La falta de democracia y la intolerancia frente a la disidencia
interna continuaron siendo un caso único en la región
Con la visita del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter
en mayo, los cubanos fueron expuestos a un debate público
sin precedentes sobre democracia y derechos humanos. Sin embargo,
al no emprenderse ninguna reforma legal o institucional, la
falta de democracia y la intolerancia frente a la disidencia
interna continuaron siendo un caso único en la región.
La situación de derechos humanos
El momento más destacado en los cinco días de visita del
Presidente Carter a Cuba fue su discurso en la Universidad
de La Habana, emitido en directo por la televisión cubana
el 14 de mayo. Carter, en español, instó a las autoridades
cubanas a promover cambios democráticos y garantizar el disfrute
de libertades políticas básicas. Criticó específicamente la
prohibición oficial de los movimientos de oposición y se refirió
directamente al Proyecto Varela, una campaña de recogida de
firmas organizada por disidentes cubanos para reclamar un
referendo nacional sobre la reforma civil y política. Al finalizar
su discurso, participó en una animada sesión de preguntas
y respuestas con el público-en el que se encontraba el presidente
cubano Fidel Castro.
Carter llamó la atención sobre algunos de los problemas más
graves del país en materia de derechos humanos. El estado
monopartidista cubano restringe casi todas las vías para la
disidencia política. Aunque sea cada vez más raro el enjuiciamiento
penal de figuras de la oposición, la prisión siguió siendo
una amenaza plausible para los cubanos que estuvieran considerando
sumarse a la disidencia política no violenta. El gobierno
también silenció con frecuencia a sus críticos mediante detenciones
de corto plazo, arrestos domiciliarios, restricciones de viajes,
amenazas, vigilancia, despidos laborales por razones políticas
y otro tipo de hostigamiento.
Las estructuras legales e institucionales son la causa fundamental
de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, cuya legislación
limita estrictamente el disfrute de los derechos de libertad
de expresión, asociación, asamblea, movimientos y de prensa.
Al criminalizar la propaganda enemiga, la divulgación de "noticias
no autorizadas" y el insulto a los símbolos patrios, el gobierno
restringió la libertad de expresión con la excusa de proteger
la seguridad del estado. El gobierno también encarceló u ordenó
la vigilancia de personas que no habían cometido ningún delito
sirviéndose de leyes que sancionan el "estado peligroso" y
permiten la "advertencia oficial". Los tribunales, controlados
por el gobierno, debilitaron el derecho a un juicio justo
al restringir el derecho a la defensa, e incumplieron con
frecuencia las escasas garantías procesales que la legislación
nacional otorga a los acusados.
Los organizadores del Proyecto Varela, liderado por el destacado
disidente Oswaldo Payá, lanzaron un importante desafío simbólico
a la intransigencia oficial en materia de derechos políticos,
cuando el 10 de mayo entregaron una petición a la Asamblea
Nacional-el único órgano del sistema legislativo unicameral
cubano-firmada por más de 11.000 personas. Amparándose en
las garantías constitucionales del derecho a formular una
petición, el Proyecto Varela solicitó al gobierno que celebrara
un referendo sobre toda una serie de cuestiones civiles y
políticas, como la convocatoria de elecciones libres, la libertad
de prensa y una amnistía para los presos políticos.
El gobierno cubana respondió a este esfuerzo con su propia
iniciativa. En junio, en lo que parecía una caricatura distorsionada
de la anterior, las autoridades organizaron una campaña masiva
de recogida de firmas de apoyo al sistema socialista de Cuba.
Tras celebrar marchas por todo el país y emplear a muchos
miles de personas en el esfuerzo, el gobierno afirmó que había
recogido más de ocho millones de firmas en dos días. Partiendo
de este presunto respaldo, la Asamblea Nacional procedió a
aprobar una propuesta oficial para declarar "irrevocable"
el sistema socialista en la Constitución de Cuba.
Una serie de disidentes políticos fueron detenidos durante
el transcurso del año y algunos de ellos estaban a la espera
de juicio. En julio, la Comisión Cubana de Derechos Humanos
y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una prestigiosa organización
no gubernamental de La Habana, publicó una lista parcial de
presos políticos con 230 casos bien acreditados. (Cabe señalar
que no todos los casos correspondían a personas injustamente
detenidas o enjuiciadas por expresar pacíficamente sus ideas
políticas; también se enumeraban los nombres de condenados
por delitos, la "piratería" entro otros, cuando éstos se habían
cometido por razones políticas.) La lista reflejaba un aumento
neto de 20 casos con respecto a los registrados en enero.
