LA HABANA, Cuba.- Con el actual proceso de análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, que tiene lugar en barrios, centros laborales y estudiantiles, los gobernantes cubanos intentan una jugada perfecta. O como solemos decir con frecuencia: matar dos pájaros de un tiro.
En primer término, se jactan de que estamos ante un paradigma de democracia, en el que toda la población participa de forma activa en la redacción de su Constitución. Por otra parte, esas reuniones en la base sirven como una especie de medidor de la opinión popular.
Y, al final, sabemos que todo no será más que una farsa. El gobierno nunca informará cuántas opiniones adversas fueron emitidas sobre determinados artículos de la Constitución —en especial aquellos que garantizan el control totalitario sobre la sociedad—, y los ciudadanos jamás se enterarán si sus criterios fueron tomados en consideración. Después, a la hora de aprobar definitivamente el documento por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la diversidad de criterios en la base se transformará en la vergonzosa unanimidad de siempre.
Así las cosas, el pasado viernes 31 de agosto la Cancillería cubana anunció el inicio del proceso de consultas al Proyecto de Constitución para los cubanos residentes en el exterior. Se ha habilitado una planilla, activada en el sitio web Nación y Emigración, en la cual las personas podrán emitir sus puntos de vista acerca del contenido del citado documento.
Por supuesto, aquellos que utilicen la planilla tendrán la obligación de poner su nombre, primer apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte, sexo y el país donde reside o se encuentra actualmente. Es decir, que las autoridades de la isla desean conocer de primera mano la manera de pensar de cada cubano que se halle en el exterior.
Imaginamos que aquellos emigrados que se manifiesten contrarios al artículo 5 de la Constitución, ese que reafirma en carácter rector del Partido Comunista en la sociedad, o que rechacen la irrevocabilidad del sistema socialista imperante en la isla, pasen a engrosar la lista negra de los impedidos de viajar a Cuba.
Sus nombres serán enviados a todos los consulados de Cuba en el exterior para que jamás puedan tramitar los referidos viajes. Además, sus datos estarán en todos los aeropuertos cubanos con el objetivo de devolverlos inmediatamente si por alguna razón hubiesen logrado arribar a la isla.
Son los que el castrismo considera una “amenaza a la seguridad nacional”. Y aunque los gobernantes cubanos pretendan reconocerlos únicamente como emigrados o integrantes de la diáspora cubana, en realidad califican como exiliados. No importa el motivo por el que hayan salido de Cuba; lo determinante es la imposibilidad de regresar a la patria.
Por demás, resalta el hecho de que, hasta el presente, la copiosa información que brindan los medios de difusión sobre las reuniones populares de análisis del Proyecto de Constitución, no haya mostrado ninguna opinión que cuestione en lo más mínimo las bases del sistema político existente. Claro, se supone que muchas personas, con deseos de hacerlo, estén convencidas de que no vale la pena.