Por la senda de los derechos

Miriam Leiva

LA HABANA, Cuba, febrero (www.cubanet.org) - No contribuyen al bien de un pueblo quienes muestran complacencia para esconder los errores propios, o callan las faltas para no disgustar a amigos coyunturales. 

La sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectuada el 5 de febrero para analizar el desempeño del gobierno de Cuba, durante escasas tres horas, debía escuchar las intervenciones de 103 países inscritos. 60 pudieron pronunciarse, pero ese órgano ha sido asaltado por la justificación, los compromisos de intercambios de votos y otros favores.

El informe presentado por los representantes de Cuba falsea la realidad de tal forma que, por sólo citar un ejemplo, luego de leer cómo se cumplen los 95 Preceptos de las Normas Mínimas de Tratamiento de Prisioneros, puede escucharse el canto de los reos, “somos felices aquí”, y sentir el temor de que el pueblo cubano invada las cárceles porque allí se vive mejor que en la calle.

El pueblo cubano merece objetividad, justicia y responsabilidad por parte de los países, y los gobernantes no son ayudados si no se señalan los errores y deficiencias. En otras palabras, las violaciones de los derechos de sus ciudadanos, a fin de que participe de los avances alcanzados por la Humanidad. No por casualidad las autoridades denotan  interés de mostrar una cara amable. Aunque exhiban menosprecio y arrogancia, deben insertarse en este mundo globalizado, y para ello pretenden engañar. 

Sin embargo, no es posible mantener el hermetismo a ultranza.  Aunque no quieran reconocerlo, requieren de credibilidad hasta para acceder a los vínculos económicos, cuando afrontan una crisis en todos los ámbitos que puede profundizarse, aún más por la inconsistencia política y la caída del precio del petróleo de Venezuela, su soporte financiero, y la incidencia de la recesión económica internacional.

En la reunión del Consejo, Chile, México y Brasil han procurado ser consecuentes con sus esfuerzos por avanzar en los derechos humanos, y trataron de conjugar los nexos diplomáticos, políticos y económicos con el llamado al gobierno cubano para que mejore la situación de derechos humanos, y garantice la libertad de expresión y circulación dentro y hacia afuera. Brasil pidió que Cuba se adhiera al Estatuto de Roma relativo a la Corte Penal  Internacional, creada para enjuiciar los delitos de lesa humanidad.

Por su parte, según las agencias cablegráficas, Gran Bretaña abogó por la liberación de los más de 50 prisioneros de conciencia de los 75 llevados a las cárceles en marzo de 2003, y recomendó que se deroguen las leyes de peligrosidad, desacato a la autoridad y propaganda enemiga para restringir los derechos de opinión y asociación. 

Canadá pidió la excarcelación incondicional de los presos políticos y su incorporación a la comunidad. Francia expuso la conveniencia de que se invitara a todos los relatores temáticos, unos 40, y se permitiera la visita de la Cruz Roja Internacional a las cárceles.  También Austria, República Checa, Italia, Países Bajos, Suiza y Eslovaquia coincidieron con esos llamados y se pronunciaron por la liberación de los opositores encarcelados.

Aunque todavía no contamos con mayores precisiones, estimulan los esfuerzos para contribuir a los propósitos de un escrutinio objetivo de las deficiencias en materia de derechos humanos, para lo que se supone fue creado el Consejo. La ministra Reus, que encabezó la delegación de Cuba, negó la existencia de prisioneros de conciencia y  políticos. También rechazó la propuesta de Brasil relativa al Estatuto de Roma, así como la invitación a todos los relatores temáticos. Expresó que la pena de muerte se prohibiría cuando “existieran las condiciones propicias”, y sobre el derecho a emigrar dijo que está permitido, “salvo cuando se trata de fuga de cerebros”.

Del total de 80 recomendaciones, señaló que analizarían unas 57 sobre el mejoramiento del sistema de justicia, la situación en las cárceles y la lucha por los derechos de niño, fundamentalmente.

En el afán por adormecer a la comunidad internacional, las autoridades cubanas han invitado al relator contra la tortura a visitar Cuba. El Sr. Nowak es una prestigiosa personalidad, por lo que debe suponerse que visitará las prisiones escogidas al azar, y se entrevistará con prisioneros de conciencia de los 75 y otros reos políticos sin selección indicada por los anfitriones. De todos modos, estos hacen preparativos desde hace meses para adecentar las cárceles. Si las reparaciones fueran generales y duraderas, el hacinamiento cesara, las condiciones de alimentación, higiene y asistencia médica llegaran a ser adecuadas, y terminaran las torturas psicológicas (incluidas las que sufren  los familiares), los presos vivirían como seres humanos hasta que se haga justicia. 

Pero eso no es suficiente, ya que se mantienen las leyes injustas, como el Código Penal draconiano y la presunción de peligrosidad; no se permite la libre expresión y asociación que convierte en prisioneros de conciencia y políticos a quienes el gobierno llama contrarrevolucionarios y mercenarios; y no  se resuelven los problemas socio-económicos y las prohibiciones que estimulan los delitos que incrementan la población penal, mayoritariamente jóvenes y negros: 487 por cada 100 mil habitantes, la mayor de Hispanoamérica y la sexta a nivel mundial.