“Cada vez que me detienen me tratan como a un asesino”

LA HABANA, Cuba.- Todos los días de la semana, incluso los domingos, Eugenio se despierta de madrugada para comenzar su faena. Desde hace dos años consiguió un trabajito en un huerto organopónico, cercano al Parque Lenin, donde le pagan 10 pesos diarios (unos 50 centavos de dólar), una cantidad que resulta menos de la mitad de lo que cobran los demás trabajadores del lugar.

Eugenio sabe que es él quien más se esfuerza y quien menos recibe, no obstante, no tiene derecho a reclamar igualdad ni beneficios laborales porque no es un trabajador protegido por las leyes. Eugenio es, simplemente, un ciudadano ilegal cuya vida y la de su familia dependen de pasar inadvertidos.

Hace cinco años llegó a La Habana procedente de Guantánamo, dispuesto a hacer cuanto fuera posible para sacar de la miseria a su esposa y dos niños pequeños a los que había dejado atrás hasta tanto él lograra un lugar donde vivir.

“No encontraba trabajo, estábamos pasando hambre”, nos cuenta Eugenio: “Un día estaba sentado en el parque (en Guantánamo) y llegó un camión de una empresa de La Habana pidiendo gente para trabajar en una obra (…), allí mismo nos llenaron los contratos y me subí al camión, al otro día fue que llamé a Esther (su esposa) para decirle que estaba en La Habana. Ella estaba como loca”.

Eugenio tenía 32 años cuando se vio por vez primera en la capital de la isla. Lo inscribieron en la plantilla como “Ayudante de albañil” en uno de los tantos contingentes de la construcción perteneciente al Ministerio de Turismo donde le pagaban menos de 20 dólares al mes aunque le otorgaban el beneficio de residir legalmente en La Habana mientras aceptara las duras condiciones del contrato.

“Cuatrocientos cincuenta pesos al mes (18 dólares) era una cantidad enorme para mí que me las vi negras pero tenía que trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche, todos los días (…) terminaba muerto, cargando bloques, haciendo mezcla, paleando arena y a veces volaba (suprimía) el almuerzo, la comida porque teníamos que terminar en determinada fecha (…) yo terminé con úlcera y el asma no se me quitaba. Tuve que pedir la baja y ahí fue donde me dijeron que me retiraban la transitoria (documento de residencia) pero yo no quería regresar a Guantánamo, ya yo tenía a mi mujer aquí y los niños”, afirma Eugenio.

En una situación similar se encuentra Julio, también de Guantánamo y trabajador “ilegal” del mismo huerto de Arroyo Naranjo donde labora Eugenio. Lleva unos diez años en La Habana y, debido a su condición de “ilegal”, ha sido deportado a su provincia de origen en varias ocasiones, por lo cual ha incrementado su record criminal en los archivos policiales.

“Nunca he robado, nunca he matado pero me persiguen como si lo hubiera hecho”, explica Julio, un hombre de unos 40 años de edad a quienes los compañeros de trabajo reconocen como a una persona laboriosa y de gran nobleza.

“Cada vez que me detienen me tratan como a un asesino. Me llevan esposado en el patrullero, me tiran en un calabozo junto con ladrones y delincuentes. Es bochornoso para mis hijos. Cuando me detienen no sé si hay un amiguito de mi hijo mirando. Cualquiera puede pensar que soy un delincuente”, dice Julio a quien evidentemente le provoca malestar narrar sus desencuentros con la policía.

Ni él ni Eugenio han logrado reunir el dinero suficiente para pagarse la documentación necesaria que les permita residir legalmente en La Habana.

En las oficinas del Carnet de Identidad, pertenecientes al Ministerio del Interior, tales documentos suelen costar entre los 200 y 500 dólares, una cantidad que en otros contextos pudiera parecer insignificante pero que, para los trabajadores cubanos, ya sean obreros o profesionales, es el equivalente al salario de uno o varios años. Una verdadera fortuna.

“Hay quienes optan por comprar la residencia por otras vías mucho más económicas pero igual de difíciles para cualquier trabajador”, explica Iridis Fernández, quien fuera durante más de dos décadas abogado de la Dirección Provincial de Vivienda en La Habana y actualmente se desempeña como asesora de un pequeño negocio inmobiliario no estatal: “realizan un cambio de dirección que les puede costar entre 50 y 100 dólares, mucho más barato y menos riesgoso que sobornar a un funcionario. Hay municipios y zonas de la capital que están más reguladas que otras, como Habana Vieja, Centro Habana, Habana del Este la zona de playas, entonces tiene que ir una comisión de Vivienda a la casa y medir el lugar y dar la aprobación, este es un proceso donde también existen sobornos a los funcionarios que pueden cobrar 100 y hasta 200 dólares por el dictamen (…). También hay casos de personas que compran los permisos de residencia a las direcciones de Recursos Humanos de las empresas (estatales), por eso ahora se piden más requisitos por esa vía pero igual se consiguen”, explica la ex funcionaria.

