Miguel Saludes

MIAMI, Florida, julio, www.cubanet.org -El proceso de excarcelación de numerosos presos políticos en Cuba se verifica con vertiginosa rapidez. En un hecho inédito,  el diario oficial Granma publicó una nota informativa de la Iglesia católica, donde se confirma la liberación de decenas de prisioneros encausados en los juicios sumarísimos del 2003. Es notorio que el aviso haya sido publicado, casi como anexo, debajo de la reseña del pasado 7 de julio sobre las conversaciones entre el gobierno cubano y el canciller español Miguel Ángel Moratinos, con participación del Cardenal cubano.

La prensa internacional divulga con amplitud la noticia. El centro de interés lo ocupan el diálogo entre las partes y el resultado de la liberación masiva. También se ofrece amplia cobertura a la salida condicionada de estos. Pero pocos se detienen a observar los detalles negativos contenidos en la solución y las consecuencias futuras.

Por una parte satisface que de alguna manera se abra una salida a la situación de estos hombres, presos injustamente y condenados a largas penas por el único delito de pensar diferente a lo que norman los estatutos totalitarios del régimen castrista y en consecuencia actuar pacíficamente. 

La buena noticia de la solución hallada a través del inusual diálogo entre la alta dirigencia del gobierno, el representante de la diplomacia española y la jerarquía católica, queda ensombrecida por algunos cuestionamientos que se originan ante la duda del beneficio.

La primera incertidumbre surge del texto de la información publicada, donde se dice que los presos de conciencia, una vez en libertad, podrán abandonar el país. El escrito señala que para elaborar los detalles del paso fueron tomadas en cuenta las propuestas presentadas al Cardenal por familiares de los condenados. Dicho de esa manera parece que previo a la aparición del anuncio existió algún tipo de encuentro entre el prelado y los parientes más cercanos de los cautivos, donde estos manifestaron el criterio sobre el cual se basó el plan de salida. Un parlamento que debió ser conocido, al menos de manera extra oficial, por la mayoría de los interesados, y del que aparentemente muchos no han estado al tanto.

Según lo que pude recabar en llamada telefónica a Ileana Marrero, esposa de Omar Rodríguez Saludes, ella fue contactada por el cardenal Jaime Ortega, quien le informó sobre una salida inminente hacia el exterior en compañía del preso. Horas antes Omar había comunicado a Monseñor Ortega sus inquietudes sobre este asunto y las eventualidades que pudiera presentar la solución española. Según la fuente, el arzobispo le tranquilizó al respecto diciendo que una vez en territorio europeo allí sería más fácil hacer las gestiones de un refugio político, incluso hacia Estados Unidos.

En la conversación sostenida en horas de la tarde del sábado detecté varias distracciones. Se ha dicho que los excarcelados viajarán acompañados por familiares en condición de emigrados. El gobierno de España aceptó la imposición de esa categoría migratoria bajo un supuesto compromiso de la parte cubana de respetar las propiedades de quienes viajen. El señor Moratinos dijo haber recibido la promesa de que los liberados salían como emigrados, podrían regresar a Cuba cuando quisieran, en virtud del acuerdo. El Canciller omitió el subrayado hecho por su contraparte sobre la solicitud del permiso de entrada como requisito para estos posibles regresos, y cuya otorgación concede el gobierno cubano a discreción. También pasó por alto que el uso de la figura migratoria bajo la que saldrán los presos, desenfoca la connotación política del caso.

Ileana no supo responderme algunas interrogantes. Por ejemplo. No sabe si el “respeto” de las propiedades (se supone la vivienda) no tiene límite de tiempo, independientemente de la otorgación del permiso para entrar nuevamente a Cuba. No pudo explicar si había recibido algún tipo de garantías por parte del gobierno español de que una vez en ese territorio recibirán algún tipo de protección o ayuda: permiso de trabajo, alojamiento, residencia, apoyo primario para poder establecerse –teniendo en cuenta que en el grupo viajan numerosos niños- así como la atención médica que debe comenzar con un necesario chequeo médico para ella y su cónyuge.

Recientemente varios exiliados cubanos en España han expresado abiertamente sus críticas ante la desatención en que se encuentran. Ante esa realidad Pedro Pablo Álvarez debió reconsiderar su decisión de reunificarse con su familia en la Madre Patria e incluso tuvo que pedir refugio en tierra norteamericana. Él conformaba el grupo de cuatro que salió de Cuba en el 2008 bajo protección del gobierno español. Algo que debe llevar a forzar el debate sobre la situación a la que quedarán  expuestos más de cuarenta que viajan en calidad de emigrantes a un país sumido en una profunda crisis económica y donde la migración incide fuertemente, enfrentando el rechazo de la sociedad. Esto sin mencionar lo que significa que presos reconocidos en calidad política de prisioneros de conciencia, tomen el camino del destierro como si se tratara un caso migratorio común.

Queremos que nuestros presos estén libres. No hay dudas en ello. Es triste que para lograrlo tengan que marchar al exilio, expuestos ante las disyuntivas de seguir encerrados injustamente o reunirse en libertad con sus seres queridos. Realmente no les queda mucho para escoger. Rechazar la oferta sería un heroísmo sobre humano. Pero si al final tienen que dar este paso doloroso, que lo hagan sin escamoteos del reconocimiento de su estatus político ni de su dignidad personal. Que esto no ocurra está en manos del gobierno español. De todos sus componentes, en particular de los miembros del PSOE y de todos los que apoyan la causa de la democracia en Cuba.