Por este motivo, la CCDHRN sugirió que la tendencia general
de los últimos años a disminuir el uso de la encarcelación
contra los disidentes políticos estaba llegando a su fin.
La gran mayoría de las detenciones por motivos políticos
se produjeron durante los incidentes ocurridos en febrero
y marzo. La primera oleada de arrestos tuvo lugar cuando el
gobierno intentó impedir que los miembros de la oposición
conmemoraran el aniversario del derribo de dos avionetas por
parte de la fuerza aérea cubana en 1996. Las autoridades detuvieron
a varios disidentes antes del evento y a otros cuando se dirigían
a una playa del barrio Miramar de La Habana para arrojar flores
al mar. Aunque se puso rápidamente en libertad a la mayoría
de los detenidos, unos cuantos permanecieron encarcelados.
Entre las personas que seguían detenidas a principios de
noviembre se encontraban Leonardo Miguel Bruzón Ávila, presidente
del Movimiento de Derechos Humanos 24 de Febrero, Carlos Alberto
Domínguez González, periodista independiente, y Emilio Leyva
Pérez y Lázaro Miguel Rodríguez Capote, presidente y coordinador,
respectivamente, del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba.
No se formularon cargos contra ninguno de los detenidos. Para
llamar la atención sobre su detención indefinida sin juicio,
Bruzón Ávila inició una huelga de hambre en agosto que, según
se informó, se prolongó hasta octubre, lo que hizo temer seriamente
por su salud.
En un dramático incidente ocurrido el 27 de febrero, un grupo
de 21 jóvenes cubanos, entre ellos tres adolescentes, estrellaron
un autobús robado contra las puertas de la embajada mexicana
en La Habana. El grupo creía al parecer que México estaba
concediendo visas de refugiados a ciudadanos cubanos, un rumor
originado por un programa de Radio Martí, emisora financiada
por Estados Unidos, en el que se dijo que el canciller mexicano
había manifestado que las puertas de la embajada estaban abiertas
a todos los cubanos, incluidos los disidentes. Numerosos cubanos
fueron rechazados cuando intentaron entrar a pie en la embajada.
A petición de las autoridades mexicanas, la policía cubana
entró en la embajada unas 30 horas después del incidente y
detuvo a los solicitantes de asilo. También detuvo a otro
centenar de personas.
Se informó de que también se había detenido a una treintena
de disidentes políticos que no participaron en los hechos
y se encontraban a cierta distancia de la embajada. A principios
de noviembre, un grupo de presos entre los que se encontraban
Yosvany Aguilar Camejo, coordinador del Movimiento Hermanos
Fraternales por la Dignidad, y Carlos Oquendo Rodríguez y
José Aguilar Hernández, presidente y vicepresidente, respectivamente,
del Movimiento 13 de Julio, seguía entre rejas.
El incidente de la embajada se saldó con una oleada de recriminaciones
y teorías sobre la conspiración. El gobierno cubano acusó
al de Estados Unidos de instigar malintencionadamente los
hechos, mientras que algunos disidentes conjeturaron que el
Presidente Castro había planeado el incidente para poner en
una situación embarazosa al presidente mexicano Vicente Fox,
al que se consideraba demasiado comprensivo con la comunidad
disidente cubana. Las autoridades cubanas llegaron a emitir
un programa especial de televisión para discutir el incidente,
en el que Castro subrayó que "Cuba jamás permitirá la salida
de uno de sus ciudadanos que penetre por la fuerza en una
embajada", y calificó a los solicitantes de asilo de "delincuentes
y elementos antisociales".
El 4 de marzo, un grupo de diez disidentes, defensores de
los derechos humanos y periodistas independientes, fue detenido
en el hospital provincial de Ciego de Ávila. Habían ido a
visitar a un reportero al que la policía había presuntamente
maltratado físicamente ese mismo día cuando se dirigía a una
reunión de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. La policía
de seguridad del estado reaccionó con una severidad desproporcionada
cuando el grupo gritó consignas como "viva los derechos humanos"
y detuvo a sus componentes. Uno de los detenidos era Juan
Carlos González Leiva, defensor de los derechos humanos ciego
que, según se dijo, había sido maltratado por la policía en
el momento del arresto. Los otros detenidos eran siete disidentes
y activistas pro derechos humanos-Delio Laureano Requejo,
Lázaro Iglesias Estrada, Virgilio Mantilla Arango, Enrique
García Morejón, Antonio García Morejón, Odalmis Hernández
Matos y Ana Peláez García-y dos periodistas independientes-Léster
Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera.
