Alejandro Armengol. El Nuevo Herals, septiembre 11, 2002.
Las decenas de fugitivos que huyeron a Cuba tras cometer delitos en Estados
Unidos pueden descansar tranquilos: sus días bajo el sol aún no
están contados.
Pese a una información aparecida en The Washington Post. De acuerdo
al diario, el gobierno del presidente George W. Bush está presionando a
La Habana para que entregue a más de 70 prófugos buscados por las
autoridades norteamericanas. ¿O no les resultaría más
saludable empezar a preocuparse?
El reclamo no es nuevo. Desde hace más de 30 años el gobierno
y el Congreso vienen pidiendo la extradición de varios connotados
criminales. Son las circunstancias actuales, tanto dentro de la isla como en el
resto del mundo, las que pueden hacen pensar que Fidel Castro está
dispuesto a llegar a un acuerdo. Pero al igual que en ocasiones anteriores en
que este país ha tratado de llegar a un arreglo con el mandatario cubano,
hay que deslindar entre su interés de aprovechar la ocasión para
hacer propaganda y un esfuerzo serio para resolver un problema pendiente desde
hace décadas.
Hay que enfatizar que ''intercambio'' es la palabra clave de cualquier
negociación entre Washington y La Habana. De acuerdo al Post,
funcionarios cubanos se expresaron en favor de un intercambio de fugitivos de
ambos países.
''Hay muchos que han cometido delitos en Cuba que viven en Estados Unidos'',
dijo un portavoz no identificado del gobierno cubano, de acuerdo al Post.
Según el periódico, el funcionario mencionó que las
autoridades cubanas querían que Orlando Bosch fuera deportado. Para
Castro la deportación de Bosch --acusado de la voladura de un avión
de Cubana de Aviación en 1976 y convicto de actos de terrorismo en
Estados Unidos-- es casi imposible de conseguir. Por ello lo pone por delante:
se anticipa a una negativa. El funcionario --que habla por Castro, porque de lo
contrario no podría hablar, pero que no lo menciona ni permite que
mencionen su nombre-- habla para el público norteamericano: un terrorista
por otros terroristas: un intercambio que igualaría a ambos países.
Como en ocasiones anteriores, Castro puede estar jugando varias cartas al
mismo tiempo. De forma sistemática, sus vínculos con la política
norteamericana se han ido acercando al establishment; los empeños contra
el embargo terminaron traducidos en compras al contado. Al revés de lo
postulado durante muchos años en la isla, ahora trata de crear conciencia
(en los legisladores: es un decir marxista) con dinero: su internacionalismo
conformado al mercado de fuerza de trabajo barata y su lucha ideológica
limitada al cabildeo.
Pero el juego capitalista de apostar con dinero no lo hace abandonar la táctica
de proporcionar argumentos a sus defensores y trampas a sus enemigos. Un acuerdo
sobre los fugitivos contribuiría a verlo con ojos más favorables
entre los que ya se inclinan a esa mirada. Un nuevo intento de limpiar imagen
dentro de una campaña iniciada tras los atentados del 11 de septiembre.
Al igual que el dirigente libio Muammar al Gadhaffi, el gobernante cubano trata
de enterrar un pasado belicoso en un presente conciliador.
Si el Departamento de Estado incluye a Cuba entre los países que
apoyan el terrorismo es porque, entre otras razones, la isla brinda amparo a
miembros de grupos subversivos. Plantear un intercambio no sólo coloca a
un mismo nivel a Washington y La Habana, sino que rebaja a Miami a la categoría
de una cabeza de playa llena de terroristas, mientras que a 90 millas hay un país
dispuesto a cooperar en mantener en la sombra a los peores criminales.
Es posible, sin embargo, que Castro se dé por satisfecho con un
premio de consolación que es en cambio un triunfo político: el envío
a Cuba de los cinco espías condenados en Miami. La campaña
alrededor de estos condenados debe intensificarse este mes, ya que el 27 de
septiembre es la fecha fijada para la sentencia a Ana Belén Montes, quien
se declaró culpable de espiar para el gobierno de La Habana.
Las palabras del portavoz cubano no identificado --que señala el
Post-- reflejan la estrategia utilizada por la defensa en el juicio contra los
espías, y el argumento en que el régimen castrista fundamenta la
justificación de espionaje: la supuesta necesidad por parte de Cuba de
contar con una red de información para vigilar a las organizaciones
exiliadas sospechosas que practican atentados terroristas en la isla, como la
oleada de atentados dinamiteros contra varias instalaciones turísticas
ocurridos en La Habana en 1997.
Si intercambio es la palabra clave, ¿qué tiene Castro que
ofrecer? Hay un grupo reducido de secuestradores de aviones que viven en la
isla, muchos de ellos casados y con familia cubana. Hay también figuras más
buscadas, como Joanne Chesimard, alias Assata Shakur, quien escapó a Cuba
en 1979, acusada de asesinar un policía de carreteras que detuvo su automóvil
en una verificación de rutina. Y están también los casos
del ex agente de la CIA Frank Terpil, un traficante de armas convicto, y del
financista y estafador convicto Robert Vesco. Castro no va a devolver a Vesco,
un hombre que sabe demasiado sobre los vínculos del régimen con el
narcotráfico. Cuenta con la excusa perfecta: lo tiene preso. Los demás,
con el tiempo que llevan en la isla, deben saber ya que son ''negociables'' y
que la peor pesadilla no es ser un fugitivo: es no poder huir.
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