Borrón y cuenta nueva

Moisés Leonardo Rodríguez Valdés

LA HABANA, Cuba, febrero (www.cubanet.org) – El 5 de febrero se inició el examen a Cuba por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dada su condición de miembro del mismo.

Refiriéndose a dicho evento, la sub directora de asuntos multilaterales de la cancillería cubana, María del Carmen Herrera, en entrevista brindada al diario Juventud Rebelde expresó ¨Esperamos que (el examen) no se vea ensombrecido por los lastres del pasado.¨

¿A qué ¨lastres¨ se refiere la funcionaria? ¿Espera la oficialidad la concesión de un borrón y cuenta nueva en lo referente a las sistemáticas e institucionalizadas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales acaecidas en Cuba en los últimos cincuenta años?

¿Obviará este examen los lastres del pasado que constituyen los fusilamientos y las desproporcionadas condenas impuestas durante el periodo revolucionario, como resultado de juicios efectuados por tribunales dependientes y parciales?

¿No se considerarán como torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes los mítines de repudio efectuados contra ciudadanos que sólo trataban de hacer valer su derecho a salir de su país en el año 80, y contra los defensores de los derechos humanos que pacíficamente realizan actividades propias de esta noble labor?

¿Ignorarán los inspectores la crueldad del sistema penitenciario cubano que viola una a una las demandas de las reglas mínimas para la atención a reclusos de Naciones Unidas?

¿No verán que aún en las metas del milenio, supuestamente cumplidas por el gobierno cubano: salud y educación, hay violaciones de facto al brindar exclusivamente a extranjeros condiciones en los servicios de salud que son negadas a los nacionales, y que en la educación hay discriminación contra los que no son “revolucionarios”?

¿No verán que los fines de la educación en Cuba están alejados de las demandas de la normativa internacional de derechos humanos, y son en realidad herramientas de adoctrinamiento y control social?

¿Aceptarán pasivamente los inspectores que los derechos políticos puedan ser ejercidos efectivamente en el restrictivo marco del unipartidismo inmovilista, intransigente y represivo?

¿De qué derechos económicos pueden disfrutar los individuos bajo una estatalización creciente y una centralización excesiva de todo lo relacionado con esta esfera?

Debe saber la funcionaria y sus colegas que esperan un “borrón”, que los derechos humanos no son sólo innatos, necesarios, inalienables, universales e indivisibles sino, además, imprescriptibles; es decir, que no se pierden con el tiempo. Las víctimas, más allá de los resultados del examen formal, tendrán su compensación en justicia por el tribunal de la historia, al menos.

Sobre lo de “cuenta nueva”, sería conveniente que los gobernantes cubanos se detuvieran a pensar en su conveniencia después de leer el final del discurso pronunciado por Ignacio Agramonte el 22 de febrero de 1862 en la Universidad de La Habana, donde precisa que todo gobierno que “con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza”.

Podrá el gobierno cubano obtener resultados que le favorezcan en el examen, pero ello no invalidará la advertencia con que finaliza Agramonte su discurso referido: “El Estado que tal fundamento tenga podrá en un momento de energía anunciarse al mundo como estable e imperecedero, pero tarde o temprano, cuando los hombres, conociendo sus derechos violados, se propongan reivindicarlos, irá el estruendo del cañón a anunciarle que cesó su letal dominación”.

corrientemartiana2004@yahoo.com