Las autoridades dejaron rápidamente en libertad a las dos
mujeres detenidas, que quedaron bajo arresto domiciliario.
Sin embargo, el resto de los activistas seguían detenidos
a principios de noviembre. En septiembre, la fiscalía de Ciego
de Ávila notificó a los diez miembros del grupo que habían
sido acusados de desacato, alteración del orden público, resistencia
a la autoridad y desobediencia. Las penas solicitadas por
la fiscalía variaban y uno de los acusados se exponía a siete
años de cárcel. En el caso de González Leiva, el principal
acusado sobre el que pesaba una posible condena de seis años
de prisión, el auto de procesamiento señalaba en tono crítico
que no estaba integrado en organizaciones de masas ni participaba
en ninguna actividad útil para la sociedad.
En 2002 también salieron en libertad varios disidentes conocidos.
A principios de mayo, justo antes de la visita de Carter,
Vladimiro Roca Antúnez salió de la prisión Ariza. Había pasado
más de dos de los cinco años de condena encerrado en solitario.
Roca, juzgado junto a otros tres disidentes destacados puestos
en libertad en 2001, salió libre dos meses antes del cumplimiento
de su condena. Era hijo del difunto Blas Roca, considerado
un héroe de la revolución cubana, y había estudiado economía
y pilotado aviones de combate de la fuerza aérea cubana. Años
antes, Roca había participado, junto con las personas juzgadas
con él, en actividades disidentes relativamente notorias,
tales como la celebración de conferencias de prensa en 1997
y la publicación de un documento de análisis de la economía,
los derechos humanos y la democracia en Cuba. En el proceso
penal resultante, el gobierno lo había considerado cabecilla
del grupo y le aplicó la condena más dura.
El 31 de octubre, el Dr. Óscar Elías Biscet González fue
puesto en libertad tras haber cumplido una condena de tres
años. Biscet, médico y activista político prominente, fue
condenado en febrero de 2002 por deshonrar los símbolos patrios,
alteración del orden público e instigación del delito, por
actos de protesta como darle la vuelta a la bandera cubana
o portar pancartas contra el aborto. Entre los disidentes
que seguían cumpliendo condenas de cárcel se encontraban Francisco
Chaviano González, encarcelado desde 1994, Carlos Cabrera
Roca, en prisión desde 1996, Joaquín Barriga San Emeterio,
encarcelado desde 2000, y Néstor Rodríguez Lobaina y Eddy
Alfredo Mena González, juzgados junto con Barriga San Emeterio
y también en prisión desde 2000.
El gobierno siguió enjuiciando a personas por "salida ilegal"
si intentaban salir de la isla sin autorización oficial previa.
En ocasiones, las autoridades denegaron arbitrariamente dicha
autorización o requirieron la compra de un costoso permiso
de salida.
Los presos padecieron condiciones abusivas, hacinados con
frecuencia en sus celdas. Muchos de ellos perdieron peso durante
el cumplimiento de la condena y recibieron una atención médica
inadecuada. Algunos tuvieron que soportar abusos físicos y
sexuales, habitualmente por parte de otros presos con la aquiescencia
de los guardias. Las autoridades penitenciarias insistieron
en que todos los presos participaran en sesiones de "reeducación"
política bajo amenaza de sanciones. Los presos políticos que
denunciaron las malas condiciones en las cárceles fueron castigados
con frecuencia al encierro en celdas de aislamiento, restricción
de las visitas o negación de la atención médica.
Cuba ha mantenido la pena de muerte para un gran número de
delitos, pero se aplicó aparentemente una moratoria para no
aplicarla. No obstante, dado que las autoridades no hicieron
pública la información sobre condenas y ejecuciones, fue difícil
determinar la situación de los presos condenados a muerte.
El gobierno mantuvo un control estricto sobre la prensa,
prohibiendo la publicación de información periodística independiente
dentro de Cuba. Aunque los periodistas independientes locales
enviaban regularmente sus artículos para ser publicados fuera
del país, tuvieron que trabajar en condiciones extremadamente
difíciles. Se enfrentaron con frecuencia a interrogatorios
policiales, breves períodos de detención, vigilancia, confiscación
de sus notas y otros materiales y restricciones en sus movimientos
con el fin de impedirles cubrir "ciertos eventos." En mayo,
el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización
estadounidense de defensa de la libertad de prensa, incluyó
a Cuba en su lista de los "peores lugares del mundo para ser
periodista". Además de Domínguez, detenido desde febrero,
y Téllez Castro y Brizuela Yera, encarcelados desde marzo,
las autoridades mantuvieron entre rejas al periodista independiente
Bernardo Arévalo Padrón, encarcelado desde 1997, con una condena
de seis años por "injurias" al Presidente Castro.
