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Una
reestructuración indispensable
Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, febrero (www.cubanet.org) - La primera tarea que habría
que afrontar para sacar a Cuba de la crisis en que se encuentra sumida sería
la aplicación de una radical reestructurarión agraria, a fin de
crear condiciones para la explotación nacional y productiva de las áreas
rurales, a través de la entrega de la tierra actualmente administrada por
el estado a particulares y cooperativas independientes, mediante arriendo con
opción de compra, venta o entrega en usufructo, según las
condiciones de los terrenos o la conveniencia social.
Esta medida daría cumplimenta el viejo sueño de que los
cubanos dispongan de la tierra, contemplado en el artículo 90 de la
Constitución de 1940, el cual proscribía el latifundio; así
como en las ideas recogidas en la Ley de Reforma Agraria, suscrita el 17 de mayo
de 1959, con el propósito incumplido de "...la adecuada redistribución
de la tierra entre gran número de pequeños propietarios y
agricultores".
La injusta estructura agraria existente antes de 1959, calificada entonces
como un obstáculo para el desarrollo de la nación por amplios
sectores de la sociedad de diversos signos políticos, fue sustituida
después de esa fecha por un latifundio estatal con peores características,
que ha empobrecido y despoblado la campiña cubana, y ha degradado enormes
áreas antes caracterizadas por su riqueza y fertilidad, mediante el pésimo
laboreo y uso de las tierras.
Hoy, uno de los problemas más graves enfrentados por la sociedad es
la alimentación del pueblo, debido a que los bajos niveles productivos
han creado una alta dependencia de la importación de alimentos. La
oficialista Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANECC), en su V Congreso efectuado a fines del año 2000, reconoció
que el 55% por ciento de las calorías, el 50% de las proteínas y
el 90% de las grasas consumidas por la población son adquiridas en el
exterior.
Debe destacarse que las insuficientes compras externas de alimentos dependen
de las magras disponibilidades de divisas, de manera que los porcentajes señalados
por la ANECC serían muy superiores de existir las posibilidades
financieras para satisfacer mejor la demanda de la población.
La alimentación de la ciudadanía, sobrepasados los 40 años
de racionamiento severo, ha empeorado notablemente en los más de 13 años
que ya dura el Periodo Especial. A tal punto, que este problema ha sido
reflejado en informes de las instancias especializadas de las Naciones Unidas,
como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
el Programa Mundial de Alimentos (WFP), en los cuales se ha destacado el
constante aumento de la subalimentación, fundamentalmente en las regiones
orientales del país.
Por otra parte, se conoce la destrucción acaecida en la industria
azucarera con el cierre de 70 centrales en 2002. Esto ha sido la culminación
de un proceso de declive de la primera industria nacional, que mostraba los
peores indicadores de producción de caña en el mundo desde hacía
muchos años, según las estadísticas de la FAO.
Igualmente pudiera hablarse de la ganadería vacuna, constantemente
diezmada. Una masa ganadera que en la década de 1960 superaba los 7
millones de cabezas, hoy escasamente alcanza 4 millones de reses, de acuerdo con
controvertidos datos oficiales. Desmedradas y con ridículos índices
de producción, obligan a importar anualmente más de 80 millones de
dólares en leche en polvo; volumen que ni siquiera alcanza para
garantizar el consumo de los niños después de los 7 años.
Paradójicamente, esta calamitosa situación se evidencia en un
país donde hay enormes extensiones de tierras ociosas o subutilizadas por
el estado, lo que en más de una oportunidad ha sido reconocido por el
actual ministro de Agricultura.
Cualquier observador que realice un pequeño recorrido por el país,
puede apreciarlo.
Por todo esto se requiere la urgente remoción de la estructura
agraria vigente, y la entrega de la tierra a los campesinos individuales y
cooperativistas, y su liberación del excesivo tutelaje estatal.
Con ello toda la sociedad ganaría; se resolvería el grave
problema alimentario; existirían mayores fuentes de trabajo; se enfrentaría
una menor dependencia de las importaciones de alimentos; habría
considerable excedentes para exportar.
Estas no son quimeras. Las transformaciones acaecidas en zonas rurales de
China y Viet Nam son ejemplos concretos de que esos objetivos son perfectamente
alcanzables mediante una racional reestructuración agraria que incentive
y promueva la creatividad de nuestros hombres del campo.
Lo justo sería, por supuesto, que se entregaran tierras a personas o
colectivos comprometidos a cultivarlas, con prioridad para los trabajadores que
ya las laboran e individuos con conocimientos agrícolas. En primer lugar,
deberían ser entregados los terrenos baldíos y subexplotados. En
los cultivos como la caña, el arroz y otros que requieren grandes
extensiones de tierra para la aplicación eficiente de la mecanización
y otras técnicas avanzadas, resultaría conveniente la creación
de cooperativas independientes y modernas granjas, con o sin la participación
del estado. El minifundio en modo alguno deberá ser favorecido.
Es oportuno recalcar que el concepto de cooperativización está
referido a la libre y voluntaria asociación de los campesinos, en aras de
incrementar la eficiencia y el beneficio para ellos en la gestión de las
tierras. En ese contexto sería recomendable que las Cooperativas de
Producción Agropecuaria (CPA), tuvieran la opción de permanecer
como instituciones independientes, o distribuir las tierras y recursos
disponibles entre sus asociados. En cuanto a las Unidades Básicas de
Producción Cooperativa (UBPC), se convertirían en verdaderas
asociaciones de campesinos libres del tutelaje estatal y responsables de su
destino como productores independientes.
La sociedad, a través del estado, debería estimular la
diversificación agrícola por medio de políticas fiscales,
créditos especiales, asistencia técnica a los campesinos, obras de
infraestructura y otras medidas dirigidas a procurar el máximo auto
sostenimiento alimentario nacional, y crear excedentes exportables.
Los campesinos y cooperativistas estarían libres para cultivar lo que
desearan, poner precio a sus productos, venderlos en el lugar y momento de su
elección; y comprar los insumos y equipos donde les resultara más
conveniente; así como contratar la fuerza de trabajo necesaria,
respetando la legislación laboral.
Resultará indispensable la creación de empresas intermediarias
con o sin la participación estatal, como es usual en el mundo entero,
para servir de vínculo entre el campo y la ciudad, caso de aceptarse por
los agricultores.
Estas medidas no sólo serían provechosas para cientos de miles
de campesinos y trabajadores agrícolas, quienes tendrían acceso a
la tierra y, a la vez, se despojarían del asfixiante control imperante,
sino que al liberarse las fuerzas productivas en la agricultura, la producción
de alimentos aumentaría significativamente, con una sensible mejoría
en el nivel de vida de la población, que podría satisfacer sus
necesidades alimentarias con artículos abundantes y de mayor calidad a
precios asequibles.
Como puede apreciarse, resulta un tema prioritario e indispensable para el
progreso y la felicidad de los cubanos.
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