Mario J. Viera

PORT CHARLOTTE, Florida , noviembre, www.cubanet.org -Acosado por la crisis económica que se cierne sobre el país, los bajos rendimientos en la producción de alimentos de la agricultura, la degradación de grandes áreas de los suelos agrícolas, los graves trastornos que produjeron en la isla el embate de dos huracanes sin respuestas dinámicas por parte del gobierno, el castrismo se ha visto obligado a intentar un replanteo de su modelo socio-económico; es por esta razón que se ha convocado la celebración del VI Congreso del partido gubernamental.

De acuerdo con Raúl Castro, “el VI Congreso se concentrará en la solución de los problemas de la economía y en las decisiones fundamentales de la actualización del modelo económico cubano”. La idea está bien definida. No se trata de una reforma del modelo que beneficie verdaderamente la vida económica de la nación, sino de un intento por mantener el sistema con vida por algún tiempo más y de tratar de evitar el descalabro total del mismo.

Se habla de una participación masiva de la militancia comunista y de toda la población en la discusión y elaboración de propuestas sobre el documento base del análisis del Congreso: los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”.

Sin embargo, estos lineamientos, expresados de manera muy generalizada y empleando conceptos e ideas económicas en lenguaje conciso y escabroso, requieren que los lectores tengan cierto nivel de especialización para comprender sus proposiciones. La inmensa mayoría de la población y de los militantes comunistas de base no están familiarizados con los temas que se llevarán a debate y difícilmente podrán tener una idea suficientemente clara de los mismos, como para poder formular una propuesta coherente.

Muy pocas personas en Cuba tienen la menor idea de lo que significa “valor agregado”, “capital de trabajo” y “mercados de aprovisionamiento”, términos propios de una economía de mercado y que son citados dentro de los lineamientos. Es posible también que muchos de los delegados que se elijan para formar parte del Congreso no tengan ni la más remota noción de esos conceptos.

He leído con mucha atención el documento de 32 páginas y muchas dudas me ha generado su lectura. En ocasiones he tenido que releer algunos de sus párrafos sin llegar a comprender a cabalidad su contenido; por supuesto, no soy especialista en economía, como tantos miles de los que supuestamente vayan a debatir el mamotreto del Partido Comunista.

Lo primero que salta en esta dificultosa lectura es el tono triunfalista que se manifiesta en todo el texto y el voluntarismo que no se oculta en sus propuestas. Es como si los ponentes de los lineamientos creyeran tener en sus manos la varita mágica que resolverá los trastornos de una economía lastrada ideológicamente y pésimamente conducida.

En las propuestas se mezclan arbitrariamente conceptos propios de una economía capitalista de mercado con los conceptos que caracterizan a una economía socialista planificada centralmente. Este intercurso económico deberá engendrar un híbrido y, como es conocido, los híbridos son estériles.

Pero nadie se llame a engaño. El párrafo que encabeza el capítulo referido a “Los lineamientos de la política económica y social”, no permite dudas: ¡Todo se mantendrá dentro de las estructuras de la planificación central! ¡Ninguna apertura económica: el mismo perro con diferente collar!:

“La política económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución, y que en la actualización del modelo económico, primará la planificación y no el mercado”.

Esta opción se ratifica en el lineamiento 1 bajo el epígrafe “Modelo de Gestión Económica:

1 El sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, y a su vez deberá transformarse en sus aspectos metodológicos y organizativos, para dar cabida a las nuevas formas de gestión y de dirección de la economía nacional.

La empresa estatal seguirá siendo la forma principal de la economía como se expresa en el segundo lineamiento:

“El modelo de gestión debe reconocer y estimular, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las empresas de capital mixto, las cooperativas, los usufructuarios de tierras, los arrendadores de establecimientos, los trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social”.

Además, el tercer lineamiento es tajante, no hay reforma, ni apertura de mercado, lo que se sobreentiendo de su lectura:

“3. En las nuevas formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales”.

