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Septiembre 25, 2002



Noticias de Cuba / El Nuevo Herald

El Nuevo Herald, septiembre 25, 2002.

Feria de La Habana encandila a las firmas norteamericanas

Paul Richter. Los Angeles Times

Cuarenta y tres años después de haber sido expulsadas de Cuba, numerosas compañías norteamericanas estaban regresando a visitar la isla para consternación de los funcionarios del Departamento de Estado.

El pretexto es una enorme feria agrícola y alimentaria, el mayor evento económico cubano-norteamericano desde los años 50. Está atrayendo la presencia de casi 300 compañías norteamericanas, decenas de miles de personas y dos terneras de búfalo de Dakota del Norte.

Para los partidarios del embargo comercial de Estados Unidos, la reunión de cinco días que empieza el jueves es un símbolo del creciente deseo de relaciones económicas frustrado por cuatro décadas de embargo. En un sentido más práctico, la feria decidirá cómo dividirá el gobierno cubano decenas de millones de dólares en contratos, y con quien establecerá Cuba relaciones comerciales a largo plazo.

El evento se desarrolla en un momento en que el Congresoestá discutiendo si eliminar las restricciones a los viajes a la isla.

Bajo una liberalización del embargo comercial de hace dos años, a Cuba se le permite comprar alimentos norteamericanos si paga en efectivo. Pero esta restricción limita severamente cualquier acuerdo. Los empresarios quisieran poder vender alimentos a crédito, como hacen con la mayoría de los países, y estar libres de vender muchos otros productos.

''Vamos a ir allá con una rama de olivo para el pueblo cubano, y ofrecerle tratarlo como tratamos a todo el mundo'', dijo Mike Mauricio, dueño de Florida Produce of Hillsborough County, un corredor y mayorista.

Pero los grupos cubanoamericanos tradicionales y sus aliados en la administración de Bush ven la feria de una manera muy diferente.

Temen que el comercio con Estados Unidos le va a dar al régimen el efectivo que desesperadamente necesita para mantenerse, y presentan la feria como un complot de Fidel Castro y los agronegocios norteamericanos para presionar al Congreso para que levante el embargo.

''Esto es una estafa de proporciones monumentales'', dijo Joe García, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana.

En conjunto, 285 compañías de 33 estados están mostrando productos en el enorme centro de convenciones en los suburbios de La Habana. Entre los participantes hay nombres como Archer Daniels Midland, que es el principal patrocinador del evento, así como Cargill, ConAgra Foods, Hormel Foods, Perdue Farms y Tyson Foods. El espacio de exhibición en los tres grandes salones está vendido desde hace semanas.

Los negocios estadounidenses esperan con su presencia poder revivir la demanda por marcas bien conocidas en Cuba antes de la revolución, tales como los panqués Aunt Jemima, los cereales Kellog, el arroz Uncle Ben e incluso el Spam, que gusta mucho en Cuba, dijeron miembros de la industria.

En el 2000, Cuba se colocó en el último lugar entre los 228 países que importan alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos. Pero en el 2001, saltó al lugar 144, y se espera que este año, con sus $135 millones en compras, se ubique en el lugar 52, según informó el Consejo Económico y Comercial Cuba Estados Unidos.

Los activistas anticastristas plantean que el líder cubano ha dirigido sus escasos dólares hacia los contratos de alimentos norteamericanos, con el objetivo de aguzar el apetito estadounidense por un nuevo mercado de 11 millones de personas. Dicen que esto significa que Castro ha sido incapaz de pagar sus deudas a países que durante mucho tiempo le han suministrado alimentos, tales como Canadá y las naciones europeas y latinoamericanas.

Ellos aducen que si los negocios estadounidenses comercian con crédito, Cuba no pagará y que los contribuyentes norteamericanos tendrán que cubrir lo que se le debe a las firmas norteamericanas.

Judicial Watch asume caso de los González

Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald

Los familiares de Elián González anunciaron ayer que la organización Judicial Watch los representará en una demanda civil contra la ex secretaria de Justicia, Janet Reno, y otros altos funcionarios gubernamentales vinculados al operativo armado que sacó al niño balsero de La Pequeña Habana.

Reunidos en la conocida vivienda del noroeste de Miami convertida en el Museo Elián, los miembros de la familia González declararon su intención de continuar adelante con la acción legal para llevar ante los tribunales a los máximos responsables de la Operación Reunión, ocurrida la madrugada del 22 de abril del 2000.

''Queremos que se haga justicia en este caso'', afirmó Lázaro González, tío abuelo de Elián. 'Janet Reno deberá explicar en una corte por qué en esa 'madrugada de la infamia' se arremetió contra el hogar de una familia indefensa''.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Miami a finales de septiembre del 2000, en nombre de Lázaro González, su esposa Angela, y la hija de ambos, Marisleysis González. Los demandantes acusan a los responsables del operativo armado de violar sus derechos constitucionales y causarles serios daños en su vida familiar.

La acción legal formula nueve cargos por presuntas violaciones de cuatro enmiendas constitucionales.

El abogado Larry Klayman, presidente de Judicial Watch, dijo que sus clientes solicitarán compensación por los severos daños causados, aunque no especificó el monto de la petición.

''Estos daños no son sólo materiales'', indicó Klayman. "Esta es una tragedia familiar que ha tenido profundas secuelas emocionales en estas personas''.

Actualmente la demanda está pendiente de una decisión del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta. El juez federal Michael Moore había dado luz verde a comienzos de año para realizar el juicio, pero los acusados apelaron el caso.

Si finalmente se rechaza la moción para desestimar el caso, tomaría aún entre seis meses y un año el comienzo de un juicio, estimó Klayman.

Asimismo, Judicial Watch tiene la representación de una demanda colectiva a nombre de un grupo de manifestantes agredidos y lesionados por los agentes federales durante el operativo. Este caso también espera por una petición para desestimarlo ante los jueces de Atlanta.

Inicialmente la demanda de los González estuvo a cargo de los abogados Ronald Guralnick y Frank Quintero. Klayman dijo que ellos ya no continuarían en el caso, aunque no explicó los motivos de esta decisión.

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