PRENSA INTERNACIONAL
Junio 30, 2004
 

Cuba, la transición y su carta política (I)

Luis A. Gomez-Domínguez. El Nuevo Herald, 29 de junio de 2004.

La estructura jurídica y política de una sociedad es definida por la constitución del estado. Cuanto se pueda ser y hacer en cualquier momento del desarrollo político y social de un pueblo viene dado por las facultades y derechos que conceda su carta política. De aquí la importancia que tienen las constituciones en la vida de los pueblos. El de Cuba no es una excepción, y vale la pena preocuparnos y ocuparnos en formar una opinión seria sobre la constitución que necesitamos en el futuro inmediato. El cambio a destiempo de las constituciones y las continuas alteraciones de su texto desdicen de la madurez de un pueblo si no hay una justificación transparente para ajustar la constitución a las alteraciones estructurales o funcionales de la sociedad.

Elaborar una constitución que satisfaga las encontradas aspiraciones e intereses de un país es una muy ardua tarea. Por otra parte, en todo orden constitucional debe prevalecer el principio de que sea el resultado de un compromiso político de hombres y partidos dentro del marco democrático de un parlamento o una asamblea constituyente, convocados con las más amplias garantías para todos los participantes. Sólo de tal suerte la constitución se ajustaría a ''los elementos reales del país'', sería respetada y ejercería una poderosa influencia sobre la solidaridad nacional.

Ni la sociedad ni el estado pueden ser puestos al revés cuando a alguien (generalmente el menos calificado) se le ocurra alterar la continuidad jurídica en que se apoya la tradición, se vincula a la sociedad y se ofrece confianza a los que crean y trabajan. Las alteraciones injustificadas en el sistema jurídico de una sociedad suelen provocar la fuga de los capitales y la de los hombres más preparados del país. La consecuencia es la pobreza y el subdesarrollo. Los ejemplos abundan en las repúblicas mercantilistas, ''feudales y teóricas'', sin un verdadero estado de derecho, de la América Latina, cuya influencia sobre nuestro pueblo, ya era temida por Martí.

La experiencia cubana avala cuanto decimos. No parece que hayamos superado la tendencia a creer que, modificando la constitución y las leyes, sin automodificarnos, se resuelvan los hábitos de mal gobierno que han tarado la democracia cubana. Tenemos un problema de cultura política, de formación del ciudadano, de educación del carácter, de un respeto hacia la experiencia y el saber que permita que cada cual comprenda las propias limitaciones y se dé cuenta, como reza un viejo refrán, que ''el zapatero'' debe ir ''a sus zapatos'', norma inveterada en los pueblos adelantados del planeta.

Con las ruinas que nos dejará la aventura de Fidel Castro, cabe suponer cuáles serían las consecuencias de otras aventuras. No cuesta gran esfuerzo darnos cuenta de que volverá a florecer, abundantemente, la política de los aventureros y de que, desafortunadamente, viviremos por unos cuantos años más la perpetua zozobra de la incapacidad gubernamental y de los desaguisados legales y constitucionales. De aquí la necesidad de condenar la aventura y la improvisación política en el futuro cubano.

La asamblea constituyente de 1940 fue plenamente soberana y pudo apartarse del derecho constitucional histórico, pero la sabiduría con que se manejó el proyecto permitió mantener las instituciones fundamentales de la constitución de 1901, mejorándo1as en muchos casos y adaptándolas en otros a las ideas y exigencias de los nuevos tiempos, como ocurrió, por ejemplo, con las instituciones locales --provincias y municipios-- y las instituciones del nuevo derecho social que trajo la revolución de 1933. Redactar y aprobar un nuevo texto constitucional a la caída del castrismo en una sociedad descompuesta como la Cuba actual supone un optimismo irracional, una imprevisión y un costo político impredecible. No conocemos exactamente los problemas que irán saliendo a la luz, a medida que se destape la caja de Pandora que oculta la tiranía comunista. Incidirán en la cuestión constitucional de una manera tremenda y podrán afectar, sin remedio, la gobernabilidad del país.

Si Cuba no se hace gobernable no tendremos ni ayuda ni créditos foráneos y habrá una gran escasez de capitales para la reconstrucción del país. Para los capitales extranjeros la isla será como un barril sin fondo; la miseria nos seguirá ahogando y el deseo de emigrar empobrecerá aún más a la nación, que perderá a sus mejores hijos y el amor y la estimación de nuestro pueblo.

Escritor, ensayista, doctor en derecho y licenciado en ciencias políticas; trabaja como economista y cumplió quince años en las cárceles del castrismo como preso de conciencia.

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