A pesar de algunas limitaciones al ejercicio de la libertad
de culto, las instituciones religiosas y sus líderes disfrutaron
de un grado de autonomía que no tuvieron otras instituciones.
Varias organizaciones administradas por la iglesia distribuyeron
ayuda humanitaria y llevaron a cabo programas sociales. Sin
embargo, las autoridades continuaron frenando la entrada de
sacerdotes y monjas extranjeras, limitando la construcción
de nuevas iglesias y prohibiendo que las instituciones religiosas
dirigieran escuelas (aunque la educación religiosa estaba
permitida). En contraste con las primeras décadas de la revolución
cubana, fue rara la persecución de personas que practicaban
abiertamente su religión.
El gobierno solo reconoció un sindicato, la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC). Los sindicatos independientes no obtuvieron
reconocimiento oficial y sus miembros fueron hostigados. Los
trabajadores empleados en empresas financiadas con inversiones
extranjeras siguieron estrechamente controladas por el gobierno.
De acuerdo con la restrictiva legislación laboral cubana,
las autoridades tuvieron un papel determinante en la selección,
retribución y despido de trabajadores, denegando efectivamente
el derecho de los empleados a negociar colectivamente los
beneficios, los ascensos y los salarios. Cuba también continuó
sirviéndose del trabajo penitenciario en campos agrícolas
y gestionó plantas de ensamblaje de ropa y otro tipo de fábricas
en sus prisiones. La insistencia de las autoridades en que
los presos políticos trabajaran sin cobrar y en malas condiciones
constituye una violación de las normas internacionales sobre
el trabajo.
La defensa de los derechos humanos
La preocupación por las condiciones de los derechos humanos
no se consideró una actividad legítima, sino un gesto de deslealtad
y traición a la soberanía nacional. No se reconocía oficialmente
ninguna organización local de derechos humanos. Como resultado
de ello, los defensores de los derechos humanos se enfrentaron
a un sistemático hostigamiento por el gobierno y vieron considerablemente
mermada su capacidad de actuación. Además de la vigilancia
y las escuchas telefónicas habituales, en algunos casos, las
autoridades utilizaron los registros arbitrarios, las detenciones
breves, los desalojos, las restricciones de los viajes y los
despidos por motivos políticos.
Se denegaron generalmente los visados de salida al extranjero
a los activista pro derechos humanos salvo que demostraran
razones humanitarias para viajar (como visitar a un familiar
enfermo). Oswaldo Payá, por ejemplo, no pudo viajar a Washington,
DC, en septiembre para recibir un premio del Instituto Nacional
Demócrata.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos tales
como Human Rights Watch no pudieron realizar investigaciones
en la isla. Cuba fue también uno de los pocos países del mundo,
y el único de Hemisferio Occidental, que negó el acceso a
sus prisiones a la Comité Internacional de la Cruz Roja.
El papel de la comunidad internacional
La Organización de las Naciones Unidas
En su 58ª Sesión en abril, por décima vez en 11 años, la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó
una resolución sobre la situación de los derechos humanos
en Cuba. El texto, aprobado por 23 votos a favor y 21 en contra,
fue menos contundente que en años anteriores. En lugar de
expresar su preocupación por las violaciones, la resolución
invitaba simplemente al gobierno cubano a hacer, con respecto
a los derechos civiles y políticos, los mismos avances que
ya había alcanzado en materia de derechos económicos y sociales.
Sin embargo, lo más notable de la resolución es que fuera
ampliamente promovida por países latinoamericanos, cada vez
más dispuestos a reconocer los problemas de Cuba en esta materia.
Los representantes cubanos ante la Comisión tuvieron una
actuación negativa al intentar debilitar sus mecanismos de
vigilancia con la excusa de revisar su funcionamiento. De
manera similar, en la sesión de la Asamblea General de la
ONU de noviembre, Cuba fue uno de los ocho países que votaron
en contra de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura, un nuevo tratado para la eliminación de
la tortura y la mejora de las condiciones en las cárceles.