Aunque no existen estudios al respecto, una simple observación en las más famosas zonas de prostitución en La Habana revelará al instante que la mayoría de las mujeres y hombres que viven de alquilar sus cuerpos provienen de las provincias orientales.

Muchas de estas personas no cuentan con residencia legal en la capital, de modo que buena parte de sus ingresos por el ejercicio de la prostitución lo invierten en sortear los obstáculos que les genera su estatus.

“Además de castigadas por asedio al turismo (modo en que la ley cubana enmascara los asuntos relacionados con la prostitución), se nos castiga por ilegales dentro de nuestro propio país”, denuncia Vania, una joven proveniente de Santiago de Cuba.

La joven lleva más de tres años enfrentando detenciones y deportaciones, no obstante, siempre retorna porque no encuentra otro modo de sobrevivir en su provincia de origen. Su caso es similar al de miles de jóvenes y, para el sistema legal cubano, su testimonio solo hace engrosar el muro de lamentaciones.

Además de las opciones anteriores, en Cuba el matrimonio de interés o el aceptar determinados empleos “impopulares” como el de oficial de la policía, suelen conseguir la eliminación del estigma de no ser “residente legal”.

Alejandro, un expolicía, afirma haber aceptado el empleo como vía para obtener su permiso de residencia en La Habana.

“Nunca me gustó ser policía. Incluso nunca dije en el barrio que venía para La Habana como policía pero después me descubrieron. Me costó trabajo ponerme el uniforme y salir a la calle”, afirma el joven de 29 años, actualmente trabajador por cuenta propia en un restaurante privado: “Fue mi escapatoria. Vivía en Puerto Padre en una casa donde éramos como veinte entre primos, tíos, hermanos, tenía que salir de allí (…). Estaban buscando policías para traerlos para La Habana y esa fue la oportunidad (…). Vi muchas injusticias, sobre todo cuando me tocaba detener a alguien por ilegal. Eso me apretaba el pecho porque yo sé lo que es regresar a pasar trabajo, hambre. (…) No aguanté mucho tiempo y por suerte me casé en La Habana, bueno, me ajunté con mi pareja y me quedé a vivir aquí. (…) Como somos dos hombres no nos permiten casarnos pero como él es propietario me hizo el cambio de dirección para La Habana”, cuenta Alejandro quien formó parte de esas estadísticas que reflejan la desproporción en el componente demográfico dentro de las fuerzas de la policía en La Habana.

Se precisa que siete de cada diez policías en la capital del país provienen de las provincias orientales y que, de ellos, un promedio de seis de cada diez no retornan a sus lugares de residencia al concluir el período de servicio que, regularmente dura entre dos y cinco años.

Las regulaciones migratorias internas establecidas por las leyes cubanas han creado divisiones sociales que están muy distantes de ese modelo de “igualdad” pregonado por el discurso oficialista.

Actualmente existen categorías de ciudadanos de acuerdo no solo con los ingresos monetarios o la cercanía o lejanía con el centro de poder político sino, además, con respecto al lugar de nacimiento o residencia.

“Hay barriadas enteras, en La Habana, donde la totalidad de los residentes son ilegales, los llamados ‘llegaypón’ que existen varios en cada municipio”, explica el joven sociólogo Félix Lozano: “Son zonas identificadas con la marginalidad, con la criminalidad, lugares marcados negativamente pero eso es consecuencia de la segregación a que son condenados por la ley, en un contexto social que ya de por sí es difícil por la situación económica que atraviesa el país (…). La segregación se traduce en la multiplicidad de términos que ha acuñado la gente para identificar al cubano ilegal, entre ellos el de ‘palestino’. (…) Se les llama así porque no tienen lugar, porque son ilegales en su propio país. El término es peyorativo y es fácil escucharlo como insulto en las escuelas. Un niño le dice a otro ‘palestino’, con lo cual le está diciendo mil improperios de una sola vez. Y eso lo crea la misma ley que criminaliza a la persona por decidir emigrar dentro de su propio país. Decidir no es la mejor palabra. Sería mejor decir por estar obligado a emigrar dentro de su propio país”, señala Lozano.

A pesar de estar entre los más urgentes problemas a resolver por el futuro “nuevo” gobierno cubano debido al alto grado de descontento que produce en la población, las regulaciones migratorias internas en Cuba ni siquiera forman parte de los debates y discusiones durante los periodos de sesiones del Parlamento, así como tampoco existe como tema ni en la prensa ni en programas radiales y televisivos oficialistas que lo aborden desde su real perspectiva humana y las consecuencias nefastas para el sentimiento nacional de los ciudadanos.

Sobre el tema de los “palestinos cubanos” gravita una nube de silencio que pocos saben si se debe a la saturación de observar un abuso sistemático que termina transformando el crimen en costumbre o a la voluntad de ocultar una realidad mucho más compleja.