Odelin Alfonso Torna

LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) - No creo que los “lacayos ó cipayos”, como suele llamarles el régimen cubano a los opositores pacíficos, tengan entre sus prioridades promover la desobediencia en las calles, y menos aparecer ante la prensa sedientos de protagonismo para obtener la visa como refugiados políticos. Si quisieran, difícilmente pueden hacerlo. La Seguridad del Estado determina quienes pueden o no librarse del régimen.

Para juzgar como mercenarios a los que se enfrentan al totalitarismo, las autoridades cubanas buscan fórmulas jurídicas que justifiquen, ante la opinión pública local e internacional, una nueva ola de arrestos y juicios sumarios.

Corren tiempos en los que el tolete no golpea las aceras para ahuyentar el desorden público. Aún peor, en el bien dotado menú represivo se insertan nuevas estrategias. Los mensajes de la prensa oficial comandados a distancia por el alto mando, suben el tono, con el propósito de denigrar a la disidencia interna en Cuba.

Omitir en la prensa oficial la identidad de los opositores y la existencia de organizaciones pacifistas, es otro intentos fallido de exclusión. Hacer mención del enemigo interno con nombre y apellido, implica reconocer públicamente a una sociedad civil escapada del esquema monopartidista y por ende, evitar un acercamiento de los que aún permanecen atados condicionalmente al régimen.

Con Raúl Castro piloteando la nave, los sesudos de la Asamblea Nacional del Poder Popular dicen que “trabajarán por la educación cívica de la población”. Nuevos ensayos e interpretaciones sobre el concepto de “mercenario” se vienen encima de la oposición.

La policía política proyecta una oposición paralela, mientras que el Ministerio de Justicia prepara nuevos instrumentos jurídicos que justifiquen otra ola represiva, con la consigna de defender la “soberanía nacional”. 

Cuba depositó el 9 de febrero de 2007, ante el Secretario General de las Naciones Unidas, el Instrumento de Adhesión de la República de Cuba a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Un año y diecinueve días después, el 28 de febrero de 2008, el canciller cubano Felipe Pérez Roque firmó los pactos internacionales en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El artículo 1, inciso a, de la citada convención internacional, establece que se entenderá por mercenario toda persona que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado.

La proclama del Consejo de Estado, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, con fecha del 7 de enero de 2008, “considera inútil e irrelevante la inclusión en la definición de mercenario” en relación con el articulo 1, párrafo 1”.

Cuba pone en tela de juicio la definición de mercenario. Le es difícil admitir que exista una variante de “soldado pagado”, que sólo entre en conflicto con sus ideas como armas, por el simple hecho de que se les respeten sus derecho como ciudadano.

La disidencia interna se encuentra dentro del tubo de ensayo, agitándose entre las manos de la casta que espera por la fórmula precisa en el momento preciso.

La disidencia interna, sometida a la represión y a las continuas manipulaciones mediáticas a cargo de la prensa oficial, sostiene que la ayuda de las ONG en el exilio es necesaria.

El artículo 4, adjunto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Cuba el 28 de febrero pasado enuncia: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencia de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto”.

A pesar de la viabilidad para maniobrar con determinados artículos plasmados en ambos tratados internacionales y añadidos como instrumentos y definiciones de carácter jurídico con el fin de socavar la lucha pacífica en Cuba, el régimen se reserva algunas de sus obligaciones pactadas.

El propio gobierno percibe e intenta probar, que la lucha pacífica de la disidencia interna se inclina al terrorismo y a los conflictos armados. Eso, sin dudas, le hace más fácil la tarea represiva.