Al igual que en años anteriores, en noviembre de 2001 y en
noviembre de 2002, la Asamblea General de la ONU adoptó por
mayoría abrumadora una resolución pidiendo el fin del embargo
económico de Estados Unidos sobre Cuba.
America Latina
Ignorando las duras acusaciones vertidas por Cuba, ocho países
latinoamericanos-una cifra sin precedentes-votaron a favor
de la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU sobre este país. Venezuela fue el único país que
votó en contra, mientras Brasil y Ecuador se abstenían. Aunque
el presidente mexicano Vicente Fox visitó Cuba en febrero,
una decisión aplaudida por los cubanos como muestra de un
estrechamiento de los lazos entre ambos países, las relaciones
bilaterales empeoraron rápidamente. Foz se entrevistó con
disidentes durante su visita y, en abril, su gobierno respaldó
la citada resolución de la ONU. A finales de abril, en un
gesto que se consideró de represalia, el Presidente Castro
hizo pública la grabación de una conversación telefónica privada
entre él y Fox. En ésta, a diferencia de lo que habían dicho
las autoridades mexicanas, se demostraba que, en marzo, Fox
le había pedido a Castro que se fuera antes de una conferencia
sobre desarrollo en México para no coincidir con el presidente
de Estados Unidos George W. Bush.
La Unión Europea
Los representantes de la Unión Europea (UE) reanudaron oficialmente
el diálogo político con el gobierno cubano en diciembre de
2001, durante una visita a La Habana. Sin embargo, a principios
de noviembre de 2002, Cuba seguía siendo el único país latinoamericano
sin un acuerdo de cooperación con la UE. La "posición común"
de la UE con respecto a Cuba, adoptada originalmente en 1996
y revisada cada seis meses, condicionaba la plena cooperación
económica a la adopción de reformas en favor de la democracia
y la protección de los derechos humanos.
En octubre, el Parlamento Europeo anunció la concesión del
Premio Sakharov a la libertad de conciencia al activista pro
democracia Oswaldo Payá.
Estados Unidos
Puede que el viaje del ex presidente Carter fuera el más
destacado, pero no fue ciertamente la única visita de personalidades
de la política de Estados Unidos a la isla en el transcurso
del año. Cuba recibió la visita de políticos tales como el
gobernador de Minnesota Jesse Ventura, el alcalde de Tampa
Dick Greco y varios miembros del Congreso. Con la presión
considerable de empresarios e intereses agrícolas estadounidenses
para el levantamiento del embargo, los partidarios del reestablecimiento
de las relaciones comerciales entre los dos países demostraron
un aumento de su influencia política. Durante su visita a
la isla, el propio Carter pidió el cese del embargo, alegando
que restringía las libertades de los ciudadanos de Estados
Unidos. En julio, la Cámara de Representantes aprobó, por
262 votos a favor y 167 en contra, una relajación de las restricciones
sobre el comercio y los viajes, y un proyecto de ley similar
estaba pendiente en el Senado. El principal obstáculo para
el cambio siguió siendo el poder ejecutivo, que prometió vetar
cualquier ley que debilitara las condiciones del embargo.
Los funcionarios del gobierno de Bush intentaron contrarrestar
las iniciativas para el levantamiento del embargo con continuos
y fuertes ataques verbales contra Cuba. En mayo, justo antes
de la visita de Carter a la isla, el Subsecretario de Estado
para el Control de Armamento, John R. Bolton, acusó a Cuba
de contar con una cierta capacidad para el desarrollo de armas
bacteriológicas. Otto Reich, Subsecretario de Estado para
el Hemisferio Occidental, retomó estas acusaciones en octubre,
aunque no ofreció pruebas que las respaldaran. Y justo después
del aniversario de los atentados terroristas del 11 de Septiembre,
el asistente de Reich afirmó que agentes cubanos habían ofrecido
intencionadamente pistas falsas sobre posibles planes terroristas.
En agosto, el antiguo enfermero cubano Eriberto Mederos fue
condenado por obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense
al ocultar su participación en lo que los fiscales calificaron
como una década de tortura con electrochoques en un hospital
psiquiátrico cercano a La Habana. Menos de un mes después,
Mederos murió de cáncer y su condena fue anulada porque no
pudo apelarla.
http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2003/cuba.html#cuba
© 2002 Human Rights Watch
Cuba
- 2002
Cuba - 2001
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Cuba -1999
Cuba - 1998
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