001.
Para impedir las informaciones negativas de la prensa extranjera,
las autoridades cubanas continuaron negando visas a ciertos
periodistas extranjeros desfavorecidos. En enero, el Presidente
Castro acusó a algunos reporteros de "transmitir insultos
y mentiras," y sugirió que Cuba podría considerar
la cancelación del permiso de sus empresas para operar
en Cuba. "Les hemos tolerado años (a las agencias),
reporteros aquí que insultan intencionada y deliberadamente
a dirigentes de la Revolucion y a mí."
El gobierno mantuvo un control considerable de la expresión
religiosa, pero, en general, las instituciones religiosas
y sus líderes disfrutaron de un grado de autonomía
que no se permitió a otras organizaciones. Varios grupos
administrados por grupos religiosos distribuyeron ayuda humanitaria
y llevaron a cabo programas sociales. Sin embargo, el gobierno
continuó frenando la entrada de sacerdotes y monjas
extranjeros y prohibiendo a las instituciones religiosas que
gestionaran escuelas (aunque se permitió la enseñanza
de la religión). En contraste con las primeras décadas
después de la Revolución Cubana, fue escasa
la discriminación contra las personas abiertamente
religiosas.
El gobierno solo reconoció un sindicato, la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC). Se negó el estatus oficial
a los sindicatos independientes y sus miembros fueron hostigados.
Los trabajadores empleados en negocios financiados con inversiones
extranjeras permanecieron bajo el control estricto del gobierno.
Conforme a las leyes laborales restrictivas, las autoridades
tenían una función destacada en la selección,
el pago y el despido de trabajadores, negando en la práctica
el derecho de los trabajadores a negociar los beneficios,
los ascensos y los salarios directamente con los empleadores.
Cuba también continuó utilizando el trabajo
carcelario para explotar campos agrícolas y gestionar
fábricas de ensamblaje de ropa y de otro tipo en sus
prisiones. La insistencia de las autoridades en que los presos
políticos trabajaran sin ser remunerados en malas condiciones
violó las normas laborales internacionales.
La defensa de los derechos humanos
Los defensores de los derechos humanos fueron hostigados
sistemáticamente. Las autoridades emplearon habitualmente
la vigilancia, la intervención telefónica y
la intimidación en sus esfuerzos para limitar la observación
independiente de las prácticas del gobierno en materia
de derechos humanos. En algunos casos, emplearon registros
arbitrarios, detenciones breves, expulsiones de casas, restricciones
de los viajes, despidos por motivos políticos, amenazas
y otras formas de hostigamiento contra activistas locales.
Aunque se permitió que la Relatora Especial de la
ONU sobre la violencia contra la mujer visitara el país
en 1999, el gobierno prohibió en general la entrada
de observadores internacionales de los derechos humanos y
del derecho humanitario. Desde 1989, no se ha permitido al
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que realice
visitas a prisiones cubanas, con lo que Cuba es el único
país de la región que impide dicho acceso.
El papel de la comunidad internacional
Las Naciones Unidas
En su vigésimo séptima sesión de abril,
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó
una resolución expresando su preocupación por
las continuas violaciones a los derechos humanos en Cuba,
la novena resolución de este tipo aprobada desde 1991,
e instó al gobierno a que invitara a visitar el país
a los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y la
libertad de expresión.
En la resolución, la Comisión señaló
que Cuba no ha introducido mejoras satisfactorias en el área
de los derechos humanos. Expresó una especial preocupación
por "la continuada represión de los opositores políticos
y por la detención de disidentes y de todas las personas
detenidas o encarceladas por expresar pacíficamente
sus ideas políticas, religiosas y sociales y por ejercer
su derecho a una participación plena e igual en los
asuntos públicos." En un borrador anterior de la resolución
se criticaba el embargo económico estadounidense sobre
Cuba, pero ese texto se omitió en la versión
final.
La resolución, promovida por la República Checa,
se aprobó con veintidós votos a favor, veinte
en contra y una serie de abstenciones.
La Unión Europea
Cuba continuó siendo el único país de
América Latina sin un acuerdo de cooperación
con la Unión Europea. La "posición común"
de la UE sobre Cuba, adoptada en 1996 y extendida en junio
de 2001, condicionaba la cooperación económica
plena a las reformas para la promoción de la democracia
y la protección de los derechos humanos. Sin embargo,
una serie de miembros de la UE estaban a favor de revisar
la posición común y establecer lazos más
estrechos con Cuba sin condición alguna. Los países
europeos ya acaparaban casi la mitad del comercio exterior
de Cuba, y más de 180 compañías europeas
operaban en la isla.
Durante su visita a Bruselas en julio, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, pidió
que se revisara la política de la UE con respecto a
Cuba. Unos meses después, los funcionarios de la UE
anunciaron que la Unión Europea era partidaria de reanudar
el diálogo político con Cuba y permitir que
la isla se uniera al Acuerdo de Cotonou, que rige las relaciones
de ayuda de la UE con países de África, el Caribe
y el Pacífico. El Ministro de Relaciones Exteriores
de Bélgica, Louis Michel, encargado de la presidencia
rotativa del Consejo de la UE, había visitado La Habana
en agosto y se había reunido con altos cargos del gobierno,
así como con disidentes políticos. A su regreso
a Europa, manifestó su apoyo al fortalecimiento de
los contactos con Cuba. Las conversaciones políticas
entre la Unión Europea y Cuba estaban previstas para
finales de noviembre.
