El Derecho a viajar

Leonel Alberto Pérez Belette

LA HABANA, Cuba, enero (www.cubanet.org) - Cristina García Pérez tiene 10 años y no comprende porque su abuela llora casi todos los días. El régimen mantiene retenida a la niña en Cuba como castigo a sus padres, trabajadores del sector de la salud, que decidieron no regresar a la Isla.

Su caso no es el único, pues las autoridades de Emigración castigan a cientos de profesionales, a los cuales  consideran desertores, reteniendo a sus hijos.

La abuela de la niña, Norma Herminia Place, ha recorrido varias veces las oficinas de Emigración y no ha encontrado solución al caso. Lleva esperando más de cinco meses por el permiso de salida del país para su nieta. Según declaró, los trámites para obtener el visado de la menor en la embajada de Ecuador, fueron sencillos y la cónsul, Patricia Muñoz, lo otorgó de inmediato. Norma se hizo cargo de la tutela de Cristina para que su hija pudiese salir adelante y siempre con el propósito de que, una vez que la madre tuviese condiciones, la niña se reuniera con ella.

Norma tiene 75 años y teme que no le alcancen las fuerzas para atender las necesidades de su nieta, Para llevarla a la escuela, recogerla, alcanzarle la merienda y el almuerzo, la anciana tiene que subir y bajar los 14 pisos de su edificio. La situación también ha afectado a la niña, que ha tenido que ser atendida por un psicólogo a consecuencia de la forzosa separación.

El otorgamiento del permiso de salida de la niña podría prolongarse aun más debido a que el padre de Cristina, el doctor Michael Antoine García, recientemente desertó en Guatemala, país al que fue destinado por el MINSAP como parte de una brigada de médicos.

El caso no es único; varias familias cubanas se encuentran en la misma situación debido a lo que constituye una obvia estrategia del gobierno para impedir la deserción de los médicos enviados al extranjero a cumplir las llamadas misiones internacionalistas.

El gobierno ha hecho de los profesionales, sobre todo los médicos, un lucrativo rubro de exportación, en detrimento, además, del cada vez más deteriorado sistema público de salud. A cambio de los servicios prestados por estos profesionales en diferentes países, el gobierno cubano recibe sumas de dinero o productos muy superiores a los miserables salarios que les paga. A los profesionales no les es permitido viajar con sus familias, que quedan en la isla en calidad de rehenes, para impedir posibles deserciones.