LA HABANA, Cuba.- En una reciente reunión de ministros de Trabajo del Movimiento de Países No Alineados, la titular cubana del sector, Marta Elena Feitó Cabrera, declaró que “en Cuba se trabaja en la implementación de políticas laborales y sociales ajustadas al modelo económico y social cubano para avanzar en la promoción y acceso a empleos de calidad en los sectores estatal y no estatal, reduciendo la informalidad”.
Conviene aclarar que el oficialismo cubano considera la informalidad laboral a aquellas actividades que no se desenvuelven en los predios estatales y tampoco en los no estatales, incluyendo entre estas últimas a las MIPYMES, las cooperativas y el cuentapropismo. Es decir, que los trabajadores informales son los que incursionan en la economía sumergida (bolsa negra) o en otras actividades calificadas como ilegales.
Hace poco se dio a conocer una actualización de las medidas laborales y salariales relacionadas con la COVID-19, en la que se reafirmó la política a seguir con respecto a los trabajadores “interruptos”. Un mecanismo que es extensivo a todos los trabajadores estatales de la nación.
El primer mes de interrupción el trabajador recibe el 100% de su salario básico; y a partir del segundo mes se le abona el 60% de ese salario básico. Si ese trabajador interrupto no acepta la reubicación que le ofrece la administración -muchas veces fuera de su centro laboral o en plazas que nada tienen que ver con su perfil laboral original-, entonces no recibirá ninguna garantía laboral. O sea, queda totalmente desamparado.
Cualquiera podrá imaginar, dadas las condiciones en que viven actualmente los cubanos, con una hiperinflación que depreda los bolsillos incluso de aquellos trabajadores mejor pagados, lo que significa para un ciudadano de a pie perder su salario.
Algo menos agobiados, pero también en una situación muy difícil, quedan aquellos que reciban el 60% de su salario básico. Si partimos de que el salario medio en la isla es de unos 3 838 pesos, tenemos que el 60% de esa cantidad se enmarca en los 2 303 pesos. Una cifra, esta última, inferior al valor estimado de la denominada “canasta básica” que se ofrece por la libreta de racionamiento, calculada en unos 3 250 pesos.
Entonces no es de extrañar que todos esos trabajadores “interruptos” vayan a engrosar las filas de los coleros, revendedores, o practicantes sin licencia -sorteando el peligro de ser sorprendidos por la policía o los inspectores- de las más disímiles actividades laborales. Todo con el objetivo de impedir que ellos y sus familiares se mueran de hambre.
Hay que tener presente la gran cantidad de trabajadores “interruptos” que existen en el panorama laboral de la isla. La falta de materias primas y piezas de repuesto en muchas empresas; la carencia de insumos en la agricultura; la escasez de portadores energéticos, cemento, madera y acero en el sector de la construcción; la poca disponibilidad de ómnibus para el transporte público; así como la drástica caída de la actividad turística en el país, constituyen elementos que inciden en el aumento de las interrupciones laborales.
Y todos esos “interruptos”, como es lógico suponer, en algún momento formarán parte del creciente ejército de los trabajadores informales en Cuba. Claro, la señora Feitó Cabrera puede hablarles de una reducción de la informalidad laboral en su país a aquellos que no estén muy familiarizados con la realidad de la isla, o a los incondicionales de siempre. Pero jamás podría convencer de ello a los cientos o miles de trabajadores cubanos que hoy subsisten en los márgenes de la pobreza extrema.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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