El quinto lineamiento reafirma el carácter de planificación centralizada y el contro estatal de la economía:

“5. La planificación abarcará no solo el sistema empresarial estatal y las empresas cubanas de capital mixto, sino que regulará también las formas no estatales que se apliquen, lo que implica una transformación del sistema de planificación hacia nuevos métodos de elaboración del plan y del control del Estado sobre la economía”.

El lineamiento número 7 al mismo tiempo que ratifica el control del estado sobre la economía plantea una interrogante:

“Será necesario lograr que el sistema empresarial del país esté constituido por empresas fuertes y bien organizadas, y creadas las nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial. Se elaborará el Reglamento General para estas organizaciones”.

La necesidad de establecer empresas “fuertes y bien organizadas” ha sido siempre un buscado y nunca cumplido objetivo de los planificadores del actual modelo económico de Cuba; ahora se incluye la necesidad de crear organizaciones superiores de dirección empresarial. La pregunta que al respecto se puede formular es la siguiente: ¿Será, acaso, un retorno a las Empresas Consolidadas de los primeros años del sistema?

El lineamiento 9 se inscribe dentro de los marcos que caracterizan a una economía de mercado. Se trata del establecimiento de un mercado de aprovisionamiento para suministrar servicios e insumos a las empresas:

“Se desarrollarán mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y sin subsidio para el sistema empresarial y presupuestado, los cooperativistas, arrendadores, usufructuarios y trabajadores por cuenta propia”.

En el sistema capitalista, las empresas recurren a los mercados de aprovisionamiento para atender sus necesidades operativas; pero en este sistema, los compradores, las empresas, tienen la posibilidad de decidirse por un proveedor entre los varios que se presentan en el mercado y comparar ofertas y precios. Los productores, bajo la economía planificada carecen de la opción de seleccionar el proveedor que le ofrezca mejores precios y le garanticen suministros de calidad.

El lineamiento 17 aparentemente se aparta de los cánones de la planificación centralizada al declarar: “Las empresas, como norma, no recibirán financiamientos presupuestarios para realizar producciones de bienes y servicios”. El sistema de financiamiento presupuestario ha sido un lastre para la gestión administrativa que se origina en la época en la que Ernesto Guevara controlaba el Ministerio de Industrias. Guevara definió en 1964 el sistema presupuestario de financiamiento:
“El sistema presupuestario de financiamiento se basa en un control centralizado de la actividad de la empresa; su plan y gestión económica son controlados por organismos centrales, en una forma directa, no tiene fondos propios ni recibe créditos bancarios…”.

A todo lo largo del documento se repite la palabra “descentralización” que puede infundir la idea de estarse promoviendo una reforma en la estructura político-administrativa del país. Sin embargo el lineamiento 20 no le garantiza a los municipios la capacidad de establecer impuestos para satisfacer las necesidades locales:

“Las empresas pagarán a los Consejos de la Administración Municipal, donde operan sus establecimientos, un tributo territorial, definido centralmente, para contribuir al desarrollo de la localidad”.

Es decir, se trata de una  aparente descentralización, ya que no los municipios, sino el gobierno nacional el que establecerá el tributo territorial que las empresas deberán abonar al municipio donde estén enclavadas. Solo el gobierno central tiene la facultad para intervenir “directamente en la gestión empresarial”. El lineamiento 35 le impone a los territorios un “laissez faire” que no se le exige al poder central:

“Los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales cumplirán funciones estatales y no intervendrán directamente en la gestión empresarial”.

Hay muchos otros elementos presentes en el proyecto que recoge los lineamientos  de la política económica y social; pero por limitación de espacio no entraré en detalles. Solo quiero agregar, para concluir, que lo único que saldrá de los acuerdos del VI Congreso del PCC tendrá el mismo carácter de los lineamientos aprobados en anteriores Congresos: El fracaso.