Baldomero Vásquez

CARACAS, Venezuela, junio, www.cubanet.org -El 15 de febrero de 1976 fue aprobada –mediante un Referéndum- la primera Constitución socialista de Cuba.

Prueba irrefutable del menosprecio del régimen comunista del comandante Fidel Castro hacia la ley como instrumento de mediación de las relaciones sociales entre los cubanos, son los 17 años que en aquel país no existió Carta Magna. Su lugar fue ocupado, desde el 07 de febrero de 1959, por la Ley Fundamental de 1959 que otorgaba poderes constituyentes al Consejo de Ministros. Situación que en la práctica se traducía en que la ley era la voluntad del líder máximo; es decir, Castro encarnaba en su persona la instancia jurídica suprema de la nación.

El Proyecto de Constitución había sido aprobado primero por el Partido Comunista Cubano en diciembre de 1975, el pueblo lo haría después. Tal y como es costumbre en todos los regímenes totalitarios, donde el voto libre no existe, la Constitución la refrendó el 97,7% de los votantes.

En su condición de “experto” en Derecho Constitucional, el comandante Raúl Castro, al proclamar la Constitución, resumiría su significado así: “La Constitución que hoy estamos poniendo en vigor consolida jurídicamente lo que ha logrado la revolución. Cada derecho que proclama es un derecho garantizado por la realidad económica, política y social del país”. Dejaba en claro que debido a que la revolución ya estaba arraigada, se podía pasar a la etapa de consolidación jurídica, o sea, a la institucionalización del sistema político-jurídico socialista. La normalización legal parecía apuntar hacia la despersonalización del poder omnímodo ejercido por Fidel Castro, pues transfirió los poderes constituyentes del Consejo de Ministros a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Como sabemos, los hechos posteriores de la realidad cubana desmintieron claramente a Raúl Castro: la revolución cubana no avanzó hacia ninguna institucionalización del poder político y menos hacia la creación de un Estado de Derecho Socialista. La Constitución jamás alcanzó el carácter de referente jurídico máximo por encima de la voluntad de Fidel Castro, quien, como todos los líderes totalitarios, nunca ha permitido ninguna competencia a su rol de dios terrenal en Cuba.

La institucionalización que si se consolidó fue el de la Cuba soviética, pues el texto constitucional era en gran parte una copia de la Constitución de la URSS de 1936.

Dicha realidad quedaba reconocida en el vergonzoso Artículo 12 que consagraba la fidelidad hacia la “Unión de Republicas Socialistas Soviéticas”, encubriéndola como “internacionalismo socialista”. Artículo que, por lo demás, desenmascaraba a tantos izquierdistas idólatras de Castro que aparecían como grandes defensores de la soberanía nacional de nuestros países, siempre que se  tratara de defender la dignidad nacional exclusivamente frente al imperio norteamericano. Hoy en Venezuela desde el gobierno  continúan con su doble moral: contra el imperio, pero entregando nuestra soberanía al régimen cubano.

La otra institucionalización que se consagró en los 141 artículos de la Constitución cubana de 1976 fue la conformación totalitaria del ordenamiento social. No podía ser de otra manera, pues se declaraba que el marxismo-leninismo era la fuente de la organización del Estado y la sociedad. Esa “concepción científica materialista del universo”, tenía que traducirse en la existencia de un sistema político de partido único.

A la supresión del pluralismo político, vendría el uso de epítetos degradantes para la liquidación moral de opositores y disidentes. “Gusanos” los llamó Fidel, a tono con Stalin y Mao, quienes los denominaron “parásitos” y “topos capitalistas” (aunque con otra doctrina, pero totalitario al fin, para Hitler eran “chatarra humana”). En Venezuela, donde soplan vientos totalitarios provenientes de la isla, a los opositores se les califica de: “pitiyanquis”, “condones usados” y el 03 de diciembre de 2007 se les consideró sinónimo de excremento humano.

En el régimen de los hermanos Castro, la virtud más apreciada es la obediencia. A quien pretenda pensar por sí mismo es sabido lo que le espera, ya que no hay ley ni Constitución que lo ampare. Como dice el Dr. Juan Arriola en su libro Teoría General de la DICTADURA: pensar en un régimen totalitario es un ejercicio peligroso que implica riesgos como el exilio, la tortura, la humillación, el secuestro, la cárcel. Realidad trágica que el autor expresa como: “Pienso, luego puedo dejar de existir”.