A principios de octubre, los exiliados cubanos presentaron
una demanda judicial en Bruselas contra el Presidente Fidel
Castro y otros altos cargos del gobierno cubano, conforme
a la ley que autoriza a los tribunales belgas a conocer casos
de genocidio y crímenes contra la humanidad, independientemente
de donde ocurrieran los hechos. El demandante principal en
el caso era José Basalto, presidente del grupo de Miami,
Hermanos al Rescate. Otro de los demandantes era Eugenio de
Sosa Chabau, un ex director de periódico que pasó
veinte años en la cárcel después de la
Revolución Cubana. En la demanda se describían
la tortura y otros abusos padecidos por presos políticos,
entre ellos un incidente de 1960 en el que un preso recibió
presuntamente electrochoques en la cabeza y los testículos.
América Latina y la Organización de Estados
Americanos
El Presidente de Venezuela Hugo Chávez continuo siendo
el aliado más fiable de Cuba en la región, y
su país fue el único de América Latina
(a parte de la propia Cuba) que votó en contra de la
resolución de la ONU sobre las condiciones de derechos
humanos en Cuba. Varios países de la región
se abstuvieron en la votación, mientras que cuatro-Argentina,
Costa Rica, Guatemala y Uruguay-votaron a favor de la resolución.
Cuba reaccionó enérgicamente a la votación
de la ONU y arremetió contra los países latinoamericanos
que habían apoyado la censura. En febrero, antes de
la sesión de Ginebra, el diario oficial cubano Granma
acusó a Argentina de buscar la asistencia económica
de Estados Unidos a cambio del voto en contra de Cuba ante
las Naciones Unidas. El Presidente Castro acusó al
Presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, de "lamer
las botas de los yanquis," lo que provocó que Argentina
retirara temporalmente a su embajador en Cuba. Tras la votación
de Ginebra, Castro volvió a atacar a Argentina y dijo
que Costa Rica estaba haciendo el papel de "lacayo, algo más
que de lacayo, de sirviente" de Estados Unidos. También
afirmó que Guatemala solo votó a favor debido
a la fuerte presión de Estados Unidos.
La segunda parte del año fue testigo de las iniciativas
para eliminar los últimos vestigios del aislamiento
diplomático de Cuba en la región. En septiembre,
Honduras abrió una oficina de intereses en La Habana,
un probable primer paso hacia las plenas relaciones diplomáticas.
La iniciativa hondureña hizo que El Salvador fuera
el único país de América Latina sin relaciones
diplomáticas con la isla. El distanciamiento diplomático
entre Cuba y otros estados latinoamericanos se remontaba a
1961, cuando la Organización de Estados Americano suspendió
su membresía. En agosto, en un discurso ante el Consejo
Permanente de la OEA, el Ministro de Relaciones Exteriores
de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, pidió sin
rodeos la "completa integración" del hemisferio, alegando
que ningún país debía quedar aislado.
Estados Unidos
La devastación provocada por el huracán Michelle
abrió una brecha en el embargo económico estadounidense
sobre Cuba, cuando compañías estadounidenses
vendieron alimentos y medicinas a Cuba en noviembre de 2001
para compensar las pérdidas y reponer las existencias
utilizadas tras la peor tormenta de la isla en media década.
Las ventas, valoradas por los funcionarios de Estados Unidos
en unos treinta millones de dólares, representaron
las primeras transacciones comerciales entre los dos países
desde la imposición del embargo. Las autoridades de
Washington habían ofrecido originalmente a Cuba ayuda
para aliviar el desastre, pero los funcionarios cubanos declinaron
la oferta de ayuda y expresaron su interés en comprar
alimentos, medicinas y otras necesidades básicas.
Una ley promulgada en 2000 permitía la venta de alimentos
a Cuba, y una ley anterior autorizaba la exportación
de medicinas. Sin embargo, debido a que la ley sobre ventas
de alimentos prohibía la financiación oficial
o privada de las ventas, los funcionarios cubanos la habían
criticado previamente, diciendo que iban a abstenerse de comprar
alimentos hasta que se levantara el embargo. La compra realizada
este año marcó una diferencia con dicha posición,
aunque los funcionarios cubanos insistieron en que se trataba
de una excepción. El Vicepresidente Carlos Lage explicó
que no tenían razones para considerar las ventas como
un cambio de política, sino más bien como algo
que pasó debido al huracán y que no pasaba todos
los meses en Cuba.
En mayo, el Senador Jesse Helms y el Senador Joseph Lieberman
introdujeron un proyecto de ley en el Congreso para asignar
hasta cien millones de dólares durante cuatro años
a la asistencia a disidentes, grupos de oposición,
presos políticos y otras voces no gubernamentales en
Cuba. El proyecto de ley, conocido como la Ley de Solidaridad
con Cuba de 2001 (Cuba Solidarity Act of 2001), fue criticada
por algunos de sus posibles beneficiarios, quienes temían
que recibir ayuda del gobierno de Estados Unidos perjudicara
su credibilidad y contribuyera a desacreditar sus opiniones.
En marzo, se había introducido una propuesta paralela
en la Cámara de Representantes. En noviembre, ambas
versiones del proyecto de ley estaban siendo revisadas todavía
por comités del Congreso.
Un emigrante cubano, Eriberto Mederos, se enfrentaba a procedimientos
para la retirada de su ciudadanía estadounidense en
Florida a finales de año. Mederos podía perder
la ciudadanía debido a las acusaciones de otro cubano
americano de que el primero le había torturado cuando
era un preso político en Cuba en la década de
los sesenta. Según el antiguo preso, Mederos lo sometió
a dolorosos tratamientos de electrochoque sin justificación
médica alguna.
http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2002/cuba.html#cuba
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