Enrique Patterson. Publicado el martes, 29 de mayo de 2001
en El Nuevo Herald
La propuesta de los senadores Jesse Helms y Joseph Lieberman de ayudar de
forma más efectiva a la disidencia interna cubana merece, por la intención,
encomio. Pero el medio propuesto --cien millones de dólares-- no me
parece aconsejable y, de aprobarse dicha ley, me atrevo a pronosticarle un
resultado desastroso.
Unos de los problemas de los políticos cubanos de todos los tiempos,
Castro incluido, es su casi absoluta dependencia respecto a Estados Unidos: en
este país radica --según el discurso político tradicional--
la culpa del fracaso o de la solución de los problemas cubanos. Castro
justifica la falta de libertades que se vive en la isla bajo el pretexto de la
hostilidad norteamericana, una hostilidad cuyo embargo no impide que la
comunidad cubana radicada en este país sea el único rubro ciento
por ciento rentable de la economía cubana. La idea de inyectar a la
oposición con dinero del gobierno norteamericano porta el riesgo de que
convertirse en opositor no se base en convicciones, sino en la posibilidad de
obtener el siempre victorioso dinero verdeolivo.
La legislación estaría propiciando la corrupción --otro
de los problemas cubanos de todos los tiempos-- de la futura democracia cubana,
haciendo, además, que los políticos que hoy se forjan en la lucha
prodemocracia estén más atentos a las ideas de quienes les dan
fondos que a los intereses de sus futuros constituyentes. Ya hay ejemplos de
corrupción en la oposición, como el caso de un grupo político
que, en 1993, tenía asignados fondos de una organización
internacional, los cuales eran desconocidos nada menos que por el secretario
general: las finanzas en moneda dura no le fueron informadas cuando ocupó
el cargo.
¿Por qué comenzar a incentivar esa plaga en la Cuba del futuro? ¿Por
qué darle a Castro municiones en su intento de quitarles a los opositores
una legitimidad que se han ganado en cuatro décadas de lucha desigual, víctimas
de fusilamientos, cárceles y todo tipo de discriminaciones y
demonizaciones con el argumento de que son asalariados de Estados Unidos? No se
hace nada con criticar una medida como ésta sin encontrar alternativas a
un hecho cada día más evidente que se refleja en la propuesta
Helms-Lieberman: la disidencia interna necesita no sólo ayuda política,
sino también económica. El apoyo político norteamericano,
como el de cualquier otro gobierno o grupo democrático, resulta vital
para la oposición democrática en la Cuba actual. Sin embargo, el
apoyo económico debiera recaer en la comunidad cubana y en entidades
privadas. Al país le ha ido muy mal en toda su historia con los políticos
subsidiados por, y atentos a, los gobiernos de Moscú o Washington.
Tengo la percepción de que esta propuesta no se hubiera hecho sin el
apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana, la cual tiene estrechos
vínculos con ambos senadores. La Fundación estrena nuevos aires,
que en general parecen en mejor sintonía con las realidades de los
opositores de la isla, y esta propuesta (que me parece errónea) forma
parte de los pasos de esta organización por reinventarse --algo que, de
hacerse bien, nos beneficia a todos-- y por su intento de incrementar el apoyo a
los opositores internos cualquiera sea su signo ideológico, algo que no
ocurría en el pasado.
La Fundación, la organización más poderosa e influyente
del exilio, pudiera aportar mucho en el objetivo de ayudar a la oposición
interna sin los riesgos de la propuesta Helms-Lieberman. ¿Por qué no
propiciar una alianza de todos los grupos democráticos y personalidades
del exilio, no importa cuál sea su estrategia respecto a cómo
llegar al establecimiento democrático --siempre que sea pacífico--
para crear un trust fund destinado a ayudar a la disidencia, los presos políticos
y sus familiares? Somos los cubanos quienes debemos comenzar, con nuestro
dinero, y no con el del gobierno norteamericano ese proyecto para que los
disidentes no se mueran de hambre, avitaminosis o falta de medicamentos en las cárceles.
Es la solidaridad del exilio la que debe dar el paso al frente y luego recurrir
a las filántropos y multimillonarios no cubanos. Los intereses del trust
fund servirían para ayudar a los disidentes y para, en el futuro,
financiar proyectos de la sociedad civil que ayuden a crear el entramado de una
sociedad democrática.
Una institución transparente que rinda cuentas y se mantenga al
margen de las discusiones políticas entre grupos de adentro o afuera,
ocupada sólo de ayudar a los disidentes, presos políticos y sus
familiares en necesidad, le haría ganar prestigio a la causa de la
democracia en Cuba y eliminaría el factor paralizante que significa para
un político semejante dependencia económica de un gobierno
extranjero.
No existe un proceso democrático en los marcos de un proyecto viable
de nación si los grupos democráticos no son capaces de llegar a
acuerdos o mínimos consensos. Hasta ahora los grupos políticos
cubanos han dado más muestras de su capacidad de disenso que para el
consenso. En tarea común la FNCA, el CCD, el CID y todos los grupos les
mostrarían a todos esa organicidad de la oposición sin que se
sacrifiquen identidades o se llegue a una unidad nada deseable, haciendo, además,
una tarea que corresponde a los cubanos. El apoyo político a la
disidencia es un deber de Estados Unidos; el apoyo económico, por el bien
de la futura democracia cubana, es un deber de los cubanos. Se trata de ser
proactivos e independientes, si es que se ha llegado a ser mayor de edad.
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