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CPJ
Ataques a la prensa en el 2006
CUBA
Versión en español del informe
regional de las Américas Programa de las
Américas (Cuba), Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ)
Al enfrentar el creciente interés
internacional por la hospitalización
del presidente Fidel Castro y el traspaso
del poder a su hermano, el gobierno cubano
restringió severamente la información
sobre la enfermedad de Castro en nombre
de la seguridad del estado y bloqueó
de modo selectivo el ingreso de periodistas
extranjeros al país.
El 31 de julio, en una proclama transmitida
sin previo aviso por la televisión
cubana, Castro anunció que había
sido operado de urgencia por una hemorragia
intestinal y que temporalmente le entregaría
el poder a su hermano, Raúl. Un segundo
mensaje de Castro, transmitido el 1 de agosto,
despejó toda duda sobre cómo
el gobierno cubano manejaría la información
sobre su enfermedad. Castro llamó
a su condición de salud "un
secreto de estado", y los funcionarios
se negaron a revelar la gravedad de su enfermedad,
su causa, su pronóstico, o incluso
el hospital en el cual estaba siendo tratado.
A partir de entonces, las apariciones de
Castro - de ochenta años - fueron
contadas y manejadas con sumo cuidado. Después
de 40 días en septiembre y octubre
durante los cuales no hubo información
alguna, el gobierno finalmente hizo circular
imágenes y una breve entrevista a
Castro que buscaron combatir los rumores
respecto de su debilitada salud. Las declaraciones
del gobierno anunciaron de modo impreciso
que se estaba recuperando, pero no dieron
detalles; las fotografías mostraban
a un presidente demacrado y pálido.
En un momento, funcionarios anticiparon
que regresaría a su cargo en diciembre,
pero en el otoño el cronograma se
pospuso indefinidamente. La información,
escasa e imprecisa, alimentó especulaciones
que Castro no retornaría a sus funciones
con plenos poderes.
Periodistas extranjeros se apresuraron
a viajar a Cuba para informar sobre una
de las principales noticias del año,
pero muchos, incluyendo el columnista del
The Washington Post, Eugene Robinson, fueron
rechazados en apariencia porque no tenían
las visas adecuadas. El CPJ documentó
por lo menos 10 casos en los cuales el gobierno
prohibió el ingreso de periodistas
extranjeros que portaban visas de turista.
Según la ley de inmigración
cubana, los reporteros extranjeros deben
solicitar visas especiales para periodistas
a través de las embajadas cubanas
en el exterior. La investigación
del CPJ muestra que los funcionarios cubanos
históricamente les otorgaron visas
a los periodistas extranjeros de modo selectivo,
excluyendo a aquellos medios a quienes consideraban
poco amistosos. La ley cubana además
especifica que los periodistas extranjeros
que viajan al país con una visa turista
"deberán abstenerse de ejercer
el periodismo".
El gobierno también canceló
las visas de por lo menos cuatro periodistas
extranjeros que habían recibido aprobación
para viajar a La Habana, según la
investigación del CPJ. Varios reporteros
de Reuters que lograron llegar al país
con visas de turista fueron obligados a
irse. Y Ginger Thompson, una periodista
del diario The New York Times, fue seguida
y expulsada luego de que su diario publicara
una nota sin firma desde La Habana. The
Miami Herald logró conseguir que
algunos de sus reporteros ingresaran a Cuba
con visas de turista. Pasaron sin ser detectados
durante varias semanas, realizando notas
que sondeaban a los cubanos acerca de sus
ideas sobre el traspaso del poder y el futuro
del país.
Contrariamente a algunas predicciones según
las cuales el régimen se desmoronaría
en ausencia de Castro, el episodio mostró
que la élite gobernante podía
mantener el poder con un firme asidero.
Se esperaba que un gobierno encabezado por
Raúl Castro, cinco años más
joven que su hermano, instituyera eventualmente
algunas reformas económicas y continuara
suprimiendo a la prensa y los derechos políticos.
En un informe por el Día Mundial
por la Libertad de Prensa, el 3 de mayo,
el CPJ nombró a Cuba como uno de
los 10 países con mayor nivel de
censura. El análisis del CPJ observó
que la Constitución cubana le otorga
al Partido Comunista el derecho a controlar
a la prensa y reconoce los derechos de la
prensa sólo "conforme a los
fines de la sociedad socialista". El
gobierno es dueño y controla todos
los medios además de limitar seriamente
el acceso a Internet. Los tres principales
diarios representan las opiniones del Partido
Comunista y de otras organizaciones controladas
por el gobierno.
Los medios operan bajo la supervisión
del Departamento de Orientación Revolucionaria
del Partido Comunista, que desarrolla y
coordina estrategias de propaganda. Aquellos
que intentan trabajar como reporteros independientes
son hostigados, detenidos, amenazados con
ser procesados o encarcelados, o se les
prohíbe viajar. Sus familiares son
amenazados con perder sus empleos. Un pequeño
número de corresponsales extranjeros
informa desde La Habana, pero los cubanos
nunca llegan a ver sus artículos.
Los periodistas cubanos independientes,
que escriben notas para sitios de Internet
extranjeros, continuaron cubriendo noticias
ignoradas por los medios oficiales. Durante
el 2006, periodistas independientes informaron
extensamente sobre brotes de dengue, una
enfermedad viral transmitida por un mosquito,
que estaban produciéndose en toda
la isla. Entretanto, las autoridades y los
medios oficiales se negaron a reconocer
la existencia de dengue en Cuba durante
gran parte del año, enfocándose
en cambio en los esfuerzos del gobierno
por erradicar el mosquito que transmite
la enfermedad. Finalmente, en octubre, el
ministerio cubano de Salud informó
a la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) sobre los brotes de dengue
en cuatro provincias cubanas. Funcionarios
de salud sostuvieron que el número
de casos había bajado significativamente
- sin proporcionar a la OPS cifras sobre
la cantidad total de casos documentados.
Cuba siguió siendo uno de los primeros
países en relación al número
de periodistas encarcelados, segundo sólo
después de China. Durante el 2006,
dos periodistas encarcelados fueron liberados,
pero otros dos fueron enviados a prisión.
Uno de ellos -Guillermo Espinosa Rodríguez,
quien fue sentenciado a dos años
de reclusión domiciliaria - había
cubierto el brote de dengue en Santiago
de Cuba.
De los 24 periodistas que permanecen en
prisión, 22 fueron encarcelados durante
la embestida contra la prensa independiente
en marzo del 2003. Las condenas a prisión,
tras ser acusados de actuar contra los intereses
del estado, oscilan entre los 14 y los 27
años. Sus familias han denunciado
las condiciones carcelarias insalubres,
la inadecuada atención médica
y la comida en mal estado. A algunos periodistas
encarcelados se les negó guía
religiosa, y la mayoría compartía
las celdas con delincuentes comunes. A muchos
se les permitían las visitas familiares
solamente cada tres meses y las visitas
conyugales cada cuatro meses - un cronograma
de visitas mucho menos frecuente que el
permitido a la mayoría de los reclusos.
Los familiares fueron hostigados por hablar
con la prensa extranjera y por protestar
por el encarcelamiento de los periodistas.
Informe completo:
Ataques
a la prensa en 2006 / Informe regional de
las Américas
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